por Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
A pesar de esta enorme contribución a la seguridad ciudadana, que no les costó nada a las autoridades, prevalece una visión racista entre las elites políticas y económicas, que ven resabios de barbarie, de gente ignorante que vive del pasado.
Hace 18 años las comunidades me’phaa y na savi de San Luis Acatlán y Malinaltepec, se organizaron para detener a los asaltantes, roba vacas, violadores y homicidas, que por varios años tenían asolada la región. En asambleas regionales discutieron qué hacer con ellos: ¿castigarlos conforme a sus sistemas normativos o entregarlos a las autoridades encargadas de investigar los delitos? Prevaleció la postura de llevarlos ante el Ministerio Público para que se encargara de realizar las investigaciones correspondientes. Las consecuencias fueron funestas, porque los delincuentes afianzaron su poder destructor con la complicidad del órgano investigador, que de manera insolente los dejaba en libertad. Esta autoridad aprovechó la oportunidad para hacer negocio con el sufrimiento de las víctimas. Sin ningún rubor pretextaba que no había quién señalara a los detenidos como responsables de cometer algún delito. Las autoridades ministeriales no sólo lucraron con este esfuerzo ciudadano, sino que se encargaron de ensanchar el camino de la impunidad para fortalecer la organización criminal.
Las comunidades entendieron que este intento de coordinación y coadyuvancia con las autoridades era infructuoso. No tenía caso arriesgar la vida para que se beneficiaran económicamente del trabajo que hacía la población al contener la ola delincuencial. Lo que pasó fue que la violencia se exacerbó y los delincuentes se engallaron. Se sintieron intocables y extendieron sus dominios y sus redes delincuenciales.
Esta amarga experiencia dejó una gran lección; la confianza ciega en un gobierno corrupto mata la vida del pueblo. Ya no volvieron a hacerle el trabajo gratis a los policías, a los ministerios públicos ni a los jueces. Por eso la población en otra asamblea regional realizada en la comunidad me’phaa de El Rincón, decidió ejercer su derecho a proteger su vida, su integridad personal, su seguridad y su patrimonio. Sin pedir permiso al gobierno, retomó y aplicó su sistema de seguridad y justicia comunitarias, constituyendo su propio órgano de procuración y administración de justicia. Fue en octubre de 1995 cuando la policía comunitaria jura ante la asamblea regional, defender al pueblo haciendo uso de su poder coercitivo y persuasivo, conforme a sus usos y costumbres.
Otra experiencia reciente sucedió en la cabecera municipal de Huamuxtitlán, el sábado 2 de junio de 2012 cuando los habitantes advirtieron que por las principales calles del poblado circulaban varias camionetas sin placas y con vidrios polarizados, transportando en su interior a gente armada. El consejo ciudadano, formado desde el 2010 al margen y contra la voluntad de la presidenta municipal, se organizó para enfrentar cualquier eventualidad. No pasaron más de tres horas cuando les llegó la información de que en el basurero habían levantado al hijo de un vendedor de frutas, y que le habían quitado su camioneta. El consejo tocó las campanas y congregó a la población en la gasolinera. Los vecinos sacaron sus armas y en varias camionetas salieron en busca de los levantados y de sus agresores. Grande fue la sorpresa de la gente al ver que las camionetas sospechosas iban resguardadas por la Policía Ministerial. Se dio la confrontación y en la trifulca hirieron a dos del consejo ciudadano, sin que los del grupo contrario tuvieran alguna baja. La búsqueda de los pobladores no fue infructuosa porque lograron rescatar a 17 personas.
Algunos habitantes también vieron que con su vehículo el presidente interino le abría paso a las camionetas de los armados. Esta confabulación de la autoridad, la población se la cobró muy cara; lo detuvieron y lo llevaron a la plaza pública para enjuiciarlo. La indignación fue tan grande que la gente se abalanzó contra él y lo vapuleó a más no poder.
Después de rescatar a los secuestrados y al calor del enfrentamiento, un grupo de ciudadanos quemó la comandancia de la Policía Ministerial y una de sus camionetas. Por su parte, los ministeriales huyeron de la cabecera. Más tarde los elementos de la policía preventiva municipal fueron desarmados cuando la gente encontró dentro de la comandancia a una niña atada a una cama.
La indolencia de las autoridades del estado generó mayor encono. No atinaban qué hacer. Sentían que el mundo se les venía encima ante el riesgo inminente de que lincharan al presidente, a unas semanas de las elecciones presidenciales.
La exigencia de los ciudadanos y ciudadanas fue el desafuero del presidente, la salida de la Policía Ministerial, la destitución de todos los policías municipales, la instalación de un consejo ciudadano y la conformación de la policía ciudadana, que actualmente trabaja en coordinación con la Policía Comunitaria.
En el municipio de Ayutla de los Libres, donde se han consumado graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército mexicano, como la masacre de El Charco y la violación sexual contra Inés Fernández, los pueblos me’phaa y na savi no solo han tenido la fuerza y la osadía para llegar a la Corte Interamericana y sentar en el banquillo de los violadores de derechos humanos al Estado mexicano, sino que también cuentan con el valor y la audacia de increpar a las autoridades y enfrentar a los grupos del crimen organizado.
