Jesusa Cervantes
MÉXICO, DF, 11 de febrero (apro).- Felipe Calderón Hinojosa arrancó su mandato en medio de una Legislatura, la LX, convulsionada, en donde diputados del PRD y del PAN se liaban a golpes y los primeros tomaban la tribuna; poco faltó para que Calderón no ingresara al recinto de San Lázaro y protestara como presidente de la República, y lo logró gracias al respaldo y acuerdo con los priistas.
El encono entre perredistas, que reclamaban el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, y los panistas, que se decían ganadores y respetuosos de la legalidad, se mantuvo a lo largo de los tres primeros años del gobierno calderonista. De 2006 a 2009, los enfrentamientos y reclamos se hicieron presentes en todo momento y no hubo nunca poder que lograra coartar las expresiones de uno y otro bando.
Hoy, a mitad de la segunda legislatura que enfrenta Calderón, los panistas hallaron eco en el PRI para cerrar el paso a las tomas de tribuna, así como a las críticas y reclamos vía exposición de mantas, cartulinas o altavoces.
En la actual legislatura el número de legisladores afines a López Obrador disminuyó y algunos, los más fieles, llegaron bajo las siglas del Partido del Trabajo (PT), ocho para ser exactos, suficientes para poner de cabeza al resto de panistas, priistas, a los de Nueva Alianza (Panal) o del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que no han podido ganarles un solo debate pero sí fulminarlos a la hora de las votaciones.
Después de un año y medio de tomas de tribuna y exhibición de mantas, en donde se le he dicho de todo a Calderón, desde espurio hasta borracho, la dupla PAN-PRI encontró una nueva forma de parar en seco a los ocho “rijosos petistas”: confeccionando un nuevo “reglamento-mordaza”.
Efectivamente, las limitaciones a la libertad de expresión y el atropello del gobierno contra la periodista Carmen Aristegui fueron aplicadas en sintonía con el nuevo reglamento que ambos partidos aprobaron el pasado 15 de diciembre e hicieron entrar en vigor el 1 de enero.
El objetivo del nuevo reglamento, que limita drásticamente la “libertad” de cada legislador a expresarse como mejor le parezca y de acuerdo con su estrategia política, tiene como centro que las sesiones en el pleno se conduzcan sin sobresaltos, sin tomas de tribuna, sin suspensiones momentáneas, sin reclamos, sin crítica desde una manta, sin reclamos desde una cartulina; en síntesis, sin que se exponga al Poder Ejecutivo.
Eso fue lo que sucedió el 4 de febrero, cuando los petistas Gerardo Fernández Noroña, Mario Di Costanzo y Jaime Cárdenas desplegaron una enorme manta que condenaba un supuesto alcoholismo de Felipe Calderón.
A los legisladores se les aplicó el nuevo reglamento para acallarlos, aunque finalmente la sesión se suspendió, no por la entrada en vigor de las nuevas reglas, sino porque los panistas se dejaron llevar por el impulso, el enojo y olvidaron la serenidad que todo político debe aprender, yéndose a los insultos y jaloneos contra los petistas. Un acto que también descontroló a los priistas quienes, divididos, acudieron en ayuda de uno y otro bando.
Uno de los daños colaterales por la presencia de Calderón en el poder es este nuevo reglamento, a través del cual se quiere acallar las voces críticas e incluso se pretende meter en orden a los diputados, aun en contra de la propia Constitución, la cual establece que ningún legislador podrá ser reconvenido por sus dichos.
En su artículo 8º, fracción XVIII del reglamento de marras, se obliga a diputados y diputadas a “retirar cualquier expresión material que hayan utilizado para su intervención en el pleno, una vez que éste haya concluido”; es decir, nadie podrá dejar expuesta manta, muñeco, cartulina o los objetos en los que se apoye para manifestar sus cuestionamientos.
