Orizaba, Ver.- Los gobiernos federales del PRI y del PAN han mantenido una línea inalterable en materia de desapariciones. Ambos, desde Los Pinos, ordenaron la desaparición física de luchadores y activistas sociales. Hoy, con el combate al crimen organizado, se “justifica” su desaparición física. En las estadísticas, Veracruz ocupa un lugar preponderante en esta materia. “No podemos saber si las instituciones encargadas de la seguridad son las responsables de los hechos”.
Y en es que en el Día Internacional para el Derecho a la Verdad, en relación con las violaciones graves de los Derechos Humanos y para la dignidad de las víctimas, marcado en las efemérides internacionales, el balance de hace 32 años, época en la que se instauró, con la actualidad, “no hay cambios importantes”, consideró Jairo Guarneros Sosa, activista social e integrante de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG).
Como ejemplo de ello, señaló: “tenemos el caso de los niños de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Las cosas no ha cambiado mucho, hay casos que nos siguen recordando impunidades. No nos han dicho qué ha sucedido”.
Otro ejemplo, explicó, lo constituyen las desapariciones físicas de personas. “Hay datos sorprendentes en los que se indica la desaparición de gente de repente”. De acuerdo con los datos históricos, “Veracruz es una de las principales entidades en donde los números lo confirman con un número elevado de desapariciones. Son casos graves, pero lo peor de ello es que en el estado no se habla claramente del fenómeno de los desaparecidos; las autoridades no quieren que esto se sepa; exigimos que nos digan las autoridades respectivas lo que está pasando en el estado” agregó.
Esta práctica se originó en la llamada Guerra sucia de la década de los años 70. Hay casos de guerrilleros de esa época, que los ejecutaron y los hicieron pasar como delincuentes comunes, manifestó y afirmó que la alternancia política –PRI, PAN– en el gobierno federal, no desterró la práctica, por el contrario, en los dos sexenios del PAN se continuó sin mayor problema. Según evaluó:
“Es una línea continua entre estos partidos, no hay datos que nos indiquen que con el PAN se haya recrudecido, lo que sí aseguramos es que se continúa además que se no se transparenta. Las ONG no podemos saber si están involucradas las instituciones encargadas de garantizar la seguridad en la desaparición, pero sí sospechamos que de ahí parte y que ahora se justifica y escuda bajo la lucha contra la delincuencia organizada”.
La práctica, dijo, se da por ejemplo por parte del Ejército. Ellos continúan con la misma dinámica que emplearon en la Guerra sucia, sólo cambiaron los mandos superiores; continúan con los patrullajes, pero ahora con la salvedad de que se escudan bajo los enfrentamientos que inició Felipe Calderón.
“Un claro ejemplo nos lo dio el gobierno de Felipe Calderón en los últimos meses de su gobierno, nos presentaron a cabezas de grupos delictivos, pero fueron montajes que forman parte de un acto de mera legitimación del uso de la fuerza armada”, expuso.
Esta celebración se realiza desde hace 32 años cuando monseñor Óscar Arnulfo Romero, activo promotor y defensor de los derechos humanos en El Salvador, fue asesinado mientras oficiaba misa en una iglesia. La intención era evidente: silenciar a un fervoroso opositor de la represión. Las víctimas de las violaciones graves de los derechos humanos y sus familiares tienen derecho a saber la verdad sobre las circunstancias en que se cometieron esas violaciones, los motivos por los que se perpetraron y la identidad de sus autores.
El derecho a la verdad ha quedado consagrado expresamente en la convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que entró en vigor en diciembre de 2010. También reconocen ese derecho otros instrumentos internacionales, así como leyes nacionales, la jurisprudencia y las resoluciones de órganos intergubernamentales: (http://www.un.org/es/events/righttotruthday/sgmessage_2011.shtm
l, recuperado 24 de marzo de 2013)
