27 de enero de 2013

LA DOÑA EN PERSONA…


Ha llegado a tal punto el conflicto de intereses entre los líderes del magisterio a nivel nacional y el Presidente Enrique  Peña Nieto por la Reforma educativa, que la maestra Elba Esther Gordillo en persona,  ha tenido que visitar, uno a uno, a los Gobernadores a los que apoyo en campaña, a través de sus agremiados, para recordarles “el favorcito”.  Uno de ellos, el Gobernador Javier Duarte. 

 Confirma el informante, que la semana pasada, se llevó a cabo una reunión de carácter privado y ultra secreto, en el departamento que tiene el Gobernador Duarte, en la zona costera de Boca del Río, entre el mandatario estatal y  la mismísima  Elba Esther Gordillo, quien según las versiones, venía con la espada de desenvainada.

Durante la campaña de Javier Duarte al gobierno del estado, las sección liderada por la maestra, brindo su apoyo al candidato del PRI, el compromiso llegó al punto, de permitirle a Elba Esther, poner posiciones estratégicas dentro del nuevo gabinete, entre ellos, el Secretario de Finanzas del Estado, Tomás Ruiz, quien conoce el origen y destino, de los más de 600 mil millones de pesos que ejercerá Duarte durante todo su sexenio.

De ese entonces –campaña 2010- a la fecha, muchas cosas han cambiado, el PRI regresó a los pinos y con él, el viejo el modelo centralizado, desde la cúpula del poder a nivel nacional, emanan las decisiones importantes para cada estado,  ningún Gobernador es libre de hacer o deshacer como en los doce años de Gobiernos panistas. 

Ante este escenario, y considerando que de  los líderes más representativos del magisterio a nivel estatal,  “los Calleja”, no se hace uno, tuvo que entrarle directo Gordillo al dialogo con los Gobernadores para tratar de librar la embestida presidencial.

 “El líder moral” del SNTE Juan Nicolás  Callejas, recién terminó su periodo como Diputado Federal,  y busca ya una diputación local en el próximo congreso, por la vía plurinominal por parte del PRI.   Su hijo, Juan Nicolás Callejas Roldán  es el actual Secretario General de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde se agrupan, los que dependen directamente de la federación.   Los intereses del padre y la falta de pericia del hijo, “debilitaron” la posición de la maestra en el estado,  de ahí que requiera apersonarse para tratar de retomar la fuerza que cada sección le da, y por la que lleva tantas décadas en el poder.

Después de que se diera a conocer que se aprobó la Reforma Educativa propuesta por Peña Nieto, los trabajadores de la educación en el país, tanto los de la CNTE –los que dicen los comerciales  de Elba Esther que  son los revoltosos- como los del SNTE, iniciaron una serie de movilizaciones.  En  algunos estados como Veracruz, incluso tomaron  acciones legales  concretas, desde el pasado 14 de enero,  para ampararse de ciertos aspectos que contempla dicha Reforma.

Los cambios sustanciales de los que habla la Reforma de  Peña Nieto,  se basan en la  actualización constante de los maestros,  la aplicación y el método de  evaluaciones  de las mismas,  la designación de plazas de acuerdo a las evaluaciones y no por herencia o vendimia y la jubilación.

En el tema de las jubilaciones, el Secretario General de la Sección 56  del SNTE  Manuel Arellano declaró que  era totalmente absurdo, inhumado e insensible que gracias a la Reforma, un compañero de 55 años de edad estuviera en riesgo de perder su clave.   Menciono como ejemplo de la violación a los derechos de los trabajadores, que  personal con 35 años de antigüedad  serían sujetos a  una evaluación para seguir trabajando, lo que implica que en lugar de reconocer su esfuerzo,  se sientan amenazados después de tantos años de servicio.

En total fueron promovidos más de 55 mil recursos de amparo, por parte de maestros de la sección 32 –Federal- y 56 –Estatal-  en Veracruz, en contra de la  nueva ley laboral.  Tanto Manuel Arellano como Juan Nicolás Callejas Roldán, hicieron un llamado a sus agremiados a sumarse a la defensa legal emprendida, aunque el llamado de Callejas, apenas fue un susurro. 

De hecho, ha trascendido, que los trabajadores adheridos a la Sección 32 del SNTE,  han mantenido reuniones con el secretario particular  de Callejas Roldán, en donde de manera superficial les explican, que esta Reforma podría ser la antesala a la intención del Presidente Peña Nieto de privatizar la educación en el país.   Un tema tan serio, abordado por el particular de Callejas, porque él no se atreve a meterse de lleno,  ya que aunque no sean tan cercanos al gobernante estatal, el grupo político que encabeza su padre, tiene muchos intereses con el PRI.