Pero todavía peor, si el presidente de la Mesa Directiva lo conmnina a hacerlo, o algún legislador que se sienta ofendido exige el retiro de la manta y esto no se hace, al diputado que se esté manifestando se le ¡¡cerrará el micrófono!! y, si continúa con su actitud, se le descontará entonces un día de dieta.
Y si persiste en su manifestación, el presidente de la Mesa Directiva, como si fuera un acto dictatorial, “ordenará” el retiro de “las expresiones”.
El mismo artículo establece en su fracción XVII que los legisladores están obligados a “permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así como en las reuniones”. Esto implica que si un diputado siente que con alguna acción o expresión que realice otro en su contra se le está impidiendo hablar, entonces se podrá callar a quien le reclama.
La violación a la libertad de expresión de los legisladores no es sólo el único acto de autoritarismo fijado en el nuevo reglamento, existe otro no menos grave: la permisividad de “reuniones secretas” y, por supuesto, la obligación de la “secrecía” de los legisladores.
Desde cuándo, se podrá preguntar cualquier ciudadano, los actos de los diputados federales, que llegaron ahí con el voto de los ciudadanos, pueden realizar “reuniones secretas” como si fueran una hermandad. Se les olvida a los legisladores de PRI y PAN, autores de este nuevo reglamento, que sus actos deben ser “públicos” y no a “escondidas”.
¿Dónde quedó la esencia del Parlamento, que tiene su origen en los debates públicos del Senado romano? Olvidan que los Congresos son justamente para eso, para parlar, acordar a vista de todos y no para hacer leyes en privado, acuerdos en corto.
Estas “sesiones secretas” reconocidas y aceptadas en el nuevo reglamento no son sino una manifestación cínica de los acuerdos y modificaciones que, en privado, se hacen a las leyes.
Es el reconocimiento legal a reuniones como las ocurridas al inicio del sexenio, cuando se acordó la ley del ISSSTE sin que nadie se hubiera enterado cómo, cuándo y dónde se confeccionó para luego llevarse al pleno y ser votada con el pacto previo entre panistas y priistas.
“Sesiones secretas” es la nueva sección que tiene el reglamento, las cuales --según el artículo 8-- así las deben mantener los legisladores que en ella participen. Es decir, no pueden ni deben hablar sobre lo que ahí se discute, se acuerde o se firme.
Nada más absurdo y bárbaro para un Parlamento.
Y ni qué decir de los documentos que de ahí salgan, serán considerados “confidenciales” o “reservados”; ¡la transparencia de un Congreso tirada al cesto de la basura!
El embate contra la periodista Carmen Aristegui no fue un asunto aislado, que tenga que ver únicamente con una presión del gobierno hacia un particular para negociar su concesión; no, va más allá, se trató de una política de Estado que permea a otros poderes como el Legislativo.
Operada por el PAN y aceptada por el PRI, la conducción de las próximas legislaturas, de mantenerse este nuevo reglamento, serán recordadas por la represión y opacidad que en ellas prive.
Cuando algún diputado se sienta ofendido o considere que el Presidente en turno, que el secretario en turno o cualquier funcionario está siendo ofendido, puede invocar el artículo 115 y exigir una moción de orden, con el argumento de que se está “faltando el respeto al orador”, o que se está generando “alteración del desarrollo de una sesión”; con ello logrará acallar cualquier señalamiento incómodo o que lo exhiba.
Aunque el nuevo reglamento es a todas luces violatorio de la libertad de expresión, será difícil que los ocho diputados del PT y algunos del PRD lo echen abajo, a pesar de que existen 89 “observaciones”.
El nuevo reglamento no sólo pretende que las sesiones del pleno se realicen sin sobresaltos, esto también incluye las reuniones de comisiones y comités. En una palabra, se está proponiendo un Parlamento sumiso, sin posibilidad de reclamo, y en donde a las minorías se les aniquile su libertad a disentir de las mayorías y expresarlo como mejor lo consideren.
¿Fascista, dictatorial, presidencialista, castrante? Sí, eso podría llegar a ser el nuevo reglamento si estos aspectos no se modifican.
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