Por: Cecilio Baltazar
Los representantes del pueblo se sirven del poder que se les confiere
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| Gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa y comunicadora Maryjose Gamboa. Archivo |
SÓLO
EN UN PAÍS EN DONDE IMPERA LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE GOBIERNA EXISTE UN
VERDADERO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS…
¿EN MÉXICO EXISTE UNA VERDADERA DEMOCRACIA?
Con estricto apego a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Ley Suprema
del país, habría de contestarse afirmativamente dicha interrogante, en virtud
de que en términos del artículo 40, México es una República representativa,
democrática y federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo
concerniente a su régimen interior, pero unido en una federación establecida
según los principios de la propia Constitución.
Abundando habría que decir que en la democracia, como forma de gobierno, la
soberanía nacional reside en el pueblo, del que dimana todo poder público, el
cual se instituye exclusivamente para beneficio del mismo pueblo, quien en todo
tiempo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar la forma de su
gobierno.
Sin embargo, en México los representantes del pueblo se sirven del poder que se
les confiere, tan es así que, por ejemplo, en México hay ex un gobernador que
se niega a cumplir con la sentencia firme de un tribunal y ha impedido que
durante varios años su ex cónyuge y madre de sus hijos gemelos (quien es
extranjera) los vea y tenga convivencia con ellos; en México, varios ex
gobernadores de distintos Estados del país, por no decir que todos, se han
apropiado de los recursos públicos que debieron haber asignado a la obra
pública y al bienestar social; los mismos ex gobernadores y los actuales en el
cargo han permitido el establecimiento de grupos de la delincuencia organizada
recibiendo recursos económicos a cambio de que los dejen operar con absoluta
impunidad; de modo que, ¿cómo podría así, en esos términos, existir una real
democracia en este país?
Sobre el particular, cabe citar a un autor mexicano conocido como RIUS, que en
uno de sus tantos libros habla de la democracia a la mexicana, es decir, de una
democracia a modo que permita el abuso, la arbitrariedad, la impunidad… pobre
México!
Muestras de lo antes dicho hay muchas y diariamente se generan varias, una de
ellas es lo que acontece con la comunicadora Maryjose Gamboa, quien así es
conocida en el Estado de Veracruz en donde ha trabajado en distintos medios de
comunicación y de un tiempo a la fecha escribe una columna en el Diario
Notiver. Tiene un estilo valiente, para algunos atrevido, pues se atreve a
decir lo que toda la gente pensante y consciente de la situación que se vive en
Veracruz comenta, aunque se hace entre amigos o en familia, pues la gente no se
atreve a hacerlo públicamente o no tienen los medios al alcance para dar a
conocer su opinión. Muchas veces uno se pregunta si todo lo que escribe es real
y objetivo, o si en ocasiones apasionada como parece que es, exagera un poco o
mucho…, pero con lo que está sucediendo actualmente con ella todas las dudas se
disipan, pues es evidente que todo lo que ha escrito y dicho es VERDAD, así,
con mayúsculas, sólo así se entiende el abuso y la arbitrariedad con la que se
le ha tratado en un procedimiento que la máxima ley de la Nación dispone que
debe ser respetuoso de los derechos humanos de las personas y, por ende, que
debe ser justo.
Por partes vamos, qué pasó? Todos en Veracruz y ya fuera del Estado, han leído
sobre el evento automovilístico en que se vio involucrada la comunicadora de la
que se habla: en la madrugada del pasado sábado doce de julio de este año; ella
conducía un vehículo sobre un boulevard de la ciudad de Boca del Río y él, la
otra persona que participó en los hechos, caminando cruzaba el boulevard, y el
destino, la mala suerte o quién sabe qué, los hizo encontrarse… él
lamentablemente perdió su vida y ella lastimosamente perdió su libertad… ambos
bienes sujetos de protección jurídica y considerados igualmente derechos
humanos.
Tanto la familia del joven que falleció como la de la comunicadora exigen
justicia y aquí es donde se presentan el abuso, la arbitrariedad y la
venganza.
La familia y demás seres queridos del joven que falleció - de quien se omite su
nombre más por respeto, pues lo cierto es que esta opinión es respecto del
proceso al que está sujeta la comunicadora -, por justicia, de ninguna manera
podrán recuperar con vida a su familiar, a su amigo, sólo recibirán la
indemnización que por ley les corresponderá, pues al margen de la sanción que
se le imponga a la comunicadora, ello en nada será un paliativo para su dolor.
Esto, visto objetivamente como fue, sin apasionamiento de ningún tipo.
