22 de septiembre de 2011

EL SURGIMIENTO DE CAJAS DE AHORRO, FINANCIERAS Y CASAS DE EMPEÑO, UN BANCO FEROZ Y UNA CONDUSEF INÚTIL

Por Andrés Gómez Ojeda
En nuestro país existen diversas formas de ahorro que no se encuentran reguladas, ni siquiera son supervisadas por alguna autoridad. Una de ellas son las cajas de ahorro que suelen estar dándose con frecuencia fraudes. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), dependencia del gobierno federal, poco o nada ha podido hacer a favor del usuario. La ausencia del estado en este rubro se refleja en la indefensión de los ahorradores que han confiado en financieras, en ocasiones de prestigio, que no se encuentran registradas en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público como prestadoras de servicios financieros. Por ejemplo financiera Coofia, aparentemente constituida de manera formal con oficina matriz en Puebla y amplia presencia en el territorio nacional.

Si se supervisaran y se regularan estas instituciones, no solo seria para beneficio del ahorrador, también para ponerle una adarga legal que sea utilizada para bloquear los malos manejos.

Por otro lado y de manera poca ética se multiplican el surgimiento de cajas de ahorro, financieras y casas de empeño que se han dedicado a publicitarse de manera engañosa ofertando préstamos para “ayudar” la economía de las familias que requieren pagar las cuotas de las inscripciones de las escuelas, de útiles escolares, etc. lógicamente estos préstamos se firman en contratos que señalan clausulas con letras diminutas que no leen los usuarios. y de manera disfrazada con ofrecimientos inverosímiles cobran altos intereses, teniendo como resultado en ocasiones que los usuarios pierdan hasta sus bienes. Las operaciones de estas negociaciones ponen en serias complicaciones a los jefes de familia que recurren a estas.

La Crisis económica ha agudizado la situación e instituido un panorama fructífero para que se multipliquen estos establecimientos para que los usuarios sean fácil presa de las ambiciones lucrativas.

Asunto aparte son las instituciones bancarias bien constituidas y que cobran altas comisiones a los ahorradores, aunado a el Impuesto de Depósitos (IDE) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

En resumidas cuentas podemos asegurar que el Estado ya no se responsabiliza del desarrollo de la economía familiar y ante este panorama se ha dejado en la indefensión a los usuarios tal es así que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no regulariza y supervisa la operación. Mucho menos vigila la actuación de los bancos.

¿En donde ahorrar? Si los que pueden ahorrar se encuentran en estado de indefensión. Sin duda alguna es necesaria una nueva ley que beneficie a los ahorradores y que ponga en orden a estas mal llamadas instituciones y prestadoras de servicios.

La multiplicación de estas cajas de ahorro, prestamistas, casas de préstamo y financieras, refleja la crisis económica de los ciudadanos, pero también expresa el verdadero rostro del neoliberalismo, un capitalismo salvaje, atroz y sin principios.

Todas estas instituciones reflejan la situación caótica de un proyecto político que ha dejado solo al ciudadano común y que defiende los intereses de los detentan el poder económico, pero aun mas cuando se crean a una tal CONDUSEF (Comisión Nacional de usuarios de servicios financieros) que es una burla hacia los usuarios que se quejan en contra de las instituciones bancarias. Porque en realidad el representante nacional de esta institución gubernamental es Luis Pazos, un sujeto defensor de la economía del libre mercado y del proyecto económico neoliberal.

Estamos un grupo de ciudadanos organizando la defensa de deudores y de los voraces prestamistas en la región, esperamos sus comentarios y propuestas en pt.veracruz@hotmail.com

El Baldón: El verdadero enemigo

Por: José Miguel Cobián
México está en guerra. Las guerras son entre iguales, por lo tanto, se le otorga trato igualitario al enemigo. Considero que hay que hacer una reflexión para determinar al resto de los enemigos de la Patria, a todos esos que hay que combatir para que México tenga un futuro mejor.

Comencemos por los bancos, los funcionarios que los vigilan y los diputados y leyes que los regulan. México es el paraíso de la banca, sus ganancias superan con mucho las de regiones enteras en otras latitudes. Los bancos impiden el crecimiento económico de México. Son un enemigo a vencer.

La corrupción e impunidad, no merecen mayor comentario, en esta columna somos enemigos acérrimos de ambas, hacen más daño que un inquisidor con poder.

