Veracruz, con más tomas clandestinas: Pemex

De acuerdo con la paraestatal, el estado desplazó a Sinaloa en la incidencia de tomas clandestinas; en territorio veracruzano se han contabilizado 29

 

El estado de Veracruz es el que tiene mayor incidencia de tomas clandestinas sobre ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el país, por lo que desplazó a Sinaloa, informó Antonio Álvarez Moreno, subdirector de Auditoría en Seguridad Industrial y Seguridad Ambiental de Pemex Refinación.

 

"En Veracruz llevamos 29 tomas clandestinas, lo que hace que tengamos un 17 por ciento de las tomas clandestinas de todo lo que va del año, que son 173 tomas, de tal manera que ya superó nuevamente al estado de Sinaloa que tiene el 14 por ciento", afirmó.

Indicó que en el año, se ha logrado la detención de 44 personas que han sido sorprendidas extrayendo hidrocarburo de la red nacional de ductos de la paraestatal.

 

"En este año llevamos 44 detenidos, los cuales 43 ya han sido procesados o están en la etapa de procesamiento, ya que con las modificaciones al Código Penal Federal si se detecta a una persona en el lugar extrayendo hidrocarburo es considerado delincuencia organizada", dijo.

El funcionario federal detalló que en la entidad los municipios que tienen mayor incidencia en tomas ilícitas son principalmente Tierra Blanca, Omealca, José Azueta e Ixtaczoquitlán.

 

En este sentido, hizo un llamado a la población a denunciar cualquier tipo de ilícito que se esté efectuando sobre los ductos de Pemex, ya que de acuerdo con los reportes de la paraestatal, las denuncias anónimas de la ciudadanía han permitido detectar el robo de hidrocarburo.

"Un gran número de estas tomas han sido precisamente de ciudadanos que han tenido el valor de denunciar el acto ilícito que se llevaba a cabo, con un movimiento diferente a lo cotidiano", expresó.

Detalló que han solicitado a la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y a la de la Defensa Nacional (Sedena) incrementar el apoyo en la vigilancia, principalmente en los ductos de las riberas que cruzan Veracruz.

 

spb

http://www.eluniversal.com.mx/notas/831463.html

¿CORRUPCION EN EL AYUNTAMIENTO DE CORDOBA, VERACRUZ?...

¿SERA CORRUPTO O RECIBE ORDENES?

PUESTO DE LOS BOLEROS

ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE CÓRDOBA, VERACRUZ, HAN MANIFESTADO SU MALESTAR, ESTO DEBIDO A QUE EL DIRECTOR DE COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO, JORGE VÉLEZ GONZÁLEZ, HA OTORGADO FACILIDADES A UNA EMPRESA PERIODÍSTICA PARA QUE LA PUBLICIDAD (EL LOGO Y NOMBRE DE ESA EMPRESA) LA UTILIZEN EN SU VESTIMENTA Y EN LAS LONAS DE SUS PUESTOS LOS “BOLEROS” DE LA PLAZUELA PRINCIPAL (PARQUE 21 DE MAYO”, LOGICAMENTE LOS UNIFORMES VERDES FUERON REGALADOS POR ESA COMPAÑÍA PERIODÍSTICA (OMITIMOS SU NOMBRE).

¿SERA QUE JORGE VÉLEZ GONZÁLEZ ESTE CONFABULADO CON UN MEDIO DE COMUNICACIÓN O ACASO EL AYUNTAMIENTO CORDOBÉS HAY COMPROMISOS ECONÓMICOS?...

LA CORRUPCIÓN Y EL AMIGUISMO IMPERAN EN EL AYUNTAMIENTO CORDOBÉS. ¿QUÉ DIRÁ PACO PORTILLA SOBRE ESTE TEMA?

ACEPTA QUE EL CRIMEN ORGANIZADO LOS REBASO ¿SERA?

Córdoba.- Después de las dos balaceras suscitadas el fin de semana el síndico del ayuntamiento, Mauricio Delfín, aceptó que el crimen organizado sobrepasa a la Policía Municipal, mencionó que no se cuenta con la capacitación y armamento necesarios para hacer frente a estas amenazas.

