Mussio Cárdenas Arellano/ Informe Rojo
A su lado, Javier Duarte tiene un aliado sin par, que lo acusa a ciegas,
sin cuadrar las cifras del desfalco y el peculado, sólo rasgos de una
asociación delictuosa que se cae a pedazos, desmoronando el caso más sonado
de corrupción en Veracruz. Su aliada es la PGR, es priista y lo quiere en
libertad.
Huyó seis meses, pasando de una casa de seguridad a otra, pasaporte en
mano —pasaporte falso por supuesto—, con dinero fresco y líquido, efectivo que le
permitía transitar sin riesgo, evadiendo la orden de aprehensión. Si hubiera
sabido que la PGR trabajaba para verlo libre, no se habría movido.
Huía el ex gobernador de Veracruz desde aquel 14 de octubre, en 2016,
sabiendo que la ley lo cercaba, acusado de ocho delitos nada más, uno grave,
siete para andar en libertad, ajustado a nuevo sistema de justicia penal
desastroso, que favorece al criminal y deja en la
indefensión a las víctimas.
A salto de mata, como los bandoleros, Javier Duarte llegó a Guatemala,
tras volar del Agrocentro de Emiliano Zapata a Coatzacoalcos, a Chiapas, por
los caminos que lo llevaron a la nación vecina hasta ser ubicado en el hotel La
Riviera de Amatitlán, en el departamento de Sololá. Karime Macías Tubilla, su
esposa, fue el señuelo para dar con él. O consumó la traición.
Su primera audiencia, una vez concluido el juicio de extradición que
lo trajo de Guatemala a México, vislumbra un escenario de impunidad, indemne a
la justicia, derrumbando los cargos que le imputan la PGR y la Fiscalía de
Veracruz, no por argumentar mejor sino por la falta de sustento de quienes
representan a la instancia judicial. Si Javier Duarte aceptó su traslado fue
porque tenía todo para burlar la ley.
Hechos bolas, los abogados acusadores muestra que la Procuraduría
General de la República es un fiasco.
Tienen al ex gobernador a unos metros. Le imputan lavado de dinero por
más de 438 millones de pesos pero en documentos, en recibos, sin elementos de
prueba, sólo pudieron acreditar 38.5 millones.
Es la audiencia inicial y resulta un desastre. Atestado de prensa, este
lunes 17, el Reclusorio Norte de la Ciudad de México muestra que el priismo se
habla con el priismo, se colude y se encubre.
Refieren las crónicas que aquello fue una debacle, anunciada en espacios
de prensa cuando Javier Duarte aún permanecía en la prisión Matamoros de
Guatemala, resaltando la fragilidad de los expedientes, la inconsistencia de
las pruebas, los delitos que sin explicación ni razón fueron
dejados fuera de la acusación.
“Los números no cuadran, eso está claro”, llegó a decir el mismo juez de
control, adscrito al Palacio de Justicia Federal en el Reclusorio Norte,
Gerardo Moreno García.
Y si no cuadran, de qué se le va a acusar a Javier Duarte.
Premeditado o no, ese episodio evidencia complicidad o indolencia, o los
dos, los arreglos del priismo con Javier Duarte, el mecenas de la campaña
presidencial de Enrique Peña Nieto que con dinero de las arcas públicas compra
impunidad, o la imperdonable impreparación de los tres abogados que
representaron a la PGR en la audiencia inicial.
“Está claro que el caso se está desmoronando en estos momentos”, diría
socarronamente el abogado del ex gobernador, Marco Antonio del Toro, de la
firma Del Toro Carazo, al ver el desastroso papel de los abogados de la PGR.
Javier Duarte y sus abogados formularon 20 preguntas. Los abogados de
la PGR terminaron siendo cuestionados, exhibidos, ridiculizados. Uno de los
cuestionamientos los obligó a invertir una hora para responder. Y lo hicieron
mal.
A detalle, el reportero Arturo Ángel, del portal informativo Animal
Político, quien acreditó la existenciade empresas fantasma en las que
Duarte y su pandilla desviaron miles de millones de pesos, describió el caso,
lo que PGR tiene en documentos, el contenido de las denuncias y el papelazo que
interpretó en la audiencia inicial.
“El origen del caso —señala Arturo Ángel— fue una denuncia de la Unidad
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que registró
movimientos de recursos sin justificación real.
