2 de febrero de 2012

ENRIQUE PEÑA NIETO, CANDIDATO DE LA CORRUPCIÓN

Peña Nieto, cada día se exhibe en los medios
Por José Martínez *
Se autoriza reproducción con crédito al autor

Ahora que se descubrió un desvío de 25 millones de pesos del gobierno de Veracruz para la campaña de Enrique Peña Nieto, recuerdo un hecho que desató un escándalo internacional, que llevó incluso a confrontar a los gobiernos de México y Costa Rica, cuando el entonces embajador José Castelazo, al pretender defender la “honra” del profesor Carlos Hank González, lanzó imputaciones temerarias a los gobernantes de ese país: los acusó de ser representantes de la oligarquía en el poder. Castelazo fue cesado y Hank González exhibido como un depredador.
Los hechos se registraron hace un poco más de 15 años, la víspera de la derrota histórica del PRI, entonces yo investigaba las andanzas del profesor Hank por Costa Rica y descubrí una enorme red de complicidades del mítico jefe del Grupo Atlacomulco con la clase política de ese país centroamericano. El profesor había aportado ilícitamente un millón de dólares a la campaña del entonces candidato presidencial del Partido de la Unidad Social Cristiana, Miguel Ángel Rodríguez. El dinero había salido de Santiago Tianquistenco. Ese escándalo era apenas la punta de un iceberg que estaba por emerger de las cañerías de la política costarricense.

Finalmente Miguel Ángel Rodríguez concluyó su mandato y se fue a Washington como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) pero no terminó su encargo. Fue detenido por el FBI como un vil criminal y entregado a la justicia de su país bajo cargos de corrupción. En la historia de la OEA jamás se había dado un caso así de bochornoso.

Lo mismo ocurrió con uno de sus antecesores, Rafael Calderón Fournier, al que llamaban el “mexicano”. El ex presidente Calderón Fournier también acabó en la cárcel por sus antecedentes criminales. El “mexicano” estaba ligado al cártel de su tocayo Rafael Caro Quintero, e incluso como canciller protegió a un fugitivo de la justicia mexicana, al ex gobernador de Morelos Armando León Bejarano. Fue un acto de amor, diría la prensa rosa, pues Calderón Fournier estaba casado con Alicia, la hija del ex gobernante morelense quien era perseguido por la justicia mexicana tras haber saqueado las arcas públicas de su entidad cuando la “gobernó” –si se puede decir así.

Fuera del poder, el PRI no ha cambiado ni cambiará. Los priistas tienen en su ADN el gen de la corrupción. ¿Cuántos gobernadores se han hecho inmensamente ricos al amparo del poder? Lucen sin recato su riqueza. Eso lo sabe bien Peña Nieto. Sin ir más lejos, su ex jefe y padrino político Arturo Montiel es un símbolo de la corrupción. Peña Nieto no se puede sustraer al enriquecimiento de Montiel. Peña Nieto fue el encargado de las finanzas del gobierno de Montiel. Y Peña Nieto como gobernador también hizo su “guardadito” y aún más a sabiendas de que ambicionaba la candidatura presidencial.
 
Sí algo le aprendió Peña Nieto a Hank fue seguir a pie puntillas la máxima del profesor: “Un político pobre es un pobre político”.

Todo cuanto rodea a Peña Nieto tiene un tufo a corrupción. ¿Quién se atreve a meter las manos al fuego por los ex gobernadores de Tamaulipas? Es innegable la cadena de pifias en las que ha incurrido el gobierno de Felipe Calderón. Los medios hablan de que la persecución contra los tamaulipecos huele a “michoacanazo”. Así ocurrió con Jorge Hank Rhon en Tijuana, quien finalmente terminó libre de cargos y vacunado con la potente vitamina de la “impunidad”. Es evidente que Calderón está dando palos de ciego y para variar falta que en este caso la PGR termine con su batea de baba.

Ejemplos de impunidad sobran: allí está el propio Arturo Montiel, el gober precioso (Mario Marín), Humberto Moreira, Félix González Canto y un largo etcétera de políticos que rodean a Peña Nieto y que esperan ser palomeados en algún cargo de elección popular para continuar impunes.
 
Como Pilatos, Peña Nieto se quiere lavar las manos y grita “al ladrón, al ladrón” para tratar de desviar la atención.

En Tlaxcala Peña Nieto hizo un berrinche al pretender descalificar en un mitin la investigación de la PGR contra los ex gobernadores tamaulipecos y el desvío de los 25 millones de pesos del gobierno de Veracruz a su campaña. “Pareciera que todo lo que ocurre es culpa mía y del PRI”.
 
Ese es el Peña Nieto que cada día se exhibe en los medios. El candidato soberbio que desprecia a la cultura y quien en realidad es un desconocido para los mexicanos. No es popular pero es conocido por la magia de la televisión y que es visto más como un producto de la mercadotecnia que como una persona. Por eso promueve entrevistas a modo, complacientes y demagógicas. (¿Y usted señora, quiere ser rica o ser pobre?) Peña Nieto es producto de la mediocracia y es el candidato de la corrupción, el aspirante que representa a una clase política que no acepta la nueva realidad política del país, el país de la transición, el país cuya sociedad reclama un sistema democrático, no un estado patrimonialista, donde sus gobernantes se enriquecen y hacen gala de su nepotismo. Los que asaltan el erario y aseguran el futuro (de sus generaciones).

