1 de noviembre de 2011

Nuevamente equivocado, señor Felipe Calderón

Ana María Aragonés
No hay duda de que la crisis actual que viven muchísimos países está afectando fundamentalmente a la clase trabajadora y, dentro de ella, los migrantes están llevando la peor parte. Estados Unidos ha puesto en marcha una política de deportación contra los mexicanos y centroamericanos, y esto ha permitido que algunos estados de ese país traten de promulgar leyes completamente violatorias de los derechos humanos, pasando por encima de las más elementales reglas del derechos internacional. Pero si en Estados Unidos la situación es grave, en México es peor, pues, además, los migrantes están a merced de las diferentes formas de delincuencia que los asesina, los secuestra, extorsiona, etcétera, y con acciones insuficientes del gobierno mexicano para detener este horror.
 
Pero, ¿por qué a los migrantes, seres humanos como todos los demás, se les puede atacar de forma tan inmisericorde y no pasa prácticamente nada? ¿Por qué se encuentran en un limbo jurídico que los hace aún más vulnerables? Todo ello tiene que ver con lo que sus propios países piensan de ellos.

Por parte del gobierno mexicano, un argumento recurrente es que son personas que van a trabajar, que dan lo mejor de ellos mismos, lo cual es intachable. Pero al mismo tiempo resulta una vergüenza para el propio país, pues quiere decir que no les está otorgando las condiciones para que puedan mantenerse al lado de sus familias en sus propias comunidades y los “lanza” a la triste aventura de la migración. Se trata, por tanto, de una migración “forzada”, pues es por necesidad.

Por su parte, los países de destino quieren recibir a esos migrantes “forzados”, y mientras más “forzados” mejor, pues los necesitan porque son más explotables debido a sus condiciones de vulnerabilidad al llegar sin ninguna protección de su propio país. Tienen un costo unitario menor, y lo que nunca reconocerán es que gracias a estos trabajadores migrantes la crisis es menos severa, ya que se hace recaer el costo del desempleo sobre ellos, deportándolos a sus países de origen sin ninguna indemnización aunque hayan estado trabajando 10, 15 o más años en el país.
 
Por eso la migración no es natural, como el gobierno mexicano señala. Felipe Calderón ha podido distinguir “libros serios de economía de los que son puro rollo…; aquellos que en América Latina hemos padecido mucho!” Lo que lo lleva a una conclusión inobjetable: “el capital y el trabajo invariablemente se necesitan”; entonces ¿qué pasa en México?, ¿es que no se necesitan?
 
Hay que ser más cuidadoso con las palabras para evitar, digamos, contradicciones. Señala Calderón que “las economías asimétricas, como la mexicana y la estadunidense, se complementan y forman parte de un fenómeno natural de integración”. Una relación que se complementa es aquella que logra la armonía, la inclusión, y lo que hemos visto es la exclusión de los trabajadores, pues se fundamenta en los privilegios y las prerrogativas para los otros, convirtiéndola en algo violento, ya que ante la igualdad no se respetan las diferencias. No hay tal integración, a diferencia de lo que señala Calderón, pues justamente no se les permite a los migrantes participar del mismo nivel de bienestar que al resto de la población. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se dejó de lado el fenómeno migratorio porque así convenía a Estados Unidos, como ha podido comprobarse a lo largo de esta historia.

La migración “forzada” puede y debe detenerse. Y pongo un ejemplo que merece la pena analizar. Suecia, desde 1870 hasta 1907, era un país extraordinariamente pobre que provocó una de las migraciones más impresionantes, al perder en esos años prácticamente un cuarto de su población. A partir de 1907 el país decidió que debía revertir esa tendencia, pues la fuerza de trabajo que estaba perdiendo era absolutamente necesaria para desarrollar el país. Para tal propósito se creó una comisión que planteó una serie de cambios sustanciales para la sociedad sueca. En primer lugar se decidió otorgar mejores condiciones de vida a los trabajadores, ya que precisamente la falta de ellas había sido la razón de la migración. Se les proveyó de viviendas y se instauró por ley que éstas debían tener todas las comodidades o los constructores serían sancionados; se les otorgaron salarios decentes y mejoras sustanciales en salud; se instituyeron siete años de educación obligatoria, y algo fundamental fue la decisión de hacer realidad una equitativa distribución de la riqueza. En el ámbito de la democracia, se otorgó el voto a los hombres mayores de 21 años, con lo cual una sociedad jerarquizada como era la sueca en esos momentos empezó a cambiar radicalmente hacia una sociedad igualitaria. Y la historia la conocemos todos. Suecia es uno de los países más desarrollados del planeta.
 