Explicó que la policía municipal se enfoca en prevenir y solucionar crímenes menores, aceptó que no se sabe cómo combatir al crimen organizado y esto rebaza cualquier opinión oficial; subrayó el factor de no contar con el equipo necesario pone en desventaja a la policía ante este tipo de incidentes.

Al cuestionarle sobre si hubo bajas por parte de la corporación en los enfrentamientos comentó que no cuenta con ese dato, ya que pese al cargo que ostenta no tiene comunicación alguna con las fuerzas de la milicia quienes son las encargadas de llevar cualquier proceso.

El funcionario ve la guerra contra el crimen organizado como un error de cálculo, ya que no se ha bajado el consumo en el país sino que tuvo un aumento del 40%; comparó esta situación con la guerra que emprendió el gobierno de Estados Unidos contra compañías dedicadas a la venta y producción de alcohol en los años 30’s, en donde se registró un aumento de violencia, corrupción y consumo.

Mencionó que no puede aventurarse a decir que se harán cercos policiacos en la zona, ya que no se cuenta con la infraestructura necesaria para hacer frente a la situación, sin embargo seguirán cooperando con elementos de la marina para salvaguardar la seguridad del municipio.

 

FUENTE: http://elbuentono.com.mx/home/?p=34485

Corrupto otorgar gratis publicidad en el 21 de Mayo

Córdoba.- Los boleros del parque 21 de Mayo estrenaron lonas verdes con el logotipo del periódico coludido y manipulador de la información, aquel que lleva 50 años engañando a quienes de buena fe les han pagado para leerlos y así estar “informados” mientras ellos solo se dedican a aplaudir al gobierno en turno.

Hace unos dias Jorge Velez director de comercio en el ayuntamiento volvió a dar el permiso para que los 21 boleros que tradicionalmente trabajan en el parque volvieran a ocupar sus sitios después de la remodelación, en entrevista a este medio El director de comercio miente al declarar, que a los 21 boleros solo se les habían pedido cambiaran el toldo y se uniformaran y que habian sido ellos mismos quienes habían solicitado al periodico coludido con el gobierno, para que les obsequiaran toldo y uniformes con el logotipo de dicha empresa. sin embargo el día de hoy uno de estos boleros quien por miedo a ser expulsado del parque y perder su única fuente de trabajo nos pidió no dar a conocer su nombre nos aseguro que fueron obligados e intimidados por el director de comercio Jorge Velez haciendose acompañar siempre de varios inspectores a ponerle los toldos y vestir los uniformes verdes con el logotipo de dicha empresa coludida, esto supuestamente como parte de una armoniosa vista para el mencionado parque, sin embargo somos testigos como nuevamente pretenden regalarle al periódico -coludido con el gobierno- la publicidad en el primer cuadro, sin haber consultado con otras empresas interesadas en lo mismo y obligar a que ofrezcan el mejor pago para poder salir beneficiadas con dicha publicidad, esto se lograría con un licitación bien difundida y abierta a todas las empresas cordobesas o incluso de otros lugares.

El Buen Tono, estaría dispuesto a pagar una cantidad de dinero mediante una licitación, con tal de resultar beneficiados para anunciar nuestro logotipo en el 21 de Mayo, así que seguros estamos que como nosotros habrá varias màs que estarían interesadas en lo mismo, situación que hasta el regidor incompetente debe saberlo, por lo tanto el ayuntamiento debera licitar y asignar de manera transparente al ganador como lo marca la ley.

Nuevamente este ayuntamiento busca favorecer a esa coludida empresa.

Sin embargo exigiremos se convoque a licitación abierta, se difunda en todos los medios la convocatoria para que participen las emperesa interesadas en lograr esta concesión para poder anunciarse en el parque principal de la ciudad, ya que de lo contrario estaría nuevamente este ayuntamiento cometiendo otra ilegalidad màs, beneficiando a uno solo en perjuicio del resto de las empresas.