Tiene razón Peña Nieto al asegurar que la Biblia es uno de los “tres libros” que “marcaron” su vida, pues como en el santo Evangelio en el pasaje de San Juan, “el que no tenga pecado tire la primera piedra”.
 
Lo malo es que Peña Nieto de tantas piedras ya ha formado un cerro de señalamientos de corrupción. La campaña del PRI está más sucia y cochambrosa que un albañal.

Lo que sí es un “pecado” es que Peña Nieto cada que se habla de corrupción o que su campaña se ve impregnada o involucrada en ese tipo de señalamientos, voltea a otro lado y se hace el indignado. Peña Nieto sabe bien a bien que el PRI es un monumento a la corrupción y que él no puede sustraerse a esa condición hasta que no demuestre lo contrario.

Su campaña está contaminada y no hay remedio, ni las fumigaciones del IFE ni del Tribunal Electoral han podido limpiar al PRI.
 
Ese es el partido y ese es uno de los candidatos que sueña con gobernar a México. El candidato que hace berrinches y que en su descargo se lamenta: “Pareciera que todo lo que ocurre es culpa mía y del PRI”.
 
*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.

31 de enero de 2012

Y la guerra al hambre ¿cuándo?

Leopoldo Gavito Nanson
Los gobiernos racionales, cuando están atentos al bienestar de sus poblaciones, se ocupan con especial cuidado de mantener activa su producción e industria agrícolas. Aunque ningún país produce la totalidad de los alimentos que consume –todos importan– se ocupan, eso sí, en producir la mayor parte la ingesta nacional habitual y mantener una reserva alimentaria para la mayor cantidad de tiempo posible. Son demasiados los casos de hambruna frescos en la memoria de los gobiernos como para permitirse la ligereza. Excepto los mexicanos. Desde los años 80 se ha desarmado continua y consistentemente toda traza que semejara algún sistema alimentario nacional.
 
La producción alimentaria de los países exportadores es asunto geopolítico sustantivo. Un alza impensada en la demanda de comestibles mundial puede provocar escasez y alzas de precios en países sin reservas suficientes. En el mejor de los escenarios, porque siempre puede conducir a la hambruna. En cualquier caso, los aumentos de precio asociados a la carencia topan por lo general con la inestabilidad política y el descontento social. Los países cuyas poblaciones dependen de estas importaciones son particularmente vulnerables. México es de ésos.
 
Los cultivos estratégicos del mundo son el arroz, el maíz y el trigo. Hace tres décadas que México importa la mayor parte de lo que consume de esos granos. De hecho, en general, el país importa 45 por ciento de los alimentos básicos y más de 70 por ciento de esas importaciones provienen de Estados Unidos. Puede suponerse sin demasiado esfuerzo intelectual el inmenso costo que eso implica para cualquier pretensión de soberanía. Ahora, con el cambio climático y la sequía, la situación no sólo pulveriza la autodeterminación, sino que pone al país frente a un peligro doble: la eventualidad de una crisis alimentaria que pudiera fácilmente escalar a hambruna, y los problemas de inestabilidad social y políticos derivados de ello.
 
Por lo pronto, hay una contracción de la oferta de granos que coincide con un incremento de la demanda, mientras que en los últimos siete años los precios de los cereales se han duplicado, por lo menos. Con la indiferencia de la administración el país pareciera enfilarse a una crisis de esta naturaleza de dimensiones mayúsculas; hace por lo menos 12 años que las decisiones gubernamentales conducen hacia un escenario así. En la presente administración las condiciones se agravan por la situación de guerra interna. Con todo, el presidente Calderón es premiado como “Estadista Global” en el Foro Económico Mundial de Davos, precisamente por aquellos poderes mundiales que han conducido a la mitad de la humanidad a la devastación de la pobreza y a la concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Flaco favor nos hacen esos santones de la economía al reforzar la necedad obsesa del actual gobierno.
 
El liderazgo de Felipe Calderón desde el penoso inicio de su administración encaminó al país a la violenta polarización de los cárteles de la droga. No hay indicios de que en los 11 meses que le quedan pudiera haber algún cambio en su manera de lidiar con el problema. El sábado pasado el general Jorge Carrillo Olea retomaba en su artículo de La Jornada la confesión que hizo FCH al presidente español Aznar: “Al momento de tomar la decisión no tenía idea de las capacidades del crimen para expandirse, ni de las limitaciones de las fuerzas, ni de la magnitud de la corrupción”.
 
Desde 500 años antes de la era actual, el general y pensador chino Sun Tzu había resumido los principios elementales del uso de la fuerza militar y sus reglas en un pequeño libro de no más de 200 páginas. Karl von Clausewitz hizo algo con profundidad filosófica similar luego de sus experiencias en la guerra contra fuerzas napoleónicas: De la Guerra. Claramente Calderón nunca se tomó la molestia de consultarlos antes de iniciar y bautizar su guerra contra el narco. De ahí la confesión a Aznar, quien la filtró al embajador estadounidense en España y terminó en Wikileaks.
 