Por eso Calderón vuelve a equivocarse cuando dice que “no se detienen los flujos migratorios por decreto”. Claro que pueden detenerse por decreto, si fuese un acto que decidiera, de una vez por todas, poner en marcha un proyecto nacional en favor de la población.

Para Miguel Ángel Granados Chapa. Con enorme tristeza por su adiós.

amaragones@gmail.com
FUENTE: http://www.jornada.unam.mx/2011/11/01/politica/022a1pol?partner=rss

Desiste Anonymous de operación contra “Los Zetas”

El logo de Anonmex.
MÉXICO, D.F., (apro).- La organización Anonymous suspendió la operación en que daría a conocer los nombres de los cómplices que respaldan a la organización criminal “Los Zetas”.

La asociación argumentó que el gobierno federal intentó infiltrarse en la operación para difundir nombres de sus adversarios políticos.
 
Anonymous anticipó, también, que la operación pondría en riesgo la seguridad de sus miembros y podría desatar “una guerra urbana en forma de asesinatos”.
 
La organización había subido un video a la red social Youtube para advertir que difundiría los nombres de reporteros, taxistas y policías vinculados al cártel.
 
Sería una guerra de información, advirtió el grupo.
 
No obstante, los activistas se desistieron por el temor de que el gobierno federal se haya infiltrado, así como por creer que la operación pone en riesgo a sus miembros.

Opacidad en municipios, denuncia PT

Jorge Gonzalez Rojas
Fernando Inés Carmona - martes, noviembre 01, 2011
Orizaba, Ver.-La opacidad con la que los alcaldes veracruzanos manejan los recursos económicos no sólo les permite manipular los costos del programa anual de obra o asignarse elevados salarios, sino que les facilita el tránsito de la pobreza a la riqueza patrimonial “de manera impune”, refirió Jorge González Rojas, integrante de la dirigencia colegiada del Partido del Trabajo en Veracruz.
 
Además, “el manejo transparente del dinero queda a merced de la buena voluntad de los presidentes municipales, porque no existe ningún ordenamiento legal que los obligue a transparentar el manejo claro de los recursos municipales”. Es una cuestión de voluntad “y aunque no hay una ley que ordene el manejo transparente de los recursos, debe ser una situación de moral política de los presidentes municipales”.
 
Sin embargo, por lo menos en el primer año de gestión municipal “ningún alcalde, de cualquier partido, va a realizar un manejo claro de los recursos. En el primero año los alcaldes deben reponerse de los gastos de campaña y por eso es que le van a pegar mordidas al presupuesto”.

Aunque el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), revisan la aplicación de fondos , “lo hacen después que se ejecutan”. Por ello, “debe existir un ordenamiento que regule desde las asignaciones de salarios hasta las licitaciones de obras públicas, que muchas veces son infladas”.
 
Por ejemplo, en los presupuestos de obra los contratistas ofrecen determinadas características que no se cumplen, “por complicidades que se tienen con el departamento de obras públicas e incluso con el mismo alcalde, pero que, es muy difícil de comprobar y sancionar. Ahora las autoridades en complicidad con los constructores, inventan gastos, inflan costos y aunque hay una mala ejecución de los trabajos, no hay sanciones como debe ser. Al menos en Orizaba y la región no conocemos que en los últimos seis años se hayan sancionado a constructoras que incumplieron con el contrato de obra pública”, comentó.
 
Muchas de las características que debe reunir la obra ejecutada “existen en el papel, pero no físicamente, por esa sola razón debe haber peritos especializados e independientes que revisen los trabajos y detecten las inconsistencias de los trabajos”.
 
Hay otros factores, por ejemplo en Orizaba “pedimos que el ayuntamiento hiciera público el plan municipal de obra, pero nunca lo hizo, nunca nos informó en que se invertiría el dinero en este año. Ahora sabemos que lo está gastando, pero no se nos informa bajo qué condiciones, sólo nos dice que se invirtió, pero no hay acceso a la forma en la que las empresas contratistas fueron asignadas para determinadas obras. Las licitaciones deben ser transparentadas.
 
Así, los alcaldes manejan el dinero en medio de la impunidad y aunque al final del año pueden ser llamados a cuenta por el Congreso del Estado, se les permite que solventen observaciones, pero no se les exige que hagan un manejo adecuado de los recursos.

Violentan jueces derechos de presos indígenas; aprovechan su ignorancia

Celia Díaz García
Córdoba, Ver.- La diferencia entre los idiomas se ha tornado el principal problema entre los indígenas y la justicia, reconoció Sara María López, delegada estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quien reconoció que a la mayoría no se les ofrece el beneficio de un traductor, pese a que por ley les corresponde para facilitar el entendimiento con las autoridades.
 