Bajo este contexto y ante la inminente posibilidad de que los líderes seccionales del magisterio, cedan a las presiones que desde los Gobiernos estatales priistas llevan a cabo, por órdenes del jefe máximo, la maestra  Elba Esther siente la necesidad de personalmente  visitar a los mandatarios y recordarles “su afecto y apoyo”.

Tremenda disyuntiva en la que se encuentra Javier Duarte, obedece al Presidente e intenta acallar las voces del magisterio en su estado, o demuestra gratitud a quien en  determinado momento lo pudo haber apoyado a llegar en donde está.    Desde luego que ni unos, ni otros, están pensando en el bien ni de los buenos maestros, los que a pie atraviesan comunidades para dar clases día a día, ni en la educación de los niños, considerada de las de menor nivel en  América Latina.   Todo se resume, como siempre en éste país, a una encarnizada lucha de poder entre quienes intentar mandar.

La primera de “El Dorado”…
Durante meses se habló de las irregularidades que se cometieron durante la construcción del centro comercial “El Dorado, ubicado en la Riviera Jarocha.  Gracias a la unión e intervención de los vecinos, los constructores  hicieron algunas modificaciones de menor importancia.   Hoy, a menos de dos meses de haber abierto sus puertas, se da a conocer que un trabajador murió electrocutado dentro de dicho centro, sin que una ambulancia pudiera ingresar a prestar los primeros auxilios, porque simple y sencillamente no pasan por los estrechos y mal hechos, accesos a la plaza.

Si bien es cierto que el señor corría el riesgo de morir de todos modos  por el impacto de electricidad en el cuerpo, también es cierto, que no habrá ya modo de saber, si el que una ambulancia pudiera entrar para trasladarlo a tiempo a algún nosocomio, hubiera hecho la diferencia.

También  han denunciado los vecinos, que la supuesta planta potabilizadora ahí instalada, no sirve.  Las aguas negras son bombeadas al exterior sin ningún tipo tratamiento, con todas las afectaciones que esto implica sobre el Río Jamapa.  Los permisos se otorgaron en la administración estatal anterior, sin embargo, al estar construido sobre cuerpos de agua, toca a la actual, supervisar  el impacto al medio ambiente, que una plaza de este tamaño pueda ocasionar.

Si trata usted, yo, o cualquiera,  de construir una “localito comercial ” se topara con mil permisos, incluidos los de Protección Civil, en cambio si la construcción corre a cargo de Valentín Ruíz, aunque se trate de 128 “localitos”, no habrá ningún problema, se cumpla o no, la ley en todos sus aspectos, al pie de la letra.


maryjosegamboa@hotmail.com     TW @maryjosegamboa

FUENTE: NOTIVER

MÉXICO: PRESENTAN DICTAMEN DEL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS SOBRE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN CASO DE PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS EN VERACRUZ