En cinco años la violencia no sólo no ha disminuido como era el objetivo, sino que se ha incrementado a escala geométrica. No se han recuperado territorios ni espacios públicos como dice la propaganda gubernamental; por el contrario, se pierden. Expertos y académicos calculan que las organizaciones criminales tienen control por lo menos en 70 por ciento del territorio nacional. En 2001 el control territorial era 31 por ciento del territorio. El dato no puede ser más revelador de lo que han significado la suma de gobiernos priístas neoliberales con las administraciones panistas. Entre el moderno PRI de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto y el panismo no hay un problema ideológico ni de concepción con el panismo pragmático de los Fernández de Cevallos o los Calderón. 30 años continuos en que además de empobrecer al país, junto con más de la mitad de la población y ponerlo al borde de la emergencia alimentaria y la pulverización de la soberanía, lo han sumido en un conflicto armado que en varias dimensiones alcanza la clasificación de tragedia humanitaria. La proporción de territorio nacional en control criminal coloca al país en el nivel de los conflictos armados africanos. Ni los horrores ni las matanzas son distintos.

Aparece Juan Lavín con daño patrimonial

• Huiloapan y Soledad Atzompa dentro del grupo de 80 ayuntamientos con daño patrimonial.
Felipe Villanueva.
XAPALA VER.- En la sesión ordinaria del segundo año de ejercicio constitucional, el Congreso del Estado, no aprobó las cuentas públicas de al menos ochenta ayuntamientos del ejercicio 2010, estas irregularidades financieras e inconsistencias administrativas, arrojaron esta vez un monto de los 809 millones 953 mil 453.92 pesos, mientras que de tres entidades para municipales se registró un desvío por dos millones 329 mil 182.54 pesos.
 
De las administraciones 2008-2010 con estas irregularidades aparecen municipios como Córdoba con un daño patrimonial de 48 millones 845 mil 452.19 pesos cuto trienio sostuvo Juan Antonio Lavín Torres . Asimismo este ayuntamiento cordobés vuelve a aparecer con daño patrimonial como entidad para municipal dentro de las tres señaladas; como son las Comisiones Municipales de Agua Potable y Saneamiento, ahí se nombraron a Córdoba con 674 mil 710.75 pesos, Coatepec con Un millón 292 mil 67.40 pesos, así como La Antigua con 362 mil 404.75 pesos.
 
Dentro de la zona centro se contaron a municipios como Carrillo Puerto con un daño patrimonial de 10 Millones 178 mil 93.68 pesos, así como la ex administración panista del municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc con un daño de 10 Millones 898 mil 30.40 pesos, El ayuntamiento 2008 -2010 que tuvo como alcalde al conocido "Tito" aparece con un desvío de 8 millones 600 mil 820 .77 pesos. Del mismo modo se encontró a Tezonapa con desvío de 11 millones 243 mil 46.28 pesos sin dejar a un lado a Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica con un desfalco de 11 millones 925 mil 894.26 pesos.

Asimismo el Congreso del estado enlistó en la Comisión de Vigilancia con irregularidades a ayuntamientos 2008-2010 a Las Choapas con 57 millones 55 mil 272.49 pesos; Soledad de Doblado, 40 millones 782 mil 963.08 pesos; Álamo-Temapache, 28 millones 920 mil 654.02 pesos; Tecolutla, 28 millones 48 mil 389.84 pesos y Tuxpan, 37 millones 103 mil 795.86 pesos. Catemaco, 26 millones 465 mil 435.16 pesos; Yecuatla, 21 millones 140 mil 806.42 pesos; Texcatepec, 18 millones 105 mil 920.07 pesos; Tempoal, 16 millones, 68 mil 612.91 pesos; San Rafael, 17 millones 582 363.38 pesos; Naolinco, 15 millones 863 mil 149.30 pesos; Gutiérrez Zamora, 14 millones 376 mil 584.29 pesos; Tlachichilco, 12 millones 830 mil 120.65 pesos; Sayula de Alemán, 12 millones 47 mil 299.99 pesos y Mecatlán, 6 millones 55 mil 502.76 pesos, Jalacingo con 11 millones 503 mil 214.16 pesos; Cosoleacaque, 11 millones 655 mil 136.27 pesos; Ángel R Cabada, 8 millones 628 mil 376.07 pesos y Ayahualulco, 6 millones mil 637.36 pesos, parte de los 80 municipios enlistados.
 
Para los efectos legales consecuentes el Órgano de Fiscalización Superior ORFIS recibió instrucciones para inicie la fase de determinación de responsabilidades; fincar indemnizaciones y sanciones, en contra de los servidores o ex servidores públicos cuya conducta implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos del ejercicio fiscal del 2010; ya que con esto se afecta a Hacienda en 80 ayuntamientos; del mismo modo a los órganos de control interno, recibieron instrucciones para que den el seguimiento debido a las irregularidades y recomendaciones y, en su caso, sustancien el procedimiento disciplinario administrativo de conformidad con las disposiciones aplicables en materia de responsabilidad de los servidores públicos, debiendo informar al Congreso del Estado y al ORFIS sobre los procedimientos abiertos y las medidas aplicadas con base en la Ley Estatal en materia de responsabilidades de los servidores públicos.
 

