1 de mayo de 2012

Calderón y la Providencia

Sabina BermanMÉXICO, D.F. (Proceso).- El pasado lunes 23, en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos en Washington, el presidente de México reveló al mundo que la Providencia lo había puesto en su cargo para combatir al crimen organizado.

 
Un historiador de finales de este siglo tendrá que tomar en cuenta a esa agencia de Dios, la Providencia, para recontar la guerra que hoy seguimos viviendo y sus hechos de espanto. Las cabezas rodantes, los cadáveres encajuelados, la caravana de viudas, huérfanos y padres de hijos muertos recorriendo de luto las carreteras, los narcos tumbados en tapetes de lujo embadurnados de sangre y billetes de 500 pesos, los más de 150 mil ciudadanos desplazados de pueblos convertidos en pueblos fantasmas, donde sólo el viento recorre las casas desiertas.
 
La Divina Providencia: la agencia por la cual el Dios que está en las alturas metafísicas ejerce en la Tierra la lucha del Bien contra el Mal. La definición es de un santo, Tomás de Aquino.

Sin el concepto de la Providencia, nuestro supuesto historiador finisecular sencillamente no haría sentido de los números crudos de esta guerra y sobre todo de las decisiones que los han causado. Para empezar la decisión de su lanzamiento.
 
Discutida en el interregno de la anterior presidencia y la actual, mientras la capital del país se encontraba paralizada por las huestes del candidato perdedor de la contienda electoral, los colaboradores más íntimos de Calderón carecían de información suficiente para llegar a una decisión sensata, simplemente porque entonces la información nunca había sido recabada. No sabían cuántos eran ni en dónde estaban los enemigos, desconocían el tamaño de sus arsenales y sus fortunas, sólo intuían que las policías se hallaban infiltradas y que el Ejército tendría que librar la guerra. Las afirmaciones me las hizo un testigo presencial de aquellas reuniones, el entonces ya designado secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
 
Así que lo que el Cisen no aportó al núcleo íntimo del presidente para la toma de la decisión, lo aportó la Providencia: la certeza de que era una guerra donde el Bien triunfaría sobre el Mal.

Al cabo del año 3 de la guerra, 125 líderes del crimen y más de 6 mil sicarios se habían sustraído de su actividad, y sin embargo el número anual de los muertos no disminuía y la violencia se había recrudecido y esparcido por ciudades antes relativamente pacíficas. La ecuación supuesta por el presidente era la inversamente contraria: a menos capos, más paz. ¿Qué demonios podía estar ocurriendo?
 
La pregunta no se la hizo el presidente, pero sí un investigador, Eduardo Hidalgo, quien armó con su propio dinero un observatorio de las cifras de la guerra y su localización geográfica, y un año más tarde ofreció una hipótesis en la revista Nexos. Con cada capo abatido, se desestructuraba un cártel: fragmentado en pandillas, las pandillas se enfrentaban rompiendo todos los códigos previos, para lograr con una crueldad ciega la hegemonía territorial. Los hechos confirmaron lo publicado por Eduardo Hidalgo. Muerto Arturo Beltrán Leyva, mandamás del narco en Morelos, en el estado la violencia se disparó como nunca antes. Capturado el capo mayor de Acapulco, La Barbie, el puerto se convirtió en un campo de batalla de adolescentes asesinos.

También en su año 3, algunos hechos vinieron a perturbar la fe, ya no la eficacia de la guerra, sino la misma creencia de que esta era una guerra del Bien contra el Mal. Para empezar, los muertos inocentes cobraron identidad. Los ciudadanos de bien abatidos en fuegos cruzados, ultimados por soldados intoxicados o prepotentes en estado natural, o asesinados por criminales, empezaron a nombrarse a sí mismos como víctimas de la guerra.
 
El presidente los desconoció en un primer momento. Famosamente los llamó daños colaterales y después empleó una metáfora desafortunada en donde parecía aludirlos. “Cuando se limpia la casa, el polvo sale por las ventanas”.
 
Otro trastorno semántico ahondó la discordia entre el presidente y la población civil. En una de las primeras reuniones de víctimas con el presidente, en Tijuana, las mujeres asistentes empezaron a llamar, así como si nada, a la guerra “su guerra, presidente”, dando a entender que no era la de los civiles. ¿Qué nos aquejaba a nosotros los civiles?: nos lo empezamos a preguntar un par de columnistas. El homicidio, el robo, la extorsión, los secuestros, cometidos, sí, por bandas criminales, pero no el tráfico de droga ejecutado por la élite de los cárteles y rigurosamente controlado con tecnología de punta por los capos. La distinción, más la creciente evidencia de que la captura y asesinato de capos esparcía la violencia, llamaba claramente a un cambio de objetivo en la guerra.
 