por Varias organizaciones
Dictamen final del Tribunal Permanente de los Pueblos[1] sobre las violaciones a los Derechos Humanos a causa de los proyectos hidroeléctricos: El Naranjal y Proyecto Hidroeléctrico Veracruz en la Sierra de Zongolica, Veracruz. 
México: Presentan dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre violación de Derechos Humanos en caso de proyectos hidroeléctricos en Veracruz
Los pasados 5 y 6 de noviembre de 2012 tuvo lugar en la comunidad de Temacapulín, Jalisco, la Pre-audiencia sobre Presas, Derechos Pueblos e Impunidad (Mesa de Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos), del Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Ahí se presentaron los casos de las violaciones a los derechos humanos de las poblaciones afectadas por los proyectos hidroeléctricos El Naranjal[2] y Veracruz, este último ubicado en la Sierra de Zongolica.[3]
Es esta la primera vez que la sociedad organizada veracruzana, a través del Colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza para siempre y de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), con el apoyo del Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), acude a un Tribunal Internacional para exponer los impactos de las presas, la omisión de las autoridades gubernamentales y la impunidad con que han operado las empresas privadas.
El jurado de este tribunal está integrado por reconocidas personalidades que han participado en organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ONG´s internacionales como River International, Council of Canadians, así como académicos de prestigiadas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Federal de Río de Janeiro y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) – México.
Respecto a la presa hidroeléctrica “El Naranjal”, el Colectivo Regional “Defensa Verde, Naturaleza Para Siempre” dio a conocer que se trata de un proyecto promovido desde 2009 por la empresa privada Agroetanol de Veracruz S.R.L. de C.V., con el fin de producir energía eléctrica.
De concretarse la obra, más de 30,000 habitantes de origen indígena y mestizos serían afectados en sus condiciones de vida; se prevé que resultarían dañadas 106 hectáreas; 89 de ellas de uso agrícola y productivo. Asimismo se denunció que los impactos sociales y ambientales han sido minimizados en la Manifestación de Impacto Ambiental, que en su momento presentó la empresa: a) Una disminución en la disponibilidad de agua para la población que habita aguas abajo de la presa. b) El impacto de la desviación del caudal de las aguas contaminadas del río Blanco, a través de un canal a cielo abierto, sobre los ecosistemas riparios y la recarga de los mantos acuíferos. c) La afectación a las comunidades y espacios productivos que serían divididos por dicho canal, así como la destrucción de espacios de importancia simbólica y espiritual. d) Los riesgos por inundaciones ante eventuales derrames de la represa y tanques de regulación. Y e) Los impactos en el uso del territorio y reconversión productiva de la región, ante las obras y proyectos propuestos.
Se recalcó que la empresa promotora del proyecto, con el aval de los gobiernos federal y estatal, ha violentado los derechos humanos de la población local, al no brindar información sobre sus planes de realización de la obra en su territorio (violación al derecho a la información). Al impulsar un proyecto que atenta contra las posibilidades de desarrollo de las comunidades y actividades productivas tradicionales, se violenta el derecho al desarrollo, a la alimentación y al territorio. El derecho al agua es otra garantía que no se respetaría al resultar afectadas las fuentes de abastecimiento. Al alterar el flujo natural del río y reducir su gasto al 2%, se estaría atentando contra el derecho a un medio ambiente sano. De igual forma se violentaría el derecho a la salud, debido a que la población estaría expuesta a las aguas contaminadas que pasarían por el canal y se almacenarían en los tanques reguladores. Además se ha negado el derecho a la consulta previa, libre e informada; la población no ha sido convocada a analizar la viabilidad e implicaciones reales del proyecto en el territorio. Finalmente, se ha violentado el derecho a la libre participación de los pobladores que se oponen al proyecto, al utilizar mecanismos de intimidación y violencia para inhibir su activismo. Ejemplo de ello fueron los actos sucedidos el 22 de julio de 2011, cuando hubo disparos en la zona donde la población había ido a cancelar los trabajos de exploración de la empresa.
Después de escuchar y analizar los expedientes, testimonios y pruebas que sobre el proyecto El Naranjal presentó el Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, el jurado de Tribunal Permanente de los Pueblos emitió la resolución con las siguientes recomendaciones: 
  • La cancelación definitiva del proyecto privado hidroeléctrico El Naranjal debido a los altos costos sociales y ambientales que generaría en un territorio indígena y campesino.