Por cuanto hace a ella, a Maryjose Gamboa, su familia y amigos, por justicia,
esperan un juicio justo, en el que se respeten las formalidades esenciales del
procedimiento y se observe la ley que sea exactamente aplicable a su caso; sin
embargo, está lejos de que así suceda. El Gobierno estatal ha puesto en marcha
toda su maquinaria para aplastarla literalmente, para amedrentarla, para
callarla, al más puro estilo de lo que el ex gobernador de Puebla Mario Marín
le hizo a la periodista Lidia Cacho, pero lo que el gobernador y su gente,
entre ellos el Procurador General (no diré de Justicia, porque en absoluto
conoce lo que significa esa palabra) no saben, es que están haciendo todo lo
contrario, es decir, la están fortaleciendo y haciendo más grande de lo que, a
lo mejor, ni ella misma pensó que llegaría a ser algún día.
La percepción de la mayoría de las personas que han seguido el caso a través de
los diferentes medios de comunicación es que ella es tan poderosa y les hace
tanto daño con lo que escribe de ellos, que por esa razón se han volcado contra
ella, dejando entrever que es verdad lo que ella siempre ha escrito: el
ejercicio abusivo y arbitrario del pinche poder, como ella le llama, que
existe en el Estado de Veracruz; que el gobernador fue impuesto por su
antecesor para taparse las espaldas; que en ocasiones se ha comportado como un
títere de aquél; que es un hombre sin conocimiento alguno de lo que es el
estado de derecho, el orden público y el interés social; que es un hombre
intolerante, pues no puede ni sabe manejar el repudio de la gente y los
cuestionamientos que se le hacen; que pasa por alto que el puesto que tiene es
para gobernar a todos, a los que votaron por él y a los que no, a los que
tienen su misma filiación partidista al igual que a los contrarios, así como a
los que no comulgan con ningún partido político, en fin, que Javier Duarte,
Luis Ángel Bravo y Leopoldo Muñiz, gobernador, procurador general y
subprocurador de la zona centro del Estado de Veracruz, respectivamente, son un
trío de ignorantes y que la ignorancia es la madre de la prepotencia, del abuso
y la arbitrariedad, pues vale preguntarse, antes de que los tres nombrados
tuvieran los cargos que actualmente ostentan (no que desempeñan, porque es
claro que no ejercen las funciones que derivan de sus respectivos cargos)
quiénes eran, quién los conocía como personas estudiosas y respetables? En
contrario, se conocen muchas historias que los revelan como personas de poca
calidad moral, si es que tienen algo de ella, pues quien tiene de sobra no
acepta un cargo o puesto para el que no está preparado y, se insiste, cuándo
Luis Ángel Bravo y Leopoldo Muñiz han trabajado en la procuración de Justicia?
Seguro
ni siquiera entienden la diferencia entre administrar e impartir Justicia.
Ahora, será el turno del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el que nos
mostrará a todos si es que como alguna vez lo concibió Montesquieu, existe
división de poderes y que entre el Ejecutivo y el Judicial existe independencia
e imparcialidad; se verá si el Juez al que le correspondió conocer de la causa
penal que se le instruye a la comunicadora por su probable responsabilidad en
la comisión del delito de homicidio culposo va a valorar los hechos
objetivamente a partir de las pruebas que existen en el expediente, destacando
aquellas que por su inmediatez merecen un valor demostrativo preponderante, sin
soslayar las circunstancias particulares del caso, como aquellas relativas a
que ella no se dio a la fuga después del evento automovilístico, que no
abandonó a la víctima en la calle, que ella misma fue quien llamó a las autoridades
de tránsito para reportar el hecho, entre otras.
Si quien esto escribe fuera el juez de la causa no podría soslayar, de ninguna
manera, que la comunicadora en cuestión no es una mujer ignorante, puede que no
sea licenciada en derecho, pero tiene conocimientos básicos, pues escribe al
respecto y crítica y ello requiere de cierta preparación y conocimiento, de ahí
que si ella ha afirmado todo el tiempo que no iba en estado de ebriedad y los
primeros dictámenes periciales que al respecto le practicaron lo corroboran,
tal afirmación merece credibilidad, ya que de haber ido bajo el influjo de
alguna bebida alcohólica seguramente no se hubiese quedado en el lugar de los
hechos a responsabilizarse de los mismos, sabida de que no es una persona grata
para el gobierno estatal, quizá su error fue haber confiado en la Justicia, en
una justicia injusta que es claro que
está al servicio del gobernador.
Con lo expuesto anteriormente no se pretende que la exoneren de toda culpa,
pues sí la tuvo, tan es así que resultó un joven muerto, pero no hay razón para
que, con base en pruebas recabadas de mala fe por una institución que, de
acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de
buena fe, se le mantenga privada de su libertad y se le exhiba en los medios de
comunicación como una delincuente de gran peligrosidad (aunque no se ignora que
existen protocolos que se deben seguir con las personas detenidas), incluso,
que se le tache por algunas personas de asesina, cuando de ninguna manera lo
es, en virtud de que este calificativo de asesina sólo corresponde a quien
priva de la vida a otro de manera intencional, lo que no se actualiza en este
caso, pues fue un fatal accidente automovilístico en donde convergieron tanto
la imprudencia de la conductora del vehículo, quizá por conducir con falta de
cuidado (pues no hay que descartar que pudo ser un caso fortuito, en donde toda
la culpa recae en la otra persona que intervino en el evento, pero eso será
motivo de análisis también por parte del juzgador), así como la imprudencia del
joven que falleció por no tomar las mínimas precauciones de mirar si al momento
en que pretendía cruzar la calle venía o no algún vehículo, sin contar con que,
según reportan, los hechos sucedieron a unos cuantos metros de donde hay un
puente peatonal que debió haber usado.