“La trama, según la imputación de la PGR, involucra a las
empresas Consorcio Brades e Inmobiliaria Terra, que simularon la compra con
sobreprecio de más de 20 terrenos ejidales en Campeche. En realidad tanto las
empresas como los terrenos ejidales (adquiridos con irregularidades)
pertenecían a dos colaboradores de Duarte en el lavado: el empresario Moisés
Mansur y el abogado Alfonso Ortega.
“Según la acusación de la PGR, a través de Consorcio Brades se habrían
movilizado 223 millones 896 mil pesos, mientras que por Terra Inmobiliaria
fueron 215 millones 861 mil pesos, “todo por instrucciones de Duarte”, según la
Procuraduría
“Ambas empresas fachada habrían sido fondeadas con un cúmulo de más de
15 compañías fantasma, entre ellas Diseños Tevet SA de CV y Trajan
Construcciones SA de CV (que forman parte de una red de empresas que solo
existen en el papel como ha publicado Animal Político), y que habrían recibido
recursos públicos de la administración.
“Luego de escuchar la imputación, Javier Duarte, con el apoyo de sus
abogados, solicitó más de 20 aclaraciones sobre la acusación de la PGR, que
terminaron convirtiéndose prácticamente en un interrogatorio para los fiscales,
propiciado en parte por los mismos funcionarios, que no respondían con
precisión.
“Por ejemplo, Duarte pidió que se le explicaran a detalle las
fechas de compra de 20 parcelas ejidales, así como quiénes eran los dueños
originales. Pero los fiscales de la Procuraduría tardaron más de una hora en
encontrar y proporcionar los datos. Peor aún, cayeron en contradicciones.
“ ‘Cuando libré la orden de aprehensión (octubre de 2016), los
fiscales que vinieron a exponer aquí el caso me proporcionaron datos de tres
parcelas ejidales que ahora no corresponden con lo aquí planteado, No puedo
fingir que no conozco ese dato. Los señalamientos de la PGR exhiben
incongruencia’, dijo el juez.
“Luego, la defensa insistió en que la Procuraduría detallara de
qué cuentas habían salido los 438 millones presuntamente desviados por Duarte,
y tras varias intervenciones los fiscales solo pudieron evidenciar el retiro de
38.5 millones de pesos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
“ ‘¿Eso es todo?’, cuestionó el juez. Los abogados de Duarte continuaron
insistiendo en que se aclarara si la acusación entonces no era por 438
millones, sino por 38.5 millones. El juez Moreno señaló que era claro que ‘los
números no cuadraban’, pero que esto se vería a fondo en la audiencia de
vinculación.
“Las fallas siguieron. La defensa solicitó que se aclarara cómo se
habían comprado cuatro departamentos en el complejo Finestre de Ixtapa, cada
uno valuado en promedio en 1.5 millones de dólares, y que presuntamente se
adquirieron por órdenes de Duarte, pero los fiscales reconocieron que no
tenían los recibos de pago. La misma situación se registró con joyas de las que
la PGR reconoció que no tenía más que la declaración del abogado Ortega.
“La Procuraduría tampoco pudo responder si Hacienda había hecho
procedimientos de verificación antes de formular su denuncia.
“ ‘Estamos en el punto en que ya no entendemos realmente ni de cuánto ni
en qué se sostiene la imputación. Es un caso que se está desmoronando’, dijo el
abogado Marco Antonio del Toro”.
A velocidad de ráfaga, Javier Duarte se encamina a ser hombre libre. La
PGR lo salva, imputándole delitos que puede llevar en libertad, a excepción del
de delincuencia organizada, exhibiendo fragilidad en la prueba.
No se podía esperar menos. Entre priistas, hay colusión. Javier Duarte
fue impulsor del proyecto Peña Nieto, financiando parte de la campaña
presidencial, con las maletas que contenían recursos en efectivo, mil millones,
por lo menos, enviados en cajas de huevos, como se le escucha decir al entonces
tesorero del gobierno duartista, Antonio Tarek Abdalá Saad, en un audio de
escándalo.
A Javier Duarte no se le juzga por el desvío de recursos federales a
Veracruz. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estableció
irregularidades por 30 mil millones de pesos, dinero no aplicado en los rubros
etiquetados por el Congreso federal, simulación de devolución de partidas
millonarias, abriendo cuentas para su depósito de las que volvía a ser tomado
el recurso.
Arely Gómez, entonces procuradora general, desestimó el caso y lo
remitió a la Fiscalía de Veracruz. O sea, a los acólitos de Javier Duarte. Ahí
el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras determinó que no había delito alguno. El
priismo operando la burla a la ley.
El costo, sin embargo, es monumental. De ser liberado Javier Duarte,
detonará el repudio social, la repulsa al sistema penal y la condena al arreglo
entre priistas.
