John M. Ackerman
El secuestro del Zócalo capitalino por policías uniformados,
la infiltración de marchas pacíficas por provocadores violentos, la difamación
de los maestros disidentes por medios mercenarios, la negativa a consultar a la
ciudadanía sobre la reforma energética y la negativa a relegir Luis González Placencia
como titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
configuran un escenario de pleno retroceso democrático. Solamente un sistema
autoritario expulsa manifestantes pacíficos de su principal plaza pública,
cancela la expresión pública de sus jóvenes, denigra a sus maestros, presta
oídos sordos a la opinión pública y despide a quienes defienden las causas
ciudadanas.
Paradójica
forma de cerrar el ciclo de la llamada
apertura democráticainiciado con la reforma electoral de 1977 y la Ley de Amnistía de 1978. En aquel momento el sistema político reaccionó de manera inteligente a la estrepitosa caída de la legitimidad gubernamental reincorporando a los disidentes a la vida pública y generando nuevos espacios para la participación política. En 1976 José López Portillo fue el único candidato presidencial con registro oficial, lo que evidenció claramente la esencia defraudadora del sistema electoral mexicano. Asimismo, la sangrienta represión gubernamental contra movimientos estudiantiles, campesinos y sindicales, y desde luego los dolorosos acontecimientos del 2 de octubre y el 10 de junio, junto a la valiente lucha de líderes de la estatura de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero, habían ido convenciendo a muchos de que las vías institucionales para transformar el país estaban canceladas.
Frente a tal
crisis de legitimidad, el secretario de Gobernación de López Portillo, Jesús
Reyes Heroles, impulsó reformas democratizadoras. Por un lado, se declaró una
amnistía general en favor de todas las personas acusadas de los delitos de
sedición, o porque hayan invitado, instigado o incitado a la rebelión, o por conspiración u otros delitos cometidos formando parte de grupos e impulsados por móviles políticos con el propósito de alterar la vida institucional del país.
Por otro
lado, se aprobó una histórica reforma electoral que legalizó e impulsó la
consolidación de partidos de oposición. La reforma reconoció a los partidos
políticos como
entidades de interés público, redujo los requisitos para el registro de nuevos partidos, aumentó el financiamiento público para sus actividades, estableció su derecho al uso de los medios de comunicación y amplió de manera significativa la representación proporcional en el Congreso.
López
Portillo no fue de ninguna manera un demócrata y su sexenio resultó ser uno de
los más corruptos e ineficaces en la historia reciente. No se trata de
idealizar al
viejo PRI, sino solamente de rescatar un momento histórico importante en que un gobierno autoritario reaccionó de manera inteligente ante una situación difícil.
Hoy, en
contraste, los gobiernos supuestamente
democráticosencabezados por Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera y Ángel Aguirre, así como los líderes políticos agrupados en el Pacto por México, caminan en sentido contrario. En lugar de responder con maestría democrática frente a la profunda crisis de legitimidad actual, se hunden en pánico e imponen una clara cerrazón autoritaria.
Como en las
décadas de 1960 y 1970, provocadores y policías disfrazados agreden e infiltran
las manifestaciones. Hoy como ayer se detiene arbitrariamente a ciudadanos,
periodistas y defensores de derechos humanos. Minervino Morán y Gonzalo Juárez
Ocampo, valientes dirigentes magisteriales de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg), cuentan con órdenes de
aprehensión del gobierno de Aguirre por
sedicióny
motín. Y siete jóvenes yacen presos en las cárceles de Mancera acusados de
ataques a la paz pública,
ultrajes a la autoridady
asociación delictuosadurante la marcha del pasado 2 de octubre. Ellos son los presos políticos de este
nuevorégimen
democrático.
De manera
similar a las elecciones presidenciales de 1976, las enormes irregularidades
cometidas durante las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 han evidenciado
la verdadera naturaleza de los comicios como simples reacomodos de fichas entre
poderes fácticos y mafias políticas. Y tal como ocurrió a lo largo de los años
setenta, las movilizaciones sociales actuales empujan a muchos a cuestionar las
vías institucionales para generar el cambio político y social tan anhelado por
la población.
Algunas
acciones estratégicas se presentan a corto plazo para defender nuestros
derechos y encaminar la protesta social por la vía pacífica. En primer lugar,
habría que recuperar el Zócalo para el pueblo. Una vez que termine la Feria del
Libro de la Ciudad de México, el próximo 27 de octubre, habría que unir
esfuerzos todos los ciudadanos dignos y conscientes para retomar la principal
plaza pública del país como el espacio idóneo para la expresión ciudadana.
Asimismo, habría que exigir a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que
coloque a un verdadero defensor de los derechos humanos en la CDHDF, alguien
con la independencia y valentía necesarias para defendernos de los próximos
ataques de Mancera y Peña Nieto. Esta recuperación de los espacios e
instituciones públicas establecería un escenario favorable para las próximas
luchas en defensa del petróleo y en favor de una verdadera reforma educativa,
fiscal y laboral.
Twitter: @JohnMAckerman