El Baldón: Política primero, tu hambre… Después

Por José Miguel Cobián
Es increíble lo absurdo del comportamiento de los gobernantes en México. Su ambición política los hace distorsionar el criterio y considerar lo más ridículo como algo cuerdo y lo razonable como algo imposible de llevar a cabo.

No sé si en otros países sucede lo mismo, cuando menos en USA he visto que la agenda político va por encima incluso de la vida de los estadounidenses, como en el caso de las guerras iniciadas para lograr la reelección de un presidente o la próxima contra Irán si se observa que Obama pierde puntos contra el republicano que resulte candidato.

En México nuestro estado benefactor, nuestros funcionarios de figura paterna que nos resuelven todos los problemas a los que nos enfrentamos, los superhéroes que llegan cuando el pueblo más los necesita, siempre nos desilusionan con sus absurdas prácticas políticas y burocráticas.

¿A dónde quiere llegar el desventurado columnista? Lleva mucha perorata y no ha tocado el tuétano del asunto, se pregunta el corrector de estilo y el amable lector. Ante tanta presión quien esto escribe no tiene más remedio que descubrir el velo que hasta este párrafo ha tratado de ocultar.

Hay sequía en 20 estados del país. La sequía es la más dura en los últimos 70 años, según las propias autoridades. Agricultores y ganaderos están a niveles de hambre –se habla de suicidios por hambre en la sierra tarahumara-, la secretaría de hacienda afirma que hay una enorme bolsa de recursos para apoyar a los productores afectados, pero… el dinero no fluye y los días pasan.

El gobierno federal tiene dinero y no quiere entregarlo directamente a los gobernadores, ante la posibilidad (muy real por cierto) de que éstos, usen esos recursos para ayudar a la gente, pero también para promover electoralmente a sus candidatos y partidos políticos. Los gobernadores están urgidos de recibir esos recursos para entregarlos a la población cuya conducta ya raya en la desesperación y no los reciben, porque el cálculo político de la federación es que no es el momento adecuado y habrá que esperar hasta que se realicen las elecciones.

Visto lo anterior, tal parece que el hambre, los campos, los ciclos agrícolas, las reses a punto de morir, etc., todos ellos tendrán que esperar hasta julio para ser socorridos, pues en este país por encima del bienestar de los ciudadanos se privilegian las agendas políticas de los funcionarios que toman decisiones y de los partidos de dichos funcionarios.

Así de triste es nuestra realidad, misma que no sentimos tan dura en Veracruz porque aquí la sequía no ha pegado, aunque ya tuvimos la experiencia de tener que esperar más de un año, los recursos del fonden (ese fondo para remediación de efectos de desastres naturales), porque a pesar de las necesidades de la gente, el aspecto burocrático es lo más importante para los funcionarios que deben entregar esos recursos para reconstrucción de zonas de desastre y apoyo a ciudadanos afectados por esos mismos desastres.

Debido a que esta forma de actuar y manejar los dineros que son de todos los mexicanos por parte de los funcionarios públicos no va a cambiar en el corto plazo, hay que rogar a Dios que no suceda otro desastre natural antes de las elecciones y que los huracanes que afecten nuestro estado no caigan en fechas cercanas a elecciones, (por cercano considero año y medio o menos), porque aunque por ley se deben usar recursos ya etiquetados por el congreso para paliar los daños, la realidad implica que no van a llegar hasta que los tiempos políticos sean favorables, como si el sufrimiento y el hambre de la gente pudieran esperar seis meses, un año o dos.

http://www.josecobian.blogspot.com/      miguelcobian@gmail.com
 @jmcmex

“UN ENGAÑO EL SEGURO POPULAR”: DERECHOHABIENTES

Tras el reclamo de una pobladora del municipio de Carrillo Puerto al presidente Fe lipe Calderón, sobre la supuesta gratuidad de los servicios que tanto predica, con el Seguro Popular, vuelven a salir a la luz los cuestionamientos sobre la eficacia de los programas impulsados por el gobierno federal
El presidente Felipe Calderón y el gobernador Roberto Borge.
Por Hugo David Pérez y Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo (*)
Se autoriza reproducción con crédito a la revista y autores
Cancún, Q. Roo., a 31 de enero de 2012

La escena ya es conocida: durante su visita al municipio quintanarroense de Felipe Carrillo Puerto, el 12 de enero pasado, el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue increpado por una habitante del municipio de Carrillo Puerto. Le reclamó airadamente un cobro injustificado en el Hospital General a pesar de contar con el Seguro Popular. Alto en reflejos, Calderón no tardó en apuntar al gobierno estatal, poniendo en entredicho el buen uso de los recursos.

Mercedes Hernández Rojas, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), estaba junto al presidente y recrea el tenso momento. Detalla que Calderón volteó a ver al gobernador, Roberto Borge, y lo interrogó: “a ver señor gobernador, qué me tiene que decir al respecto”. El gobernador respondió: “nosotros la vamos a atender de inmediato a la señora”.

Después caminaron y sostuvieron una breve plática en privado. “Yo creo que el presidente dio una indicación puntual a la Secretaría de Salud federal porque algo va a resultar de esta situación”, asegura la delegada federal.

Y es que políticos y organizaciones civiles coinciden en la importancia de poner candados a los recursos federales, pues al menos en el tema de salud, no cuentan con delegados atentos a cada programa.