2018, cuando se dispute la presidencia de México, el costo judicial se
traducirá en costo electoral. Y el PRI volverá a ser echado de Los Pinos.
Javier Duarte no ríe. Pero por dentro goza.
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Archivo muerto
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Del Toro Carazo no defiende a cualquiera. Hoy es Javier Duarte. Hoy es
Elba Esther Gordillo, la ex lideresa del magisterio, rehén de Enrique Peña
Nieto, por pleito de mafias en la cúspide del poder. Ayer fueron Vicente Fox,
el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, que nunca ha dado golpe en minera
alguna; Grupo Carso de Carlos Slim; Pemexgate (desvío de recursos de Pemex para
la campaña del PRI en 2000); el ex banquero Carlos Cabal Peniche, y el caso
Toallagate en que la ex vicepresidenta de México, Martha Sahagún de Fox, se vio
implicada por las cifras infladas en los gastos personales de la pareja
presidencial. Marco Antonio del Toro Carazo cobra una millonada por defender a
sus clientes, gane o no los pleitos, evite o no que quienes cubren sus
honorarios terminen en prisión. A Javier Duarte, imputado de desvío de
recursos, lavado de dinero, delincuencia organizada y cinco delitos más, le
cuesta uno y la mitad del otro que la firma de Manuel del Toro le lleve su
caso. Del Toro se mueve en el nivel de Antonio Lozano Gracia y Diego Fernández
de Cevallos, de Juan Collado, de Juan Velázquez, de los Olea. Del Toro lleva,
por ejemplo la defensa de Elba Esther Gordillo por los delitos de lavado de
dinero y delincuencia organizada; son los mismos que se le imputan al ex
gobernador de Veracruz. Alguien, pues, debe cubrir sus millonarios
honorarios. O, como se ve, los sufraga el ladrón con lo que le robó a Veracruz…
Si a Juan Antonio Nemi Dib le buscan, le encuentran. Sábese que en sus días al
frente del DIF estatal, entregó el área de informática a una empresa
particular, concesionaria favorecida para llevar las cuentas o las dobles
cuentas de Karime Macías, aún esposa de Javier Duarte. Terciaba entonces Nemi
Dib con Antonio Tarek Abdalá Saad, el jugador de basquetbol por el que tanta
admiración y cariño sentía Rosa Borunda, esposa del ex gobernador Fidel Herrera
Beltrán, entonces convertido en secretario de Administración del DIF, y de ahí,
proyectado por Karime y por el mismo Duarte, a la tesorería de la Secretaría de
Finanzas y Planeación para terminar enfrentando denuncias por 23 mil millones
de pesos desviados. Si le hurgan algo más al caso Nemi, hallarán nombres y
razones que expliquen por qué concesionó el área de informática, a qué empresa
y quién lo sugirió… Fue una ráfaga, y otra, una veintena de balas
cortándole la vida a los dos. Él, Abdías Salomé Salomé; ella, presuntamente su
sobrina, quien iba al volante de la camioneta donde cabina, blanca, sobre la
calle Correos del Barrio Cuatro, cerca del DIF de Cosoleacaque. Un vehículo
compacto los alcanzó y de él partieron los disparos que dieron en parabrisas y
medallón, en la estructura del automóvil y la humanidad de los dos. Abdías
Salomé había sido activista social, crítico del sistema, denunciando el turismo
electoral, votantes traídos de Tabasco, inscritos en los padrones electorales
del sur de Veracruz, en los días en que Gladys Merlín Castro reinaba en
Cosoleacaque. Luego se le implicó en el secuestro y muerte de una doctora en
Minatitlán, la ginecóloga Aurelia Solís Juárez, en agosto de 2011. Remitido al
penal Duport-Ostión, sujeto a juicio, acusó que se incriminó a causas de las
torturas que le infligieron agentes ministeriales. Finalmente fue liberado.
En 2016, un hermano suyo, Aarón Salomé, fue ejecutado en la vía pública. Hace
apenas unos días, un taxista de Jáltipan fue ultimado, destacado y dejado en el
automóvil Jetta. Junto al cadáver hallaron un narcomensaje: “Raza ya estamos
presentes esto les va a pasar a todos los que apoyen
o anden con los mugrosos del puto de abdias salomé, concha,
el panucho vas a mamar; junto con el gil, michelin, richi, curso, el perry, olmeca,
bimbo, lic y el vic pinches traidores ya verán putos chapilines la limpieza
apenas comienza CJNG”. Este martes 18 se cumplió la amenaza…
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