El domicilio de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz. Foto: Miguel Ángel Carmona
COLIMA, Col. (apro).- Existen indicios de que el asesinato de Regina Martínez, quien era corresponsal de Proceso en Veracruz, pudo haber sido motivado por su actividad periodística, por lo que se mantiene abierta esa línea de investigación, afirmó hoy la titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Laura Angelina Borbolla.
Entre los elementos que sostienen esta hipótesis, dijo la funcionaria de la Procuraduría General de la República (PGR), se encuentran los objetos que desaparecieron de la casa de la víctima el día del homicidio, entre ellos computadoras personales y aparatos de telefonía celular, además de que fueron desprendidas las conexiones de dos smartphones y de las computadoras.
“Eso nos permite generar la línea de investigación de que es por su actividad periodística, sin que sea la única que se tenga abierta y sin que se hayan agotado al menos de parte de la fiscalía ninguna de las líneas de investigación”, dijo la fiscal al ser cuestionada sobre el tema durante una rueda de prensa convocada para dar a conocer medidas preventivas de seguridad para los comunicadores colimenses.
Borbolla Moreno refirió que con base en la coadyuvancia que en el caso de Regina Martínez solicitó el gobierno de Veracruz a la fiscalía, ésta ha generado y aportado pruebas periciales y compartido constancias de actuaciones, en tanto que las autoridades estatales “también nos han dado algunas de las actuaciones, que han sido algunas… las que ellos han querido”, reveló.
Aunque en abril pasado, antes de cumplirse el primer aniversario del crimen, el gobierno de Veracruz concluyó que el móvil fue el robo, la fiscal especial comentó este miércoles que la investigación sigue abierta, debido a que “la mecánica de los hechos refiere que hay más de un autor material; entonces, en tanto no se encuentre a la otra persona que al parecer participó, no se puede cerrar ni la investigación del estado de Veracruz ni la de la fiscalía”, advirtió.
La funcionaria también señaló que se encuentra pendiente saber de quién son algunas pruebas encontradas en la escena del crimen, como un rastro de sangre que tras su estudio de ADN arrojó que pertenece a una persona del sexo masculino distinta a la que se encuentra sentenciada.
Pese a que Jorge Antonio Hernández, El Silva –el único detenido hasta ahora por el asesinato de la corresponsal de Proceso–, ha mencionado el nombre de una persona como el presunto segundo participante en el homicidio –José Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho, quien continúa prófugo–, y esto ha sido avalado por el gobierno veracruzano, la fiscal advirtió que no cuenta con una prueba objetiva de que efectivamente sea el copartícipe “y desconozco si ellos (autoridades locales) la tienen para referir a alguien con nombre y apellido”.
En relación con El Silva, sentenciado 38 años de cárcel, mencionó que la fiscalía no puede pronunciarse al respecto, “incluso le aplicamos el Protocolo de Estambul y arrojó un resultado negativo a que haya existido tortura”.
Por lo pronto, abundó Laura Angelina Borbolla, “tendremos abierta la investigación buscando más medios de prueba para tratar de acreditar la mecánica de los hechos conforme a lo que nos dijeron nuestros peritos”.
No obstante, aceptó que el control del caso lo mantiene el gobierno de Veracruz, ya que hasta ahora tampoco se ha acreditado al cien por ciento que el homicidio de Regina haya sido motivado por su actividad periodística.
“De hecho, el dicho del sentenciado desvirtúa que haya sido por su actividad periodística, pero como no tenemos a la otra persona todavía identificada y ubicada, no puedo realmente desvirtuarlo, por eso tengo abierta la investigación”, concluyó la fiscal de la PGR.
