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Javier Duarte, Gobernador de Veracuz admite que la entidad vive una situación de inseguridad. Foto: Cuartoscuro
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Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– Javier Duarte de Ochoa reconoció, a más tres años de asumir la gubernatura de Veracruz, que esa entidad vive una situación de inseguridad sin precedentes. Los homicidios, secuestros y extorsiones que han alcanzado niveles históricos lo orillaron a decir el martes pasado que “le tocó bailar con la más fea“.
Duarte de Ochoa afirmaba a mediados de marzo del presente año que “en Veracruz no hay extorsiones, no hay balaceras y no hay secuestros”. Decía que “Veracruz está en calma” y aunque reconocía incidentes, aseguraba que “evidentemente, eso no lo vamos a poder solucionar”.
“Todos los días suceden situaciones, lo importante es que hay instituciones solidas, firmes, con una gran determinación, instituciones preparadas para con la ley en la mano hacer valer el Estado de Derecho que todo aquel que haga algo malo, sufra lo que la ley establece”, dijo el mandatario veracruzano el 11 de marzo.
Casi cuatro meses después, Duarte de Ochoa se sinceró ante empresarios: “No estábamos preparados para este complejo escenario que se tenía, con grandes desastres naturales por huracanes, el flagelo de la inseguridad como en el resto del país, pero había trabas burocráticas que privilegiaban más la corrupción que la apertura de negocios, las facilidades a los empresarios para la incentivación del empleo”.
El reconocimiento de la inseguridad y del complejo escenario del que habló el Gobernador se dan precisamente ante el alza de todos los indicadores de los delitos de alto impacto difundidos en días recientes por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con estas cifras proporcionadas por el gobierno federal, en sus más de tres años de gobierno, Duarte de Ochoa ha contabilizado 2 mil 949 mil homicidios. Esta cifra es mayor a la registrada en todo el sexenio de Fidel Herrera Beltrán (2004–2010), administración de la que formó parte Duarte, cuando ocurrieron 2 mil 778 asesinatos.
Apenas el número de denuncias por este delito reportadas en el sexenio de Miguel Alemán Velasco (1998–2004) es mayor al de los tres años de la administración de Duarte. Durante el mandato del hijo del ex Presidente Miguel Alemán Valdés se cometieron dos mil 978 homicidios.
En cuanto al número de secuestros y extorsiones reportados en la actual administración del gobierno de Veracruz, las situación no es muy diferente.
En lo que va del gobierno de Duarte el SESNSP ha registrado hasta mayo, 339 plagios, los cuales se sitúan muy por encima de los 53 contabilizados con Fidel Herrera y de los 58 denunciados en el mandato de Alemán Velasco.
Las mismas cifras se disparan con las extorsiones. El gobierno de Javier Duarte tiene reportados mil 465 casos de este delito, mientras que con Herrera la cifra en seis años fue de mil 671 extorsiones, ambos datos muy por encima de las 478 extorsiones registradas con el antecesor de Herrera Beltrán.
CEMENTERIO EN LA ZONA SUR
A estos datos oficiales se suman las decenas de fosas halladas en la región de la Cuenca del Papalopan, de las cuales el gobierno no ha dado datos oficiales sobre el número de cadáveres que contenían. Si bien no se ha negado su existencia, el gobierno de Duarte no ha salido a decir cuántas personas fueron enterradas allí, quiénes eran y por qué fueron asesinadas.
Los primeros entierros fueron encontrados el 16 de junio por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el rancho “El diamante”, del municipio de Tres Valles. Aunque al principio se encontraron sólo siete cadáveres, al continuar con las diligencias se localizaron más cuerpos. Se dice que en las 13 fosas clandestinas se exhumaron entre 31 y 41 cadáveres.
Fue hasta dos días después de que se localizaron los entierros que el entonces Subprocurador Regional de Justicia, Arturo Herrera Cantillo, confirmó el hallazgo. Este hecho le valió ser removido de su cargo.
