La capilla de El Lazca en Hidalgo.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
A
continuación se reproduce la parte medular del texto escrito por el reportero
Rodrigo Vera:
Desde
hace tiempo en Hidalgo se sabía que El Lazca levantó esa ostentosa capilla de la
Virgen de San Juan de los Lagos, en la calle Álamos de la colonia Tezontle, en
la periferia sur de Pachuca.
Aledaña
al Campo Militar 18-A, el templo tiene una cruz metálica que se yergue muy alta
y domina el vasto arrabal de apiñados caseríos. Sus jardines, patios, muros de
colores encendidos y amplias puertas y ventanales de cristal hacen de la
capilla un remanso de lujo para la nutrida feligresía local.
Por
dentro, a la espaciosa y moderna nave la iluminan vitrales de tonos azulados.
Relucen los candiles y compiten en esplendor con los pisos de mosaico. Y en el
altar –bajo un gran vitral que tiene la figura de una paloma– está la escultura
de la Virgen de San Juan de los Lagos con su vestido ampón.
Aunque
por ser capilla no tiene un párroco, los sacerdotes de los templos cercanos
solían oficiar ahí las misas. Venían principalmente de la parroquia de San
Cayetano, con todo y sus fieles.
Ahora
el recinto está fuera de servicio.
Atrás
de la capilla se construyó el Centro de Evangelización y Catequesis Juan Pablo
II para dar formación religiosa a niños y jóvenes. Los salones de ese centro
circundan un patio que sirve de área de recreo. Durante la construcción se dice
que hasta los albañiles eran enviados por el narcotraficante oriundo de Apan,
Hidalgo.
Cuando
corrieron las primeras versiones del origen de la capilla, en julio pasado, Proceso preguntó al sacerdote Francisco
González, encargado del decanato de la zona, si sabía algo sobre las
aportaciones del capo hidalguense. El párroco contestó: “No lo sé, no lo sé”.
Los
fieles, por su parte, eran renuentes a hablar de su relación con el líder de
Los Zetas.
Se
rumoró que el arzobispo de Tulancingo, Domingo Díaz, sabía del asunto y para no
comprometerse impidió que su nombre se pusiera en la placa que conmemora la
inauguración de la capilla.
Finalmente
la chapa metálica sólo dice: “Centro de Evangelización y Catequesis Juan Pablo
II. Donado por Heriberto Lazcano Lazcano.
“‘Señor,
escucha mi oración, atiende mis plegarias, respóndeme, tú que eres fiel y
justo’, salmo 143.”
Hubo
fuegos artificiales, bandas de música, juegos mecánicos y una abundante
tamaliza el día de la inauguración de la capilla: el 2 de febrero del año
pasado. La placa se develó ese mismo día, el de la Candelaria.
Y fue
por esa placa delatora que apenas el pasado octubre el Congreso de Hidalgo
exigió investigar el caso. Algunos legisladores señalaron que la película “El
infierno” –en cuya trama un cura es cómplice de un capo local– se quedó corta
ante la realidad hidalguense.
La
Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa
AP/PGR/PACH/I-V/752/2010 para indagar si la capilla fue construida con recursos
del narcotráfico. El presunto delito es lavado de dinero contra quienes
resulten responsables, sea el arzobispo Díaz o algunos de sus párrocos.
El
vocero de la arquidiócesis primada de México, Hugo Valdemar, pide a la PGR no
hacer distingos: “Si un sacerdote sabe que el donador es un delincuente se
convierte en cómplice, lo cual es gravísimo; sería sano que se le iniciara una
investigación penal, sería muy sano tanto para la Iglesia como para la
sociedad”.
La
arquidiócesis primada –en el editorial de su semanario Desde la Fe de
la semana pasada– señala que “para vergüenza de algunas comunidades católicas
hay sospechas de que benefactores coludidos con el narcotráfico han ayudado con
dinero del más sucio y sanguinario negocio, en la construcción de algunas
capillas, lo cual resulta inmoral y doblemente condenable y nada justifica que
se pueda aceptar esta situación”.