 

FUENTE: http://elbuentono.com.mx/home/?p=34488

Desapariciones: el Ejército “cede”, pero encubre

Gloria Leticia Díaz

18 de febrero de 2012 ·

Militares en Ciudad Juárez. Foto: Eduardo Miranda

Organizaciones civiles, abogados y familiares de los primos José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos en diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, insisten en que fueron militares quienes se los llevaron. Y aun cuando han expuesto su caso ante instancias nacionales, y de que organismos de la ONU y tribunales interamericanos se han solidarizado con su causa, hasta ahora lo único que ha hecho la Sedena es devolver el expediente a la Procuraduría General de la República para que prosiga las investigaciones. Pero los tres jóvenes no aparecen y la dependencia sigue sin responder

Después de casi dos años de recibir impugnaciones contra la competencia del fuero militar en investigaciones por violaciones a derechos humanos de civiles, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) cedió a las exigencias de los representantes de las familias de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, detenidos el 29 de diciembre de 2009 por una partida militar en el municipio de Buenaventura, Chihuahua.

 

La desaparición forzada de los primos ocurrió en el contexto de la guerra contra el narcotráfico lanzada por Felipe Calderón en diciembre de 2006, apenas inició su mandato. De hecho es el primer caso de esta naturaleza llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal que ya condenó a México en cinco ocasiones por violaciones a las garantías individuales, en cuatro de ellas por abusos cometidos por tropas de la Sedena en administraciones anteriores.

 

En su edición del 25 de abril de 2010, Proceso publicó un reportaje sobre la desaparición de los tres jóvenes y las vicisitudes de sus familiares y abogados ante las delegaciones de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua en Buenaventura y Casas Grandes, Chihuahua.

 

En su litigio inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los representantes de los Alvarado informaron que “tres funcionarios de la Procuraduría de Chihuahua (Aarón Enríquez Duarte, Horacio Flores y otro de apellido Leyva) confirmaron verbalmente a familiares de las víctimas que éstas fueron detenidas por militares en un operativo dirigido por Elfego Luján, comandante del referido batallón.

“También les dijeron que la camioneta GMC 2001 con placas ZR 9367, en la que viajaban Nitza Paola y José Ángel al momento de ser arrestados, fue depositada por soldados en el corralón de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo Casas Grandes” (Proceso 1747).

 

Sin embargo, el general Espitia Hernández, entonces comandante de la V Zona Militar, “se encargó de negar la participación del Ejército y después la misma Sedena ocultó la existencia de Luján”, cuenta la abogada Castro Rodríguez a la reportera.

 

Este semanario informó entonces que las abogadas Castro y González Tercero, así como familiares de las víctimas, fueron recibidas el 9 de enero de 2010 en las oficinas de Espitia, reunión en la que participaron además el mayor Carlos Sergio Ruvalcaba, jefe de Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la Dirección de Justicia Militar, y un general “de apellido Guillén”.

 

“Fue éste quien en un intento por desactivar las exigencias de presentación de los desaparecidos, acusó a José Ángel y a Nitza Paola de tener ‘antecedentes penales por robo de vehículo, y a María de Jesús Alvarado Espinosa, hermana de Nitza, por robo en casa habitación’”. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1842, ya en circulación)

POR QUÉ EL PRESIDENTE CALDERÓN PUEDE SER ENJUICIADO

FECAL PODRIA ENFRENTAR UN JUICIO

Por José Martínez M. (*)

Se autoriza reproducción con crédito al autor

Cancún, Qna. Roo., a 20 de febrero de 2012

El presidente Felipe Calderón se encuentra en un brete. Puede ser el primer presidente mexicano que sea juzgado por una corte internacional por delitos de lesa humanidad ante los resultados de la guerra contra las drogas. En México también el presidente Calderón podría enfrentar un juicio porque al margen del Senado de la República, su gobierno suscribió un acuerdo bilateral que permite a fuerzas federales estadounidenses actuar armados en territorio mexicano, en violación flagrante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con el presidente Miguel de la Madrid se dio la autorización para que la Agencia Antidrogas (DEA) estableciera equipos de intervención en las bases aéreas de reacción inmediata, ubicadas en territorio nacional, cuatro de ellas establecidas en Mérida, Guadalajara, Monterrey y Hermosillo.

 

Como ocurrió con algunos de sus antecesores, con Felipe Calderón se reconfirmó la fatídica premisa de Robert Lansing, el poderoso secretario de Estado de los Estados Unidos en el gobierno del republicano Calvin Coolidge, el presidente número 34 en la historia de Estados Unidos y quien ejerció su mandato desde la Casa Blanca del 2 de agosto de 1923 al 4 de marzo de 1929.

