21 de junio de 2011

EL DERECHO DE RÉPLICA SÓLO PUEDE SER LEGISLADO POR EL CONGRESO: ERNESTO VILLANUEVA

Afirma el investigador del IIJ-UNAM que no se enrede el IFE porque simple y sencillamente carece de atribuciones constitucionales para reglamentar un derecho humano fundamental

México. D. F., a 20 de junio de 2011
 
El derecho de réplica es una prerrogativa de todas las personas para acceder a los medios de comunicación en los casos en que haya informaciones inexactas o agraviantes y puede concebirse, por un lado, como un límite legítimo a la libertad de expresión y, por el otro, como una herramienta que maximiza el derecho a saber, expresó el investigador Ernesto Villanueva.

La reforma constitucional en materia electoral de 2007 introdujo una adición al artículo 6º y creó la figura del derecho de réplica, sostiene el doctor en derecho Ernesto Villanueva, coordinador del área de derecho de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a partir de lo cual ahora se establece en su primer párrafo que: “El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”.
 
Este derecho no es nuevo en el sistema legal mexicano, aunque si observa errores que merece la pena identificar para no incurrir en ellos si de crear una normativa reglamentaria se trata.
 
Esta disposición —agrega Villanueva, autor de 23 libros en América Latina sobre transparencia y libertad de expresión—, se adiciona al primer fundamento legal del derecho de réplica que se localiza en el artículo 27 de la Ley de Imprenta
 
Del análisis de este artículo se concluyen tres consideraciones, partiendo de que esta norma jurídica más que regular el derecho de réplica —en su acepción contemporánea y reglamentada en el derecho comparado—, tutela el derecho de alusión en un universo hipotético sumamente genérico, lo que ofrece inconvenientes tanto desde la perspectiva de la audiencia como desde la del informador, en virtud de que:
 
a) El acto de otorgar el derecho de réplica a toda persona aludida en cualquier comentario editorial, artículo o nota informativa, como lo hace el artículo 27, restringe el ámbito preferente de las libertades de expresión e información, en la medida en que toda nota informativa, comentario editorial o ambos, que se refiera a una institución pública o a un particular, sería sujeta de ser contrastada en todos los casos y en las páginas del mismo periódico, por los puntos de vista de la persona aludida;
 
b) Aceptar ese amplio universo para ejercer el derecho de réplica puede ser lesivo también para el lector, quien en lugar de recibir información y opinión de interés público, sería sólo receptor de un interminable intercambio de juicios de valor, lo que desnaturalizaría la esencia del trabajo periodístico, y

c) De igual forma, el derecho de crítica a la función pública —sin el cual quedarían sin sentido las libertades de expresión e información—, se vería gravemente afectado por este ejercicio sin medida del derecho de alusión.
 
En materia de radio y televisión no existe propiamente un derecho de réplica legislado, si bien aparece una referencia en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, permisos y contenidos de las transmisiones de radio y televisión, que dispone lo siguiente:

"Toda persona, física o moral, podrá ejercitar el derecho de réplica cuando un material que sea difundido en cualquier programa de una estación de radio o televisión no cite la fuente de la cual extrajo la información y considere que los hechos que la aluden son falsos e injuriosos. Para hacer valer este derecho, el interesado presentará, por escrito y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la transmisión, la solicitud de aclaración pertinente ante la estación de radio o televisión correspondiente, la cual evaluará su procedencia, a efecto de hacer la aclaración. En caso que la estación de radiodifusión estime que la aclaración solicitada es improcedente, el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes. De obtener el interesado resolución firme y favorable de la autoridad jurisdiccional, el concesionario o permisionario de radio o televisión transmitirá la aclaración correspondiente en los términos de la resolución. El derecho de réplica podrá ser ejercido por el perjudicado aludido y, a falta de éste, por sus parientes en línea ascendente o descendente en primer grado. En caso de que la estación de radiodifusión cite la fuente de la cual extrajo la información, y ésta haga la aclaración correspondiente, el aludido podrá ejercitar ante el concesionario o permisionario de radio o televisión el derecho consagrado en este artículo.”