Manuel
Corral se encoge de hombros, arquea las cejas y comenta intrigado: “El caso de
esa capilla sólo se hizo notorio por la placa que pusieron. Todo lo hicieron
muy evidente. Me pregunto: ¿el caso hubiera quedado oculto de no haberse puesto
esa placa? ¿Habrá más capillas en igual situación?”.
Lo
cierto es que hasta el momento los narcodonativos a la Iglesia sólo se conocen
por ese tipo de registros escritos.
Es el
caso de la parroquia de Tamazula, Durango, en el llamado Triángulo Dorado: las
bancas de madera del templo fueron donadas por los narcotraficantes locales o
por sus familias, según las inscripciones puestas en los respaldos.
“Inés
Calderón Q.”, dice la banca donada por el capo Inés Calderón Quintero, oriundo
del lugar y miembro del cartel de Sinaloa. Fue uno de los primeros en
introducir cocaína y heroína a Estados Unidos. Se le acusó de colaborar en el
asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Murió en un tiroteo en marzo
de 1988.
“Familia
Coronel Aispuro”, reza el letrero de la banca donada por esa familia a la que
pertenece Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán
y sobrina del narcotraficante Ignacio Coronel, muerto recientemente en Jalisco
en un enfrentamiento con el Ejército.
“En
memoria de mis padres Martín Ávila Beltrán y Griselda Amézquita; de Chuy
Ávila”, dice la inscripción que, en otra banca, pusieron los familiares de
Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico,
presa en Santa Martha Acatitla.
Y así,
una a una, cada banca del templo de San Ignacio de Loyola, en Tamazula
–edificado por los jesuitas en el siglo XVIII–, va dando cuenta de los
narcotraficantes que la donaron.
Rodríguez
Gómez ataja: “Sabemos de esos donativos. Los narcotraficantes van y colocan sus
bancas en los templos y no hay quien los pare. Nos guste o no nos guste, ahí
está su banca. No censuramos a nuestros párrocos por eso. Comprendemos lo
difícil de su situación”.
Corral
lo secunda: “Muchos sacerdotes son obligados a prestar servicios espirituales
al crimen organizado. Uno de ellos me comentaba que, en una ocasión, lo obligaron
a dar misa. Al regresar a su casa un enviado de los narcos tocó a su puerta y
le dijo: ‘Padre, aquí le mandan esto en pago por sus servicios’. Era una
camioneta último modelo. El párroco rechazó el regalo”.
Ambos
refieren que Michoacán, Durango, Sinaloa y Guerrero son los estados más
peligrosos para ejercer el ministerio. Varios sacerdotes ya han sido asesinados
por el narcotráfico. Sólo la arquidiócesis de México –agregan– lleva ya siete
ejecutados. Hasta algunos obispos padecen las amenazas del narco, tema del que
este semanario ya se ocupó (Proceso 1713).
Por
esos motivos, dicen, hay que evitar juicios precipitados y esperar las
pesquisas de la PGR y saber en qué condiciones construyó la capilla El Lazca. Pudo haber presionado o pudo tener el apoyo
voluntario de la arquidiócesis de Tulancingo, cuya jurisdicción abarca Pachuca.
Problema añejo
La
estructura criminal de Los Zetas se ha extendido, por cierto, a los 84
municipios hidalguenses en un entorno de complicidades que incluiría al
gobernador saliente, Miguel Ángel Osorio Chong, y al electo, Francisco Olvera,
así como a las autoridades judiciales, policiacas y militares del estado (Proceso 1748).
Pero el
tema de las narcolimosnas no es nuevo. Ya en los noventa se acusaba a los
hermanos Arellano Félix de apoyar con fuertes donativos al entonces obispo de
Tijuana, Emilio Berlié, quien a su vez gestionó una reunión privada entre esos
narcotraficantes y el entonces nuncio apostólico en México, Jerónimo Prigione (Proceso 937).