  • Sancionar las prácticas de ocultamiento de información, coerción para la venta de tierras y violación al derecho de consulta de una empresa que pretende imponer el interés privado sobre los derechos individuales y colectivos de la población indígena y campesina con el fin de generar energía eléctrica con fines de lucro.
  • Cualquier proyecto hidroeléctrico que pretenda realizarse debe evaluarse de forma integral considerando sus impactos ambientales, económicos, culturales y sociales en la región y las localidades.
  • La sanción del comportamiento al margen de la ley y violaciones a los derechos en que han incurrido las instituciones del Estado como la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En particular esta última, por la aprobación de la MIA cargada de ambigüedades y omisiones para favorecer la construcción y operación de presas hidroeléctricas por la iniciativa privada, sin que cumplan con la legislación ambiental y agraria ni tengan la anuencia y consenso social.
  • Al Estado mexicano para que a través de sus instituciones, se encargue de garantizar el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y el cumplimiento de las legislaciones del agua, ambiental y energía, por parte de empresas privadas que lucran con la generación de energía hidroeléctrica.
  • Que se genere un mecanismo de reparación por los daños materiales y morales causados a las víctimas así como estableciendo las garantías necesarias de no repetición de los hechos constitutivos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. 
En caso del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz que está afectando a las familias nahuas de la Sierra de Zongolica, el jurado recomendó: 
  • Cancelación del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, debido a que no es un proyecto de utilidad pública y afecta los derechos esenciales de los pueblos indígenas en lo referente al control de su territorio y usufructo de sus recursos naturales.
  • Indemnizar económicamente a las familias cuyas parcelas fueron afectadas por las obras realizadas por la empresa privada.
  • Garantizar el derecho al agua en calidad y cantidad a las poblaciones afectadas de Mixtla de Altamirano, Zongolica y San Juan Texhuacan.
  • Cancelación del proyecto de desfogue al río Coxole (túnel).
  • Reubicación de familias que viven cerca de las torres de alta tensión. Reparar la infraestructura comunitaria afectada por el proyecto.
  • Garantizar la protección a los comunicadores locales y regionales ante las amenazas recibidas.
  • Garantizar el derecho a la información y a la libre expresión.
  • Llevar a cabo programas de prevención contra inundaciones para las poblaciones ubicadas río abajo, reparación ambiental y manejo de desechos sólidos y líquidos. 
De manera general, las recomendaciones que hace TPP a los gobiernos federales, estatales y locales son: a) recomendaciones de orden general sobre el modelo y las políticas de energía y agua; b) recomendaciones dirigidas a reparar violaciones de derechos humanos ya ocurridas y a prevenir nuevas violaciones por la construcción de presas; c) recomendaciones específicas sobre los casos.
El dictamen final está respaldado por convenios internacionales que ha firmado el Gobierno Mexicano. También fue avalado por más de 10 organizaciones nacionales.
Más información.  www.lavida.org.mx
Firman:
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida)
Colectivo Regional Defensa Verde Naturaleza para Siempre
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Otros Mundos Chiapas
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Coalición Internacional para el Hábitat (hic-al)
Educa Oaxaca
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacurría, SJ
Revuelta Verde
Bios Iguana, Colima
[1] El Tribunal Permanente de los Pueblos es un organismo internacional no gubernamental establecido en 1979, con la misión específica de volver permanentes las funciones que había tenido el Tribunal Russell sobre Vietnam (1966-167) y sobre las dictaduras de América Latina (1974-1976). La función del TPP es garantizar un espacio de visibilidad, toma de palabra y juicio en relación con las violaciones masivas a los derechos de los pueblos, a los derechos humanos, individuales y colectivos y a las prácticas que generan impunidad o que no encuentran respuestas institucionales a nivel nacional o internacional. El TPP está conformado por un grupo extenso de personas de distintas nacionalidades que gozan de un amplio reconocimiento e independencia y que llevan a cabo la función de jueces en las distintas sesiones. Su legitimidad se basa en ser la expresión de la conciencia popular.
[2] De realizarse este proyecto afectaría a los municipios de Fortín de las Flores, Ixtaczoquitlán, Amatlán de los Reyes, Cuichapa, Naranjal, Coetzala, Omealca y Yanga en el centro del Estado de Veracruz.
[3] Además de los casos de Veracruz se presentaron casos de comunidades y organizaciones afectadas por presas como Paso de la Reina, Cerro de Oro y Ampliación Cerro de Oro, Oaxaca; La Parota en Guerrero; Las Cruces y El Cajón en Nayarit; Arcediano y El Zapotillo, Jalisco; y La Yesca, ubicada en territorio de Nayarit y Jalisco.