Robert Lansing sentenció: “México es un país extraordinariamente fácil de dominar, porque basta con controlar a un solo hombre: el presidente”. (America Magazine Archives The tablet Magazine 5 de febrero de 1924).

En efecto, así ha ocurrido con Felipe Calderón. Por eso toma vital importancia el trabajo del jurista Juan José Mateos Santillán, en su ensayo La Guerra contra las drogas, la geopolítica y el miedo. En el que se apoya este análisis.

Desde que los civiles arribaron al poder, ningún presidente mexicano había osado vestir el uniforme militar, Calderón lo hizo y rompió viejos atavismos en un claro mensaje belicoso. Era una señal inequívoca de que su gobierno estaba en guerra contra el narco. Carente de legalidad y legitimidad, Calderón se apoyó en las fuerzas armadas y arrastró al país a una aventura sin precedentes, que le ha costado al país ríos de sangre y cuyo gobierno puede concluir con más de 60 mil muertos en su guerra contra el narcotráfico.

Después de que dos diarios de Estados Unidos, The Washington Post y The Houston Chronicle, dieran a conocer hace unos días que existen acuerdos entre ambos países que permiten a un número indeterminado de agentes estadunidenses operar armados en México, se pudo confirmar que éstos cuentan con el beneplácito del gobierno del presidente Calderón para que puedan portar armas a lo largo del territorio mexicano.

El portavoz de la embajada de México en Washington, Ricardo Alday confirmó que las fuerzas de seguridad mexicanas están “tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los agentes extranjeros en México”, y agregó: “Por razones obvias, no voy a entrar en los detalles”.

No es necesario adivinar los entuertos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Contracolumna ha podido establecer cómo desde el sexenio foxista, México y Estados Unidos acordaron colaborar en materia de inteligencia estratégica cuando Jorge Castañeda se desempeñaba como canciller.

 

Tras varios años de negociaciones, con el beneplácito del presidente Calderón, y pese a la reticencia del Ejército y la Marina, desde agosto de 2010 vienen operando abierta y libremente en territorio mexicano más de dos centenares de agentes estadounidenses de nueve agencias de espionaje del vecino país. Bajo la cobertura de una denominación equívoca (Oficina Binacional de Inteligencia), el gran centro de espionaje de Washington funciona en un edificio ubicado en la avenida del Paseo de la Reforma, en la ciudad de México, muy cerca de la embajada estadounidense.

Dos periodistas de The Washington Post, Dana Priest, ganadora de un Pulitzer, quien dedicó dos años en colaboración con William Arkin a una minuciosa investigación sobre la nueva política de espionaje del gobierno estadounidense tras el atentado del 11 de septiembre de 2001, no hace mucho revelaron un sofisticado sistema de operaciones clandestinas tan complejo y secreto que “en realidad nadie sabe si funciona” y cómo se extiende hasta México.

 

El servicio de inteligencia es tan grande y “nadie sabe cuánto cuesta, cuánta gente emplea, cuántos programas existen dentro de él o cuántas agencias hacen las mismas tareas”, según la investigación periodística. “Después de nueve años de gastos y crecimiento sin precedentes el resultado es que el sistema creado para mantener protegido a Estados Unidos es tan grande que es imposible determinar su eficacia”.

“Los analistas que descifran, traducen y resumen los documentos y conversaciones obtenidos por los espías dentro y fuera del país publican unos 50 mil informes de inteligencia cada año, a muchos de esos informes nadie les hace caso”.

Muchos de esos reportes tienen que ver con México donde bajo el pretexto de la guerra contra el narco y la porosa frontera mexicana, que puede facilitar el paso de terroristas, se decidió ubicar la oficina más grande fuera de Estados Unidos, con el mayor número de agentes encubiertos y casi una decena de agencias encargadas de la seguridad nacional de la Unión Americana, contando con el apoyo tácito del gobierno del presidente Calderón.