Los grandes monopolios logran ganancias brutales en México. Alimentos para animales, cobre, telefonía, celulares, gasolinas, electricidad, arroz, etc., casi cualquier actividad económica tiene características de ser un monopolio controlado por unos cuantos actores, que generalmente se ponen de acuerdo para no competir y cobrar precios superiores a los que existen fuera de México. Los monopolios y oligopolios son un enemigo bestial que convierte a todo el país en tienda de raya, pues se le paga poco al mexicano por su trabajo, pero se le cobran muy caros todos los bienes y servicios que consume. Así las utilidades se las llevan unos cuantos, y tenemos honrosamente 52 millones de pobres.

Los distintos credos religiosos que limitan la libertad de los mexicanos son un enemigo a vencer, igual que esos que convencen a sus fieles de entregar una parte importante de su patrimonio para beneficio de sus líderes espirituales. Hay intensas campañas de proselitismo para obtener más integrantes en ciertos cultos, en otros hay una increíble maquinaria de lavado de cerebro, que convierte a los fanáticos de la congregación en fanáticos dependientes. Hay grupúsculos dentro de la propia iglesia católica, que se consideran predestinados para dirigir almas y fieles, siempre con un beneficio de poder o de dinero para sus integrantes. Todos ellos se olvidan de que la libertad es el supremo bien del ser humano, otorgada por el Creador en el paraíso y asumida por Adán y Eva con todos sus riesgos y consecuencias. Se olvidan de que la Verdad hará libres a los humanos, como bien universal. El propio Creador ofrece la libertad del ser como un bien supremo y los humanos buscamos limitarla por todos los medios.

La hipocresía y falsedad tanto de gobernantes como de ciudadanos es un enemigo del país, al grado que nos ha llevado a vivir en ¨El gran teatro de México¨, en el cual nada es lo que parece, y cuando se investiga más a fondo, nos damos cuenta de que la Verdad, la sinceridad, la honestidad, son palabras cuyo significado muy pocos conocemos y aplicamos en nuestra vida diaria.

Nuestro entorno ecológico sufre cada día más daños. La depredación de la flora y la fauna se ha convertido en el gran negocio de unos cuantos, en perjuicio de las mayorías actuales y del futuro de los mexicanos. Empresas que contaminan, tráfico de especies, tala inmoderada sin reposición, agua cada vez más sucia, ríos muertos, campos agotados por explotación excesiva, ignorancia para realizar el aprovechamiento de los recursos naturales del país de manera sustentable, con la complicidad de autoridades, desde las de ecología hasta las de seguridad pública.

México es un país de leyes, -que nadie respeta-. De nada sirven las leyes que no se aplican. Un índice de impunidad del 98% habla de un estado fallido, de una procuración e impartición de justicia prácticamente nulas.

La amenaza de una dictadura militar o cuando menos sostenida por las armas del ejército es otro enemigo del País que poco a poco está manifestando más como futuro posible que como horizonte con mínima probabilidad de llevarse a cabo.

El futuro del país está en manos de los jóvenes y niños, que son educados con un nivel ínfimo de calidad. El futuro estará en manos de personas sin preparación. Los mexicanos de la siguiente generación no podrán aspirar a un mejor nivel de vida, pues su trabajo y sus conocimientos mínimos estarán muy mal cotizados. Deberíamos de hacer una guerra contra la ignorancia y la mala calidad de la educación que les damos a nuestros niños y jóvenes.

Si verdaderamente deseamos ser un mejor país, tenemos que combatir a todos estos enemigos y a muchos más, que están frenando la llegada del bien y la felicidad a este País.

http://www.josecobian.blogspot.com/    miguelcobian@gmail.
@jmcmex

20 de septiembre de 2011

Demandan en Estados Unidos a Ernesto Zedillo por masacre de Acteal


EMPLEADO DEL IMPERIO
Isaín Mandujano
20 de septiembre de 2011 ·
Destacado

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- El expresidente de México Ernesto Zedillo, ahora académico e investigador de la Universidad de Yale, fue demandado ante un tribunal de Estados Unidos por los abogados del grupo civil Las Abejas, por “conspirar” para que se perpetrara la matanza de 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, el 22 de diciembre de 1997.

En su página web, http://acteal97.com, el bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess de Miami dio a conocer en un comunicado la demanda “que alega crímenes de guerra y otros crímenes de lesa humanidad contra Zedillo Ponce de León” quien fue presidente de México de 1994-2000”.

La demanda contra Zedillo fue presentada el viernes 16 de septiembre en un tribunal federal de Connecticut por la firma de abogados estadounidenses con sede en Miami.

