XALAPA,
Ver. (apro).- La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)
denunció que “un sinnúmero de constructores” tienen que pagar “el derecho de
piso” o “diezmo” a la delincuencia organizada para que los dejen trabajar.
Luis Zárate Rocha, presidente
del organismo, dijo que el “diezmo” que ellos pagan al crimen organizado les
ocasiona un costo extra en las obras que se hacen a lo largo y ancho del país,
mismo que no hay forma de justificarlo o endosarlo en el ramo de la
construcción.
“Es un tema que tratamos
de ver con las autoridades, es un sobrecosto que no se reconoce, es un tema
delicado, pero son exigencias que nos hacen grupos ilegales, básicamente; nos
dicen que hay un ‘derecho de piso’”, explicó el empresario.
Zárate Rocha explicó que
sistemáticamente distintos grupos de la delincuencia organizada extorsionan a
los empresarios de la industria de la construcción para obtener recursos y así
dejarlos trabajar.
“La delincuencia lo hace
de forma frecuente en la industria, desde las tienditas chiquitas, medianas y
grandes, este problema nos da incertidumbre, obras que se detienen, nos roban
materiales, hay amenazas y se da en todo el país”, explicó.
Sin querer ahondar en
qué regiones de las 32 entidades federativas se da con mayor frecuencia este
delito, Luis Zarate puso de ejemplo el nivel de seguridad que hoy se respira en
el estado de Baja California Norte.
“En Tijuana ya no hay
delincuencia, ya no lo hay, como estaba antes, yo creo que hay que tirarle a
eso”, expresó.
Zarate Rocha afirmó que
el hostigamiento de la delincuencia hacia los empresarios de la construcción
muchas veces deriva en una incertidumbre tal que se retrasan obras o éstas no
se concluyen.
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