 

Durante la quinta reunión bilateral en la que estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y de Economía, Bruno Ferrari, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos; el director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Guillermo Valdés, y la coordinadora general de Comunicación Social, Alejandra Sota, el presidente Calderón en la conferencia conjunta con el presidente Barack Obama, se comprometió a cancelar “cualquier posibilidad de modificar las leyes para permitir que agentes de Estados Unidos comisionados en territorio mexicano porten armas”, como pretendía el presidente Obama a partir del incidente en que perdió la vida el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduana, Jaime Zapata.

 

Calderón dijo en ese encuentro que todo se limitaría al intercambio de información y apoyo técnico, pero resultaron falsas sus palabras. Los agentes comisionados en territorio mexicano actúan armados y una decena de agencias de espionaje y seguridad de Estados Unidos operan libremente bajo un suspicaz acuerdo en el marco del establecimiento de una Oficina Binacional de Inteligencia.

 

Es innegable que el gobierno de Felipe Calderón inició una guerra que de entrada sirve para proteger los intereses norteamericanos, asociados a los altos consumos de droga en aquellos parajes y, a la vez, genera mayores riesgos de consumo entre la población mexicana al cambiar la naturaleza del trasiego tradicional por la de control de los espacios de tránsito.

 

Dentro de este esquema, el análisis de algunos aspectos constitucionales y de legalidad resultan importantes para entender los aspectos internos que llevan al presidente Calderón a mantener su estrategia y extenderla para el próximo sexenio.

Si bien Robert Lansing, el poderoso secretario de Estado, había sentenciado que era fácil dominar a México solo controlando al Presidente, el jefe de la diplomacia estadounidense advertía también que para mantener un control absoluto de nuestro país, “la solución necesitaba más tiempo: debemos abrir a los jóvenes (mexicanos) ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la Presidencia, sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un solo tiro, harán lo que queramos. Y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros”.

 

Aunque Calderón sólo estudió una Maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, fue más fácil controlarlo que lo que suponía Robert Lansing. El hecho es que Calderón terminó enredado en una cadena de equivocaciones y complicidades, sometido su gobierno y el país al yugo estadounidense.

 

Para empezar, en su guerra contra el crimen organizado, el presidente Calderón recibió del Congreso de la Unión una serie de elementos, como el arraigo domiciliario, un asunto que bien estudiado implica un conjunto de medidas autoritarias y poco propias de un régimen democrático, cuando en realidad son instrumentos característicos de las dictaduras, o del “derecho penal del enemigo”.

Habría que subrayar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tergiversado la prohibición categórica y expresa de la Constitución por una jurisprudencia arbitraria al autorizar o validar la salida de las tropas de sus cuarteles para combatir al narco.

El artículo 129 de la Constitución establece que: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”.

Es así que la guerra contra el narco tiene una cara real y otra formal o jurídica, pues es claro que desde el punto de vista legal no existe una guerra declarada.

 

En el campo de la realidad se enfrenta una verdadera guerra que tiene repercusiones mediáticas evidentes por el número de bajas, pero bien estudiadas las repercusiones jurídicas pueden ser trascendentales.

 

El presidente Calderón se dio cuenta muy tarde que su estrategia de hablar de una guerra le iba a traer consecuencias, pues estamos en el caso de una guerra no declarada por el Congreso de la Unión y fuera de las funciones constitucionales del ejército, lo que en un futuro no muy lejano podría implicar responsabilidades para los culpables de estos extremos, bien sea por violaciones a los derechos humanos, bien sea por crímenes contra la humanidad o por abusos y excesos de poder.

 

El Artículo 73 Constitucional dice: “El Congreso de la Unión tiene facultad: XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo”.

En este caso, la guerra la declaró el Ejecutivo con todas las consecuencias legales a que tenga lugar.

 

Lo que está claro es que en el caso mexicano las violaciones a la Constitución son notorias, de suerte tal que para remediar el problema, se incluye la conducta inconstitucional dentro de la Constitución y el poder solucionar su problema de abuso de poder o de violaciones sistemáticas a la Constitución, constitucionalizando los abusos de poder.

 

Ese fue el camino que obligó a elevar a rango constitucional una medida propia de las dictaduras o de la Inquisición, el arraigo domiciliario.

En víspera de terminar el sexenio de Calderón hay factores fundamentales que mueven a su gobierno: buscar una legislación aun cuando sea retroactiva, que legalice y legitime las acciones inconstitucionales en que incurrió su gobierno.