Señalan que la demanda se centra en los hechos relacionados con la masacre del 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo paramilitar -armados, apoyados y entrenados en el marco de un Plan de Contrainsurgencia por parte del gobierno mexicano- acribillaron a tiros y machetazos a 45 hombres, mujeres y niños en el paraje de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas.

Según los demandantes, la masacre se derivó del “Plan de Campaña Chiapas 94” un documento secreto de las fuerzas armadas del gobierno mexicano para minar la fuerza y “aplastar” la insurgencia del EZLN que se alzó en armas en enero de 1994.

De acuerdo con los abogados, una parte fundamental para echar a andar el plan fue la creación y despliegue de paramilitares y de autodefensa civil-militar para ayudar a las fuerzas militares en sus operaciones, incluyendo el armar a civiles de forma ilegal con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Refiere que Zedillo conspiró con el entonces procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, para ocultar las responsabilidad del mandatario mexicano, “antes, durante y después la masacre de Acteal” y que “como parte de ese encubrimiento, alrededor de 128 personas de la área de cerca de Acteal fueron detenidos y arrestados”.

Se señala también que en octubre de 2007, 34 indígenas civiles fueron declarados culpables por su responsabilidad en la masacre, incluyendo homicidios y asalto con agravantes, por lo que fueron condenados a 26 años de prisión.

Pero que en agosto de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó las condenas de 20 de los sentenciados “debido a la mala conducta del fiscal, incluidas las pruebas de fabricación y violaciones del debido proceso, por lo que se ordenó que los prisioneros fueran liberados después de 11 años recluidos”.

Los abogados señalaron que el encubrimiento hacia el presidente Zedillo continuó aún cuando éste había dejado el cargo después del año 2000, pues los fiscales nunca lo citaron a comparecer.

Agrega que no obstante el reciente descubrimiento de estos hechos y los planes, las víctimas y sus familiares sobrevivientes han visto frustrados sus intentos de mantener la responsabilidad que pesa sobre el gobierno mexicano por la masacre de Acteal

“Afortunadamente, en los Estados Unidos la ley federal permite que los demandantes puedan buscar la justicia en contra de Zedillo”, dice la misiva en la que los abogados citan dos leyes que permiten a los extranjeros su derecho de ejercer acciones legales en tribunales de Estados Unidos.

Después de meses de preparación e investigación, la firma de de Miami, Florida, afferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess presentó la queja, ante el tribunal federal de Connecticut firmada por el abogado Mateo Dallas Gordon.

“Las víctimas demandantes están llevando a cabo este proceso de forma anónima, para protegerlos de represalias probable si sus identidades fueran reveladas. Por lo tanto, sus abogados no se pueden proporcionar información sobre las identidades de las víctimas, aparte de que son cuatro mujeres y seis hombres”, dice la misiva.

Como se recordará, en aquella masacre un grupo de tsotsiles priístas, equipados con armas de grueso calibre dispararon en contra de 45 personas de Las Abejas -18 mujeres adultas, cinco de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y los 15 años de edad- e hirieron a 26, en su mayoría menores de edad, varios de ellos resultaron con lesiones permanentes.

La historia narrada por los familiares de las víctimas señala que las personas atacadas se encontraban refugiadas en la comunidad de Acteal debido al continuo hostigamiento de grupos armados que quemaban sus casas y cultivos, y robaban sus pertenencias.

“Estaban completamente desarmados, realizando una jornada de ayuno y oración en la capilla de la comunidad de Acteal para pedir por la paz en la región. El ataque fue perpetrado por alrededor de 90 personas, según refieren testigos oculares y el hecho de que un puesto de operaciones mixtas (fuerza militar, judicial y de seguridad pública) se encontrara asentado a 200 metros ha servido para justificar las opiniones que apuntan hacia una responsabilidad directa del estado mexicano”, dice el blog de ese grupo civil pacifista.

“El hecho violento tuvo sus consecuencias políticas inmediatas con la renuncia del Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y del Gobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro, así como por la aprehensión de Jacinto Arias Cruz, presidente municipal de Chenalhó por ser sospechoso de haber proporcionado el armamento necesario para realizar la acción. Sin embargo el hecho de que no ha sido investigado ningún funcionario de alto rango, como el ex Presidente de la República Ernesto Zedillo o dirigentes militares, hace sentir a las comunidades abejas que la acción se mantiene impune”, precisa el comunicado.