Si el joven venía en estado de ebriedad, ya no importa, su imprudencia la pagó
con su vida. Si la comunicadora no venía en ese estado de ebriedad que le
achacan, más allá de la sanción que se le imponga, cargará toda su vida con su
parte de culpa sin contar las horas, los días, quizás los meses que pasará en
la cárcel alejada de sus suyos, pero finalmente saldrá ganadora a causa del
gobierno que la quiere ver perder: ganadora de verdad y de integridad.
Podría abundar en más cosas, pero vale terminar estas líneas con una
interrogante: ¿será que en el gobierno de Javier Duarte no hay un solo
colaborador de él (que sea estudioso del Derecho) que pueda decirle que se ha
equivocado y que está causando el efecto contrario en la persona de la
comunicadora, pues a ella la respetarán aún más los que ya lo hacían y lo harán
quienes a lo mejor no sabían de su existencia; que lejos de mostrarse como un
gobernador respetuoso y cumplido de las leyes, se ve en toda su expresión como
el personaje ignorante, abusivo y arbitrario que ella tanto ha denunciado y que
lo seguirá haciendo ahora con mayor razón?. ¿Qué no habrá quien le diga al
gobernador que, de llegar este caso a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (como seguramente se empeñará en hacerlo llegar la comunicadora y sus
abogados, quizá no pronto, porque tal instancia ahora se ve lejana), con su
actuación dará lugar a que se declare al Estado Mexicano con responsabilidad
internacional?, con lo que quedará más desacreditado, si es que eso es posible,
pero no sólo él, sino el país completo, quedará México y, por ende, todos los
mexicanos que hacemos que esté país camine, como represores, abusivos,
arbitrarios, prepotentes y, lo que es peor, como IGNORANTES.
De lo que ahora vive Maryjose Gamboa se pueden plantear y analizar muchas
cuestiones que saltan a la vista; pero destaca por su relevancia la necesidad
de que el pueblo (en el que residen la soberanía), no sólo el del Estado de
Veracruz, sino el del país entero, despierte y se queje abiertamente, y que de
la queja pasemos a la acción, a cuestionar y pedir cuentas a quienes nos
gobiernan, que hagamos valer la soberanía de la que somos titulares y que
castiguemos con el voto responsable y razonado a los malos gobernantes, es
decir, que nos convirtamos en personas valientes y que no permitamos, en esta
medida, que se cometan estas barbaridades que hoy está padeciendo la
comunicadora en mención, no porque en forma probable se considere que con su
conducta privó de la vida a otra persona, sino porque tener una afiliación
partidista distinta a la del gobernador en turno y por ser una voz crítica de
la actuación de éste.
Al gobernador, al procurador general de justicia y al subprocurador de la zona
centro del Estado de Veracruz les conviene leer la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José de Costa Rica, documento
que fue ratificado por el Estado Mexicano, para que se enteren de la existencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, respecto
de la que México reconoció su jurisdicción contenciosa, por lo que todos los
que ostentan un cargo o puesto de autoridad están obligados a cumplirla, so
pena de hacer incurrir al país en responsabilidad internacional; sólo consta de
ochenta y dos (82) artículos, así que no implicará mucho tiempo y esfuerzo
leerla.
Con esa lectura será suficiente para tomar un poco de consciencia sobre la
forma en la que han actuado hasta ahora, pero hay múltiples instrumentos
internacionales que México se ha obligado a respetar y que están violando
sistemáticamente con este y otros muchos casos.
Al juez de la causa se le recomienda leer antes de que resuelva la situación
jurídica de la comunicadora y de todas las personas a las que les instruye un
proceso en el juzgado a su cargo, los Principios Básicos relativos a la
Independencia de la Judicatura adoptados por el Séptimo Congreso de las
Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados
por la Asamblea General (de las Naciones Unidas) en sus resoluciones 40/32 de
29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, así como el
Informe de la Relatora especial sobre la independencia de los magistrados y
abogados identificado como A/HRC/17/30/Add.3. Documentos internacionales que
serán suficientes para que no permita que lo presionen a actuar en contra de
las constancias que integren los expedientes y a favor de los intereses mezquinos
del gobierno o de cualquier persona que se sienta con influencias derivadas de
un cargo que el propio pueblo le ha dado.
AGN VERACRUZ
