La fulminante detención de Elba Esther Gordillo y los cambios en los estatutos del PRI, que incluyen en sus órganos directivos al presidente de la República, recuerdan la época del poder absoluto ejercido desde Los Pinos. Enrique Peña Nieto disfrutó visiblemente el estruendoso aplauso de las huestes priistas que concurrieron a la XXI Asamblea Nacional y seguramente está convencido de que podrá sacar adelante las reformas que se proponga, con todos sus recursos, políticos o judiciales.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con la detención de Elba Esther Gordillo, Enrique Peña Nieto intimidó y aterrorizó a sus correligionarios, quienes se sometieron entregándole las riendas del PRI; diluyeron el “nacionalismo revolucionario” para abrazar el “pragmatismo” como ideología y borraron de su Programa de Acción cualquier referencia al IVA y a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que establecen el dominio de la nación sobre el petróleo, señalan militantes de ese partido y analistas políticos.
Cinco días después de que Gordillo fuera encarcelada, el PRI modificó sus documentos básicos y formalizó la inclusión del presidente de la República en sus principales órganos de decisión, institucionalizando así una de las facultades metaconstitucionales que los ejecutivos federales priistas ejercieron de manera ininterrumpida 70 años.
Algunos integrantes de la dirigencia nacional del PRI dicen con desenfado: “¿Y por qué negarlo?, ¿por qué negar su peso en el partido?” No es cinismo, afirman, es institucionalizar lo que Jorge Carpizo llamó las facultades metaconstitucionales del presidente. Es un tema que no genera poder absoluto ni una “presidencia imperial”, defiende en entrevista Samuel Aguilar Vargas, secretario priista de Acción Electoral.
Si bien José Antonio Crespo niega que la maniobra implique el regreso de la “presidencia imperial” o que Peña Nieto tenga hoy “el poder absoluto”, acepta que se merma la democracia interna del PRI. No obstante, el analista, catedrático y estudioso del sistema político mexicano aclara que “así les gusta: regresar a la gobernabilidad vertical porque les es más funcional y les permite estar unidos para… mantenerse en el poder”.
En entrevista con Proceso, asegura que los priistas asumen una posición pragmática porque en los 12 años de oposición les costó trabajo tomar decisiones, así como elegir a sus dirigentes y a sus candidatos, lo que se tradujo en un debilitamiento de dicho partido.
“La decisión de incluir al presidente en los órganos directivos del PRI implica regresar a la forma de gobernabilidad que han tenido desde que nacieron; es una gobernabilidad vertical, muy poco democrática, que pone las principales decisiones en el presidente de la República como líder nato del partido, como árbitro supremo, como eje central del partido.
“Al hacerlo, los priistas renuncian a cualquier esquema de autonomía del partido frente al Ejecutivo y de democracia interna, pero que les es más funcional y más práctico para lo que al PRI le interesa: Mantener la unidad y disciplina que se traduce en regresar y estar en el poder”.
Desde su perspectiva, la eliminación de las referencias al IVA o la posibilidad de abrir aún más el sector energético a la iniciativa privada, en este caso el petróleo, sólo evidencia el regreso de la tecnocracia a la dirección del partido.
“¿Cuál tecnocracia? Pues la de Carlos Salinas, la de Ernesto Zedillo, de Pedro Aspe con su pupilo Luis Videgaray. ¡Claro que es el regreso de la tecnocracia al PRI! Regresa a la dirección del partido, se refleja en sus documentos básicos y se va a reflejar en el tipo de reformas que va a proponer Peña Nieto y que, con la disciplina que está consiguiendo, es probable que cuente con la mayoría de las bancadas priistas”, comenta.
Politburó mexicano
Aguilar Vargas, duranguense que hoy tiene la responsabilidad de que el PRI triunfe en 14 estados en las elecciones del próximo 7 de julio, defiende el derecho de Peña Nieto a formar parte de los principales órganos de dirección del PRI y a participar en las decisiones importantes.
El 3 de marzo, a 84 años del surgimiento del PRI, la XXI Asamblea Nacional de ese partido incluyó al “presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de filiación priista”, en el Consejo Político Nacional y en la Comisión Política Permanente (CPP). Ésta es la encargada de aprobar las candidaturas a puestos de elección popular.
En el artículo 78 de los Estatutos del PRI se enlista a quienes forman parte de esta CPP y en el 78 bis, las atribuciones de dicha comisión. Entre ellas, por ejemplo, “analizar la situación política, económica y social del país y fijar la posición del partido y recomendar acciones conducentes” o formular recomendaciones sobre la agenda legislativa. Una más: Proponer políticas públicas. Otra, “dictar resoluciones para el cumplimiento de los documentos básicos”.
Se le dice al integrante del CEN del PRI que esto parece la creación de un “politburó” como el del Partido Comunista de la Unión Soviética, que controló la dirección partidista y los órganos de gobierno.
“¡Claro que no! Lo que decimos es que lo que mucho tiempo fue una función metaconstitucional hoy la estamos institucionalizando de cara a la nueva realidad.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1897, ya en circulación)