MÉXICO: LA AUTODEFENSA ARMADA


México: La autodefensa armada
por Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
A pesar de esta enorme contribución a la seguridad ciudadana, que no les costó nada a las autoridades, prevalece una visión racista entre las elites políticas y económicas, que ven resabios de barbarie, de gente ignorante que vive del pasado. 
Hace 18 años las comunidades me’phaa y na savi de San Luis Acatlán y Malinaltepec, se organizaron para detener a los asaltantes,  roba vacas, violadores y homicidas, que por varios años tenían asolada la región. En asambleas regionales discutieron qué hacer con ellos: ¿castigarlos conforme a sus sistemas normativos o entregarlos a las autoridades encargadas de investigar los delitos? Prevaleció la postura de llevarlos ante el Ministerio Público para que se encargara de realizar las investigaciones correspondientes. Las consecuencias fueron funestas, porque los delincuentes afianzaron su poder destructor con la complicidad del órgano investigador, que de manera insolente los dejaba en libertad. Esta autoridad aprovechó la oportunidad para hacer negocio con el sufrimiento de las víctimas. Sin ningún rubor pretextaba que no había quién señalara a los detenidos como responsables de cometer  algún delito. Las autoridades ministeriales no sólo lucraron con este esfuerzo ciudadano, sino que se encargaron de ensanchar el camino de la impunidad para fortalecer la organización criminal.
Las comunidades entendieron que este intento de coordinación y coadyuvancia con las autoridades era infructuoso. No tenía caso arriesgar la vida para que se beneficiaran económicamente del trabajo que hacía la población al contener la ola delincuencial. Lo que pasó fue que la violencia se exacerbó y los delincuentes se engallaron. Se sintieron intocables y extendieron sus dominios y sus redes delincuenciales.
Esta amarga experiencia dejó una gran lección; la confianza ciega en un gobierno corrupto mata la vida del pueblo. Ya no volvieron a hacerle el trabajo gratis a los policías, a los ministerios públicos ni a los  jueces. Por eso la población en otra asamblea regional realizada en la comunidad me’phaa de El Rincón, decidió ejercer su derecho a proteger su vida, su integridad personal, su seguridad y su patrimonio. Sin pedir permiso al gobierno, retomó y aplicó su sistema de seguridad y justicia comunitarias, constituyendo su propio órgano de procuración y administración de justicia. Fue en octubre de 1995 cuando la policía comunitaria jura ante la asamblea regional, defender al pueblo haciendo uso de su poder coercitivo y persuasivo, conforme a sus usos y costumbres.
Otra experiencia reciente sucedió en la cabecera municipal de Huamuxtitlán, el sábado 2 de junio de 2012 cuando los habitantes advirtieron que por las principales calles del poblado circulaban varias camionetas sin placas y con vidrios polarizados, transportando en su interior a  gente armada. El consejo ciudadano, formado desde el 2010 al margen y contra la voluntad de la presidenta municipal, se organizó para enfrentar cualquier eventualidad. No pasaron más de tres horas cuando les llegó la información de que en el basurero habían levantado al hijo de un vendedor de frutas, y que le habían quitado su camioneta. El consejo tocó las campanas y congregó a la población en la gasolinera. Los vecinos sacaron sus armas y en varias camionetas salieron en busca de los levantados y de sus agresores. Grande fue la sorpresa de la gente al ver que las camionetas sospechosas iban resguardadas por la Policía Ministerial. Se dio la confrontación y en la trifulca hirieron a dos del consejo ciudadano, sin que los del grupo contrario tuvieran alguna baja. La búsqueda de los pobladores no fue infructuosa porque lograron rescatar a 17 personas.
Algunos habitantes también vieron que con su vehículo el presidente interino le abría paso a las camionetas de los armados. Esta confabulación de la autoridad, la población se la cobró muy cara; lo detuvieron y lo llevaron a la plaza pública para enjuiciarlo. La indignación fue tan grande que la gente se abalanzó contra él y lo vapuleó a más no poder.
Después de rescatar a los secuestrados y al calor del enfrentamiento, un grupo de ciudadanos quemó la comandancia de la Policía Ministerial y una de sus camionetas. Por su parte, los ministeriales huyeron de la cabecera. Más tarde los elementos de la policía preventiva municipal fueron desarmados  cuando la gente encontró dentro de la comandancia a una niña atada a una cama.
La indolencia de las autoridades del estado generó mayor encono. No atinaban qué hacer. Sentían que el mundo se les venía encima ante el riesgo inminente de que lincharan al presidente, a unas semanas de las elecciones presidenciales.
La exigencia de los ciudadanos y ciudadanas fue el desafuero del presidente, la salida de la Policía Ministerial, la destitución de todos los policías municipales, la instalación de un consejo ciudadano y la conformación de la policía ciudadana, que actualmente trabaja en coordinación con la Policía Comunitaria.
En el municipio de Ayutla de los Libres,  donde se han consumado graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano, como la masacre de El Charco y la violación sexual contra Inés Fernández, los pueblos me’phaa y na savi no solo han tenido la fuerza y la osadía para llegar a la Corte Interamericana y sentar en el banquillo de los violadores de derechos humanos al Estado mexicano, sino que también cuentan con el valor y la audacia de increpar a las autoridades y enfrentar a los grupos del crimen organizado.
