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| Jorge Gonzalez Rojas |
Fernando Inés Carmona - martes, noviembre 01, 2011
Orizaba, Ver.-La opacidad con la que los alcaldes veracruzanos manejan los recursos económicos no sólo les permite manipular los costos del programa anual de obra o asignarse elevados salarios, sino que les facilita el tránsito de la pobreza a la riqueza patrimonial “de manera impune”, refirió Jorge González Rojas, integrante de la dirigencia colegiada del Partido del Trabajo en Veracruz.
Además, “el manejo transparente del dinero queda a merced de la buena voluntad de los presidentes municipales, porque no existe ningún ordenamiento legal que los obligue a transparentar el manejo claro de los recursos municipales”. Es una cuestión de voluntad “y aunque no hay una ley que ordene el manejo transparente de los recursos, debe ser una situación de moral política de los presidentes municipales”.
Sin embargo, por lo menos en el primer año de gestión municipal “ningún alcalde, de cualquier partido, va a realizar un manejo claro de los recursos. En el primero año los alcaldes deben reponerse de los gastos de campaña y por eso es que le van a pegar mordidas al presupuesto”.
Aunque el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), revisan la aplicación de fondos , “lo hacen después que se ejecutan”. Por ello, “debe existir un ordenamiento que regule desde las asignaciones de salarios hasta las licitaciones de obras públicas, que muchas veces son infladas”.
Por ejemplo, en los presupuestos de obra los contratistas ofrecen determinadas características que no se cumplen, “por complicidades que se tienen con el departamento de obras públicas e incluso con el mismo alcalde, pero que, es muy difícil de comprobar y sancionar. Ahora las autoridades en complicidad con los constructores, inventan gastos, inflan costos y aunque hay una mala ejecución de los trabajos, no hay sanciones como debe ser. Al menos en Orizaba y la región no conocemos que en los últimos seis años se hayan sancionado a constructoras que incumplieron con el contrato de obra pública”, comentó.
Muchas de las características que debe reunir la obra ejecutada “existen en el papel, pero no físicamente, por esa sola razón debe haber peritos especializados e independientes que revisen los trabajos y detecten las inconsistencias de los trabajos”.
Hay otros factores, por ejemplo en Orizaba “pedimos que el ayuntamiento hiciera público el plan municipal de obra, pero nunca lo hizo, nunca nos informó en que se invertiría el dinero en este año. Ahora sabemos que lo está gastando, pero no se nos informa bajo qué condiciones, sólo nos dice que se invirtió, pero no hay acceso a la forma en la que las empresas contratistas fueron asignadas para determinadas obras. Las licitaciones deben ser transparentadas.
Así, los alcaldes manejan el dinero en medio de la impunidad y aunque al final del año pueden ser llamados a cuenta por el Congreso del Estado, se les permite que solventen observaciones, pero no se les exige que hagan un manejo adecuado de los recursos.
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