Dentro del programa Excarcelación de Presos Indígenas, en la entidad veracruzana, se ha liberado en este año a 65 presos, quienes habían incurrido en delitos calificados como menores y que podían salir bajo el pago de una mínima fianza; sin embargo, el no contar con un traductor los llevó a ingresar al penal.
 
Recordó que para este programa implementado por la CDI se erogó un presupuesto por el orden de un millón 200 mil pesos, al cual calificó de histórico. Dicho recurso fue canalizado para el pago de fianzas y de traductores, hospedaje y alimentación de familiares y presos.
 
Todas estas personas que han sido liberadas, explicó, contaban con el beneficio de libertad bajo fianza al haber incurrido en delitos menores, como robos o lesiones, por lo que pudieron salir con el pago de una sanción administrativa; no obstante, desconocían esta situación además que durante el proceso las autoridades tampoco les dieron a conocer debido a la falta de un traductor, lo que se ha convertido en una barrera para alcanzar la justicia.
 
Y aun cuando la CDI otorga a estas personas el pago de un traductor mediante el programa Excarcelación de Presos Indígenas, subrayó, esto es un beneficio que por ley se les debe brindar para facilitar su situación legal.

Ante la desidia de realizar todo este trámite legal, las autoridades abusan de la ignorancia y optan por encarcelarlos, independientemente del delito del que se trate, por lo que se violentan sus derechos, puesto que este beneficio, acotó, se asienta en la Constitución.

“A nosotros lo que nos interesa es que todos los indígenas que tengan un problema con el sistema de administración de justicia cuenten con esta prerrogativa que le da la Constitución de un intérprete o traductor en el momento de su proceso”.
 
A raíz de la implementación de este programa de la CDI, recordó, la Procuraduría General de Justicia ha emitido oficios a los jueces para que no pasen por alto este derecho, y para exhortarlos a recurrir a la CDI para que intervenga.
 
Actualmente, lamentó, la mayoría de las autoridades aún hacen caso omiso a la ley, toda vez que de los 65 casos en los cuales ha intervenido, dijo, a más de 90 por ciento no se les dio a conocer que cuentan con este derecho (de un traductor) y por ende pagan condenas por un delito menor.

Lucha contra el narcotráfico no da frutos; sólo crecen las cifras de muertos: CDHDF


“No podemos decir que hoy en día la guerra contra el narcotráfico haya te- nidounefectorealenlareduccióndelmercadodedrogas”,señalóGonzález Placencia ¦ Foto Sergio Balandrano
Norma Trujillo Báez
Al considerar que la situación de violencia que vive el país se debe a tres factores: la corrupción, la opacidad e impunidad y que la lucha contra el crimen organizado no ha dado resultado porque no ha existido aprehensión de capos y el mercado de drogas no ha sido abatido, “no ha sido tocado”, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, señaló que Veracruz vive una situación de violencia sin precedentes.
 
En su participación en el foro Veracruz Grita ¡Ya basta!: Paz con justicia y dignidad, el presidente de la CDHDF dijo que a pesar que hay un combate al crimen organizado el mercado de las drogas permanezca intocado, pese a la guerra declarada contra los cárteles del narcotráfico.
 
“El problema que origina toda esta guerra contra el narcotráfico desde hace 30 años sigue intacto y creciendo, no podemos decir que hoy en día la guerra contra el narcotráfico haya tenido un efecto real en la reducción del mercado de drogas”, señaló González Placencia.
 
“La lucha contra el crimen organizado ha tenido efecto en términos de personas encarceladas y de personas ultimadas, pero eso no es congruente con los objetivos que se supone justifican esta guerra contra el narcotráfico, porque yo no conozco a ninguna persona usuaria de drogas hoy por hoy en este país y en nuestro vecino del norte que se haya quedado sin drogas porque éstas fueron decomisadas o porque un capo fue metido a la cárcel”.
 
Así, refirió que los criterios de medición no son correctos, “si lo que estamos pensando es que el mercado de drogas tiene que ser abatido no estamos logrando eso, y en cambio sí estamos logrando incrementar notablemente año con año, día con día, el número de personas muertas buenas o malas. Eso no importa, porque otro efecto importante de esta división de las víctimas es que aquellas que lo son del Estado porque participan en grupos criminales no importan, que si se trataba de personas que forman parte de los grupos criminales, entonces está bien que se mueran porque mejor que se mueran los malos”.
 