Desde aquellos años,  la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), a la que pertenece Inés Fernández y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), sufrieron persecuciones, encarcelamientos injustos, desplazamientos forzosos y hasta ejecuciones extrajudiciales, como las de Lorenzo Fernández (hermano de Inés), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores del pueblo na savi.
Este clima hostil alentado por una estrategia contrainsurgente, ante la reaparición de la guerrilla,  se empeñó en destruir el tejido comunitario y criminalizar la lucha social. La misma situación de pobreza extrema, que por siglos padecen estos pueblos, se tornó siniestra por el nivel de violencia e inseguridad que, a punta de amenazas y balas, fueron imponiendo los grupos de la delincuencia organizada, cobijados, tolerados y tratados como aliados, por parte del mismo Ejército, las corporaciones policiacas, las autoridades ministeriales y las municipales, quienes se encargan de realizar el trabajo sucio en este esquema de guerra de baja intensidad. La permisividad delictiva por parte del gobierno alentó la proliferación de grupos delincuenciales que crecieron bajo la sombra de personajes de la región que ostentan el poder económico y político.
Estos movimientos de autodefensa armada protagonizada por los pueblos nos hablan de las debilidades no sólo en los aparatos de seguridad y justicia, sino también en la provisión de servicios sociales básicos y en las oportunidades de desarrollo para la población más pobre. Son vacíos y ausencias que ahora están siendo cubiertos por grupos delictivos que encuentran una base social dispuesta a involucrarse en actividades ilícitas. La paradoja está en que el crimen organizado es el que ofrece trabajo a la población, en lugar de que el gobierno  brinde estas oportunidades. La descomposición social tiene su fuente en la corrupción gubernamental, que de manera irresponsable dejó incubar el cáncer de la delincuencia organizada.
Los grupos de autodefensa no solo luchan contra estos grupos, sino contra las mismas autoridades que están coludidas con la delincuencia organizada de manera muy fragmentada y caótica. Esta  situación explica la barbarización de la violencia organizada, que ha costado cientos de vidas a las y los guerrerenses. Las cabeceras municipales de Ayutla y Tecoanapa con la participación de varias comunidades indígenas, decidieron asumir todos los riesgos que implicaba la autodefensa  armada. Enfrentaron a los grupos de la delincuencia con la contundencia y la fuerza que requerían las circunstancias tan adversas. Recuperaron los espacios donde se parapetaban estos grupúsculos y se llevaron detenidos a quienes habían impuesto el terror.
La población constató que no es lo mismo que el pueblo tome en sus manos la seguridad a que se deje a las fuerzas policiacas y militares esta tarea, porque de inmediato los grupos de la delincuencia se reposicionan y vuelven por sus fueros. Lamentablemente a esta crisis de gobernabilidad las autoridades y los partidos políticos le llaman normalidad democrática: vivir con miedo, ser víctima de secuestros, extorsiones, amenazas y asesinatos, es parte del destino de las y los guerrerenses pobres.
Esta acción fue exitosa porque no tuvo banderas políticas, ni permitieron que fuera manoseada por las autoridades civiles y militares. Fue una acción ciudadana ejemplar, realizada de manera impecable, organizada desde la base comunitaria, plagada de solidaridad y de mucho sacrificio. Todos y todas se involucraron: haciendo la comida, las tortillas, acarreando agua, turnándose en las guardias, realizando recorridos, instalando retenes, revisando vehículos, trasladando a los detenidos, organizándose para darle de comer y cuidar a los detenidos, vigilar la entrada y salida de los pueblos.
En la cosmovisión de los pueblos no es posible que un delincuente ponga en jaque al pueblo y que una persona que causa daños, se ponga por encima de la comunidad. En estos contextos nadie puede pisotear la dignidad de las personas  y si lo llegara a hacer, la misma comunidad no dudaría en echarlo a la cárcel. Por eso la gente al asumir la autodefensa no titubeó en someter a los miembros de la delincuencia y llevarlos a sus cárceles.
A pesar de esta enorme contribución a la seguridad ciudadana, que no les costó nada a las autoridades, prevalece una visión racista entre las elites políticas y económicas, que ven resabios de barbarie, de gente ignorante  que vive del pasado. Los catalogan como atrasados, atávicos e irracionales. La incultura y arrogancia de estos sectores que son incapaces de comprometerse con causas que enaltecen a la persona, les impiden reconocer el valioso aporte de estos pueblos que son guerreros. Que están decididos a cambiar las cosas y a saber actuar de manera colectiva y solidaria. De innovar y tener la fuerza para transformar desde las bases las estructuras que subyugan la vida del pueblo.
Ante estos hechos delincuenciales consentidos por los gobiernos, los pueblos siempre han exigido que respeten sus derechos, que no criminalicen su lucha ni sus formas de gobierno e impartición de justicia y que los reconozcan como sujetos de derecho, en condiciones de equidad e  igualdad.
Nos queda claro que el destino de Guerrero está en manos de las y los guerrerenses de a pie y no en los políticos que han conformado una mafiocracia que vegeta, en detrimento de la vida y la seguridad de los más pobres.