El derecho de réplica en radio y televisión ofrece los siguientes inconvenientes tal y como está redactado en el Reglamento de referencia:
 
a) Es un principio jurídico universalmente aceptado que los derechos deben ser creados por ley y, en su caso, desarrollados por reglamento. La figura del reglamento lo que hace es desarrollar la ley sin alterarla ni modificarla; es decir, sin acotar ni maximizar su alcance. De ahí, por tanto, existe un problema de técnica legislativa que hace endeble el bien jurídico protegido;
 
b) El artículo 38 del reglamento de referencia reclama la existencia de tres requisitos para que se pueda considerar la eventual réplica: la ausencia de fuente, la falsedad y la injuria; es decir, el ánimo de ofender. La inclusión de estos tres requisitos procedimentales, a diferencia de la laxitud de lo que sucede con la Ley de Imprenta que tampoco es correcto, restringe el ejercicio de este derecho, en virtud de que no basta la falsedad o las frases injuriosas por sí mismas, sino que además se introduce un nuevo elemento que no es reconocido por el derecho extranjero, relativo a citar o no la fuente. Estas características hacen de suyo complicado el ejercicio de este derecho; y

c) La redacción del contenido normativo del artículo es propio de lo que se denomina una norma imperfecta, habida cuenta que carece por su propia naturaleza reglamentaria de sanciones a la conducta contraria a la establecida como debida por la norma. De esta suerte, el derecho de réplica es sólo una formalidad sujeta a la buena voluntad del concesionario o permisionario de radio y/o televisión, quien decide libremente si es procedente ese derecho o no lo es.

Villanueva —coordinador del Diccionario Enciclopédico del Derecho de la Información— sostiene de cara a este debate sobre quién debe reglamentar el derecho de réplica en materia electoral, que todo está muy claro: “El derecho de réplica sólo puede ser legislado por el Congreso de la Unión a través de una Ley Reglamentaria. Es claro también que el IFE carece de toda atribución constitucional o legal para reglamentar un derecho humano fundamental. Más aún, esa pretendida reglamentación constituye un acto inconstitucional que pone de relieve la grave ausencia de conocimiento legal de quienes en el IFE, movidos por razonamientos metajurídicos, promueven que ese órgano vaya contra el sistema legal vigente.
 
“Por supuesto, añade Villanueva, el Congreso de la Unión no debe ser omiso en esta materia y tiene la responsabilidad de legislar, pero esa extraña prudencia del Congreso no puede ser llenada por el IFE, que de proseguir en sus afanes, el Poder Judicial de la Federación será la vía que señalará con toda seguridad éste despropósito legal que rompe las bases de nuestro sistema constitucional”.

“Calderón va de pendejada tras pendejada” Brozo

Por: Manuel Rosete Chávez
¿QUIÉNES SON ESOS SICARIOS MUERTOS?

De la balacera del 14 de enero del presente año, que tuvo lugar en la colonia El Peñascal, camino a la congregación de El Castillo, entre militares y miembros de la delincuencia organizada, con saldo de 12 presuntos delincuentes muertos y dos elementos del Ejército abatidos, los xalapeños y los veracruzanos en general, quedamos con muchas dudas, como que nuestro derecho a la información no existe en cuanto a las acciones que realiza el Ejército Mexicano, la Armada Marina de México, la PFP y las agrupaciones policiacas de cada estado de la República.
 
El gobierno tiene una coartada perfecta, legal, para no darnos información: es que se pone en riesgo la seguridad de la nación y la marcha de otros operativos tendientes a acabar con los malosos.

Pero, ¿qué no tenemos derecho a saber qué bandas operan en la entidad; a que cártel pertenecían quienes cayeron en el campo de batalla; qué actividades delictivas realizan; quiénes son?, y otras tantas interrogantes más que si se nos aclararan podríamos estar en condiciones de tomar medidas de seguridad, no que así estamos a merced del montón de rumores que se desencadenan tras una acción de esta naturaleza y en la incertidumbre total.
 
Ahí va otra: La noche del viernes 17 de junio no nos fue nada bien en Veracruz en materia de enfrentamientos con miembros de la delincuencia organizada. Por la noche una balacera que se armó abajito de la Central de Abastos, de Xalapa, entre miembros de la milicia y vaya usted a saber quiénes, dejó un saldo de once muertos y en el norte hubo otros siete más los policías municipales de Tuxpan que fueron aprehendidos por haber participado en el crimen de un marino.

De auténtica pesadilla.
 
Pero vuelve la burra al trigo: ¿Quiénes eran esos personajes que portaban armas de alto poder y que al verse sorprendidos por las fuerzas armadas deciden enfrentarlas sabiendo que no tienen la mínima posibilidad de ganar la batalla toda vez que lo hacen a unos metros de donde se encuentra la zona militar?