Esto ha generado una serie de justificaciones absurdas que suelen darse para explicar los errores cometidos por el Ejército o por la Marina cuando tiene por efecto su acción la pérdida de vida de un civil. Lo que inmediatamente se plantea es que seguramente estaba involucrado en un grupo criminal.
 
El ombudsman de la ciudad de México, dijo que en “esta guerra” los mexicanos son vistos “como súbditos, en donde su voz no cuenta”, cuando tendría que ser lo contrario para hacer los cambios, ya que en “todo este proceso histórico han permanecido tres elementos que forman una especie de triángulo perverso: la corrupción, como una variable que está inserta en la manera de relacionarnos entre los ciudadanos y nosotros con el Estado. Ese modelo de corrupción lo hemos venido construyendo todos y todas, no es impuesto desde arriba, la opacidad es un segundo elemento y en el campo de lo penal se generó un tercer elemento, que es la impunidad”.

Y al hablar de los movimientos de paz que han surgido por las víctimas, el de (Javier) Sicilia, a diferencia de los otros –dijo–, “también él es una persona encumbrada, sin embargo, la virtud que ha tenido su movimiento tiene que ver con haber iluminado a un importante número de víctimas que no son poderosas, ampliando el espectro de víctimas hacia un sector que ha quedado invisibilizado desde la perspectiva de estas otras perspectivas encumbradas que sí han tenido la posibilidad de hacer uso de ese derecho de picaporte para decidir cosas específicas”.
 
En entrevista, señaló que Veracruz vive una situación de violencia sin precedente, especialmente en el puerto, “eso es preocupante y nos preocupa que aquí se señala responsabilidad de los grupos criminales, y que naturalmente tienen responsabilidad en eso, pero también hay una responsabilidad importante del estado, para que eso no ocurra el estado tiene que generar las condiciones para que las y los ciudadanos de Veracruz puedan vivir en paz, sin amenaza del crimen organizado y cuando ocurren situaciones de las que se narran a nivel nacional, los levantamientos y homicidios se actúe de inmediato para no generar impunidad”.
 
Igualmente se congratuló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya interpuesto el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma al artículo 373 del Código Penal de Veracruz, que creó el delito de “perturbación del orden público”, conocida como la “Ley Duarte”, “ya que es una clara violación a los derechos humanos de los veracruzanos”, aunque, dijo que en primera instancia quien debió interponer el recurso era la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Noticia.aspx?ID=111101_122356_482

Anonymous amenaza al cártel de Los Zetas en México

Un vídeo de Anonymous en Veracruz asegura que el cártel de la droga ha secuestrado a uno de sus miembros. Como respuesta, advierten con publicar los nombres de los policías supuestamente corruptos y ayudantes de Los Zetas además de incendiar sus casas el 5 de noviembre. Los periodistas y taxistas de la zona también están en el punto de mira.
Un grupo de Anonymous en Veracruz (México) denuncia a través de un vídeo colgado en internet que uno de sus miembros ha sido secuestrado mientras llevaba a cabo actividades propagandísticas en las redes, una acción denominada "paperstorm" o "tormenta de papeles" por la organización. Anonymous asegura que es el grupo de los Zetas quien le retiene y advierte de que tomará represalias si no le liberan antes del sábado 5 de noviembre.

"Exigimos su liberación. Queremos que la Marina y el Ejército [mexicanos] sepan que estamos cansados del grupo delictivo de Los Zetas, que se han dedicado a secuestrar, probar y extorsionar en diversas formas", reza el comunicado de vídeo. Tras una máscara de Vendetta y con una voz distorsionada, el representante de Anonymous asegura que por culpa de Los Zetas se ha negado "el derecho de piso a todo veracruzano honesto y trabajador que se rompe la madre día a día para alimentar a su familia".

Pero también lanza una amenaza a la supuesta corrupción de la Policía: "Estamos cansados de los comandantes y polizetas (...) que se han dedicado a ser los halcones y más fieles servidores de estos pendejos".

El grupo advierte además a los periodistas y taxistas de la región de que ellos también están en su punto de mira por favorecer, según Anonymous Veracruz, la labor del cártel.

Amenazan con publicar fotografías, nombres y hasta la dirección postal de aquellos que consideran involucrados en el cártel de Los Zetas "para ver si así el Gobierno los detiene". E incluso insinúan que podrían incendiar sus casas. "No será difícil. Todos sabemos quiénes son y dónde se encuentran", advierte el comunicado. "No perdonamos", zanja el vídeo.