MÉXICO: DE REGRESO A LA ÉPOCA DE LAS CRUZADAS


México: De regreso a la época de Las Cruzadas
¿Por qué una operadora salida de las filas del PRD? ¿Acaso por lo mucho que se distinguen los proyectos de derecha e izquierda?
Los bromistas frívolos decían que el regreso del PRI a Los Pinos nos regresaba a los noventas. Deja vuh. Sin olvidar que los 12 años de panismo han sido algo de lo peor de nuestras vidas como país, debemos reconocer que el regreso del prinosaurio es un salto atrás, en una historia a la que de por sí no parece gustarle marchar hacia adelante.
El PRI de Salinas y Peña recurre a una operadora que fue gobernante del DF del PRD (reivindicada como feminista ejemplar y hasta candidateable para las mujeres perredistas de ciertos hábitospolíticos) y bajo cuyo mandato la represión a la huelga de la UNAM fue vista, por cierta izquierda progre, como una especie de “mal necesario” ante los “excesos”. Aunque no se atreven a decirlo, la represión del 1 de diciembre solamente expresa la continuidad de esa política. La izquierda reprime para mostrarle a los poderosos que ella también hará el trabajo sucio “necesario” si le dan más espacios en el Estado mexicano. Pregúntenle a los chilenos cómo la represión bajo la democracia ha hecho lo mismo, para que no se enoje la oligarquía que sostuvo a la dictadura.
¿Por qué una operadora salida de las filas del PRD? ¿Acaso por lo mucho que se distinguen los proyectos de derecha e izquierda? Pongamos un ejemplo libresco, porque nuestros interlocutores (creo que los hay) ven poco TV: El libro Las manos sucias del PAN, escrito por José Reveles, que el PRI promovió mucho en Veracruz (allá lo fue a presentar el autor), lo mismo que por ejemplo usó el libroLos demonios del Edén de Lydia Cacho. Más allá o más acá de los autores, los libros son usados electoralmente; la ventaja para el electorado es que algunos ejemplares se regalan. (No aceptamos globos, cachuchas y banderines)
El libro de Reveles explica que el PAN llegó al poder y tuvo la llave para repartir las limosnas de “solidaridad”- “oportunidades”- “cruzada contra el hambre”, como se llame el programa: dinero para cooptar organizaciones, comprar votos, ganarse una base mercenaria pero base social al fin. Y cuando los panistas iban a empezar el reparto de los recursos, llegaron a formarse priistas y perredistas, que tienen ya muy bien aceitadas sus maquinarias de corporativismo y control de votantes. Entonces el PAN entró en pánico: No tenía estructuras semejantes para que el voto lo compraran ellos y no sus competidores. Cooptó a un operador priista que le armó rápidamente una estructura de organizaciones hechizas para que no todo el dinero fuera a dar a manos de PRI y PRD. El operador priista se peleó con los panistas y comenzó a soltar la sopa denunciando “las manos sucias del PAN”, ahora bajo el manto protector del PRD. La conclusión: la compra de votos, el corporativismo, la mediatización de las luchas, la contrainsurgencia de programas contra la pobreza y el hambre son malos y muy denunciables cuando los realiza el partido de enfrente, no cuando son “nuestros”. Es una ética de las intenciones: ellos las tienen malas y nosotros muy buenas. Pero las acciones son idénticas.
Los operadores políticos están entrenados para hacer lo mismo: bajar recursos y subir resultados de voluntades compradas, personas desmovilizadas o movilizadas en el sentido correcto: “el nuestro”. Así que si Rosario Robles pudo con el paquete de hacer eso mismo para el PRD en el DF y desde el gobierno de la Ciudad de la Esperanza, está perfectamente calificada (como Bejarano o Dante Delgado o algún otro) para hacer lo mismo para el proyecto Regreso a la Época de las Cruzadas.
Los combates a la pobreza tienen un origen contrainsurgente. Para entenderlo basta con checar un libro mucho más trascendente que el de Reveles y, por lo mismo, mucho menos difundido:Contrainsurgencia y miseria, Las políticas de combate a la pobreza en América Latina, de Raúl Zibechi (editado por Pez en el Árbol), quien me parece un autor bien enterado y con buenos análisis concretos sobre el tema, mejor que otros marxistas sudamericanos que se han vuelto defensores de los gobiernos progresistas impulsores de estas políticas contrainsurgentes.
El fondo del asunto lo entendí con una sola pregunta que me hiciera una investigadora, Rina Roux, para contestar a mi pregunta sobre el lema de los gobiernos perredistas del DF “Por el bien de todos primero los pobres”. Eso que incluso a autores lúcidos (a veces), como el profe Enrique Dussel, les parece recuperar lo mejor del evangelio en la política de izquierda, es una medida conservadora del status quo.
Aclaremos: No es que suscribamos el dogma: “la miseria es revolucionaria”. Suscribimos una tesis: el combate a la pobreza (en la era de las Cruzadas: al hambre) nació, tiene un propósito y, bajo gobiernos de derechas e izquierdas, cumple un papel contrainsurgente.