Y va de vuelta: ¿De dónde salieron, en qué vehículos viajaban, quiénes eran o a que cartel pertenecían, qué andaban haciendo en la capital del estado? Nada, un escueto boletín informa que fueron abatidos como parte del operativo Conago I, y del combate a la delincuencia organizada que realiza el gobierno del estado desde el inicio de la actual administración y punto.

Mientras tanto las redes sociales le dan vuelo a la especulación: Que los localizaron en el centro de la ciudad y ahí comenzó la persecución, que fueron sorprendidos gracias a un pitazo, que los militares siguieron el combate hasta altas horas de la noche en la zona del fraccionamiento Las Animas, que nadie saliera a la calle por el peligro que esto representaba y hasta que en la refriega habían liquidado a Heriberto Lazcano “Lazcas”, líder de la banda de Los Zetas. Todo a la mañana siguiente fue desmentido frente a la calma que retorno con la llegada del nuevo día.
 
Que bueno que se combata con éxito a estas bandas, que si no fueran por las extorsiones, los levantones, los secuestros y los robos de autos que cometen en contra de la ciudadanía, júrelo usted que lo que hagan nos iba a valer madres, pero tristemente no es así.
 
Y mientras no sepamos, o confirmemos, de quiénes se trata, nuevas leyendas que magnifican las acciones de los delincuentes y desacredita a nuestras fuerzas armadas, surgirán a diario al amparo del extraño silencio que rodea estos violentos hechos.
 
DE MI LIBRETA DE APUNTES PANISTAS EN CAMPAÑA SIN ACTOS PÚBLICOS

A seis meses de que concluya el año previo al 2012, pareciera que los aspirantes se le están saliendo de cauce al Presidente de la República, quien, por cierto, se ha ocupado de despachar también como presidente de su partido pero al que hoy en día sus correligionarios parecieran no querer hacer mucho caso y están obviando las más elementales reglas de la escena política, como por ejemplo, el no hacer actos partidistas que entorpezcan sus actividades como funcionarios.
 
¿Será que la estrategia es arriesgarse al punto de la descalificación? O acaso apuestan tanto a la tibieza y miopía de la autoridad electoral, como para no importarles el que se pueda prestar a la suposición de que en realidad están haciendo actos anticipados de campaña.
En todo caso, la regla de la obediencia no parece estar imperando y al partido blanquiazul podría ocurrirle de facto, lo que la izquierda vive en grado máximo: la llegada de tribus que han fragmentado al partido. Ya lo veremos con el paso del tiempo.
 
EN LA POLICÍA NO TODO ESTÁ CORROMPIDO
 
Leyendo ayer las páginas informativas de la Internet, encontré una nota que me llamó la atención. No es una noticia nueva, pero si rara porque se da en un municipio que empieza a florecer como una flor en la zona norte de Veracruz.

La nota en comento hablaba sobre la detención de siete policías municipales (7), involucrados en el asesinato de un joven de la Secretaría de Marina, quien presuntamente fue ultimado el sábado 11 del presente.
 
Y llamó mi atención por la forma que lo ejecutaron; dicen las notas periodísticas que al joven marino lo torturaron los elementos policíacos pues, según las declaraciones iniciales, primero lo raptaron, torturaron y, finalmente, lo arrojaron a las márgenes del río, donde fue localizado.
 
Sin embargo, hay algo bueno de esto, el alcalde Alberto Silva Ramos, quien ha estado pendiente en todo momento del desarrollo de estos acontecimientos que no sólo enlutan a Tuxpan, sino que deja mal parada a la corporación municipal de policía, que ahora deberá seleccionar mejor a su personal. Por supuesto que ello no indica que todo está corrompido, al contrario, hay elementos muy valiosos, que han hecho de Tuxpan un municipio seguro, tranquilo y pleno en la prosperidad.
 
FEMINICIDIOS: QUE LOS ATOREN
 
Como es de todos sabido, el gobernador Javier Duarte de Ochoa envió al Congreso Local una iniciativa para tipificar como delito grave el feminicidio. Propone imponer pena carcelaria de 40 a 70 años a quien prive de la vida a una mujer.
 
