Organismos defensores de derechos humanos denuncian que la violencia en las manifestaciones es una estrategia deliberada para recortar los derechos de la ciudadanía. “La violencia no termina regulando las marchas, sino atacando sus causas estructurales”, advierten.
ADAZAHIRA CHÁVEZ
FOTO: FOTOREPORTEROS MX Y CUARTOSCURO
México. El encadenamiento de represión a manifestaciones que comenzó desde el 1 de diciembre de 2012, el día de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, “busca restringir las libertades y revertir la exigencia de mayores derechos por parte de la ciudadanía”, valora José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en entrevista conDesinformémonos. Detrás de la estrategia están “sectores duros del gobierno, o nostálgicos o muy bien colocados con las medidas de mano dura; también sectores empresariales que afectan a comunidades y pueblos, y tienen un interés muy claro en inhibir las expresiones de protesta y de exigencia de derechos”.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) coincide en que hay fuertes intereses para restringir “todavía más” los derechos y libertades ciudadanas, con el intento de regular el derecho a marchar, “incluyendo propuestas tan absurdas como los marchódromos”. El defensor de derechos humanos advierte que la campaña mediática que muestra los episodios de violencia, pero no sus causas, se dirige a presionar a la opinión pública. “Me recuerda a cuando se impuso a los militares para tareas de seguridad pública; los medios mostraron insistentemente la corrupción de la policía para decir, ¿ahora quién nos defenderá?”.
La secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos, Agnieszka Raczynska, habla de una “total represión y violación de derechos humanos” en los operativos contra las manifestaciones, situación que calificó de constante en ciudades como el Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.
El operativo policiaco contra la manifestación del 1 de diciembre de 2012 dejó como resultado una persona que permanece en coma (Juan Francisco Kuykendall), cerca de cien heridos y 96 detenidos. Las manifestaciones del 1 de septiembre de 2013 (por el informe presidencial y contra la reforma educativa) y el desalojo del plantón de profesores opositores a la reforma educativa, realizado el 13 de septiembre, siguieron una dinámica parecida: enfrentamientos entre la policía y grupos de personas no identificadas, golpes contra manifestantes y personas que documentan los hechos, y detenciones que las instancias defensoras de derechos humanos califican de arbitrarias. La marcha del 2 de octubre se saldó con más de cien detenidos y un número indeterminado de heridos (que incluyó a periodistas y monitores de derechos humanos plenamente identificados, en el caso del Prodh). Veinte de los detenidos fueron acusados, entre otros delitos, de “ataques a la paz pública”.
José Rosario Marroquín señaló que para la marcha del 2 de octubre, en la que decidieron participar como observadores, “se presagiaba lo que ya se ha vuelto común en los últimos tiempos ante toda protesta: golpes, agresiones, detenciones arbitrarias y obstáculos al ejercicio de la defensa adecuada; este patrón de represión que no nos ha abandonado en nuestra vida como país desde hace décadas, se extendió a periodistas y defensores de derechos humanos, y a quien documente la conducta de las autoridades”.
El mensaje del gobierno con la represión “sistemática” es que “sí caben los derechos de las personas pero dentro de ciertos límites”, valora Marroquín. El recorte de libertades no se hace sólo con represión, “sino a través de resucitar la lógica clientelar, mediante programas y coacción: la ciudadanía no tiene derechos, es beneficiaria cuando se porta bien, y cuando no se ajusta a lo pensado por las autoridades, le espera criminalización, represión, estigmatización y procesos judiciales en su contra”.
Agresiones selectivas
Las reformas a los protocolos de actuación de la policía contienen elementos muy graves para los derechos humanos, afirma el presidente de la Limeddh, como la práctica del encapsulamiento de manifestantes –a base de una superioridad numérica de la policía y retención arbitraria- y la utilización de armamento y proyectiles como las balas de goma.
Víctor Hugo Carlos, monitor de derechos humanos del Prodh, señaló en conferencia de prensa que durante la marcha del 2 de octubre constataron agresiones provocadas por la policía –por la cantidad de elementos policiacos y la forma de despliegue-, el cierre del paso a contingentes pacíficos, el uso desproporcionado de la fuerza y las agresiones contra manifestantes (golpeados, lesionados y llevados a lugares no identificados). Lo visto en la marcha, para el defensor de derechos humanos, constata que la policía no está para proteger libertades, sino para enfrentar y reprimir a quienes se manifiestan.
El presidente de Artículo 19 denunció el uso “faccioso” de la legislación, pues se acusó a detenidos del 13 de septiembre de ultrajes a la autoridad por “una mentada de madre a un policía, y les pusieron 126 mil pesos de fianza”. Agrega Adrián Ramírez que los delitos que configuran el ataque a la paz pública son tan laxos que permiten que a un manifestante detenido se le culpe de sucesos ocurridos después de la hora de su detención. Por eso, “individualizar la pena y la investigación es muy importante, porque eso evita la criminalización de todos los manifestantes”.
Los observadores de derechos humanos del Prodh reportan, en un comunicado de prensa, que “los policías vestidos de civil y granaderos agredieron de forma selectiva a toda persona que estuviera documentando las detenciones”. Las detenciones arbitrarias no se dieron contra las personas que participaron en los enfrentamientos, sino contra quienes observaban los hechos, denunció Víctor Hugo Carlos, integrante del centro de derechos humanos golpeado por granaderos del Distrito Federal.
La red de monitoreo montada por la organización de defensa de periodistas Artículo 19 documentó 25 agresiones a comunicadores, incluyendo a trabajadores de los medios comerciales. De ellas, precisa, el 90 por ciento fueron cometidas por agentes del Estado y el 10 por ciento por civiles.
“Defensores y periodistas hacen un trabajo importante de documentar y cuidar manifestaciones y acciones de las autoridades, y aportan información valiosa no sólo para la ciudadanía sino para las mismas autoridades”, valoró Raczynska.
El presidente de la Limeddh agrega que los policías detuvieron también a la gente por su vestimenta. “A los integrantes de medios libres los detienen porque su forma de vestir coincide con los manifestantes”, precisa.