 

Buscar mediante mensajes mediáticos y foros de diálogos constantes y sistemáticos la sociabilización y aceptación de las estrategias contra el crimen organizado para argumentar posteriormente que se actuó por mandato popular y no como se hizo en realidad.

 

Crear la necesidad de mantener el Ejército en las calles a partir de la combinación de las teorías del miedo y del shock.

 

Habría que profundizar en que la mayoría de los países aceptan la transmisión de la soberanía a la autoridad o a un ente abstracto que puede ser el orden normativo, sin embargo, los debates en el Congreso Constituyente de 1823-1824 dejaron perfectamente en claro que en México no se acepta trasladar la soberanía al Presidente o al Congreso, según el artículo 39, en relación al 40 y 41, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

De esta forma se concreta una aplicación de la soberanía poco difundida y debe entenderse que cualquier ocultamiento de información para el soberano es un acto de usurpación de esa soberanía y según la naturaleza de la información, pudiera ser que hasta de traición a la patria.

 

En la guerra contra el narco quedan algunas cuestiones de profundidad: El poder judicial no debió ser convocado, pues el mandato que le confiere la Constitución es de imparcialidad para administrar justicia y no el de comparsa del Presidente en ninguna cuestión de administración de justicia.

 

El Congreso de la Unión o al menos eso parece, suplantado en su calidad de representante legal y legítimo del pueblo de México, sin considerar la negativa de los líderes de los principales partidos políticos representados en el Congreso de la Unión de no asistir a las convocatorias del Presidente para no hacerle el juego a la representatividad alternativa.

La posición del Presidente es una posición periodísticamente correcta, sin embargo, la Constitución otorga en su división de poderes la representatividad popular al Congreso de la Unión.

Es evidente la apuesta del presidente Calderón, mantener una estrategia mediática que convenza paulatinamente a la mayor parte del pueblo para que acepten no solamente la guerra contra el narco; sino que la estrategia de mantener al Ejército en las calles, limitar garantías y establecer un sistema más autoritario es la respuesta correcta y única aceptable.

El resultado de la estrategia de Calderón se verá reflejado en las urnas. Sobre su futuro, es evidente que es incierto y que es probable que se le someta a un juicio por crímenes de lesa humanidad y violación a los derechos humanos.

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*José Martínez M., es periodista y escritor. Es Consejero de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex). Es autor del libro Carlos Slim, Los secretos del hombre más rico del mundo, y otros títulos, como Las enseñanzas del profesor. Indagación de Carlos Hank González. Lecciones de Poder, impunidad y Corrupción y La Maestra, vida y hechos del Elba Esther Gordillo.

20 DE FEBRERO DIA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL

Por Jorge Gonzalez Rojas

El 20 de febrero de cada año ha sido instituido, como el Día Mundial de la Justicia Social por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Será interesante darle seguimiento a los actos conmemorativos de los tres niveles del Gobierno de México, respecto a esta fecha en que mundialmente se recuerda el llamamiento a la justicia social, íntimamente ligada a la naturaleza del hombre, que tiene que ver con su dignidad humana.

El concepto de Justicia Social es sinónimo del equilibrio entre el capital y el trabajo, de seguridad, de paz social, de progreso socioeconómico, de la justa y equitativa distribución de la riqueza, de la generación de oportunidades para el desarrollo armónico y equitativo de los fuertes y los débiles.

En nuestro país, lo anterior es letra muerta.

Las estadísticas de México en cuanto a la distribución, concentración de la riqueza y los altos índices de pobreza y marginación se contraponen a la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización equitativa.

Las cifras de concentración de la riqueza son contundentes: 203 mil 23 inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acaparan el equivalente a poco más del 45% del PIB nacional[5]. Estos inversionistas representan el 0.18 de la población nacional, y han obtenido ganancias en 2011 que llegan a los 6 billones 122 mil 632 mdp, pasando de concentrar lo equivalente al 37.17% del PIB en 2006 (3 billones 507 mil 247 mdp) al 45.06% en 2011; tal cantidad de ganancias representa 1.78 veces el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, es decir, estos buenos burgueses podrían pagar todos los gastos del Estado y aún conservarían el 78% de tal cantidad egresada. Esto significa que de 2006 a 2011 han tenido un aumento de ganancias del 74%, mientras el número de burgueses que participan en esta inmensa riqueza ha crecido apenas el 17% (en 2006 eran 173 mil 26 los inversionistas que participaban en tal proporción del PIB). Y hay que considerar que estos datos son sólo del primer semestre de 2011.