Y se sancionará por igual este delito en relación de parentesco por consanguineidad o afinidad de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad. Al respecto la diputada Anabel Ponce Calderón nos explica que solo tres entidades han tipificado ese delito, se trata del Estado de México, Guerrero y Tamaulipas, por lo que Veracruz sería el cuarto.

De acuerdo con datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se establece que el 55.24 por ciento de las mujeres son asesinadas por la persona con la que mantenía una relación de matrimonio, concubinato, noviazgo o relación de hecho. Anabel Ponce confía en que diputados del PAN, PRD y Convergencia lograrán consenso para aprobar la iniciativa que mandó el gobernador Javier Duarte de Ochoa, para sancionar hasta con 70 años de cárcel las conductas feminicidas.

CARLOS ACEVES Y SUS PINCHES PARQUÍMETROS

Carlos Aceves Rubio (el diputado Borolas) es el clásico ejemplo de un político improvisado, de un joven a quien le dan la oportunidad de asumir el poder pero que ni la menor pinche idea tiene de lo que esto quiere decir.
 
Acaba de acuñar una perla japonesa, de esas que Nikito Nipongo puso tan de moda. Dice que con parquímetros en Xalapa se puede solucionar el problema vial. ¡Pero que reverendo pen…! Si lo que no alcanzan son los carriles para circular este muchacho propone que se elimine uno. No se mide, como es diputado local (de loco) seguramente él no padece el problema y como además sabe del negocio que representan los parquímetros para el hijo de El Patrón, pues se aventó su cuarto de espadas con la intención de que a lo mejor pegara.
 
Mire Joven Aceves, flamante egresado del DIF y representante popular por el distrito II de Xalapa, sería bueno que alguien le dijera qué hace un diputado para que cuente diez antes de abrir la boca.
 
YUNES LANDA QUIERE ENCUESTAS
 
Las candidatura a las diputaciones federales por el PRI se basaran en encuestas y en la aceptación de los ciudadanos que residen en los 21 distritos electorales, tal y como lo afirmó el presidente del CDE del PRI Héctor Yunes Landa.

En ese tenor, en el Comité Directivo Estatal del PRI las encuestas indican que las preferencias para la diputación federal por el primer distrito con cabecera en Pánuco, independientemente del Partido Político que la jueguen, están como sigue: Anabel Ponce Calderón (PRI) 44 %; Rocío Guzmán de Paz (PAN) 34%, Zita Pazzi Maza (PRI) 14 %, Ricardo García (PAN) 7 % y Olga Lidia Robles Arévalo (PRI) 3%. con una participación estimada de 39% del padrón electoral.
 
Los municipios que comprenden al Primer Distrito son Pánuco, Tempoal, el Higo, Pueblo Viejo, Tampico Alto, Ozuluama, Naranjos, Tantima, Tamalin, Chinanpa de Goroztia y Tancoco.
 
REFLEXIÓN
 
Pero que poca abuela del Secretario de Hacienda Ernesto Cordero. Cómo está eso de que recibe y sostiene una reunión con los 70 alcaldes veracruzanos y cuatro diputados locales quienes le expusieron la grave situación económica en que están por culpa de la demoledora Fidelidad y Cordero de un plumazo, como debe ser, se las resolvió.

¿Qué deben hacer Los 142 alcaldes restantes para salir de la miseria, buscar a Miguel Angel Yunes y que este sea el gestor de una encerrona como la que les arregló a sus compañeros de partido? Dicen que la venganza es un plato que se debe disfrutar frío, después de la elección del Estado de México vendrán los reacomodos.


Asesinan a periodista y a su familia en Veracruz. Investigaba vínculos de Javier Duarte con el crimen organizado

Milo Vela. El periodista asesinado.
Veracruz está pintado de sangre, y nadie lo puede parar. Delincuentes han tomado al estado como rehen, sin que nadie pueda hacer nada.

El día hoy, el periodista veracruzano Miguel Ángel López Velasco, conocido por todo el puerto como Milo Vela, fue asesinado junto con su esposa e hijo, Agustina Solana y Misael López Solana, cuando sicarios irrumpieron en su casa.

El columnista de “Notiver”, quien se ha dedicado a hablar sobre temas de seguridad en Veracruz, y la colusión del crimen organizado en el gobierno de Javier Duarte, ha sido por mucho tiempo uno de los reporteros emblemáticos del puerto, reconocido por reportear en varias balaceras que ocurrieron en el puerto.