Conceden juicio de amparo para tuiteros de Veracruz

Después de nueve días de haber sido detenidos acusados por terrorismo y sabotaje, el juzgado segundo de distrito admitió el jueves 8 de Septiembre pasado el juicio de amparo solicitado por la defensa jurídica de María de la Luz Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, tuiteros señalados de haber desatado el 25 de agosto, pánico generalizado entre estudiantes y padres de familia con noticias falsas de ataques a planteles educativos.

Los “twitterterroristas” a quienes se les dictó el auto de formal prisión el 31 de agosto y quienes se encuentran recluidos en el penal de Pacho Viejo pudieran ser puestos en libertad si así lo determina el juez, después del 23 de septiembre en que se celebrará una audiencia en la que tendría que presentarse el fiscal del estado, Reynaldo Escobar Pérez.

El jueves 8 de Septiembre fue publicado el acuerdo donde se informa la resolución del juez de admitir el juicio de amparo indirecto, en el expediente 1231/2011, señaló el abogado defensor, Fidel Ordóñez Solana.
 
Explica el abogado que hoy se admite la demanda de cuenta, “sin tramitarse el incidente de suspensión relativo, en razón de que no fue solicitado expresamente por los peticionarios de la acción constitucional".
 
La autoridad federal citó a ambas partes a acudir a la audiencia que se celebrará el 23 de septiembre próximo a las 14:00 horas. En dicha audiencia, el juez solicita a las autoridades responder por las acusaciones de coacción y de violar las garantías constitucionales por los dos usuarios de redes sociales, quienes declararon haber sido privados ilegalmente de su libertad.

Desde el pasado 5 de septiembre la defensa presentó la solicitud de amparo contra el auto de formal prisión recibido por los usuarios de las redes sociales por considerar que se violó su derecho a la libertad de expresión y se incurrió en exceso de autoritarismo en la detención de los tuiteros.

La defensa argumenta también la violación de los artículos 7 y 19 constitucionales relativos al pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscritos por México en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
 
El juez solicitó a las autoridades señaladas como responsables de violar garantías constitucionales, rendir informes justificados que deberán rendir en un término de tres días y, en su caso, remitir copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que acrediten la existencia del acto reclamado y aquellas que sirvieron de base para emitirlo.

En caso de no cumplir o hacerlo de manera extemporánea, al resolver el fondo del asunto, les será impuesta multa por el equivalente a 30 días de salario mínimo general vigente en la zona geográfica.
 
El amparo fue interpuesto contra el auto de formal prisión, por considerar que fue violado el derecho a la libertad de expresión de los detenidos, por haber expresado algunas ideas en sus cuentas de Twitter y Facebook.

Piden juicio político a Fidel Herrera

Cometio delitos entre los que detacan actos de corrupción y enriquecimiento ilícito
Ante la indiferencia de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), la sociedad civil del sur del estado, agrupada en la Insurgencia Veracruzana en contra de la Corrupción y la Impunidad, pide a instancias internacionales, nacionales y estatales, el encarcelamiento de Fidel Herrera Beltrán y Jorge Carvallo Delfín, por la corrupción y enriquecimiento ilícito en la pasada administración estatal. “Mientras diversas dependencias fueron saqueadas, la pobreza se incrementó, lo que obligó a jóvenes a delinquir, prostituirse o emigrar”.
 
La Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos del distrito de los Tuxtlas AC, conjuntamente con los comisariados ejidales de Benito Juárez de Catemaco, Tres Zapotes de Santiago Tuxtla y ejido La Laguneta de San Andrés Tuxtla, la organización civil Clouthier de San Andrés Tuxtla, la Unión de Afectados defraudados por la sociedad Cooperativa Cofisur; Comité de Regularización de la Tenencia de la Tierra de la Comunidad de Ojo de Agua, han enviado un documento al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los senadores de la República, al Congreso del Estado, al gobernador Javier Duarte.

Víctor Luna Hernández, presidente de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos de los Tuxtlas, dijo en entrevista que el sur de Veracruz ha estado abandonado, “en donde no hay justicia para nadie, por eso estamos promoviendo los encarcelamientos de los corruptos, ya que tampoco hay respuesta por parte de la Procuraduría ante varias denuncias que tenemos interpuestas”.
 
Así, expuso que las “acciones ilícitas de Fidel Herrera ocasionó hambruna y pobreza, cometió crímenes de lesa humanidad con sus acciones corruptas, al igual Jorge Carvallo Delfín, en contra de los veracruzanos y en contra de los migrantes centroamericanos”.
 