De nuevo, sólo la Divina Providencia pudo eclipsar en el presidente Calderón una conclusión en la que buena parte de la opinión pública coincidió.
 
Para el año 4, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reveló un dato. Según declaró, nadie había ofrecido al gobierno alternativas a una guerra frontal contra el narco. Ese nadie era para entonces bastante extenso, ruidoso y transnacional: Congresistas, gobernadores, investigadores, expresidentes del continente, columnistas mexicanos y estadunidenses, activistas sociales, víctimas de la guerra, habían propuesto una lucha contra el crimen con una estrategia menos bélica y más compleja.
 
Legalizar la mariguana para colapsar los recursos económicos de los cárteles; un tratado con Estados Unidos para impedir la compra de armas en sus armerías de la frontera; medidas severas contra el lavado del dinero; enjuiciamiento de los funcionarios coaligados con el crimen: para empezar a nombrar las numerosas propuestas que circulaban. Así como tres propuestas de mayor calibre que articuladas cambiarían la guerra contra el narco por una guerra por la paz: implantar el respeto a la ley, dar autonomía real al sistema judicial y crear una nueva policía honesta.
 
Lo revelador del dicho del entonces secretario de Gobernación es que en los salones de juntas de la Presidencia de la República todas esas voces sumaban nada, cero, nadie. Es comprensible: era pura palabrería humana incomparable con la voz divinamente autorizada de la Providencia.
 
Hay quien duda de la sinceridad de las palabras del presidente Calderón. No es mi caso. Creo que en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos el presidente Calderón afirmó su convicción. La Providencia lo colocó en el lugar preciso para librar una guerra contra el mal del narcotráfico. Es por ello que igual creo que debe impedirse que las clases de religión se impartan en las aulas mexicanas.

30 de abril de 2012

NOS UNIMOS AL RECLAMO GENERALIZADO POR LA MUERTE DE REGINA MARTÍNEZ. ¡¡¡BASTA DE MUERTES Y DE IMPUNIDAD!!!

REGINA MARTINEZ. QEPD
5 PERIODISTAS HAN SIDO ASESINADOS DE LO QUE VA DEL GOBIERNO DE JAVIER DUARTE DE OCHOA; HOY LA DELINCUENCIA HA REBASADO LOS LÍMITES DE LA GOBERNABILIDAD, HACIENDO PEDAZOS A FAMILIAS ENTERAS Y ACABANDO CON VIDAS DE LÍDERES SOCIALES Y PERIODISTAS.

LA VIOLENCIA TIENE UNA VÍCTIMA MÁS, REGINA MARTÍNEZ, QUIEN HABÍA SIDO REPORTERA DE PROCESO POR UNA DÉCADA Y ANTES TRABAJÓ COMO CORRESPONSAL DEL DIARIO LA JORNADA. ANTES DE ELLA Y DURANTE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN FUERON ASESINADOS NOEL LÓPEZ OLGUIN, DE NOTICIAS DE ACAYUCAN; MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ, MISAEL LÓPEZ SOLANA Y YOLANDA ORDAZ DEL DIARIO NOTIVER. NO HAY UN SOLO DETENIDO EN CUATRO DE ESOS CRÍMENES.

ADICIONAL A ESTOS HECHOS, SÓLO EN 2011, 13 PERIODISTAS SALIERON DEL ESTADO POR LOS RIESGOS PARA SU SEGURIDAD Y UNO MÁS, GABRIEL MANUEL FONSECA, DESAPARECIÓ SIN QUE HASTA AHORA SE CONOZCA SU PARADERO. POCO ANTES DE TERMINAR EL AÑO, LA REDACCIÓN DE UN DIARIO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA FUE ATACADA POR UN GRUPO ARMADO QUE PRENDIÓ FUEGO A LAS INSTALACIONES.

ANTE ESTE ESCENARIO, EXIGIMOS QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL FEDERAL DETENGAN ESTA OLEADA DE ATENTADOS EN CONTRA DE LOS VERACRUZANOS Y DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. NOS UNIMOS AL RECLAMO GENERALIZADO POR LA MUERTE DE REGINA MARTÍNEZ. ¡¡¡BASTA DE MUERTES Y DE IMPUNIDAD!!!