De hecho, en el último informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que incluye los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2009, detectó anomalías por cerca de 3 mil millones de pesos en los recursos que ese año se entregaron a los estados para la operatividad del Seguro Popular.

De las 32 auditorías practicadas -una a cada estado- la opinión contenida en los dictámenes de la ASF fue negativa para 14 de ellas y con salvedad para 18. Dentro de las anomalías detectadas se encuentran la falta de transparencia de las Reglas de Operación, pues no establece los plazos para que se presenten las solicitudes de recursos; la resolución acerca de la viabilidad de los proyectos; la autorización de solicitudes; el envío de informes de los recursos y la formalización de los convenios de colaboración con las entidades federativas.

Alfonsa Zituk es la mujer de edad avanzada y rasgos humildes que denunció ante el presidente que en el Hospital General de Carrillo Puerto le habían pedido 106 pesos para atender a su hijo. “Yo les digo, para qué dicen que hay Seguro Popular, no es cierto que hay Seguro Popular porque lo llevé y son 106 pesos, me cobraron”.
 
El mandatario federal explicó, ante la mirada de la agraviada y el gobernador, que el gobierno estatal es el encargado de ejecutar el programa, destinar la infraestructura y los recursos humanos. “Lo voy a revisar”, comentó y señalando al gobernador dijo: “él es el que tiene que dar la salud”.

En septiembre del año pasado en su visita a Chetumal, aprovechó la oportunidad para hacer un señalamiento al secretario de Salud en Quintana Roo, Rafael Humberto Alpuche Delgado y al gobernador Roberto Borge. “Recuerden que bajamos mil 300 millones de pesos nada más a Quintana Roo para que cumplan con el objetivo de salud”. Y lo repitió en su discurso que dio en el Hospital Morelos. “Por cada afiliado al Seguro Popular, el gobierno federal paga una cantidad al estado. De tal manera, que hoy, el estado de Quintana Roo, recibirá unos mil 300 millones de pesos al año, por el Seguro Popular para, precisamente, poder mejorar poco a poco la calidad del servicio de salud que prestan ustedes”, declaró.

Es inimaginable que un programa federal (que para este año contará con un presupuesto de 430 mil millones de pesos) siga teniendo deficiencias no sólo de carácter social, sino administrativo, tan así que el secretario de Salud del estado ha afirmado que se debe ser muy eficaz y transparente en el ejercicio de estos recursos.
 
La opacidad en el uso de los recursos

Según el artículo Pesos y Contrapesos, realizado por la asociación Fundar y Briseida Lavielle, se debe tomar en cuenta el dictamen emitido por la Auditoría Superior de la Federación para detectar las partes más vulnerables de este programa.

De estos, señala el texto, quizás el que mayor descontento provoca es el que se refiere para el acceso efectivo a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, pues los resultados muestran que el 94.8 por ciento de los beneficiarios encuestados adquiere con sus propios recursos los medicamentos que le faltan; el 48.1 por ciento no está satisfecho con el tiempo de espera para recibir atención médica; el 29.9 por ciento consideró que no es fácil conseguir una cita médica, y el 23.6 por ciento manifestó no estar conforme con las instalaciones y el equipamiento de la unidad de salud.

Si bien, los servicios de salud dependen de cada entidad federativa, es la Secretaría de Salud estatal quien recibe los recursos, los ejecuta y evalúa su efectividad. Este sistema en el que se es “juez y parte” ha sido criticado por varios legisladores, dado que les entregan recursos a los estados sin una manera eficaz de poder auditarlos.

Una visita al Hospital General de Benito Juárez, ubicado en la ciudad de Cancún, es suficiente para comprobar que diariamente se dan cita cientos de personas en busca de una consulta o remediar una urgencia, para constatar el descontento entre la población por el mal trato y la queja más recurrente: la falta de medicinas.
 
Irma Valenzuela, quien vive en la Región 232, dice no entender por qué, además de no tener medicinas, cuando las hay, se las quieren cobrar. “Me tengo que trasladar en taxi, y gasto dinero, todo para llegar y no haya medicinas, prefiero ir a las farmacias, ahí saliendo tienes los medicamentos bien baratos”.
 
María Pérez habla de los malos tratos que ofrece el Hospital General. Ingresó a su hija a las siete de la tarde y 24 horas después nadie le daba razón de ella. “El Seguro Popular nos quita el peso del dinero, pero la atención es muy mala, son muy déspotas”.
 
La señora Rosa se siente muy agradecida por contar con el Seguro Popular, sin embargo, coincide en señalar el mal servicio en las clínicas de salud. “Te dan la consulta, sí, pero para sacar la ficha debes formarte desde las tres de la mañana, eso no se vale”.

Gestor de Servicios de Salud del Hospital General de Cancún y encargado del Seguro Popular en ese centro médico, Cristian Aguilar González, señala por su parte que a veces la gente no sabe cuáles son los padecimientos que cubre este seguro, así como los alcances en materia de medicamentos.

Comenta que a pesar de que se cubren muchas operaciones, las transfusiones de sangre durante la cirugía corren a cargo del paciente, además, cuando se necesitan los servicios de algún especialista que no trabaja en el estado, se les canaliza a un hospital en Mérida, un traslado que mucha gente no puede pagar.
 
