Por Napoleón Gómez Urrutia
Durante las semanas recientes dirigentes del PAN y del PRI han
mencionado insistentemente, con una gran ignorancia y mala fe, que en septiembre
próximo los miembros de ambos partidos en el Congreso aprobarán una reforma
laboral que nadie conoce y por tanto la vuelven sospechosa. El hecho no presagia
nada bueno para la clase trabajadora. Aseguran que son promesas de campaña que
todos sabemos que los candidatos se hicieron a sí mismos y a sus cómplices, con
una grave irresponsabilidad de cara al pueblo de México.
Unos y otros de los antes mencionados han señalado que urge una reforma
laboral, porque dicen que de no haberla se está obstaculizando el progreso del
país y el crecimiento de la economía, y por dicha circunstancia no se crearán
los empleos suficientes ni se abrirán las expectativas de avance que, alegan,
sólo se lograrán con esa supuesta reforma laboral.
Lo notable del asunto es que representantes y abogados del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) se están reuniendo con dirigentes de la
Confederación de Trabajadores de México (CTM) con el propósito de llegar a
pactos en ese proyecto de reforma laboral. No informan del contenido de sus
análisis o deliberaciones, lo cual da pie a la desconfianza sobre el verdadero
carácter de sus encuentros, cuando el CCE y la CTM no se atreven a exponerlos a
la luz pública, como debiera ser en esta materia tan importante para el
desarrollo económico, político y social de México.
Lo que parece evidente es que estos dos grupos pretenden tomar acuerdos en
nombre del país entero y de todas las fuerzas sociales, lo cual no pasa de ser
una simulación para llegar a arreglos cupulares de conveniencia, ya que la CTM
ya no representa a nadie en el ámbito de las organizaciones de trabajadores,
sino sólo a la cúpula de sus dirigentes formales, anquilosados en la imagen de
un poder que desde hace lustros ya no tiene. Los empresarios, pues, están
negociando con un grupo que sólo se representa a sí mismo, pero no a los
millones de trabajadores que hay en México, y mucho menos a los que están
agrupados en los sindicatos democráticos, independientes y autónomos del país,
como los mineros políticamente perseguidos, con una perversidad sin límites, los
universitarios, los campesinos y ejidatarios, los telefonistas, los tranviarios,
los electricistas golpeados por la arbitraria e inconstitucional desaparición de
Luz y Fuerza del Centro, los maestros y muchos más.
Parece obvio que aquella representación sindical, que en el pasado remoto fue
una fuerza auténtica de lucha, hoy está castrada de antemano por su falta de
autenticidad obrera y de un liderazgo democrático y sólido. Su política es, a lo
largo y ancho del país, de sumisión al sector de los patrones y de los dueños de
las empresas, así como a los gobiernos, sin importar su filiación ideológica o
partidaria. En cada centro de trabajo que se presenta un intento serio de
trabajadores por tener una representación auténtica y verdadera que defienda sus
intereses legítimos, aparecen los representantes de la CTM para ponerse a las
órdenes de los patrones y oponerse a los intereses legítimos de los genuinos
trabajadores para mediatizarlos, amenazándolos, golpeándolos y criminalizando su
esfuerzo.
En ese proyecto de supuesta reforma laboral, en rigor una contrarreforma del
trabajo, impulsada por los representantes de la CTM, se plantea dar toda la
flexibilidad a patrones para contratar o despedir a los empleados sin ninguna
responsabilidad para las empresas; para aceptar o rechazar representaciones
sindicales; para legalizar el outsourcing y los sindicatos de
protección o blancos; para llenar de tantos y tan complicados
requisitos el ejercicio del derecho a la huelga, que de hecho lo anulen; para
afectar los salarios caídos de tal suerte que el derecho constitucional a la
huelga, universalmente aceptado como prerrogativa de trabajadores para oponerse
a las injusticias de las empresas, sea sólo una declaración legal sin eficacia
en la realidad.
Con estos argumentos, es indudable que la CTM se está reuniendo con los
miembros del CCE sólo para autentificar las políticas antisindicales de los
gobiernos panistas en derrota, que hoy le quieren endosar al próximo gobierno.
Con eso se ignora que en otros países del mundo donde se aplicaron
contrarreformas laborales, hoy ya están de regreso de las mismas, pues en los hechos se comprobó que esos
proyectos entreguistas no eran viables, como en el caso de España, que generó 25
por ciento de desempleo, el de Italia o el de Grecia, hoy sumidos en profundas
crisis sociales. Mientras allá están de regreso de la aventura neoliberal de
suprimir los auténticos derechos sindicales, en México insisten en esa línea
socialmente suicida.
Este fenómeno tiene su repercusión en otros ámbitos de la realidad obrera. Al
no cumplirse las leyes laborales del país, quedan absolutamente desprotegidos
muchos trabajadores que prestan sus servicios en actividades de alto riesgo,
como los de la minería, cuyo efecto sólo en el estado de Coahuila llega a la
cifra de 150 muertos en seis años por negligencias criminales de los empleadores
y de los gobiernos federal y estatal que los solapa. Si se cumpliera con los
mandatos de las leyes laborales y de la Constitución, ninguna de esas tragedias
tendrían por qué producirse. En los
pocitosde carbón, tanto empresas como autoridades impiden la sindicalización y la protección de sus trabajadores. Ante estas tragedias, nadie hace algo para remediarlas, y sobre todo para impedirlas, como lo demuestra la explosión en febrero de 2006 de la mina 8 de Pasta de Conchos, en que perecieron 65 trabajadores mineros, cuyos responsables se mantienen en la impunidad. En este camino continuará habiendo
homicidios industriales. Por eso es urgente que se elaboren y promulguen leyes que penalicen la negligencia criminal de las empresas y se castigue ejemplarmente a los responsables, tanto de los inversionistas como del gobierno.
Los intentos de contrarreforma laboral, por un lado, y las impunidades
empresariales, por el otro, son las dos caras de una misma moneda: la de la
corrupción gubernamental y de las empresas antisociales, que México no debe
estar dispuesto a tolerar nunca más.