Asesino, colusión con el crimen organizado
Los hechos ocurrieron cerca de las 06:00 horas en el interior de la vivienda del comunicador, ubicada en la colonia Playa Linda del municipio de Veracruz, donde un comando ingresó y abrió fuego con armas de alto poder.

En estos momentos la página de Notiver, el periódico más leido en Veracruz y crítico al gobierno de Javier Duarte, no está disponible, lo han tumbado, y desde las redes se sospecha de uno movimiento del Gobierno de Veracruz por tapar las críticas.



Francia condena asesinato de periodista en Veracruz

Piden esclarecer el 'odioso crimen' y dar con responsables

El gobierno galo hace un recuento de los trabajadores de medios victimados en la última década.
Domicilio del periodista Miguel Ángel López Velasco, lugar donde fue asesinado junto con su familia el día de ayer. EFE
PARÍS, FRANCIA (21/JUN/2011).- Francia condenó el martes "con la mayor firmeza" el asesinato de Miguel Angel López, un periodista mexicano, de su esposa y de su hijo de 21 años por un comando armado en el puerto de Veracruz y pidió que se esclarezca "este odioso crimen".
 
"Francia condena con la mayor firmeza estos asesinatos que elevan a 75 la cantidad de periodistas asesinados en México en los últimos 10 años", indicó en una declaración el portavoz del ministerio francés de Relaciones Exteriores, Bernard Valero.
 
Miguel Angel López, de 55 años, columnista del diario Notiver, uno de los más influyentes del estado, fue asesinado el lunes junto a su esposa y a su hijo por un comando armado que ingresó en su vivienda.
 
López era conocido por sus columnas sobre política que incluían frecuentes referencias a la violencia y al narcotráfico.
 
Francia pidió "que se esclarezca este odioso crimen para que sus autores sean identificados y juzgados", dijo el mismo portavoz francés.
 
En la misma declaración Valero llamó a las "autoridades de todos los países en los cuales la inseguridad amenaza a los periodistas a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la libertad de prensa".
 
Veracruz sufre una creciente ola de violencia generada por los choques entre el cártel de Los Zetas y sus antiguos aliados del cártel del Golfo, así como por los operativos antidroga del ejército y la marina de guerra mexicanos.

20 de junio de 2011

CRECIENTE OPACIDAD EN ÓRGANOS DE SEGURIDAD

Revela estudio inexistencia de coordinación entre policías, ausencia de control de sus miembros, carencia de profesionalización, órganos internos que son juez y parte y muchas más insuficiencias del sistema de seguridad pública nacional


Tlaxcala, Tlax., a 20 de junio de 2011
 
Al realizar la presentación de su más reciente libro “Seguridad, Transparencia y Derechos Humanos”, en el Congreso del Estado de Tlaxcala, el investigador Ernesto Villanueva destacó que el incremento de recursos públicos para las áreas de transparencia de los organismos de seguridad pública ha estado acompañado de mayor incidencia delictiva.
 
El estudio, que puede considerarse como el de mayor claridad hasta el momento, revela hechos cruciales que inciden en la inseguridad que vive nuestro país.
 
La investigación realizada con el patrocinio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigaciones Jurídicas de la UDLAP, la Fundación Konrad Adenahuer y la editorial JUS realizó el análisis de veintitrés rubros en las procuradurías estatales de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y los órganos federales como la Secretaria de Seguridad Federal, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal (Agencia Federal de Investigación).
 
El primer punto del estudio revela la creciente opacidad porque, a decir de Villanueva, “es posible advertir la ausencia de un mínimo común denominador sobre lo que debe ser clasificado como reservado o confidencial” y “peor aún, en casi todos los casos ni siquiera se colmaron los supuestos del principio constitucional de legalidad de fundar y, sobre todo, de motivar el acto de negar el acceso a la información”.
 
Agregó que “en algunos casos como Baja California, Chihuahua y Nuevo León se llegó al extremo de no proporcionar casi nada de la información solicitada”, mientras que en otros, los “actos de autoridad muestran la ausencia de conocimiento sobre criterios de ponderación entre acceso a la información y sus límites, así como el desinterés por conocerlos”.

Por el contrario, encontró que “la mayor parte de la información de las dependencias y organismos estudiados muestra características de propaganda para posicionar a las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia en el ánimo de la opinión”.
 