Desde aquellos años, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), a la que pertenece Inés Fernández y la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), sufrieron persecuciones, encarcelamientos injustos, desplazamientos forzosos y hasta ejecuciones extrajudiciales, como las de Lorenzo Fernández (hermano de Inés), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores del pueblo na savi.
Este clima hostil alentado por una estrategia contrainsurgente, ante la reaparición de la guerrilla, se empeñó en destruir el tejido comunitario y criminalizar la lucha social. La misma situación de pobreza extrema, que por siglos padecen estos pueblos, se tornó siniestra por el nivel de violencia e inseguridad que, a punta de amenazas y balas, fueron imponiendo los grupos de la delincuencia organizada, cobijados, tolerados y tratados como aliados, por parte del mismo Ejército, las corporaciones policiacas, las autoridades ministeriales y las municipales, quienes se encargan de realizar el trabajo sucio en este esquema de guerra de baja intensidad. La permisividad delictiva por parte del gobierno alentó la proliferación de grupos delincuenciales que crecieron bajo la sombra de personajes de la región que ostentan el poder económico y político.
Estos movimientos de autodefensa armada protagonizada por los pueblos nos hablan de las debilidades no sólo en los aparatos de seguridad y justicia, sino también en la provisión de servicios sociales básicos y en las oportunidades de desarrollo para la población más pobre. Son vacíos y ausencias que ahora están siendo cubiertos por grupos delictivos que encuentran una base social dispuesta a involucrarse en actividades ilícitas. La paradoja está en que el crimen organizado es el que ofrece trabajo a la población, en lugar de que el gobierno brinde estas oportunidades. La descomposición social tiene su fuente en la corrupción gubernamental, que de manera irresponsable dejó incubar el cáncer de la delincuencia organizada.
Los grupos de autodefensa no solo luchan contra estos grupos, sino contra las mismas autoridades que están coludidas con la delincuencia organizada de manera muy fragmentada y caótica. Esta situación explica la barbarización de la violencia organizada, que ha costado cientos de vidas a las y los guerrerenses. Las cabeceras municipales de Ayutla y Tecoanapa con la participación de varias comunidades indígenas, decidieron asumir todos los riesgos que implicaba la autodefensa armada. Enfrentaron a los grupos de la delincuencia con la contundencia y la fuerza que requerían las circunstancias tan adversas. Recuperaron los espacios donde se parapetaban estos grupúsculos y se llevaron detenidos a quienes habían impuesto el terror.
La población constató que no es lo mismo que el pueblo tome en sus manos la seguridad a que se deje a las fuerzas policiacas y militares esta tarea, porque de inmediato los grupos de la delincuencia se reposicionan y vuelven por sus fueros. Lamentablemente a esta crisis de gobernabilidad las autoridades y los partidos políticos le llaman normalidad democrática: vivir con miedo, ser víctima de secuestros, extorsiones, amenazas y asesinatos, es parte del destino de las y los guerrerenses pobres.
Esta acción fue exitosa porque no tuvo banderas políticas, ni permitieron que fuera manoseada por las autoridades civiles y militares. Fue una acción ciudadana ejemplar, realizada de manera impecable, organizada desde la base comunitaria, plagada de solidaridad y de mucho sacrificio. Todos y todas se involucraron: haciendo la comida, las tortillas, acarreando agua, turnándose en las guardias, realizando recorridos, instalando retenes, revisando vehículos, trasladando a los detenidos, organizándose para darle de comer y cuidar a los detenidos, vigilar la entrada y salida de los pueblos.
En la cosmovisión de los pueblos no es posible que un delincuente ponga en jaque al pueblo y que una persona que causa daños, se ponga por encima de la comunidad. En estos contextos nadie puede pisotear la dignidad de las personas y si lo llegara a hacer, la misma comunidad no dudaría en echarlo a la cárcel. Por eso la gente al asumir la autodefensa no titubeó en someter a los miembros de la delincuencia y llevarlos a sus cárceles.
A pesar de esta enorme contribución a la seguridad ciudadana, que no les costó nada a las autoridades, prevalece una visión racista entre las elites políticas y económicas, que ven resabios de barbarie, de gente ignorante que vive del pasado. Los catalogan como atrasados, atávicos e irracionales. La incultura y arrogancia de estos sectores que son incapaces de comprometerse con causas que enaltecen a la persona, les impiden reconocer el valioso aporte de estos pueblos que son guerreros. Que están decididos a cambiar las cosas y a saber actuar de manera colectiva y solidaria. De innovar y tener la fuerza para transformar desde las bases las estructuras que subyugan la vida del pueblo.
Ante estos
hechos delincuenciales consentidos por los gobiernos, los pueblos siempre han
exigido que respeten sus derechos, que no criminalicen su lucha ni sus formas
de gobierno e impartición de justicia y que los reconozcan como sujetos de
derecho, en condiciones de equidad e igualdad.
Nos queda claro que el destino de Guerrero está en manos de las
y los guerrerenses de a pie y no en los políticos que han conformado una
mafiocracia que vegeta, en detrimento de la vida y la seguridad de los más
pobres.
No hay comentarios:
Publicar un comentario