POLICIAS MUNICIPALES DE CORDOBA SERAN INVESTIGADOS

Investigan a policías de Córdoba Córdoba, Ver.- El gobierno de este municipio inició una investigación de oficio contra cuatro agentes de la Policía local, incluido el inspector Hermilo Vargas Zihel, por su presunta participación en un acto de uso de fuerza excesiva contra de un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un guardia de seguridad.


El alcalde Francisco Portilla Bonilla, ordenó la investigación de 4 agentes incluido el inspector Hermilo Vargas Zihel, por agresiones físicas contra un médico
 
El alcalde Francisco Portilla Bonilla instruyó al Oficial Mayor, Froylán Hernández, se haga un informe y sancione a los servidores públicos que ayer participaron en un zafarrancho en el interior del hospital del IMSS número 8.
 
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que procederá legalmente en contra de los uniformados que agredieron físicamente a un médico y un oficial de seguridad y que después detuvieron arbitrariamente.
 
Los hechos ocurrieron el viernes, cuando una ambulancia trasladó de emergencia a una oficial de la corporación que había sido atropellada a la clínica del IMSS número 8, al lugar llegó el Inspector de la policía Hermilo Vargas Zihel, quien fuertemente armado y con al menos cinco escoltas armados, intentó ingresar al hospital, sin embargo fue impedido por el guardia de seguridad Mauricio Ortega Espinoza.
 
A pesar del impedimento, el Inspector intentó a la fuerza ingresar al nosocomio, pero se le fue impedido el acceso, lo que provocó que comenzara agredir físicamente al oficial, tomándolo del cuello y golpeándolo en varias ocasiones.
 
Tras la acción un médico intervino pero los guardias del Inspector se le fueron encima y también comenzaron a golpearlo, los familiares de los pacientes que ahí se encuentran se aglutinaron para impedir que los uniformados siguieran golpeándolos.
 
En ese momento, un convoy de la Marina pasaba por el lugar, los ciudadanos los alertaron e intervinieron, rescatando a los dos detenidos.

Cabe informar que la policía municipal se ha visto involucrada en varias agresiones en contra de ciudadanos, una de ellas en contra de un indocumentado el pasado mes de marzo, a quien sometieron y apuntaron en la cabeza con sus armas.

Comenzarían investigación de ofici contra Inspector de la Policía

El delegado de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Antonio Guillermo Bustos Rivera, dijo que de presentarse una denuncia formal, se podría comenzar una investigación de oficio en contra del Inspector de la Policía Municipal, Hermilo Vargas Zihel y al menos cinco oficiales, que participaron en la agresión y detención arbitraria de un guardia de seguridad privada y un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
 
Explicó que el inspector de la policía cometió un grave error al intentar ingresar armado al nosocomio, por lo que tenía que haber cumplido con esta disposición interna de ingresar como mando policiaco y conseguir la secuencia del caso, pero respetando las normas de cada institución.
 
Sin embargo dijo que estarían esperando si los afectados presentan una queja de oficio ante la CEDH por lo que los invitó a acudir porque incluso parece ser que el jurídico va a iniciar acciones legales por esa intromisión que hicieron.
 
“Cometió un grave error el inspector, no podemos dejar de observar que es organismo desconcentrado del poder federal, que ellos como actúan una institución policiaca pueden acudir con nosotros a presentar la queja”, apuntó-
 
Aseguró que es lamentable porque a pesar de la capacitación que se le está dando, como en materia de derechos humanos, sigan cometiéndose este tipo de atropellos en contra de la ciudadanía.

Informó que se investigaran los hechos, se corroborara, se entrevistarán testigos, en el procedimiento, en su momento se turnara a la visitaduría general en turno en Xalapa para que ellos resuelvan lo que por derecho corresponde.

Con despensas, el equipo de campaña de Josefina Vásquez Mota pretende comprar conciencias en zonas indígenas

º Las despensas son un engaño, traen puro desperdicio.

º El mejor castigo que puede recibir el PAN por sus engaños sería a través del voto ciudadano el 1º de julio.

Por: Narcizo Torres A.

San Andrés Tenejapan, Ver. 30-Abr.-12.- El Partido Acción Nacional no solo se ha caracterizado en esta época electoral con presionar y amenazar a los beneficiarios de diversos programas sociales para que voten a su favor, sino que ahora pretenden comprar conciencias con despensas.
Lo anterior lo denunciaron familias de los municipios de Magdalena, Tequila, Atlahuilco, Tlilapan y San Andrés Tenejapan, quienes afirmaron que unas personas supuestamente del equipo de campaña de la candidata presidencial del PAN Josefina Vásquez Mota, les entregan despensas con la imagen de la candidata, a fin de que voten por este partido político el próximo 1º de julio.