En
septiembre de 2005 Ramón Godínez –en ese tiempo obispo de Aguascalientes–
afirmaba que esos jugosos donativos se “purifican” al llegar a la Iglesia. Y lo
que importaba era la “buena intención” de los devotos delincuentes.
“Dondequiera que se entreguen las limosnas del narcotráfico da igual, no nos
toca a nosotros investigar el origen del dinero”, decía Godínez.
Ahora
Rodríguez y Corral insisten en que las 60 mil capillas del país son el flanco
más débil por el que se puede colar, o se está colando, el dinero del
narcotráfico, ya que el aparato burocrático del episcopado no tiene control
administrativo sobre ellas.
El
secretario general de la CEM explica: “Las periferias de las ciudades están
creciendo aceleradamente y sus pobladores, muchos de ellos migrantes de
provincia, tienen necesidades espirituales, por lo que empiezan a reunirse
aunque sea bajo un árbol. Buscan luego un terreno para construir su capilla.
Después consiguen recursos para edificarla poco a poco.
“Ya
construida, ellos mismos se encargan de su administración y mantenimiento.
Llaman a algún sacerdote para que les oficie misa esporádicamente, pues no son
de culto regular. Pero ahí ya se formó una comunidad católica.”
–¿El
sacerdote sólo tiene injerencia en el culto?
–Por lo
general así es. El sacerdote no puede llegar y decirle a los fieles: ‘A ver,
muéstrenme la licencia de construcción de su capilla y díganme de dónde sacaron
los tabiques’. No, porque además se lo prohíben los usos y costumbres de la
comunidad, que deja esa responsabilidad a sus fiscales y mayordomos, quienes
también se encargan de organizar fiestas patronales u otras ceremonias. Esa es
la tradición de nuestro pueblo.
El
jerarca refiere que, sin embargo, los fieles están obligados “legalmente” a
pedir la autorización de su diócesis para construir una capilla, para que
aquélla la registre en la lista de las que pertenecen a su jurisdicción.
“Esto
en la práctica generalmente no se da. Incluso es muy común darnos cuenta de la
existencia de una capilla cuando la vemos construida. Y ni modo que la mandemos
tumbar”, dice.
Indica
que las 9 mil parroquias del país, a diferencia de las capillas, están
controladas administrativamente por sus diócesis, como lo estipula el derecho
canónico. Aparte de cumplir con la normatividad pastoral y litúrgica, el
párroco responsable debe presentar periódicamente su estado de ingresos y
egresos, el número y monto de los donativos que recibe, de dónde provienen, en
qué se gastan…
–¿Cómo
saber cuando una capilla es construida o recibe donativos del narco? –se le
pregunta.
–Eso
solamente puede notarse en el proceso constructivo de cada capilla. Por lo
general es un proceso muy lento porque los fieles las construyen con sus
aportaciones y su esfuerzo diario. Pero ya resulta sospechoso cuando en una
comunidad pobre se levanta aceleradamente una ostentosa capilla.
Ante
esta falta de control, Corral señala que para impedir que los capos sigan
construyéndolas, la única medida que tiene el episcopado es dar “formación” a
los laicos para que sean “coherentes con su fe”.
Por
eso, comenta, la jerarquía católica difunde comunicados, exhortaciones y cartas
pastorales –como la más reciente: Que en Cristo nuestra paz México tenga vida
digna– donde se alerta a los laicos sobre los peligros del narcotráfico.
El
documento sentencia: “Lo primero que hay que hacer para superar la crisis de
inseguridad y violencia es la renovación de los mexicanos. México será nuevo
sólo si nosotros mismos nos renovamos… Por tanto, la primera e inaplazable
tarea es la formación integral de la persona”.
Corral
concluye: “Las capillas pertenecen a una compleja estructura no controlada y
sin organización. Es muy difícil meterlas en la estructura parroquial. Y el
episcopado es sobre todo una entidad moral, eso que quede muy claro”.
