La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos
La reforma a la Ley del Agua del Estado de Puebla es una más de las políticas neoliberales como parte de la imposición del paquete de privatizaciones de nuestros recursos naturales y energéticos por el gobierno de Enrique Peña Nieto
Río Atoyac, Puebla.
A los medios de comunicación
A los organismos defensores de derechos humanos
A la sociedad poblana
Al pueblo de México
El pasado cinco de septiembre del presente año, el ejecutivo del estado, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, Luis Maldonado Venegas, Secretario General de Gobierno, y Julio César Lorenzini Rangel, Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, presentaron al Congreso del Estado de Puebla una iniciativa de reforma a la Ley del Agua del Estado de Puebla1.
En dicha iniciativa en el apartado de CONSIDERANDO, sus presentadores hacen una vaga justificación de carácter administrativo “con el objeto de otorgar certidumbre a las acciones que se realizan con los sectores social y privado, aclarando los alcances de los instrumentos que se celebren, así como precisar la facultad para determinar y actualizar la Estructura Tarifaria de los servicios públicos”, y lo que es peor, con la categoría de “Derecho Fundamental” justifican una medida violatoria de derechos humanos, entre las cuales destacan: la legalización de la concesión del servicio a empresas privadas (privatización), las tarifas serán arbitrarias de acuerdo a las propias empresas y considerar adeudos derivados de este servicio como créditos fiscales para llevar a cabo embargos a los “morosos”.
Al respecto es importante resaltar que el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos2.
En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General nº 15 sobre el derecho al agua. El artículo I.1 establece que “El derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna”. La Observación nº 15 también define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
En nuestra Carta Magna, en el Artículo 4° dice textualmente: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Por lo anteriormente expuesto, quienes suscribimos el presente posicionamiento político, manifestamos:
- La reforma a la Ley del Agua del Estado de Puebla es una más de las políticas neoliberales como parte de la imposición del paquete de privatizaciones de nuestros recursos naturales y energéticos por el gobierno de Enrique Peña Nieto en alianza con la oligarquía local (encabezada por el gobernador Moreno Valle), nacional y extranjera.
- Este vital líquido elevado a rango de derecho humano puesto en manos privadas a través de esta reforma de ley se consolida así como un negocio redondo que va desde la captación, suministro y distribución del agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
- Las empresas “concesionarias” de la gestión del agua tendrán en su poder la información y control de los principales mantos freáticos en el estado que les permitirá la manipulación económico-política de la distribución y usos del agua; es decir, la imposición de tarifas de agua donde los únicos beneficiados serán empresas, bancos y burócratas, dejando a la población ajena a estas decisiones.
- Las determinaciones del Estado mexicano y en particular del Ejecutivo y Congreso del estado de Puebla NO representan el sentir de la sociedad poblana; dichos acuerdos son mecanismos unilaterales para el control privado de recursos estratégicos naturales y energéticos que pertenecen al pueblo mexicano.
- Esta modificación a la Ley del Agua del Estado de Puebla agravará más el deterioro de la calidad de vida de la población en general y en especial a los sectores populares, quienes en las últimas décadas somos los que hemos sufrido las consecuencias de las crisis económicas, la falta de empleo, trabajos con salarios paupérrimos, el aumento de precio en la canasta básica, etc.
- Con esta Ley los esfuerzos comunitarios de gestión, administración y de creación de infraestructura para la exploración, explotación, distribución y suministro de agua realizados por grupos organizados independientes de la estructura de gobierno, sin consulta ni información previa, serán otorgadas a las empresas privadas, es decir de un bien colectivo o social pasará a un beneficio privado.
- En los hechos el suministro del agua ha estado condicionado por las nefastas prácticas políticas electoreras de los grupos de poder incrustados en la propia estructura de gobierno lo que ha convertido a los organismos prestadores del servicio en centros de corrupción y burocracia, por lo que los sistemas operadores de agua deben ser sometidos a una profunda depuración y reestructuración.
- El Estado mexicano legitima su estrategia de intervención policiaco-militar justificando que el agua es un recurso de Seguridad Nacional, para así criminalizar la defensa del derecho humano al agua y de la protesta social en general.
En este contexto,
Exigimos: La derogación de la modificación a la Ley del Agua del Estado de Puebla aprobada por la aquiescencia de los diputados del actual Congreso del Estado de Puebla.
Exigimos al gobierno estatal que los adeudos no sean constituidos ni ejecutados como créditos fiscales, situación que se dispone en la ilegitima modificación a la Ley del Agua del Estado de Puebla.
Exigimos que el Estado asuma su obligación de garantizar el derecho humano al agua hacia toda la población en la entidad a través de las instituciones correspondientes y de los sistemas independientes comunitarios de gestión del agua.
Emplazamos a los Diputados que en minoría fueron derrotados en la modificación a la Ley del Agua del Estado de Puebla aprobada por la aquiescencia de los diputados del actual Congreso del Estado para que presenten en lo inmediato una Acción de Inconstitucionalidad.
Conminamos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar una Acción de Inconstitucionalidad ante la modificación a la Ley del Agua del Estado de Puebla aprobada en septiembre de este año por la aquiescencia de los diputados del actual Congreso del Estado.
Tenemos claro que la lucha porque no se privatice el derecho humano al agua es contra las reformas neoliberales que impulsa el Estado mexicano a través de sus diferentes instancias y niveles de gobierno. Por lo que hacemos un llamado a la sociedad poblana a conformar Comités de Defensa del Agua como Derecho Humano y a organizarnos para la democratización del País entorno a la coordinación y alianza de todos los sectores populares.
Atentamente:
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-región Malinche: Movimiento Agua para Amozoc; Comité Pro Agua Potable y Obras de Beneficio Social para la Villa de Amozoc A.C.; Transportistas unidos Del Valle de la Malinche A.C.; Coalición de Colonias de Atlixco y de la Región A.C.; Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER); Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla A.C.; Programa Mesoamerica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J.-Universidad Iberoamericana Puebla; Red de Defensa de los Derechos Humanos; Frente Nacional de Lucha por el Socialismo; Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi “Unidos Todos Como Pueblo”; Frente de Colonos Ampliacion Xilotzoni.
15 de octubre de 2013
1 Consultar inicitaiva en: http://www.congresopuebla.gob.
2 Consultar en línea el folleto informativo Nº 35 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud: http://www.ohchr.org/
Foto: marte en skyscrapercity.com
FUENTE: http://regeneracion.mx
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