Asimismo, explica que existen personas que llegan a afiliarse a pesar de contar con algún otro seguro. “Hay gente que tiene IMSS y viene a sacar su seguro”, lo cual, es claramente violatorio al reglamento, pero aclara que no hay forma de conocer quién cuenta con ISSSTE o IMSS.
 
“Nosotros no tenemos acceso a ningún padrón de seguros, no podemos saber si cuentan con algún tipo de seguridad social, a nadie se le niega el servicio, además en Cancún, debido a los empleos temporales, hay veces que la gente está asegurada por dos meses sí, dos meses no”, subraya Aguilar González.

El presidente de la comisión de Salud del Senado, Ernesto Saro, ha consignado ante la prensa en varias ocasiones que en la operación del Seguro Popular existe una gran corrupción. “Aunque la estrategia estuvo bien concebida para garantizar el acceso a servicios médicos a personas sin seguridad social, se cometió el error de dejar la administración a los gobiernos de los estados, donde ha prevalecido la falta de transparencia y claridad en el uso de los recursos”.

Sobre la posibilidad de que la propia Federación fiscalice el uso del presupuesto, Saro explicó que existe el obstáculo de la autonomía estatal. Las investigaciones, si se realizan, dependen de las mismas autoridades locales.
 
La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Mercedes Hernández Rojas, señala que durante las visitas a las regiones rurales más necesitadas, como parte del Programa Oportunidades, el reclamo recurrente de la gente es en materia de salud. “La carencia de médicos, los medicamentos que nunca llegan, esas situaciones marcan nuestra experiencia en las regiones”, relata.
 
“Yo, como presidenta del Comité de Desarrollo Social en el estado, hago énfasis que la Secretaría de Salud del estado debe acrecentar sus esfuerzos; ellos son los que tienen que contestar cuando hay un reclamo. Con mil 300 millones se puede hacer que los médicos estén oportunamente en las localidades, la gente tenga asistencia médica”, manifiesta la panista.

Y deja en claro que el responsable de los rezagos en materia de salud y bienestar social, no sólo es el gobierno federal, pues en este caso también tienen responsabilidad el gobierno del estado y de los municipios.

Nadie está exento
 
Con un presupuesto cercano a los mil 400 millones de pesos, la delegación de la Sedesol en Quintana Roo reconoce que estos recursos no están exentos de caer en irregularidades con intermediarios que extorsionan a la población para sacar beneficio propio o asignarles a discreción estos recursos a particulares.
 
La Secretaría de Desarrollo Social tiene en marcha en el estado los programas 70 y Más con una inversión de 32 millones; Hábitat con 83 millones 948 mil 324 pesos, mientras que el programa Oportunidades se estima en 608 millones de pesos.
 
En casos de corrupción ligados con la secretaría, quizás el que más impacto tiene es el que se refiere a la malversación de más de 10 millones de pesos asignados para viviendas en la zona continental de Isla Mujeres.
 
La titular de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y Económico del municipio, Atenea Gómez Ricalde, fue acusada de otorgar 200 inmuebles con el programa denominado Tu Casa 2011, a militantes y líderes panistas, además dejó en evidencia que más de tres integrantes de una misma familia recibieron el apoyo.
 
Otro caso en que se vio inmiscuida esta Secretaría fue el del ex diputado local del PAN y actual delegado de la Secretaría del Trabajo, Rogelio Márquez Valdivia, señalado por defraudar presuntamente a 300 personas a través de una empresa que les pidió dinero para ingresarlos en el padrón de beneficiarios de las viviendas otorgadas por la Sedesol .

De hecho, la mayoría de las denuncias ante la PGR son de personas que se asumen en las comunidades como representantes de la Secretaría de Desarrollo Social y engañan a los habitantes con falsas promesas de lograr un trámite efectivo en cuestión de vivienda.
 
Mercedes Hernández asegura que es muy complicado tener el control de los recursos federales, pues se necesita contar con una vigilancia constante y no siempre bastan los 140 coordinadores e inspectores del organismo.

“Una obra que no se vigila es una obra que corre el riesgo de no ejecutarse”, afirma la panista. Y detalla que su equipo de trabajo forma una contraloría social con los vecinos de las comunidades en las que trabajan dando el seguimiento de la obra que realiza el municipio y ellos hacen las visitas.

Con anterioridad, Sedesol había señalado que municipios como Benito Juárez, se mostraban reticentes a apoyar en la implementación de programas para construir habitaciones populares.
 
El regidor Rafael Quintanar asevera que el gobierno federal, “pichicatea” con criterios electorales lo que le entrega a cada estado y de qué manera.
 
En el mismo rubro, el perredista explica que existen muchos problemas con los programas sociales federales que competen a los tres niveles de gobierno. En principio, el municipal no cuenta con un censo confiable ni un análisis de cuáles son los rubros que se necesitan para poder hacer frente a las necesidades de Cancún.
 
Quizás otra de las acusaciones que más revuelo causaron fue la hecha por Raymundo King de la Rosa, presidente del PRI en Quintana Roo, quien denunció que los recursos y programas operados por la Sedesol se utilizaban con fines electorales y pidió al Congreso de la Unión que se auditara a la delegación.
 