Uno de los elementos de mayor preocupación, expresó el investigador, es la “ausencia de expedientes individualizados de desempeño laboral en la Procuraduría General de la República, habida cuenta que fue la única institución de las analizadas que señaló la inexistencia de esa información”.
 
Villanueva Villanueva resaltó que “si bien es cierto que en el rubro expreso de derechos humanos, las secretarías y procuradurías respondieron en sentido afirmativo al cuestionárseles sobre la existencia de programas, también lo es que al cruzar esas respuestas con las recibidas de protección a testigos, a víctimas e incluso a los procesos disciplinarios internos de los propios agentes y personales de las dependencias y entidades se observan restricciones a los derechos humanos”.
 
Otro tema “inquietante (es) observar la falta de instrumentos operativos que permitan el intercambio de información y de colaboración conjunta entre las secretarías y procuradurías objeto del estudio”, por lo que “éste hecho limita cualquier estrategia de combate al delito ya sea en el fuero común o del orden federal y muestra las resistencias que existen en la secretarías y procuradurías por la persistente presencia de desconfianza mutuas”.
 
Para Villanueva, “al no haber o tener información no actualizada es posible que agentes con procesos disciplinarios o sentenciados en una entidad federativa puedan optar por su reinserción en otra entidad o corporación al amparo de la ausencia de bases de datos actualizados y confiables”.
 
Un dato al que le concede gran importancia el autor del estudio es el que se refiere a las prestaciones económicas y sociales de los miembros de los equipos de seguridad porque, dijo, “es posible identificar que el trato que se otorga a los agentes operativos y al personal en general de secretarías de seguridad pública y procuradurías abreva de los mismos parámetros con los que se maneja la administración pública”.
 
A decir del investigador del IIJ-UNAM y el CIJ-UDLAAP, “no se hace diferencia con el papel y las características básicas de inclusión y previsión familiar que deberían tener quienes laboran en las instituciones objeto del estudio. Peor todavía, no hay profesionalización, programas de servicio policial o de carrera, mecanismos claros y transparentes de movilidad y ascenso laboral”.
 
Y lo que es peor aún, “tampoco se ofrecen salarios mínimamente razonables para los servicios que deben llevar a cabo de acuerdo a las leyes y reglamentos aplicables. Pareciera que al momento de establecer los tabuladores se partiera de la premisa de que la corrupción ha adquirido carta de naturalización y garantiza un doble sueldo o estímulos económicos al margen de la normatividad”.

Otro punto destacable se refiere a que “la existencia de organismos internos de resolución de conflictos no manifiesta claramente la existencia de una entidad independiente; antes bien, se advierte que la tendencia que se sigue en esas instancias de resolución de conflictos y disciplinarias sean juez y parte”, es decir, que están hechas a modo de los superiores.
 
Finalmente, como deducción de todo el estudio a 435 solicitudes de información, Ernesto Villanueva destaca que “se muestra un crecimiento sostenido del presupuesto público asignado a las secretarías de seguridad y procuradurías de justicia y resultados inversamente proporcionales a las expectativas de la sociedad”.

Asimismo, el investigador reconoció cómo la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal fueron las dependencias u organismos con interés para responder, en tiempo y forma, las solicitudes de información, sin que ello signifique necesariamente que las instituciones de referencia sean muestra de la mayor transparencia posible, pero de cara a un contexto donde el cumplimiento de la ley es la excepción, destacan por ser parte precisamente esa excepción a la regla.
 
La presentación del libro estuvo enmarcada con la presencia de la comisionada de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, Mtra. Mayra Romero Gaytán; y el presidente de la Unión de Periodistas de Estado de Tlaxcala (UPET), Juan Luis Cruz Pérez.

ONG’s internacionales denuncian desaparición de periodista mexicano

Marco Antonio López Ortiz durante un evento en la ciudad de Acapulco.
El pasado 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, y mientras la Caravana por la Paz y la Justicia con Dignidad hacía escala en Durango, donde más de mil personas recibieron al poeta Javier Sicilia, el jefe de información del periódico estatal Novedades Acapulco, Marco Antonio López Ortiz, fue raptado por un grupo de hombres que lo abordaron al salir de un bar ubicado en el centro de la ciudad, donde quedó abandonado su auto. Hasta el momento se encuentra desaparecido.
 