Ya para 2010, el Banco Mundial confirmaba que mientras el 10% de la población más rica en México concentró entradas equivalentes a 439 mil 597 millones de dólares (mdd), lo que representa 41.3% del ingreso total del país, el 10% más pobre recibió 12 mil 772 mdd, es decir 1.2% del ingreso total; definitivamente la crisis no es la misma para todos.

 

Aumento de ganancias sin inversión

Pasemos al caso de las mineras nacionales y extranjeras: éstas cuadriplicaron el rendimiento de sus inversiones hechas en 2010, invirtiendo 3 mil 316 mdd y obteniendo 13 mil 900 mdd que fue el valor de la producción anual del sector[6]; en otros términos, por cada peso que invirtieron, obtuvieron como ganancia neta tres más, además de recuperar el monto de inversión. A esto se suma el hecho de que la producción minera se incrementó en un 50% con respecto a 2009, motivada por la especulación con respecto al oro ante la debilidad del dólar y a un factor político importante: la reintegración el año pasado de Cananea (que produjo 27,598 toneladas de cobre tan sólo en el primer trimestre de 2011) a la explotación minera después de la huelga de los trabajadores desde 2007. Tan sólo Grupo México, una de las principales mineras del país y dueña de Cananea sumó en el primer semestre de 2011 una utilidad neta (sin contar impuestos) de 6 mil 206 mdp (532 mdd) frente a 4 mil 482 mdp (362 mdd) del periodo enero-marzo del 2010, lo que representa un aumento de ganancias del 38.5% en pesos, mientras que en dólares el salto fue de 47%[7].

No conforme con estas exorbitantes ganancias, la burguesía a nivel internacional está aplicando múltiples ataques a la clase trabajadora a través de planes de austeridad, rescates millonarios a la banca, contrarreformas laborales entre otros con un mismo objetivo: aumentar su acumulación en detrimento de las condiciones de vida de las masas. Según el IMSS desde 2000 se añadieron 8.4 millones de personas a la Población Económicamente Activa (PEA) y sólo se han creado 2.8 millones de empleos con prestaciones de seguridad social, lo cual implica un rezago acumulado de 5.6 millones de plazas laborales, sumados al millón y medio de trabajadores despedidos por el cierre de 500 mil pequeñas y medianas empresas en 2009, los más de 40 mil electricistas despedidos de Luz y Fuerza del Centro, y los supuestos 2 millones de desempleados que reconoce la Secretaría del Trabajo y Previsión Social durante 2010. Según un estudio del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas) y la UNAM, del volumen total de jóvenes en el país en edad de trabajar (más de 16 millones), millón y medio no encuentran empleo, lo que significa que más de 50 por ciento de los desempleados de todo el país son jóvenes[9]. Además, el 40% de los jóvenes de entre 20 y 24 años que laboran no cuentan con prestaciones como contrato, seguridad social, jubilaciones, escalafón, entre otros; el desempleo a nivel mundial para 2009 ya alcanzaba a 81 millones de jóvenes. FUENTE ESTADISTICA: Militante. Voz marxista de los trabajadores y la juventud.

 

Quienes detentan y concentran la riqueza en nuestro país, maniobran mediáticamente en complicidad con el gobierno para confundir a la sociedad mexicana, en cuanto a la diferencia entre la justica social y la filantropía y así, en vez de cumplir con sus obligaciones legales estructurales en cuanto a la justa distribución de la riqueza, acuden de manera hipócrita a la filantropía para posicionarse públicamente como bienhechores de los pobres.

En este sentido, habrá que ver, oír y leer cuales serán los discursos del gobierno y la iniciativa privada en los actos conmemorativos relacionados al 20 de febrero; Día Mundial de la Justicia Social.

 

Orizaba Ver. A 19 de febrero del 2012

Jorge González Rojas

Dirigente Estatal del Partido del Trabajo en Veracruz