Juan Manuel Olivas, el gobernador "mocho" de Guanajuato, militante del PAN, conservador y reaccionario de la derecha...
El gobernador guanajuatense Juan Manuel Oliva Ramírez no hace un secreto de su profesión de fe. Su programa de educación, Proeduca, pregona que los valores constituyentes de una enseñanza integral son responsabilidad, respeto, honestidad, compromiso y amor.
Carlos Ornelas Tomo prestado el título de aquella película memorable, para mi entrega de esta semana. No que nos aceche la amenaza de un golpe de Estado, pero sí de ataques convergentes sobre la gobernación de la educación nacional. Uno, de la derecha yunquista en asociación con segmentos del clero católico y, dos, a cargo de la camarilla dominante en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El denominador común de estas acometidas es cierta complicidad de autoridades o del abandono de sus responsabilidades institucionales.
El lunes 17, en el noticiero de MVS, Carmen Aristegui informó y editorializó acerca del nuevo proyecto del gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, de impulsar la enseñanza religiosa en las escuelas de educación básica. Aristegui afirmó que tal precepto va contra la historia de México y sus escuchas le agregaron que además viola la Constitución, la Ley General de Educación y otros preceptos.
El intento no es nuevo. La Iglesia católica insiste en que en eso consiste la verdadera libertad de enseñanza, que las escuelas inculquen en los niños los valores morales y religiosos que los padres prefieran.
El gobernador Oliva Ramírez no hace un secreto de su profesión de fe. Su programa de educación, Proeduca, pregona que los valores constituyentes de una enseñanza integral son responsabilidad, respeto, honestidad, compromiso y amor. No se necesita mucha perspicacia para descifrar que el mandatario y sus seguidores equiparan los valores morales con cualidades de la religión católica y nada más.
En contraste con la actitud activa y de propuesta del gobernador en contra de la Constitución, las autoridades de educación federal y las de los estados disimulan su complicidad con —o, mejor todavía, subordinación al— SNTE.
Karina Avilés, en La Jornada (17 de enero), pone al descubierto que docentes, militantes del Partido Nueva Alianza, distribuyen diversos materiales con propaganda a favor de su partido en las escuelas de Baja California Sur. Además, buscan constituir una base de datos de los padres de familia.
Ya habrá tiempo de que miembros del Panal (muchos de ellos maestros comisionados) los “convenzan” de votar por ese partido, acaso con la boleta de calificaciones de sus hijos.
Está documentada de mil maneras la connivencia del gobierno del presidente Calderón con la camarilla de la señora Gordillo. La novedad es que esta vez la Secretaría de Educación Pública viola un mandato judicial.
Los grupos disidentes, que desde hace mucho hacen mayoría en la Sección 9 del SNTE, la que agrupa a los maestros de primaria y preescolar del Distrito Federal, ganaron las elecciones seccionales en 2008.
Pero el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, con sus fraudes acostumbrados, les escamoteó el triunfo y puso a una subordinada de la señora Gordillo en la dirigencia, a la que el tribunal local y la SEP reconocieron de inmediato.
Esta vez los disidentes dieron la batalla legal, no nada más política, y obtuvieron del Poder Judicial una resolución definitiva en su favor desde septiembre del año pasado.
El gobierno, por medio de la SEP y el ISSSTE, ha honrado el pacto del Presidente con la camarilla sindical y, en lugar de cumplir la ley, sigue reconociéndole personalidad al comité seccional ilegítimo.
Mi intuición me dice que en Guanajuato, ya por medio del debate público y la intervención de grupos sociales, ya por las vías burocráticas, la propuesta de su gobernador no pasará; la educación laica tiene raigambre histórica, apoyo popular y legitimidad democrática, además de soporte legal.
Otra cosa es la actividad del Panal. Acaso la repartición de esa propaganda en escuelas de BCS sea un experimento, el de poner a prueba hasta dónde ese partido puede desafiar la legislación electoral y continuar con sus chapuzas.
No respetar un amparo abate el Estado de derecho y pone en un brete al secretario Alonso Lujambio; así, será difícil que sea el candidato del PAN para 2012.
Al final de este año será el “destape” de los contendientes para la Presidencia de la República, lo que genera inestabilidad política. Eso, junto con las actividades del crimen organizado y la fragilidad del Estado, hacen a 2011 un año de riesgo para el gobierno de la educación nacional.
*Académico de la UAM
