Sólo cinco días bastaron
para que el espejismo de prosperidad mantenido a fuerza de
convenios millonarios por Gobierno del estado con muchos medios de
comunicación de desvaneciera. En las últimas 48 horas todos parecen haber
“descubierto” la nota de ocho columnas… Centroamericanos votando en Veracruz,
grupos de choque contratados exclusivamente para inhibir la presencia de la gente
en las casillas, contratos millonarios entre la empresa encargada del
PREP y el Instituto Electoral Veracruzano, coacción de agremiados a
distintos sindicatos para votar por el PRI, etc. etc….
Todas las denuncias
ciudadanas ignoradas por el cuarto poder durante las campañas
electorales de pronto, como por arte de magia, son
exhibidas hasta por las plumas más afines al Duartismo a unos días
claro, de que culminó formalmente el proceso electoral.
Como siempre ocurre la mano misteriosa que posee la llave de la bóveda de los secretos, permite que esta se abra justo después de que la gente “decidió” en las urnas y lo hace por una sencilla razón….es parte del perverso juego en el que se le hace creer a la gente que de verdad se entera de la parte “oscura” de cada elección. Todas las denuncias hoy ventiladas llevan semanas esperando por el “momento adecuado” para ser mostradas a la opinión pública. Ni los sureños descubrieron ayer a los Hondureños listos para votar, ni los vecinos de la zona norte recién denunciaron la presencia de vándalos en sus calles “exhortándolos” a no votar, ni los adversarios políticos empezaron a recibir amenazas desde antier…. Todo ha sido parte de un proceso que está muy lejos de catalogarse como democrático, sin embargo es hasta ahora, cuando la gente demuestra en abierto su indignación y repudio ante las viejas prácticas para imponer gobernantes, que el “estado” permite que estas se ventilen un poco para tratar de desahogar la presión social que existe.
Inconcebible el grado de manipulación que desde las más altas esferas del poder en el estado se ejerce sobre la sociedad, dictan en todo momento lo que “conviene” informar cada día dando prioridad siempre a la agenda política y no a la relevancia de los hechos y la peor parte de esto, es que los propios ciudadanos habituados a este esquema informativo, en su mayoría ni siquiera lo notan.
Sigue siendo el Rey….
Tan acostumbrados estamos los mexicanos a vivir en medio de la ilegalidad que la hemos hecho parte de nuestra vida diaria en mayor o menor grado. Según una encuesta publicada por la agencia APRO en el portal de noticias de la Revista Proceso, México sigue siendo el país con mayor índice de corrupción en América Latina y el que más pagos por concepto de “sobornos” realiza entre iniciativa privada y dependencias de gobierno.
La consultora encargada del estudio EY reveló que el 60 % de los empresarios entrevistados durante el proceso de investigación, dijeron ser parte de ésta “dinámica” y que a los sectores que con más frecuencia se les exige “el diezmo” son los dedicados a la industria energética, farmacéutica y de la construcción. Y aunque este dato en particular ofrezca un perspectiva real sobre lo que viven los empresarios en nuestro país para poder “ganar” las licitaciones de gobierno, también los ciudadanos de a pie se encuentran inmersos en éste mismo círculo vicioso. Según el último reporte de la empresa Transparencia Mexicana, los mexicanos efectuamos aproximadamente 200 millones de actos de corrupción cada año lo que en cifras representa más de 32 mil millones de pesos.
Veracruz es el estado que más ha crecido en lo que va de este sexenio en niveles de corrupción, de ocupar el lugar número 18 en la anterior medición de Transparencia Mexicana, en el 2012 se ubicó en el número 12. Avanzamos 6 posiciones durante la administración encabezada por Javier Duarte y nos acercamos cada día más a la que pareciera ser la meta planteada por el actual gobierno, colocarnos entre en top ten de los estados más corruptos del país y de América Latina.
Tan comprometido está el gobierno del estado en llevarnos a la cima de la corrupción que uno de los sectores señalados como los más vulnerables a extorsiones oficiales, el de la construcción, ha quedado entrampado en la nueva ley de obras públicas recientemente aprobada por el congreso local, de la cual aunque se insista en realzar sus bondades como poner candados a empresas foráneas y cuidar que los proyectos sean sustentables, hay una clara tendencia a permitir la inversión privada en obras públicas lo cual en un estado con demostrado desprecio a la ley, puede resultar mucho más grave de lo que de primera lectura parece.
En este momento la administración de Javier Duarte enfrenta 24 denuncias por desvío de recursos en la PGR, entre las que destacan una por 63 millones de pesos facturados a la Secretaría de Protección Civil por concepto de más de 3 millones de artículos como sombrillas, bolsas y gorras con la foto del gobernador y otra por 270 millones de pesos en bultos de cemento utilizados para campañas del PRI. Las denuncias más delicadas hacen referencia a más de 4 mil millones de pesos presuntamente desviados de fondos de aportaciones federales, principalmente a través de la Secretaría de Educación, 3,500 millones de pesos “extraviados” y 300 millones más destinados al pago de “aviadores”.