Por este hecho, el PAN arremetió contra el priísta acusándolo de “difamador” por no presentar una denuncia formal ante la PGR. “En su momento hicimos el señalamiento y estamos recabando la información para tomar acciones contra estas medidas” asegura King, midiendo el sigilo de cómo los enfrentará “No voy a caer en las provocaciones del PAN. Nosotros vamos a hablar en su momento y no vamos a caer en la confrontación pues se trata de aumentar el nivel de debate”, juzga.

¿Qué es el seguro popular?

Este programa federal fue implementado durante el sexenio del presidente Vicente Fox con el que se planeaba cubrir los servicios médicos de la población más vulnerable que carece de algún tipo de seguridad social. El programa piloto inició en Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Zacatecas y Campeche.

En Chetumal y Cancún inició operaciones en agosto de 2002, pero fue hasta 2004, una vez reformada la Ley General de Salud, que entra en vigor a nivel nacional y en ese mismo año se firma en Quintana Roo, el acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.

Ya en el periodo de Felipe Calderón, se le asignaron 52 mil millones de pesos al programa con la intención de que atendiera a la mayor parte de población que carecen de estos servicios.

El Seguro Popular cubre más de mil 400 enfermedades que están relacionadas con especialidades como ortopedia, traumatología, reumatología, rehabilitación, estomatología, ginecología y obstetricia, pediatría, dermatología, salud mental, adicciones y urgencias. Además de acciones de prevención y promoción de la salud, así como atención de enfermedades transmisibles, crónico-degenerativas y cirugía general.

Los requisitos para afiliarse son residir en el país, no contar con ningún otro seguro, ya sea ISSSTE o IMSS, así como pagar una cuota familiar dependiendo del resultado de un estudio socioeconómico y que comprende 10 niveles, de los cuales los cuatro primeros están exentos de pago y los siguientes 6 van desde 2 mil pesos hasta los 11 mil 300 pesos.

Web de la revista Luces del Siglo: www.lucesdelsiglo.net

INTERCEPTA LA PGR 25 MILLONES DE PESOS A FUNCIONARIOS CORRUPTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

PENOSO CASO QUE INVOLUCRA A JAVIER DUARTE DE OCHOA
Dinero
Los 25 millones de la avioneta de Veracruz
- El país de la corrupción
- Los empleos de Coca-Cola

Enrique Galván Ochoa
Mientras en las redes sociales se comenta que los 25 millones de pesos interceptados por la PGR en el aeropuerto de Toluca, transportados en una avioneta oficial del gobierno de Veracruz, podrían tener como destino la campaña de Peña Nieto, el tesorero del estado, Víctor Benítez González, intempestivamente presentó su renuncia. La orden al banco de entregar el dinero en efectivo a una camioneta de servicio de valores que lo condujo al aeropuerto partió de la Tesorería. El secretario de Finanzas, Tomás Ruiz, había dicho antes que se utilizó ese medio de transporte porque había prisa por pagar a la empresa que participa en las festividades de La Candelaria, la Cumbre Tajín y el Carnaval de Veracruz. Según esto, se los comieron las prisas, porque La Candelaria ya es esta misma semana. Al frente de la compañía aparece Willy Souza, que también tuvo metidas las manos en las fiestas del Bicentenario. ¿De veras transportar el dinero en avión es el medio más rápido de hacerlo llegar a su destino, como dice el secretario de Finanzas? No exactamente. El medio más rápido, efectivo y sobre todo seguro es una transferencia electrónica de banco a banco. Un cliente tan importante como el gobierno de Veracruz pudo haber ordenado la transferencia electrónica del dinero y en menos de cinco minutos habría estado disponible en una de sus sucursales en Toluca, el Distrito Federal… o en Japón, si fuese necesario. Dice Tomás Ruiz –el gobernador Duarte está haciéndole al avestruz: no quiere dar la cara– que toda la operación se hizo con absoluta transparencia, conforme a un contrato, y éste prevé la posibilidad de pagos en efectivo. Entonces ¿por qué renunció el tesorero si hizo las cosas bien?
 
El país de la corrupción

Coincidió con el laberinto de los 25 millones de pesos jarochos la presentación de un nuevo estudio sobre el crimen, la corrupción y el lavado de dinero en México. La organización Financiera Global, GFI son sus siglas en inglés, dice que estas calamidades costaron a los mexicanos, sólo el año 2010, el último del que tiene registro, 68 mil 500 millones de dólares. Y siguiendo la pista desde 1970 a 2010, los últimos 40 años, el crimen, la corrupción y la evasión fiscal costaron 872 mil millones de dólares, de acuerdo con el director del grupo, Raymond W. Baker. Esa suma es la que se necesita para rescatar de la crisis financiera a los países de la eurozona. El Tratado de Libre Comercio vino a acrecentar la evasión fiscal y la corrupción a través de la práctica de la subfacturación.
 
