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| Autodefensa de Aquila, Michoacán, en conferencia de prensa. Foto: Enrique Castro |
Las agresiones, extorsiones y violaciones a derechos humanos perpetrados por la delincuencia organizada no cesan, y las autoridades están lejos de asegurar a la población sus garantías más básicas, como el derecho a una vida digna.
Ante la ausencia del Estado, integrantes de comunidades rurales e indígenas, históricamente marginadas, decidieron hacer el trabajo que corresponde a sus gobernantes para defender su vida, su territorio y sobre todo su dignidad, para lo cual conformaron grupos de autodefensa y guardias comunitarias.
Tal es el caso de San Miguel de Aquila, Michoacán, un pueblo de poco más de 20 mil habitantes –en su mayoría indígenas de origen náhuatl– donde operaba la mina de hierro Las Encinas, que hasta hace poco era explotada por la empresa transnacional Ternium, sin que pagara a los comuneros (dueños de las hectáreas donde se realizaba la extracción) el precio justo por sus labores.
Venciendo el temor a ser agredidas por las fuerzas de seguridad o grupos criminales durante su trayecto desde Michoacán, 18 mujeres y cinco hombres de Aquila arribaron a esta ciudad el pasado viernes 16 para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto la liberación de 27 miembros de la guardia comunitaria, quienes fueron aprehendidos el miércoles 14, junto con 18 compañeros más que ya fueron liberados.
En entrevista, las esposas, madres, hijas y hermanas de los detenidos –de quienes se reservan sus nombres por razones de seguridad– aseguran que aquellos fueron arrestados sin orden de aprehensión y acusados de los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y uso de cartuchos.
Esas 18 mujeres resisten en una ciudad desconocida con la comida y resguardo que les brindan organizaciones civiles y estudiantiles que apoyan su lucha. Ellas forman parte del grupo que se quedó en el DF después de que el resto de habitantes de Aquila (alrededor de 50) viajó a Morelia, Michoacán, el pasado martes 20, para exigir la liberación de cinco líderes comuneros acusados de diversos delitos.
Las indígenas dicen que por ahora buscan obtener los recursos económicos para pagar las fianzas de 19 guardias recluidos en el Cereso de Perote, en Veracruz.
“La gota que derramó el vaso”
Entre el grupo de mujeres hay jóvenes embarazadas que no desean ver a sus esposos en la cárcel cuando nazcan sus hijos. Según dicen, las fuerzas federales se los llevaron “por querernos defender”.
“Si defender nuestros derechos, nuestra vida, nuestras tierras y lo que nos pertenece es un delito, entonces sí merecemos estar en la cárcel y hasta que nos metan a juicio”, sentencia uno de los pobladores que las acompaña.
La guardia comunitaria “Aquila libre” surgió en junio pasado. De acuerdo con los pobladores, “la gota que derramó el vaso” fue la violación “a las mujeres del pueblo” por parte de integrantes del crimen organizado, luego de años de extorsiones, amenazas, y hostigamientos.
“Llegaban y te decían: ‘Me gusta tu mujer, me la vas a prestar un ratito en lo que bañas a tu hija porque al rato vengo por ella’”, relata uno de ellos.
Una de las mujeres asegura que fue en ese momento cuando los habitantes se reunieron para tomar en sus manos el asunto. “Eso ya no era vida, no es vida, no podíamos ir ni a las tortillas, vivíamos con el miedo de que fuéramos la siguiente, vivíamos esperando que llegaran a cobrar las cuotas. Siempre fuimos un pueblo tranquilo, pero todo eso se acabó”.
Recuerda que San Miguel de Aquila siempre fue extorsionado y saqueado por su riqueza mineral, y si uno de los comisariados decidía no apoyar a las empresas mineras y procurar más recursos para el pueblo, apunta, “era asesinado, simplemente aparecía muerto”, pero aun así se podía vivir, caminar, ir a misa, “tener una vida”.
Con el paso del tiempo el crimen organizado se volvió más fuerte y llegó un momento en el que los comuneros tenían que pagar una cuota de hasta 700 mil pesos al mes “para que según nos protegieran, pero aun así se robaron una pipa, un tanque, nos atacaban más. Ya pagábamos para que nos robaran”, puntualiza.
Y afirma que antes de que se conformara la guardia comunitaria buscaron la ayuda estatal, pero nunca les hicieron caso. Si iban al Ministerio Público ya no regresaban a sus casas.
“Cuando acudías a denunciar, salías y alguien ya te estaba esperando. Muchos compañeros desaparecieron así, fueron a denunciar y ya no volvieron”, subraya.
“Yo no entiendo al gobierno, no te defiende y no deja que te defiendas, no hicimos nada malo, ni nada ilegal. Se dijo que teníamos armas de uso exclusivo del Ejército, pero no eran nuestras, sólo teníamos pistolas pequeñas que te permiten tener por ley, además de piedras y machetes; eso no usa el Ejército”, aclara otro habitante de Aquila.
Día de terror
Todas las mujeres afirman que el miércoles 14 fue un día “aterrador”. Esa mañana vieron pasar los camiones de los “gois” (policías del gobierno estatal) y las camionetas del Ejército.
“Pensamos que venían a ayudar, que por fin nos hacían caso, nos llevamos una gran sorpresa cuando vimos que no fue así. Comenzaron a agarrar a los compañeros, al que veían con playera lo subían a su camioneta y si se resistía le pegaban.
“Estábamos en el auditorio donde nos reuníamos, unas estábamos de guardia en la cocina porque acordamos calendarios para ayudarnos entre todas y darles de comer a los compañeros; vimos llegar a los militares y por un momento nos alegramos, luego empezó la violencia y el susto”, relata una de ellas.
Añade:
“Hay compañeras que estaban embarazadas, pero no les importó, agarraron parejo; nos decían que no nos metiéramos, y si una se acercaba a ayudar a su compañero le daban un empujón. Yo tengo moretones de ese día.
“Empezaron con los del auditorio, pero luego se fueron con los que andaban en la calle; unas se escondieron, yo agarré unas piedras para darles; se estaban llevando a mi familia, pero no lo logré (que los dejaran en paz). Están presos sólo por defendernos, por hacer lo que ellos no hicieron en años”.
Ante la ausencia de sus compañeros y con el miedo de permanecer en su comunidad, las mujeres se armaron de valor para luchar por la liberación de las personas que aman y por eso están en esta capital.
Además del silencio de las dependencias federales que no se han pronunciado sobre el caso, ellas se enfrentan al desplazamiento, ya que no tienen un lugar seguro dónde dormir y tampoco un sitio al cual regresar. Tienen miedo de que la protesta, lejos de abonar a la tranquilidad, las exponga a más agresiones.
“Yo quiero regresar a mi tierra, es mi pueblo, es mi casa, allá está mi vida, pero no veo cómo, tengo miedo; además, en Aquila ya no hay nadie, todas las familias nos fuimos, huimos de allá, los pocos que quedan son los que están con esos grupos (del crimen organizado)”, dice una más de las afectadas.
Además de la liberación de sus compañeros, el grupo de comuneras y comuneros exige la intervención de la Policía Federal en Aquila, pues son “los únicos a los que todavía les tenemos confianza”, y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie sobre las múltiples violaciones a las garantías humanitarias de las que son víctimas.