“Dicen que no hagamos caso a los del PRI cuando también traen despensas, playeras, cobertores u otras cosas, pero ellos están haciendo lo mismo. Es más, sus despensas traen puro desperdicio. Que día abrimos una y no trae lo que nosotros usamos para la casa”, mencionaron algunas familias.

De acuerdo con estas familias, el supuesto equipo de campaña les reitera que Josefina Vásquez Mota es la candidata que más opciones de triunfo tiene porque es apoyada por el gobierno federal, de quien les dicen, es el que ha impulsado los programas sociales “nos dicen que gracias al PAN tenemos apoyos de Oportunidades, 70 Y Más, el Seguro Popular y otros apoyos como láminas y dinero para la construcción de carreteras”.
 
Aunado a lo anterior, algunas señoras que vienen funcionando como enlaces municipales del programa “Oportunidades” se han sumado al equipo de Vásquez Mota para tratar de engañar a las familias indígenas “pero como ya vimos en la tele que los partidos nada tienen que ver, pues eso les decimos”.

Al señalárseles que estos son delitos que pueden denunciarse, indicaron que el mejor castigo que podría sufrir este partido es el del voto “ya sabemos por quién votar, no porque nos traigan desperdicios vamos a votar por ellos”, finalizaron.

SIN ORDEN DE JUEZ CIVIL, HUGO CHAHIN UTILIZA A POLICIAS MUNICIPALES PARA LANZAR DE SUS VIVIENDAS A HUMILDES FAMILIAS...

VIVIENDAS DESTRUIDAS
CHAHIN, EL AZOTE DE LOS POBRES EN ORIZABA, VERACRUZ
AL MENOS 15 FAMILIAS QUE VIVÍAN A UN COSTADO DE LA VÍA DEL FERROCARRIL A LA ALTURA DE SUR 17 Y 19, LAS DESALOJARON LA NOCHE DEL SÁBADO ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL, SIN ORDEN DE LANZAMIENTO FIRMADA POR JUEZ CIVIL ALGUNO. A LAS 22:00 HORAS ARRIBARON AL LUGAR LOS EFECTIVOS DEBIDAMENTE EQUIPADOS PARA RESGUARDAR EL RETIRO DE LOS HABITANTES QUE POR MÁS DE 10 AÑOS HABITARON EL LUGAR. SON HABITANTES DE LAS COLONIAS FERRER GUARDIA E HIDALGO QUE DESDE HACE 10 AÑOS Y CONSTRUYERON SUS VIVIENDAS, SIN TENER NINGÚN PROBLEMA.

CON TRASCABOS Y LA FUERZA BRUTA DE LA POLICÍA MUNICIPAL, PERO ADEMÁS VIOLENTANDO LAS GARANTÍAS A LAS QUE TENÍAN ESTOS COLONOS, DE SER ESCUCHADOS Y DEFENDERSE ANTE UN TRIBUNAL, FUERON LANZADOS ARTERAMENTE.

UNA VEZ MÁS LA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE PRESIDE HUGO CHAHIN MALULI HACE GALA DE SU PREPOTENCIA Y UTILIZA EL EXCESO DE LA FUERZA Y SIN ORDEN DE DESALOJO LANZA A HABITANTES DE DERECHO DE VÍA, LLEGANDO AL ABUSO DE AUTORIDAD A LA QUE ESTÁ ACOSTUMBRADO AL LADO DE SUS POLICÍAS ORATES. ¿CHAHIN YA RESOLVERÍA EL DÉFICIT DE VIVIENDA QUE EXISTE EN ORIZABA, VERACRUZ? ¿YA SABRÁ DE LEYES O SE INVENTÓ SUS PROPIAS LEYES CIVILES?

Martin Martinez Sosol

Duda Proceso de capacidad de gobierno de Veracruz para esclarecer crimen

www.fotover.com.mx
A través de una editorial, el Semanario Proceso puso en duda la capacidad del gobierno de Veracruz para esclarecer el crimen de la periodista Regina Martínez y castigar a los responsables.

“Respecto de esa investigación que está a cargo del gobierno de Veracruz, Proceso es escéptico”.

“En una reunión con el gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, en la ciudad de Xalapa, a unas cuantas horas del asesinato de nuestra compañera, la directiva de Proceso lo expresó así ante la promesa retórica de que ‘se investigará hasta las últimas consecuencia’. No les creemos y se los hicimos saber”, indicó el semanario.