Entre los actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, refirió que han expuesto en el oficio que hubo saqueo en las secretarías de Educación, de Comunicaciones y de Salud, en la Sedarpa, la Sedesma (ahora Sedesol); en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de Pensiones del Estado, Dirección de Becas, Migrantes, fraudes al magisterio y a la Lotería Veracruzana.
 
Casos que piensan que se han olvidado y que ni la Procuraduría de Justicia estatal da resultados sobre las investigaciones, señaló el defensor de derechos humanos, “por eso exigimos juicio político, de acuerdo a los tratados internacionales, por eso también acudimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
 
Asimismo, refirió que piden que se haga “una investigación administrativa a fondo, para que se efectúe un inventario de dinero en efectivo depositados en bancas nacionales y extranjeras y propiedades de bienes e inmuebles de la familia del ex gobernador Herrera Beltrán y de Jorge Carvallo Delfín”.

Javier Sicilia está ligado a Veracruz

El poeta afirma que la presencia de los grupos delictivos, no es más que la demostración que el modelo de gobierno ha fallado.
La voz de Javier Sicilia, se entrecorta al comenzar la entrevista con LIBERAL DEL SUR, al recordar que a Veracruz lo atan sus raíces y un hecho importante.

La voz de Javier Sicilia, se entrecorta al comenzar la entrevista con LIBERAL DEL SUR, al recordar que a Veracruz lo atan sus raíces y un hecho importante, su madre nació en la entidad, y precisamente en Coatzacoalcos, hace unos meses fue detenido Julio de Jesús Radilla Hernández, El Negro, quien presuntamente ordenó la muerte de su hijo Juan Francisco.

Antes de atender al equipo de LIBERAL DEL SUR, Javier Sicilia era testigo de lo que declaraba Emilio Álvarez de Icaza, integrante de la Caravana por la Paz, quien denunciaba que casi a la entrada de la ciudad, el cuerpo de seguridad que los acompaña, detectó que eran seguidos por una camioneta en la que viajaban al menos cuatro personas.

El hecho no pasó a mayores, sólo fue el susto, pero quienes viajan acompañando al poeta, saben que la caravana está levantando conciencia.

Tristeza y dolor

Esos dos sentimientos provocan a Javier Sicilia su llegada a Coatzacoalcos, ante lo que llama la ocupación que ha realizado la delincuencia organizada en Veracruz.

El principal promotor de la Caravana del Sur del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, asienta que la creciente presencia de los grupos delictivos, no es más que la demostración que el modelo de gobierno ha fallado, al anteponer el interés económico al del cuidado ciudadano que debería de prevalecer.

Veracruz desde la óptica de Sicilia, está viviendo momentos de desgarramiento social y ocupación de la delincuencia, lo cual mantiene a la entidad en un cinturón de miseria.

"Es triste e indignante que haya escasez de cuidado ciudadano, en la mayor parte del país", enfatizó.

Los ciudadanos sufren heridas ancestrales

Cuestionado sobre la experiencia que le ha dejado el recorrido por gran parte del país con la Caravana por la Paz, Sicilia afirma que en la mayoría de los mexicanos existe una llaga por agravios de antaño, los cuales han afectado principalmente a lugares como Ciudad Juárez.

Esas heridas -dijo- son parte del despojo de las riquezas naturales que a lo largo de los años ha padecido el país. A los agravios de antaño, según Javier Sicilia, hay que agregarle el despojo de la seguridad que inició con la guerra actual con todas sus víctimas.

OAXACA Y PUEBLA: ¿MEDIOS DE ESTADO?

(*) Ponemos a su disposición la opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

México. D. F., a 19 de septiembre de 2011

En campaña se promete todo y de todo. El olvido llega tan pronto es posible. Los denominados eufemísticamente gobiernos aliancistas, en realidad son más de lo mismo en muchos rubros. Nuevas caras y beneficiarios y en el mejor de los casos las prácticas priistas o peores. Veamos el caso de los medios que viven con cargo al erario y cómo siguen exactamente igual. Existen, por supuesto, elementos que me permiten sustentar lo que aquí afirmo.

