Boletín de prensa FDOMEZ-FNLS: Acoso y hostigamiento al movimiento popular-magisterial en la región de Benito Juárez, Veracruz
Xalapa, Veracruz 23 de octubre de 2013.
A los medios de comunicación nacional e internacional
A los organismos defensores de los derechos humanos nacional e internacional
A las organizaciones magisteriales, democráticas e independientes
Al pueblo en general:
A los organismos defensores de los derechos humanos nacional e internacional
A las organizaciones magisteriales, democráticas e independientes
Al pueblo en general:
La crisis económica en nuestro país se ha traducido en una crisis política, que se refleja en la nula representatividad que tienen todos y cada uno de los políticos de oficio que se cobijan y amparan en el nefasto “Pacto por México”, desde el presidente de la república, pasando por las cámaras legislativas, gobernadores y presidentes municipales. Las recientes reformas neoliberales aprobadas en detrimento del pueblo mexicano han sido secundadas, defendidas y avaladas, salvo muy honrosas excepciones, por funcionarios en turno de toda laya.
Como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), repudiamos y condenamos los actos de represión, linchamiento y agresión de los grupos de choque, pagados e incentivados desde estructuras del Estado mexicano, esto se refleja en la reciente agresión hacia el movimiento magisterial-popular por parte del gobierno del DF y del país, lo que en los hechos constituye la respuesta gubernamental hacia las demandas del pueblo.
Lo sucedido el 17 de octubre contra los maestros de la CNTE donde fueron agredidos con cohetones, piedras y palos por grupos de choque en la marcha realizada sobre el eje 1 norte, de la Ciudad de México, constituye la antesala de lo que hoy es público, la aprobación autoritaria del protocolo de control de multitudes la cual permite el uso de armas de fuego para disuadir manifestaciones. Es por demás una medida fascista que criminaliza la pobreza y la protesta popular.
La represión no conoce límites, también esta se aplica institucionalmente. Constantes han sido las amenazas hacia los compañeros maestros en lucha y reiteradas las ocasiones de querer enfrentar a los padres de familia con los profesores. Las actas de abandono por parte de los administrativos serviles al Estado se han hecho efectivas pese a que constituye una medida de coacción; esta es la situación que priva en los municipios de Ixhuatlán de Madero y Benito Juárez.
En esta región norte del estado de Veracruz el linchamiento mediático no se hizo esperar desde el inicio de las movilizaciones del movimiento magisterial, repudiando la Reforma Educativa y sus leyes secundarias, desde el gobierno del estado se ha iniciado el desprestigio en contra de los maestros que se encuentran en paro laboral; se les califica de ser agitadores, de huevones y hasta de ser violentos para justificar el accionar represivo de los cuerpos policiacos y militares en contra suya.
Además desde el Estado se fomenta la creación de grupos de choque en contra de los maestros movilizados. En comunidades donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene su arraigo y hegemonía se ha iniciado la campaña del desprestigio reproduciendo el mismo discurso oficial manejado por los medios de comunicación al servicio del Estado y la oligarquía en el poder; trabajo de consigna que es impulsado por el diputado local por el PRI y profesor jubilado Moisés Hernández Barrales, los recién electos presidentes municipales Víctor Manuel Espinoza Tolentino de Ixhuatlán de Madero y Remberto López Ríos de Benito Juárez, son los promotores inmediatos de que a los maestros se les levanten actas por abandono de escuelas y también de ser los opositores al movimiento del magisterio.
En la comunidad de Tlatlapango Grande, municipio de Benito Juárez Veracruz los efectos de la reforma educativa ya están empezando a tomar cuerpo; les está llegando recibos de la luz con cantidades estratosféricas de 14 mil hasta a 20 mil pesos como si la escuela estuviera equipada con sistema de computo u otros instrumentos eléctricos que ayuden a elevar el conocimiento a los alumnos, cuando es todo lo contrario, en comunidades rurales de todo el país, como en la huasteca se labora en las mas pésimas condiciones.