@Vox Populi

Asunto: los empleos de Coca-Cola

Me quedé estupefacto al oír que Felipe Calderón celebró la supuesta inversión de Coca-Cola por mil millones de dólares este año para acrecentar sus ya de por sí multimillonarias ganancias a costa de la salud y economía de los mexicanos. Sin embargo, cabe decir que el presidente del empleo no sabe que los empleos de Coca-Cola son de dar lástima, pues este año ya les anunció a todos sus trabajadores de base que no habrá reparto de utilidades, puesto que su dinero la empresa lo había invertido para comprar la marca Tampico Citrus Punch, también de origen gringo. La cosa no termina ahí, ya que la empresa tiene el programa de “socios” repartidores, el cual consiste en una forma descarada de subcontratación para la entrega de sus productos en zonas urbanas y rurales pagando al particular un monto de 2 por ciento sobre los productos entregados. De esta supuesta ganancia el particular tiene que cargar con los gastos, como son: gasolina, vehículos de reparto, personal y sus prestaciones e impuestos. Sobra decir que los particulares no pagan ningún tipo de prestación, utilizan menores de edad para el reparto en muchas ocasiones y tienen jornadas laborales de más de 14 horas diarias de lunes a sábado las temporadas altas (primavera-verano).

Francisco Domínguez/Distrito Federal

R: Los refrescos han venido siendo retirados de las escuelas elementales de Estados Unidos por su impacto en la obesidad infantil y otras enfermedades. Sin embargo, aquí siguen entrando por conducto de las cooperativas o los comercios afuera de los planteles.
 
Asunto: perdiendo dinero en las Afore

Hace aproximadamente diez años que no cotizo al IMSS ni al Infonavit, por tanto mi Afore no crece (estoy en Profuturo, de GNP) y lo malo es que sí decrece. En el reciente estado de cuenta que acabo de recibir me informan que tuve un “rendimiento” de $452.82, y por otro lado la comisión fue de $775.06, lo que representó un decremento en mi contra de $322.24. Mi pregunta es si eso está permitido. A ese paso cuando me jubile no tendré saldo a favor. Se supone que la función de las Afore es jinetear nuestro dinero para hacerlo crecer, no desaparecer.

José Manuel Jiménez/Distrito Federal
 
R: En su origen las Afore sólo podían invertir nuestros ahorros en Cetes; ganaban poquito, pero seguro. A alguien se le ocurrió que también podían invertirlos en las bolsas de valores y ahora están sujetos a sus vaivenes. Claro, sí puede suceder que a la hora del retiro millones de personas vean su patrimonio muy afectado.

Twitter
Parece mentira. Llevo una hora dando facilidades, y el Premio Reverte Malegra Verte sigue desierto. Debo de estarme haciendo viejo.

@perezreverte Arturo Pérez-Reverte

La lucha de sra. Wallace por dar justicia a su hijo fue noble. Lo malo es que ya la prostituyó vendiéndosela al PAN.

(@_foreignaffairs) Luisa Carriles

No me parece buena idea comprar regalos de San Valentín a meses sin intereses. ¡Capaz que los pagos duran más que el amor!

@Andypolo1 Andrea Lopez
Twitter: @galvanochoa
FaceBook: galvanochoa
galvanochoa@yahoo.com • Foro: http://elforomexico.com/encuestas/

http://www.jornada.unam.mx/2012/01/31/opinion/008o1eco

30 de enero de 2012

ESPERAN A DUARTE EL DOMINGO PARA INSISTIR EN SER RECIBIDOS EN UNA AUDIENCIA

POLICIAS AGRESIVOS MANCILLAN LA BANDERA NACIONAL
Córdoba, Veracruz.- Una vez más militantes del Frente Popular Revolucionario se presentaron Aproximadamente las 19 horas del día domingo 29 de enero al evento de la inauguración de la remodelación del parque 21 de mayo de esta ciudad. Esto fue debido a que la semana pasada el empleado de gobierno Jesús Moreno les aparto audiencia para el próximo miércoles, sin embargo el Xalapa no existía agendada una reunión.



Al no ser atendidos los militantes tomaron por asalto el kiosco del zócalo, con megáfono en mano uno de los manifestantes encabezo la manifestación lanzando consignas y reclamando la falta de sensibilidad de los funcionarios del gobierno municipal de Orizaba y Córdoba que nos les interesa las necesidades de la población.


Una veintena de policías encabezados por un oficial se envalentono dando órdenes para que quitaran la manta y una bandera nacional (símbolo patrio); los genízaros que cumplieron las ordenes quitaron la manta y pisotearon la bandera nacional (mancillando el símbolo patrio)


Unos minutos después se calmaron los ánimos al presentarse ante los manifestantes un representante de gobierno de nombre Alejandro Lara, que conmino a los manifestantes a quitar sus mantas y su bandera, comprometiéndose para que este lunes serian atendidos en la oficina de gobierno.


Los que lideraban este movimiento, Maximino Hernández y Andrés Gómez, representante regional y municipal del Frente popular Revolucionario entablaron el dialogo en ese momento, comprometiéndose el personal de gobierno que este lunes 30 de enero serian atendidos, se retiraron del lugar lanzando las consignas.


Es lamentable que a pesar de que funcionarios estatales no cumplan su trabajo de atender a las organizaciones no oficialistas y se tenga que manchar la imagen de un evento en donde se presentaría el gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, que por cierto, dejo plantados a cientos de cordobeses en tal relevante evento, a pesar de haber sido difundido con muchos días de anticipación.

Una comisión fue atendida por funcionarios estatales en la oficina del palacio del gobierno estatal, en donde presentaron sus escritos de petición.

Comisiòn de Prensa FPR