Primero. En Oaxaca, el entonces candidato Gabino Cué prometió transformar la realidad y se comprometió a cambiar las relaciones en Estado y medios, empezando por la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Las cosas casi un año después no han cambiado. Siguen iguales, idénticas, sin cambio alguno. En efecto, "la Ley que crea la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión" y establece sus funciones, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 20 de noviembre de 1993 siendo gobernador Diódoro Carrasco Altamirano asegura no es un medio de Estado, sino un medio al servicio del gobernador. II.- Un Secretario Técnico que será el Director General de la "CORTV"; El Director General será designado por el Titular del Ejecutivo; Seis Vocales que serán: a).- El Secretario General de Gobierno; H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; b).- El Secretario de Finanzas; c).- El Secretario de Administración; d).- El Director del Instituto de Educación Pública de Oaxaca; e).- El Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno del Estado; y, f).- El Coordinador General de Asesores del Titular del Ejecutivo; IV.- Un Comisario que será el Delegado Contralor o el representante de la Secretaría de la Contraloría. Los suplentes de los Titulares de la Junta Directiva, serán los servidores públicos que indique el Titular del Poder Ejecutivo". Como se puede observar todos y cada uno de los miembros son servidores públicos nombrados y removidos por el Gobernador y representan sólo su voz.
 
En Puebla, en su plataforma electoral, el candidato Rafael Moreno Valle prometió "impulsar la democratización de los medios de comunicación; las televisoras y radiodifusoras del estado garantizarán una difusión noticiosa, contenidos culturales, educativos y de entretenimiento con la debida objetividad y pluralidad". Tampoco ha pasado absolutamente nada. El Decreto que crea el Sistema de Información y Comunicación del Estado de Puebla del 31 de julio de 1998, dispone en su artículo 7 que "La Junta de Gobierno será la máxima autoridad del SICOM y estará conformada por: I. Un Presidente que será el Secretario de Educación Pública del Estado; II. Un Secretario Técnico que será el Secretario de Finanzas del Estado, y III. Vocales que serán: a). El Secretario de Gobernación; b). El Secretario de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública; c). El Secretario de Desarrollo Económico; d). El Secretario de Turismo; e). El Secretario de Desarrollo Rural; f). El Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; g). El Secretario de Comunicaciones y Transportes; h). El Secretario de Salud; i). El Secretario de Cultura; j). El Director General del SICOM; k). Dos representantes del sector social invitados por el Gobierno del Estado, y l). Dos representantes del sector privado invitados por el Gobierno del Estado. Como se puede apreciar, sucede lo mismo que en Oaxaca.
 
Segundo. Al igual que en Oaxaca, en Cuba, Venezuela y Corea del Norte los medios "del Estado" son idénticos. A la ley me remito para probar esta afirmación. Además de las restricciones de la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y Televisión, al igual que en Puebla y Oaxaca, el artículo 11 de la Ley de Educación de la República Bolivariana de Venezuela dispone que "Los medios de comunicación social son instrumentos esenciales para el desarrollo del proceso educativo; en consecuencia, aquellos dirigidos por el Estado serán orientados por el Ministerio de Educación y utilizados por éste en la función que les es propia." Lo mismo sucede en Cuba y a imagen y semejanza de Puebla, el decreto 46/29 de medios del pueblo de la autoritaria República de Corea del Norte en la que se inspiraron Puebla y Oaxaca, reproducen el espíritu de control absoluto del gobierno a nombre del "pueblo trabajador".

Tercero. En las democracias se prima, por el contrario, la presencia de los distintos sectores de la sociedad política y civil. En Bélgica, la Ley del 17 de julio de 1987 establece que el Conseil Supérieur de l´Audiovisuel debe estar compuesto por 25 miembros entre profesionales de la televisión, asociaciones de prensa y asociaciones de consumidores. En la República Checa, la Ley del 21 de febrero de 1992 dispone que el Council for Radio and Television Broadcasting debe estar integrado por nueve personas nombradas por un periodo de seis años por el Parlamento entre miembros de la sociedad civil, siendo ineligibles funcionarios públicos o personas con conflictos de intereses en los medios. ¿Para qué invertir con cargo al presupuesto público en medios donde únicamente tienen acceso quien discrecionalmente decide el gobernador o alguno de sus subordinados? ¿Por qué invertir en medios que carecen de toda responsabilidad ética frente al público, a pesar de que es éste el que sufraga su operación? Y en todo caso, ¿Por qué debe la sociedad pagar el manejo de imagen del gobernador, que puede usar a su libre juicio los medios de gobierno? Se trata, pues, de un debate que no se ha dado como es debido. Es inmoral que Moreno Valle y Gabino Cue se sigan aprovechando de la ignorancia colectiva para destinar recursos económicos de la sociedad a fines ajenos al interés público.

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