Controlando el PRI los tres niveles de gobierno –Federación, Estado y Municipio- así como a los tres poderes que existen –Ejecutivo, legislativo y judicial- en estados como el nuestro, pretender un correcto ejercicio de la autoridad y una adecuada aplicación de los recursos públicos con las respectivas sanciones para quienes incurran en prácticas como las anteriormente mencionadas es un sueño que está muy lejos de realizarse, y no sólo porque la clase política se corrompa a cada momento, también porque los ciudadanos preferimos aceptar la realidad tal como se vive que luchar por transformarla.
Como siempre ocurre la mano misteriosa que posee la llave de la bóveda de los secretos, permite que esta se abra justo después de que la gente “decidió” en las urnas y lo hace por una sencilla razón….es parte del perverso juego en el que se le hace creer a la gente que de verdad se entera de la parte “oscura” de cada elección. Todas las denuncias hoy ventiladas llevan semanas esperando por el “momento adecuado” para ser mostradas a la opinión pública. Ni los sureños descubrieron ayer a los Hondureños listos para votar, ni los vecinos de la zona norte recién denunciaron la presencia de vándalos en sus calles “exhortándolos” a no votar, ni los adversarios políticos empezaron a recibir amenazas desde antier…. Todo ha sido parte de un proceso que está muy lejos de catalogarse como democrático, sin embargo es hasta ahora, cuando la gente demuestra en abierto su indignación y repudio ante las viejas prácticas para imponer gobernantes, que el “estado” permite que estas se ventilen un poco para tratar de desahogar la presión social que existe.
Inconcebible el grado de manipulación que desde las más altas esferas del poder en el estado se ejerce sobre la sociedad, dictan en todo momento lo que “conviene” informar cada día dando prioridad siempre a la agenda política y no a la relevancia de los hechos y la peor parte de esto, es que los propios ciudadanos habituados a este esquema informativo, en su mayoría ni siquiera lo notan.
Sigue siendo el Rey….
Tan acostumbrados estamos los mexicanos a vivir en medio de la ilegalidad que la hemos hecho parte de nuestra vida diaria en mayor o menor grado. Según una encuesta publicada por la agencia APRO en el portal de noticias de la Revista Proceso, México sigue siendo el país con mayor índice de corrupción en América Latina y el que más pagos por concepto de “sobornos” realiza entre iniciativa privada y dependencias de gobierno.
La consultora encargada del estudio EY reveló que el 60 % de los empresarios entrevistados durante el proceso de investigación, dijeron ser parte de ésta “dinámica” y que a los sectores que con más frecuencia se les exige “el diezmo” son los dedicados a la industria energética, farmacéutica y de la construcción. Y aunque este dato en particular ofrezca un perspectiva real sobre lo que viven los empresarios en nuestro país para poder “ganar” las licitaciones de gobierno, también los ciudadanos de a pie se encuentran inmersos en éste mismo círculo vicioso. Según el último reporte de la empresa Transparencia Mexicana, los mexicanos efectuamos aproximadamente 200 millones de actos de corrupción cada año lo que en cifras representa más de 32 mil millones de pesos.
Veracruz es el estado que más ha crecido en lo que va de este sexenio en niveles de corrupción, de ocupar el lugar número 18 en la anterior medición de Transparencia Mexicana, en el 2012 se ubicó en el número 12. Avanzamos 6 posiciones durante la administración encabezada por Javier Duarte y nos acercamos cada día más a la que pareciera ser la meta planteada por el actual gobierno, colocarnos entre en top ten de los estados más corruptos del país y de América Latina.
Tan comprometido está el gobierno del estado en llevarnos a la cima de la corrupción que uno de los sectores señalados como los más vulnerables a extorsiones oficiales, el de la construcción, ha quedado entrampado en la nueva ley de obras públicas recientemente aprobada por el congreso local, de la cual aunque se insista en realzar sus bondades como poner candados a empresas foráneas y cuidar que los proyectos sean sustentables, hay una clara tendencia a permitir la inversión privada en obras públicas lo cual en un estado con demostrado desprecio a la ley, puede resultar mucho más grave de lo que de primera lectura parece.
En este momento la administración de Javier Duarte enfrenta 24 denuncias por desvío de recursos en la PGR, entre las que destacan una por 63 millones de pesos facturados a la Secretaría de Protección Civil por concepto de más de 3 millones de artículos como sombrillas, bolsas y gorras con la foto del gobernador y otra por 270 millones de pesos en bultos de cemento utilizados para campañas del PRI. Las denuncias más delicadas hacen referencia a más de 4 mil millones de pesos presuntamente desviados de fondos de aportaciones federales, principalmente a través de la Secretaría de Educación, 3,500 millones de pesos “extraviados” y 300 millones más destinados al pago de “aviadores”.
Controlando el PRI los tres niveles de gobierno –Federación, Estado y Municipio- así como a los tres poderes que existen –Ejecutivo, legislativo y judicial- en estados como el nuestro, pretender un correcto ejercicio de la autoridad y una adecuada aplicación de los recursos públicos con las respectivas sanciones para quienes incurran en prácticas como las anteriormente mencionadas es un sueño que está muy lejos de realizarse, y no sólo porque la clase política se corrompa a cada momento, también porque los ciudadanos preferimos aceptar la realidad tal como se vive que luchar por transformarla.
FUENTE: NOTIVER