Celia Díaz García
Córdoba, Ver.- La diferencia entre los idiomas se ha tornado el principal problema entre los indígenas y la justicia, reconoció Sara María López, delegada estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), quien reconoció que a la mayoría no se les ofrece el beneficio de un traductor, pese a que por ley les corresponde para facilitar el entendimiento con las autoridades.
Dentro del programa Excarcelación de Presos Indígenas, en la entidad veracruzana, se ha liberado en este año a 65 presos, quienes habían incurrido en delitos calificados como menores y que podían salir bajo el pago de una mínima fianza; sin embargo, el no contar con un traductor los llevó a ingresar al penal.
Recordó que para este programa implementado por la CDI se erogó un presupuesto por el orden de un millón 200 mil pesos, al cual calificó de histórico. Dicho recurso fue canalizado para el pago de fianzas y de traductores, hospedaje y alimentación de familiares y presos.
Todas estas personas que han sido liberadas, explicó, contaban con el beneficio de libertad bajo fianza al haber incurrido en delitos menores, como robos o lesiones, por lo que pudieron salir con el pago de una sanción administrativa; no obstante, desconocían esta situación además que durante el proceso las autoridades tampoco les dieron a conocer debido a la falta de un traductor, lo que se ha convertido en una barrera para alcanzar la justicia.
Y aun cuando la CDI otorga a estas personas el pago de un traductor mediante el programa Excarcelación de Presos Indígenas, subrayó, esto es un beneficio que por ley se les debe brindar para facilitar su situación legal.
Ante la desidia de realizar todo este trámite legal, las autoridades abusan de la ignorancia y optan por encarcelarlos, independientemente del delito del que se trate, por lo que se violentan sus derechos, puesto que este beneficio, acotó, se asienta en la Constitución.
“A nosotros lo que nos interesa es que todos los indígenas que tengan un problema con el sistema de administración de justicia cuenten con esta prerrogativa que le da la Constitución de un intérprete o traductor en el momento de su proceso”.
A raíz de la implementación de este programa de la CDI, recordó, la Procuraduría General de Justicia ha emitido oficios a los jueces para que no pasen por alto este derecho, y para exhortarlos a recurrir a la CDI para que intervenga.
Actualmente, lamentó, la mayoría de las autoridades aún hacen caso omiso a la ley, toda vez que de los 65 casos en los cuales ha intervenido, dijo, a más de 90 por ciento no se les dio a conocer que cuentan con este derecho (de un traductor) y por ende pagan condenas por un delito menor.
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