Martín Moreno
Bifurcación de alto riesgo: Mientras el gobierno federal anuncia nueva estrategia de comunicación “sin hacer apología de la violencia”, la terca realidad nos estremece porque esa violencia sigue a toda máquina: asesinan a Alan Millán, de 15 años de edad, seleccionado juvenil de atletismo; fusilan a integrantes de grupo musical colombiano; más de mil muertes violentas en casi dos meses de régimen priista.
Pero hay decenas más de ejecuciones. Por todos lados. A cualquier hora.
No hablar del México violento —presente, crudo, desalmado— bajo el sofisma de una “nueva estrategia de comunicación” es aun más peligroso que incluir en el discurso oficial la guerra en contra del narcotráfico. Evitar mencionarlo no equivale a desterrarlo. Sería ocultar la cabeza bajo la tierra mientras las balas pasan por encima.
Y allí está el riesgo: si su estrategia es no hablar de la violencia, allá el gobierno. Los medios debemos estar vacunados y ser ajenos a mandamientos oficiales. Los días violentos. El narco. Los sicarios. La sangre. La muerte. Las ejecuciones. El secuestro. La extorsión. Esos no se han ido.
*****Alan Millán Valencia era campeón nacional de atletismo. Hacía maletas para representar a México en una competencia internacional en Turquía. Pero el jueves pasado, en Morelia, un comando asaltó su casa. El niño-atleta intentó defender a su mamá. Le vaciaron la carga de la pistola. Lo enterraron el domingo.
La sociedad se vuelve a cimbrar ante el crimen desnudo, impune, que se lleva por delante a mexicanos valiosos. Como Alan. Como miles más. Indigna la canallada de quienes mataron al niño-atleta. Enfurece la incapacidad de gobiernos estatales y municipales —PRI, PAN, PRD, el que sea—, para otorgar seguridad. Esa ineptitud está intacta.
*****En Monterrey, la banda musical Kombo Kolombia fue “levantada” desde el viernes pasado por la noche. Ayer se confirmó: al menos ocho de sus 16 integrantes fueron torturados, fusilados y arrojados a una noria. Sí: NL, con Rodrigo Medina administrando, es gobierno fallido en seguridad.
*****Código rojo en el norte de México, titula un reportaje a dos planas el diario El País en su edición del domingo pasado. “Los grupos de traficantes convierten una comarca de Durango y Coahuila en la más violenta del país”, apunta el cintillo.
El reportero Luis Prados divide su trabajo en varios subtítulos punzantes: “Barrios sin policías”, “Rematado en la cama”, “Una dirigente sola”, “Amenazados” y “Ciudad fantasma”.
Mal haríamos los periodistas mexicanos en no informar sobre el alto grado de violencia que permea en el país. Vergüenza debería darnos de leer el “código rojo” nacional en páginas españolas, en lugar de hacerlo en páginas mexicanas.
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El Estado de México es ya uno de los territorios más peligrosos del país. Y no es cuestión de percepción. Allí están las cifras: sólo durante enero, más de 80 ejecutados. El Ejército patrulla escuelas mexiquenses.
En Nayarit, la procuraduría de Justicia confirma que tres personas secuestradas fueron ejecutadas.
Y en el DF crece la violencia: “Tres sujetos armados, entre ellos un menor de aproximadamente 12 años, asaltaron a los comensales de un restaurante en Jardín Balbuena”. (Rodrigo Alarcón,Excélsior 17-I-2013). La Coparmex ya alertó sobre la presencia de cárteles de la droga operando en la capital. Y esos no se combaten a tuitazos.
¿Dónde está la estrategia federal sobre seguridad?
Porque la violencia sigue imparable.
ARCHIVOS CONFIDENCIALES
CASSEZ. Una contradicción constitucional entre los artículos 23 y 107 sobre la famosa “Cuarta Instancia” permitió la liberación de la secuestradora francesa. Esa discrepancia legal fue la llave que le abrió la reja. Se organiza ya una marcha ciudadana contra la liberación de Florence Cassez, en la que saldrían muy mal parados los ministros Sánchez Cordero, Gutiérrez Ortiz Mena yZaldívar… y los responsables del montaje mediático que contaminó el caso.
TEDF Y PRESUPUESTO. Otro caso para la Corte: El Tribunal Electoral del Distrito Federal presenta controversia constitucional contra el gobierno capitalino y la Asamblea Legislativa, debido al recorte presupuestal por 57 millones de pesos, a la partida original aprobada por los magistrados del TEDF. Lo que se le olvidó al GDF y a los diputados locales es el carácter autónomo del Tribunal, y que carecen de facultades legales para meter tijera a esos recursos. Ya en 2007 se presentó un caso similar y la SCJN dio la razón a los magistrados electorales.
Twitter: @_martinmoreno
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