El Estado pretende despojar al pueblo trabajador hasta lo que no tenemos, por esta razón con la aplicación de la “autonomía de gestión” en las escuelas, nos toca como padres de familia absorber los gastos de infraestructura, desentendiéndose el Estado de esta responsabilidad allanando el camino a la privatización de la educación, convirtiéndola en una mercancía a la cual solo los adinerados tendrán ese acceso y ese privilegio.
Esta embestida neoliberal y represiva está alcanzando a comunidades organizadas para defender su derecho a la posesión de un pedazo de tierra, tal es el caso de la comunidad de Amatepec municipio de Ilamatlán Ver., nuestros compañeros que integran la organización Campesinos Unidos de la Sierra oriental militantes del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata (CUSO-FDOMEZ-FNLS), son amenazados constantemente por el cacique Reyes Olivares Bautista que hoy se hace llamar el nuevo dueño de esa porción de tierra, a nuestros compañeros se les intimida de ser detenidos y encarcelados y hasta de ser ejecutados extrajudicialmente por el simple hecho de defender un pedazo de tierra que mantienen en posesión desde hace más de 20 años.
En últimas fechas 3 de nuestros compañeros fueron citados por el Lic. Valentín Bolaños juez del juzgado mixto de primera instancia con sede en Huayacocotla Ver., donde se les notifica que deben llevar un abogado o de lo contrario serán detenidos y encarcelados. Esto bajo demanda que interpuso el supuesto dueño Reyes Olivares Bautista por despojo y perjuicio en propiedad ajena.
Las maniobras para despojar a nuestros compañeros no tiene límites, mañosamente han sido engañados por personajes que se autoerigen como dueños de la tierra que se posee. Anteriormente Graciano Olivares manipuló de manera legaloide un acuerdo de que la tierra fuera rentada por nuestros compañeros, acuerdo que valga decirlo, se firmó por desconocimiento ya que se careció en todo momento de una asesoría jurídica adecuada.
Este proceso jurídico de nuestros compañeros contra supuestos dueños ha transitado por diferentes rutas dentro del marco de la legalidad, la Procuraduría Agraria con residencia en Álamo tiene conocimiento y ha tramitado a la instancia correspondiente el fallo a nuestro favor, no obstante, los nuevos caciques de la región optan por la amenaza, el hostigamiento, la represión y el despojo violento, ya que en distintas ocasiones se ha ventilado la pretensión de encarcelar, incluso asesinar si continuamos reclamando nuestro derecho.
Dicho lo anterior manifestamos nuestra solidaridad incondicional con el movimiento magisterial-popular en esta justa lucha; alertamos al pueblo y sus organizaciones que la represión y criminalización de la pobreza popular se generaliza en todo el país; políticos de oficio, sectores oportunistas y progobiernistas se han unido en santa cruzada contra el pueblo; es momento de sumar esfuerzos para hacer frente a esta escalada represiva.
Hacemos un llamado a los diferentes organismos defensores de Derechos Humanos a estar pendientes y a activar todos los mecanismos de defensa ante la inminente agudización de violaciones a los derechos humanos, como lo demuestra la ejecución extrajudicial de la luchadora social y compañera de lucha Rocío Mesino Mesino en Guerrero, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno de todo acto de represión contra el conjunto del movimiento popular, particularmente, hacia los que hemos manifestado nuestro rechazo a las reformas neoliberales con acciones políticas de masas.
Hacemos responsable al cacique Reyes Olivares Bautista, al Lic. Valentín Bolaños juez de primera instancia del juzgado mixto con sede en Huayacocotla, de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros de la comunidad de Amatepec, municipio de Ilamatlán Ver. Así mismo al diputado local del PRI Moisés Hernández Barrales, los recién electos presidentes municipales Víctor Manuel Espinoza Tolentino de Ixhuatlán de Madero y Remberto López Ríos de Benito Juárez de las agresiones físicas y administrativas contra los profesores de la región y de los latentes enfrentamientos con padres de familia.
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