El gobierno de Enrique Peña Nieto está en la recta
final, durante estos seis años confirmó en cada uno de sus actos, decisiones y
política su carácter antipopular, represivo, prooligarca y servil al
imperialismo; su arribo y permanencia como junta administrativa fue con el
puntal del aparato represivo y la dictadura de opinión.
Su condición antipopular parte de su falta de
legitimidad e imposición como administrador de los intereses de la oligarquía,
su envestidura como jefe del Ejecutivo se la otorgaron la cúpula policíaco
militar y lo más representativo de la burguesía, la cúpula eclesiástica, los
politicastros que firmaron el Pacto por México, todos verdugos del pueblo; su
toma de posesión estuvo marcada por la violencia criminal de Estado, desde el
primer día de su administración los cuerpos policíaco militares se ensañaron
con el pueblo, muestra de su política represiva que ejerció durante todo el
sexenio.
Los intereses de la oligarquía fueron garantizados
desde antes de entrar en funciones al signar el Pacto por México que se tradujo
en la imposición violenta de las reformas neoliberales y de políticas que
profundizaron la explotación económica y opresión política, lo que agudizó la
pobreza y miseria de la mayoría de los mexicanos.
Toda su gestión estuvo lacrada por el repudio
popular, en la medida que se impusieron las reformas neoliberales y se
reprimía, éste se generalizó expresándose de diferente forma, la protesta
popular se convirtió en crítica política al régimen.
Lo que comenzó con un operativo policíaco militar
para garantizar su toma de protesta se constituyó en el rasgo distintivo de su
gestión, sistematizó y generalizó el terrorismo de Estado como política de
gobierno para garantizar la imposición y defensa de los intereses de una
minoría oligarca y el poder imperialista.
Las prácticas profascistas se inscriben en dicha
política que se traduce en violencia sistemática y generalizada contra el
pueblo, las víctimas del terrorismo de Estado en este sexenio se exponenciaron
al grado que hoy se cuentan por cientos de miles; este gobierno superó con
creces a sus antecesores panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón
Hinojosa, lo que ratifica la condición transexenal del terrorismo de Estado que
ha cobrado alrededor de diez millones de víctimas directas e indirectas.
e
que se objetiva en la institucionalización de los crímenes de Estado y de lesa
humanidad, el despojo legalizado, la criminalización de la pobreza y protesta
popular, la constante revictimazación de las víctimas de la violencia de
Estado; la anulación de facto de derechos humanos y constitucionales para
sostener la dictadura del capital.
La Ley de Seguridad Interior es expresión concreta
del Estado policíaco militar, respaldo jurídico de las medidas profascistas
para el cometido del terrorismo de Estado, en esencia es el poder ilimitado de
las fuerzas castrenses sobre el pueblo, constituye el reforzamiento de la
dictadura burguesa.
La política económica de principio a fin del
sexenio peñista garantizó por todos los medios los intereses de una minoría de
oligarcas, quienes a la vez exigieron que se ejerciera la violencia de clase
contra el pueblo; políticas de carácter neoliberal que profundizaron la brecha
entre los dueños de los medios de producción y los asalariados, unas cuántas
familias oligarcas se apropian de la riqueza producida por millones de
mexicanos.
Los intereses de la oligarquía mexicana son parte
intrínseca de las necesidades e intereses imperialistas a los cuales se plegó
de manera fiel el gobierno saliente, esta lógica es la que explica la
imposición descarada o sutil de los personeros que han de administrar sus
intereses de clase desde el Estado mexicano, se confirma una vez más que el
gobierno sólo es una junta administrativa de los asuntos burgueses.
La actuación de esta junta administrativa en el
plano internacional no deja lugar a dudas de su carácter proimperialista, las
exigencias de la política económica del imperialismo se aceptaron y aplicaron
de manera diligente; se reveló como un gobierno servil y funcional en tanto
desarrolló el papel de punta de lanza imperialista contra pueblos hermanos de
América Latina.
La renegociación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte desnudó su condición de lacayo, garantiza mayor despojo de
nuestros recursos para garantizar el desarrollo del capital monopolista
transnacional; asegura mayores tasas de plusvalía para dichos intereses; nos
condena como pueblo a permanecer en una economía de servidumbre, por tanto,
dependiente y funcional para el imperialismo norteamericano.
El último informe que presenta el actual gobierno
priista exhibe a Peña Nieto de cuerpo completo como político de oficio y hombre
del régimen que se apoya en la verborrea y demagogia para presentar cínicamente
la mentira como verdad.
Pasa a la memoria histórica de nuestro pueblo como
un consumado criminal de larga trayectoria, de la talla del genocida Díaz
Ordaz. Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, son sólo un botón de muestra de dicha
condición; la ejecución extrajudicial de más de cien trabajadores de la
comunicación es la otra cara de la dictadura de opinión que forma parte del
terrorismo de Estado; el país es una enorme fosa clandestina donde las víctimas
del terrorismo de Estado que ahí yacen, son claro indicativo de que este
gobierno criminal supera en el cometido de crímenes de lesa humanidad al
fascismo nazi y las dictaduras militares en América Latina.
Enrique Peña Nieto al igual que sus antecesores se
retira bajo el manto protector de la impunidad que otorga el sistema a los
hombres del régimen, éstos después de bañarse en sangre del pueblo pasan a
retirarse a su cómoda "vida personal". En contraste, el pueblo se debate
entre la pobreza y la miseria, sobrevive precariamente y bajo el terrorismo de
Estado.
Al igual que cientos de víctimas de desaparición
forzada nuestros camaradas Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya
permanecen en esta condición, de este crimen de lesa humanidad que no
prescribe, Enrique Peña Nieto y los principales funcionarios de su gobierno son
corresponsables.
¡Hermanas, hermanos, camaradas!, La dictadura
burguesa en México no termina con el cierre del actual sexenio; el régimen económico
y político neoliberal perdurará mientras las relaciones de producción que le
dan vida prevalezcan. Lejos de doblar las banderas de lucha, éstas se deben
mantener en alto con firmeza y convicción de clase hasta alcanzar la
emancipación real de las masas oprimidas y explotadas.
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER EL MORIR!
¡POR NUESTROS
CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A
VENCER!
¡CON LA GUERRA
POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 54.
República mexicana, 20 de septiembre
de 2018.
Fecha: 2018 09 20
Grupo: Partido Democrático
Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario
País: Mexico