Proceso añadió que el asesinato de Regina Martínez Pérez se inscribe además en el contexto de “un país descompuesto, de una situación de violencia cotidiana en la que actos extremos no son la excepción sino la regla cotidiana”.

“Esta situación la comparte Veracruz con la mayor parte del país”.

Y añadió: “al crimen abonó el ambiente de hostilidad y aun de acoso en el que la prensa independiente se ve obligada a cumplir sus funciones”.

“En nuestro caso, son reiterados el secuestro y la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se sienten afectados por lo que publicamos. En ocasiones, nos hemos visto en la necesidad de ocultar en el anonimato el nombre de nuestros reporteros, enviados especiales y corresponsales en sus trabajos sobre temas de seguridad”.

Informacion: Plumas Libres.

Veracruz, “territorio peligroso para el periodismo y luchadores sociales”, denuncian

Paralelo a la manifestación que realizaron periodistas en la Ciudad de México, en Xalapa unos doscientos comunicadores, académicos, ciudadanos en general y líderes de organizaciones sociales se manifestaron la tarde de este domingo en el centro de la capital para exigir el freno a la ola de violencia e inseguridad que vive la entidad y el castigo a los responsables del asesinato de la periodista Regina Martínez.

En la marcha y protesta que recorrió las principales calles de la ciudad y la Plaza Lerdo de Xalapa, desfilaron académicos como Alberto Olvera, Alfredo Zavaleta, Manuel Reyna Muñoz, María Esther Hernández Palacios, Eckar Boege, líderes de organizaciones como Ángel Pérez Silva, Francisco Domínguez Canseco, Ángeles Muñoz, Meyela García, representantes campesinos, entre otros.

“Que sirva su muerte para recordarnos que el compromiso con la verdad es mucho más grande y en ese sentido a Regina no le daba miedo, lo tenía bien asumido en su vida personal y profesional”, expresó Yadira Hidalgo, integrante del CIDEM.

“Es una mujer que ha marcado la historia del periodismo no sólo en Veracruz sino a nivel nacional, era una mujer respetada”, añadió.

Alberto Olvera, investigador de la UV, leyó un texto en el que académicos repudiaron los hechos.

“El cobarde asesinato de la valiente periodista Regina Martínez el pasado 28 de abril en Xalapa, es una afrenta intolerable al gremio periodístico de México y de Veracruz, a la libertad de expresión y a la lucha por la democratización de los medios de comunicación en nuestro país”.

En la misiva, exigieron “la inmediata aclaración de este terrible asesinato, señaladamente grave por sus obvias connotaciones políticas. La impunidad en que permanecen los demás asesinatos y agresiones a periodistas en Veracruz, especialmente los sucedidos en 2011, demuestra la incapacidad o el desinterés del gobierno estatal o ambas cosas en la tarea de resolver crímenes contra un gremio cuya seguridad es central para la vida democrática”.

Ángeles Muñoz, leyó otra misiva a nombre de los integrantes del Colectivo por la Paz, región Xalapa, en el que expresó que Veracruz “se ha convertido en un territorio peligroso para los periodistas, defensores de los derechos sociales y para todo aquel que tenga una voz crítica que ejerza la libertad de expresión”.

“Ya basta de matar a gente inocente”.

“Exigimos justicia y cárcel a los asesinos materiales e intelectuales de este crimen y para ello hace falta crear una fiscalía especial”.
 
“Las organizaciones de la sociedad civil y los periodistas amigos de Regina solicitamos una inmediata reunión con el procurador de Justicia y con el gobernador Javier Duarte de Ochoa para exigir justicia y transparencia en este caso. Exigimos claras medidas de protección a los periodistas comprometidos con el derecho a la información y a la libre expresión. Hoy le han arrebatado la vida a Regina como a muchos periodistas que se han atrevido a hablar con objetividad y compromiso social, hoy han callado su voz, pero harán que muchas más exijan justicia”.

Cabe destacar que durante la marcha, los compañeros de la periodista originaria del municipio de Gutiérrez Zamora, lanzaron críticas al gobierno de Javier Duarte de Ochoa, porque con su muerte suman seis los casos de comunicadores asesinados en su administración, entre los que se encuentran los casos de Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz, de Notiver, Noel López Olguín, entre otros.

La marcha circuló por calles del primer cuadro de la ciudad y terminó con un mitin en la Plaza Lerdo.

Compañeros de la periodista recordaron los tiempos en que esta comenzaba como reportera del diario Política y en una estación de radio desaparecida, así como su paso por la corresponsalía del diario La Jornada.

En el centro de la plaza fue colocada una ofrenda con veladoras y fotos.