A la exigencia familiar por su presentación con vida se han sumado las organización internacionales Reporteros Sin Fronteras, la sección americana del Comité para la Protección de los Periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa y Artículo 19, así como el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos, una de las principales agrupaciones civiles que promovieron la también llamada Caravana del Consuelo), la Unión de Periodistas de Tecpan y la Arquidiócesis de Acapulco, en tanto que trabajadores de la comunicación del estado realizaron el pasado 10 de junio una marcha por la costera Miguel Alemán.

Marco Antonio López Ortiz durante un evento en la ciudad de Acapulco.

Los periodistas guerrerenses fueron posteriormente recibidos por el titular de la Fiscalía Regional de la Procuraduría de Justicia de Guerrero, quien informó que la investigación del caso estaba en marcha, mientras que el Congreso del estado aprobó el mismo viernes un punto de acuerdo para solicitar al gobernador Ángel Aguirre y al procurador Alberto López Rosas investigar si los responsables son integrantes de corporaciones policiacas estatales o federales.

Igualmente –señala el documento aprobado–, solicitamos respetar la vida de Marco Antonio López Ortiz a quienes, sin ser entes gubernamentales, lo tengan en su poder, y dejarlo en libertad a fin de que pueda retornar con su familia, ya que es una persona de escasos recursos y que ejerce el periodismo con un alto sentido de responsabilidad y servicio social”.
Portada del periódico Novedades de Acapulco.
La denuncia formal ante las autoridades fue presentada ante el Ministerio Público, formalmente, al día siguiente del secuestro del periodista.
 
Según el portal especializado Periodistas en Español, en Guerrero han sido asesinados en los últimos siete años al menos nueve periodistas, muchos de ellos directivos: el corresponsal de El Sol de Acapulco, Juan Francisco Rodríguez Ríos (junto con su esposa María Elvira Hernández); el corresponsal de Televisa en Acapulco, Amado Ramírez; el director del periódico El Despertar del Sur, Misael Tamayo; el director del semanario El Oportuno, Jorge Ochoca; el director del semanario Ultimátum de Taxco, Juan Carlos Hernández y los reporteros Jean Paul Ibarra, Evaristo Pacheco y Juan Daniel Martínez.
 
En todo el territorio mexicano, desde el año 2000 han sido asesinados 73 periodistas y, de 2003 a la fecha, 13 han sido víctimas de desaparición forzada, el más reciente de los cuales es el jefe de información del diario Novedades Acapulco.
 
Para mayor información sobre violaciones a la libertad de expresión y derechos de los comunicadores, puede ser consultado el Protocolo para el registro, documentación y seguimiento de agresiones a periodistas, de Cencos y Artículo 19.

Ya son cuatro los periodistas asesinados en 30 días en México...HOY 20 DE JUNIO ES ASESINADO EN VERACRUZ DE MANERA COBARDE MIGUEL ANGEL LOPEZ VELASCO Y SU HIJO MISAEL LOPEZ SOLANA...

Foto: Archivo
Pablo Ruelas Barraza y Noel López Olguín fueron ultimados el 14 de junio y el 31 de mayo. Actualmente está desaparecido Marco Antonio López.

México, DF. Cuatro periodistas han sido hallados asesinados en los últimos 30 días en México, mientras que el jefe de redacción de un importante diario se encuentra desaparecido.
 
Estos son los hechos más relevantes, que incluyen asesinatos, desapariciones y ataques contra medios desde el 31 de mayo pasado.
 
El 14 de junio, el periodista Pablo Ruelas Barraza, de 38 años, de El Diario del Yaqui y El Regional de Sonora, fue asesinado por dos hombres que trataban de secuestrarlo.

Cuatro días antes, el 10 de junio, el jefe de redacción del diario Novedades de Acapulco, Marco Antonio López, fue secuestrado en un bar. Hasta este día se desconoce su paradero.
 
El 31 de mayo fue hallado el cadáver de Noel López Olguín, reportero de Noticias de Acayucan y el diario La Verdad, luego de haber sido secuestrado desde el 3 de marzo por un comando armado en una carretera.

A estas tres víctimas se suman dos más, Miguel Angel López Velasco y su hijo Misael López Solana, reportero y fotógrafo del periódico Notiver, de Veracruz, asesinados este lunes 20 de junio.

A principios de més, en Ginebra, un informe del relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión catalogó a México como el país de América más peligroso para las prensa, con 66 periodistas asesinados y 12 han sido desaparecidos en diez años.