Antes de pasar brevemente al libro de Zibechi, una anécdota colombiana: en los tiempos de mayor hegemonía del narco en Colombia (apenas hace unas horas casi) cuando un grupo de izquierda organizaba a gente sin casa para luchar por su derecho a la vivienda, los narcos construían unidades habitacionales, las regalaban y desmovilizaban al grupo.
Raúl Zibechi explica los programas de combate a la pobreza desde su origen. No los crearon los gobiernos de izquierda, sino los de derecha: el primero en proponerlos fue Robert McNamara. El currículum de McNamara desnuda el origen de su idea: primero fue ejecutivo de la empresa Ford y luego Secretario de Defensa estadounidense, entre 1961 y 1968, durante el periodo de la guerra de Vietnam, después abandonó el cargo para convertirse en el Presidente del Banco Mundial entre 1968 y 1981. Desde el BM propuso los programas de combate a la pobreza, es el autor de la matriz que hoy siguen gobiernos de derechas e izquierdas en América Latina. El perfil de McNamara puede checarse en Wikipedia.
McNamara aprendió de la derrota militar en Vietnam: No basta el poderío bélico para doblegar la voluntad de un pueblo que quiere ser libre. A partir de esa derrota, el sistema aprendió las lecciones y perfeccionó la contrainsurgencia: hoy participan en ella no solamente militares sino todo tipo de científicos, de las ciencias duras y las sociales, y tecnócratas: expertos en pobres, hambre y combate a la pobreza. El método es un poco como el de la novela Pantaleón y las visitadoras: hay una “necesidad”, luego se necesita un mecanismo eficiente de ofrecer un satisfactor inmediato para que la necesidad no explote y el control de la población se mantenga dentro de los cauces de la gobernanza.
En otras palabras: repartamos algo que parezca un regalo del poder ahora y hagamos que el pueblo se desmovilice, que deje de desear y se limite a necesitar y “satisfacerse”. Por el bien de todos (el sistema) primero los pobres (el peligro).
Ya el sistema no es tan torpe para decir que si no tienen pan coman pasteles, ahora sabe que repartir migajas reditúa, porque evita el cuestionamiento por el reparto inequitativo del pastel. Kropotkin decía que la revolución era, entre otras cosas La conquista del pan, pero era una conquista, no un reparto de migajas hecho por los zares.
El libro de Zibechi muestra cómo los gobiernos de izquierda en América del Sur han llegado a administrar eficientemente el neoliberalismo, no han cambiado la estructura de desigualdad ni la injusticia, pero sí han cooptado a buena parte de la izquierda que antes luchaba por esas metas, mediante mecanismos de combate a la pobreza (tomados acríticamente de McNamara y su escuela) con los que las organizaciones van perdiendo su autonomía y reduciéndose a la base electoral y de movilización, la base social, pues, de sus gobiernos- partidos de izquierda, en la feroz competencia con la derecha por ver a quien elige el sistema para que les administre eficientemente el capitalismo neoliberal y,, asimismo, les administre el conflicto social (gobernanza).
De manera que, regresando a México, lo que los gobiernos priistas y perredistas hacen más eficientemente que el PAN es sobre todo la segunda cosa: administrar el conflicto mediante esquemas de “combate a la pobreza” que minan, erosionan o anulan autonomías y voluntades, subordinan la organización al corporativismo, permiten márgenes de desmovilización, desactivación de conflictos, movilización político electoral reglamentada y controlada (ni un cristal roto) y aíslan a los radicales, rijosos y ultras que no aceptan los programas de asistencia social; para a ellos está la Cero Tolerancia: importada de Nueva York vía Rudolf Giuliani o de Colombia vía Óscar Naranjo. Son muy parecidas las formas de operar de sus mecanismo de explotación de la miseria para fines contrainsurgentes; por eso son intercambiables los operadores y no causan fallas en el funcionamiento: Orive y Dante Delgado pasan a “la izquierda”, Rosario Robles pasa del PRD al PRI; alguna vez Aspe Armella puede asesorar a un gobierno del PRD en el DF o Di´Constanzo puede dejar el gabinete de AMLO y pasar al de Peña. Si los sistemas operativos y programas funcionaran de manera diferente, no serviría la pieza de uno en el mecanismo del otro.
Así que, con el PRI, regresamos a época de Las Cruzadas, pero antes, al menos en Chiapas, esos mecanismos contrainsurgentes ya operaron: lo mismo bajo el PRI que bajo del PRD, con las “manos sucias del PAN” y otras, porque así como jugaron ese papel Luis H. Álvarez, Eraclio Zepeda, Adolfo Orive o Dante Delgado, hoy puede hacerlo Rosario Robles o algún otro fiel discípulo de Robert McNamara. Me parece que todos ellos se tienen bien merecida la britney- señal que les mandan los zapatistas.
Porque Las Cruzadas son una guerra contra los infieles: es decir una guerra contra el otro, el que se niega a dejarse conquista y colonizar. No combaten la pobreza, combaten a los pobres en rebeldía. La miseria no es de por sí rebelde, pero los programas que “la combaten” son de suyo contrainsurgentes.