Definitivamente
al sistema mexicano de Gobierno le urge una reestructuración que asegure la
rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos, porque lo que
ahora tenemos, no funciona. Y en este esquema, todos, son responsables de la
transa. Foto: Cuartoscuro
Por Adela Navarro Bello febrero 15, 2017
Hace unos días el Gobernador
de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que la Procuraduría
General de la República había recuperado ya, 30 de las 92 hectáreas que
comprenden el Rancho Las Mesas que Javier Duarte compró en Valle de Bravo a
razón de 223 millones de pesos, con dinero que pertenecía a las arcas
estatales.
Aparte, la misma PGR confiscó y envió también para el Gobierno
de Veracruz, un avión Learjet con precio de 50 millones de pesos, así como un
helicóptero de 15 millones de pesos, ambos producto de la transa de Javier
Duarte de Ochoa con los dineros públicos de aquel Estado.
Hay más. Yunes Linares dice que en efectivo, han recuperado 722
millones de pesos de los desfalcos del ex Gobernador priísta y prófugo de la
justicia, y otro rancho, El Faunito, en Fortín, Veracruz, con un precio
superior a los 200 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación ha presentado 55
denuncias ante la Procuraduría General de la República contra quien resulte
responsable de simular la entrega de 9 mil 500 millones de pesos del Gobierno
de Veracruz a la Tesorería de la Federación.
El desfalco de Javier Duarte
de Ochoa se cuenta en miles de millones de pesos, transados paulatinamente al
Gobierno de Veracruz, durante los más de 5 años que duró en el cargo para el
que fue electo. A pesar de las investigaciones y las denuncias, fue hasta
octubre de 2016 cuando un Juzgado emitió una orden de aprehensión contra Duarte
por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y
operación con recursos de procedencia ilícita, luego que –también finalmente-
el Gobierno Federal tomará la decisión de presentar una denuncia a través de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público contra el Gobernador depuesto y sus
principales colaboradores, tiempo que Duarte y secuaces aprovecharon para huir,
de Veracruz y de la justicia.
Cada día que transcurre, los mexicanos nos enteramos de más
millones de pesos que Javier Duarte robó al Estado de Veracruz. Hemos visto los
departamentos de lujo en el extranjero, las casas en México, los vehículos
terrestres, aéreos y marítimos que poseía el ex Gobernador con ilícito cargo al
erario. Hemos sabido de sus prestanombres y las empresas fantasmas que creó
para robar más a los veracruzanos.
Ciertamente Javier Duarte es el culpable, o presunto culpable
pues, (de aquí a que se le capture y luego sea juzgado), pero existen otros
responsables del desvío patrimonial ocurrido en Veracruz. Empecemos el
organigrama criminal del sistema político mexicano.
El Gobernador que transa y roba a la cabeza de la estructura
criminal. En calidad de copartícipes, el Secretario de Finanzas que autoriza
los pagos con recursos del Estado, el Contralor del Estado, quien debiera
supervisar que todas las transacciones, licitaciones, convenios, contratos, y
demás por parte del Gobierno del Estado, se lleven a cabo de manera legal, y en
caso contrario, investigar y sancionar a los funcionarios responsables u
omisos. El Oficial Mayor del Gobierno, responsable del inventario de bienes, la
adquisición de los mismos, y el buen uso y destino de todos.
Como responsables directos están los Diputados del Congreso del
Estado, los mismos que aprueban los presupuestos de egresos y las leyes de
ingresos, avalan la petición de créditos por parte del Gobierno, autorizan los
gastos millonarios, aprueban los egresos y avalan el gasto del Estado. Responsables
directos también, quienes laboran en la Auditoría u Órganos de Fiscalización
del Estado, quienes en la revisión de las cuentas públicas, deben revisar que
los dineros hayan sido utilizados no solo de manera responsable, sino
legalmente en beneficio del Estado y los gobernados. Detectar las compras
ilícitas, los sobreprecios, las empresas fantasmas y los dineros desviados,
para recomendar investigaciones y presentar denuncias.
En calidad de responsables abstractos están los partidos
políticos de la oposición, que representados en el Congreso del Estado, en
entidades federales, en los mismos institutos políticos, deben ser el
contrapeso de un gobierno, señalar los excesos, los abusos, las omisiones y las
transas, y presentar denuncias ante la autoridad responsable. Lo mismo los
grupos de la sociedad civil organizada, quienes deben estar vigilantes de los
gobiernos para señalarlos en casos de corrupción evidente, y exigir transparencia
y rendición de cuentas.
La realidad es que algo ya no
funciona o quizá nunca ha funcionado en el sistema político y de gobierno de
México, que permite que ladrones como Javier Duarte de Ochoa, cuenten con
recursos de complicidad y negociación con entidades de gobierno, partidos y
sociedad, para desfalcar a un Gobierno por miles de millones de pesos.
Significa que la estructura de supervisión, autorización y fiscalización del
gasto no están funcionando, que se ha alejado del terreno de la ciencia de los
números para anidarse en el peligroso campo de la política.
Si la Auditoría del Estado, la Contraloría, el Congreso del
Estado y la Auditoría Superior de la Federación, no se dieron cuenta durante
cinco años de las tropelías e irregularidades realizadas por Javier Duarte de
Ochoa, deberían ser cómplices por omisión del robo al Estado de Veracruz, y
deberían esas instancias atravesar por una transformación que les de verdaderos
ojos, filosos dientes legales y participación ciudadana, para evitar que desfalcos
como el de Veracruz sucedan de nueva cuenta.
La estructura de la fiscalización, el manejo de los recursos en
los Estados de la República Mexicana, se ha convertido en un organigrama
criminal del servicio público. Ahí está también el reciente caso de Chihuahua,
donde el ex Auditor Superior señaló que de manera puntual alertó a los
diputados locales, al análisis de la cuenta pública de 2015, de irregularidades
en más de 30 dependencias por un monto total de 2 mil 328 millones de pesos.
Dijo Jesús Manuel Esparza Flores, el ex Auditor, que notificó a
los legisladores del Congreso de Chihuahua, que las irregularidades habían sido
por dineros entregados sin licitación de por medio, recursos pagados con
sobreprecio, préstamos y cuentas pendientes, omisión de cobros, licitaciones
dirigidas, y gastos sin contrato. Que él esperaba que no aprobaran la cuenta
pública y que le ordenasen presentar denuncias, pero no fue así. De hecho que
el Presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, un panista,
presentó un dictamen sin irregularidades sobre la gestión de César Duarte en
2015, y la cuenta fue aprobada, eliminando la posibilidad de que el Auditor
hiciera las denuncias.
En estas condiciones, con un sistema plagado de huecos, apto
para la negociación política entre partidos, sin una estructura de
fiscalización del gasto que al día detecte las anomalías, proclive a la
corrupción, con una Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no tiene el
personal ni los programas necesarios para detectar el robo en los Gobiernos de
los Estados a tiempo, y con entidades omisas y cómplices en los otros Poderes
del Estado y en la sociedad civil, en este país seguirán apareciendo Duartes
por todos los Estados.
Gobernadores que cuentan con la complicidad de los partidos, del
Congreso, del Gobierno Federal y hasta del Municipal. Definitivamente al
sistema mexicano de gobierno le urge una reestructuración que asegure la
rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos, porque lo que
ahora tenemos, no funciona. Y en este esquema, todos, son responsables de la
transa.
ENLACE: http://www.sinembargo.mx/15-02-2017/3152512
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