MÉXICO, PELIGROSO PARA PERIODISTAS

Agencias.- En la última década han sido asesinados 70 reporteros y otra docena están desaparecidos. La mayoría investigaba la corrupción a escala local
 
México se ha convertido en el país más peligroso para los periodistas en la primera década del siglo XXI de toda América, según los últimos datos de la ONU: 70 informadores asesinados y 12 desaparecidos. Pero la cuenta sigue sumando: 13 asesinatos más entre enero y octubre de este año, 19 ataques con explosivos y armas de fuego contra sedes de medios de comunicación desde febrero de 2010 y 137 violaciones al derecho a informar como amenazas, secuestros y detenciones arbitrarias, apunta Darío Ramírez, director para México y Centroamérica de la ONG Artículo 19, que lucha por la libertad de expresión.
 
El 90% de las víctimas, señala Ramírez, “son periodistas locales, de medios débiles, que son eliminados por el crimen organizado y las autoridades corruptas”. Además, añade, “el 80% de los reporteros asesinados estaba investigando casos de corrupción”. Las zonas más peligrosas son, en su opinión, “Michoacán, Veracruz, Tamaulipas y la comarca lagunera en la frontera entre Durango y Coahuila”.
 
Javier Garza es director del periódico El Siglo de Torreón, en Coahuila, un territorio en disputa entre el cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán ylos Zetas. “Los narcos tienen una noción muy depurada de las relaciones públicas y se fijan mucho en el espacio que reciben sus crímenes. Es una dinámica muy peligrosa y muy delicada porque saben que una decapitación tendrá mayor despliegue que una balacera y nos lo hacen saber. Incluso dejan cadáveres en las calles con mensajes del tipo ‘publiquen esto”, cuenta Garza.

“Decidimos que no queríamos ser voceros del crimen organizado y nos dimos cuenta de que la saña de las ejecuciones era parte del mensaje. Decidimos quitar escándalo y propaganda a los asesinatos, evitar los titulares amarillos y dar el mismo tratamiento a los crímenes salvo cuando se producen balaceras en lugares públicos”, añade.

La sede de El Siglo de Torreón fue tiroteada una medianoche de agosto de 2009. No hubo víctimas pero obligó al periódico a invertir en la seguridad —“la investigación posterior no llegó a ningún lado y nunca se detuvo a nadie”, recuerda su director— y a sus reporteros a tomar medidas: no llegar al lugar del crimen hasta que haya sido asegurado por el Ejército, no llevar identificación de periodista, máxima neutralidad en la redacción y hasta cambiar la manera de contestar los teléfonos.
 
La violencia contra los periodistas tiene otros dos efectos: la autocensura y el abandono de sus comunidades por algunos reporteros. Tras el asesinato de tres periodistas del diario Notiver en Veracruz en junio de este año, 13 colegas se marcharon del Estado entre julio y mediados de septiembre pasados y sólo han regresado tres, según los datos de Artículo 19.
 
Además de la violencia y la impunidad, una nueva amenaza se cierne sobre la libertad de expresión en México. Esta vez sobre las redes sociales. La difusión de mensajes falsos y alarmantes el pasado 25 de agosto por dos tuiteros de Veracruz, que causaron pánico entre la población, llevaron al Congreso de ese Estado a una reforma del Código Penal que castiga con hasta cuatro años de cárcel y una fuerte multa a quien perturbe el orden público mediante la difusión de rumores por las redes sociales.
 
La “ley de Veracruz”, que ha sido recurrida por inconstitucional por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha sido imitada ya por otros tres Estados —Nayarit, San Luis Potosí y Querétaro— y otros 12 más están estudiando fórmulas legales similares. La iniciativa ha suscitado una fuerte polémica.
 
A Daniel Moreno, director del periódico digital Animal Político, que ha superado los 20.000 lectores en su primer año de vida, esta política le parece “absurda, autoritaria y contraproducente”. “Las autoridades federales y, sobre todo, estatales creen que callar elimina la percepción de inseguridad. Ignoran que la información puede ser justo lo contrario, una herramienta para combatir el miedo, para visibilizar a las víctimas”, afirma. “Las redes sociales son indispensables para que los ciudadanos de lugares como Monterrey, Veracruz o Reynosa cuenten lo que ocurre”.
 
Pese a todo, la ONU destaca avances en la protección de la libertad de expresión en los últimos años en México como han sido la creación de una fiscalía federal especializada en investigar el asesinato de periodistas o la despenalización de los delitos contra el honor, si bien advierte de que “la diversidad y el pluralismo se encuentran limitados por la alta concentración en la propiedad de los medios”, sobre todo en radio y televisión.