Herrera Cantillo no ofreció muchos detalles de su salida porque, dijo, “si sigo hablando capaz me corren hasta del estado”. Sin embargo, sí planteó que no hizo mal hablar de “un hecho que estaba sucediendo” y que además “me costó el cargo”.
Sobre estas fosas, Duarte de Ochoa aseguró que su administración, “trabaja con determinación, con fuerza, lo cual ha dado que el índice delictivo en el estado vaya a la baja, por lo cual los 31 cuerpos encontrados en la fosa clandestina del rancho ‘El Diamante’ es un pico que se nos elevaba, una cuestión atípica”.
Cuando la prensa veracruzana reportó que entre los fallecidos fueron localizados menores de edad, el mandatario negó sin dar más detalles esta información, sin embargo no precisó cuál era el número de cadáveres hallados. “No hay niños [...] hasta el momento se han identificado ocho cadáveres, las ocho personas identificadas son oriundos de esta región [de la Cuenca del Papaloapan], el resto de las personas no se han identificado. Sin embargo, consideramos por el hecho de haber sido identificados estos primero ocho cuerpos de que son personas de esta región”, dijo el Gobernador el 30 de junio.
Esa misma semana de lo dicho por Duarte, trascendió a través de la prensa veracruzana que otro entierro clandestino había sido encontrado en la misma región del rancho “El Diamante”. Los restos de al menos ocho personas, seis de ellos osamentas y dos cuerpos en estado de putrefacción, fueron hallados dentro de fosas en la población de Paraíso Novillero, que pertenece al municipio de Cosamaloapan, Veracruz.
En respuesta, el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, rechazó la existencia de una fosa clandestina con ocho cadáveres en Paraíso Novillero. Sostuvo que el único caso confirmado fue el hallazgo de las fosas clandestinas en el “El Diamante”.
“El único tema que confirmo es el de 31 cuerpos de los cuales 8 están identificados, dos más están ya casi identificados, estamos en busca de las familias, llegaríamos a los 10; pero de los dos, de los seis, de los 8 no confirmo absolutamente nada, hasta este momento no tengo signo o señal alguna que confirme este hecho”, dijo el Procurador Luis Ángel Bravo.
Sin embargo, un día después la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó sobre la investigación que realiza con motivo del hallazgo de restos humanos en “El Diamante” y en la población Paraíso Novillero.
Ahora que Duarte reconoció que la inseguridad y la violencia sí son un lastre para los veracruzanos y que además agravan la severa crisis económica tanto internacional como nacional que ha generado una desaceleración economía mexicana y una parálisis en los tres trimestres de su primer año de gobierno, falta saber qué hará el priista al respecto.
Si bien, la situación de violencia que se presenta en la entidad parece no requerir una intervención de la Federación como sucedió en Michoacán y Tamaulipas. En Coatzacoalcos y Córdoba el gobierno federal forma parte de los operativos de blindaje.
Precisamente los municipios con mayor índice de secuestros son Coatzacoalcos y su conurbación, en la zona sur; en la zona centro Boca del Río, Córdoba y el puerto de Veracruz; mientras que en la zona norte destacan Poza Rica y Tuxpan.
En mayo, al presentar del Operativo Blindaje Coatzacoalcos, Duarte dijo que éste busca “inhibir la comisión de todo tipo de ilícitos y sancionarlos, con especial énfasis en los del fuero común que han tenido un repunte en los últimos meses”.
Días después, el Gobierno de Veracruz puso en marcha el Operativo Blindaje Córdoba. “El gobierno del estado responde así a la demanda ciudadana y da cumplimiento a su responsabilidad de velar por el bienestar y la tranquilidad de los veracruzanos”, dijo Duarte el 29 de mayo.
Con el operativo de CoatzacoaLcos arribaron al sur del estado 325 elementos del Ejército Mexicano, 100 de Infantería de Marina, 100 policías estatales acreditables y 10 de la Policía Federal. Mientras que en su similar de Córdoba se desplegaron al centro de la entidad 750 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y de la Policía Federal.
