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| El ataque a estudiantes de Ayotzinapa en Iguala. |
“Licenciado Chong, y lo de la Normal de Ayotzinapa en cuántos minutos lo resuelve?”: Normalista guerrerense
Las funestas noticias que nos llegan sobre los trágicos acontecimientos ocurridos en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, donde la policía municipal masacró con saña inaudita a 43 jóvenes para luego depositarlos en seis narcofosas, son alarmantes y nos llevan a una sola conclusión: los municipios del país donde hay policía propia están en serio peligro como se ha comprobado porque esos elementos han sido cooptados por las bandas de la delincuencia organizada y han tomado como rehenes a los habitantes en complicidad con los presidentes municipales, miembros también de los carteles.
Está comprobado que la desaparición forzada de los alumnos de Ayotzinapa fue obra conjunta de la policía municipal y de sicarios al servicio del cártel Guerreros Unidos. No hay diferencia entre unos y otros. De día, los criminales trabajan con uniforme; de noche lo hacen vestidos de civil. En el estado delincuencial que reina en vastas zonas de Guerrero, narcotraficantes y gendarmes son las dos caras de una misma moneda.
Cuando José Luis Abarca, el alcalde de Iguala, fue señalado como responsable del asesinato de tres opositores a su gobierno, la denuncia fue frenada. El alcalde fue protegido por el Congreso local, por funcionarios del gobierno estatal y por al menos un diputado federal de aquella entidad.
La administración de Ángel Aguirre Rivero se inauguró con el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa. El nuevo crimen contra ellos perpetrado el pasado 26 de septiembre hace necesaria su salida. De por sí, es un mandatario ausente.
No nos extrañaría que a estas alturas Aguirre Rivero haya sido separado del cargo por ordenes del presidente Enrique Peña Nieto y puesto a disposición de la PGR para ser investigado.
Las pruebas de que la masacre fue cometida por la policía de Iguala, ahí están; dos delincuentes admitieron que junto con policías de ese municipio asesinaron a 17 de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos hace más de una semana.
La ejecución tuvo lugar en un cerro de Pueblo Viejo, cercano a las fosas clandestinas donde ayer se habían localizado 28 cadáveres, reveló el procurador de Justicia de Guerrero, Iñaky Blanco Cabrera.
Los asesinos, un sicario y un vendedor de narcóticos identificaron al director de Seguridad Pública de Iguala (aquí en Veracruz son llamados flamantemente “comandantes de la policía municipal”), Francisco Salgado, como quien dio la orden de detener a los estudiantes y a uno de los jefes del grupo criminal Guerreros Unidos, conocido como “El Chuky”, como quien ordenó asesinarlos.
Por la tarde, el procurador general de Justicia del Estado de Guerrero (PGJEG), Iñaky Blanco, informó en conferencia de prensa que fueron 28 cadáveres encontrados en el lugar conocido como Cerro Viejo de Iguala.
Detalló que la Procuraduría General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional y Armada de México, así como la policía estatal y PGJEG continúan las investigaciones para descubrir si hay relación entre los 43 estudiantes desaparecidos y los cuerpos hallados.
Elementos del Ejército, en coordinación con agentes de la Policía Federal y de la Gendarmería, trasladaron a 114 policías municipales -entre éstos 20 mujeres- para su “certificación” al estado de Tlaxcala.
El encargado de despacho de la seguridad municipal de Iguala, Carlos Manuel Díaz García, confirmó que sólo 114, de más 400 elementos que hay en el municipio, acudieron “de manera voluntaria” para ser trasladados y certificados.
Estarán en Tlaxcala unos 45 días, indicó.
Los familiares que acudieron a despedirlos, aseguraron que desde este lunes se les ordenó a los municipales que acudieran con equipaje, Esta mañana, los policías pasaron lista ante mandos federales y militares y, antes de abordar tres autobuses donde los trasladarán, les tomaron una fotografía a cada uno.
Esta acción se lleva a cabo luego de que 22 policías municipales de esta ciudad fueron detenidos por su participación en el asesinato de seis personas, incluidos tres normalistas, así como en la desaparición de 43 estudiantes, el pasado 26 y 27 de septiembre. Apenas este fin de semana se encontraron 28 cuerpos calcinados y destazados en fosas clandestinas de la comunidad Pueblo Viejo, municipio de Iguala.
Otro reto para el Procu
Y aquí en Veracruz donde también hace suficiente aire el procurador de Justicia del Estado, Luis Ángel Bravo, confirmó ayer la desaparición de cinco jóvenes en el municipio de Coatzacoalcos, no obstante indicó que no hay indicios de que haya sido la Policía Estatal, la que los habría levantado.
En entrevista en las instalaciones de la Subprocuraduría para la presentación del programa “Primer Contacto”, dijo que los jóvenes aún se encuentran en calidad de desaparecidos.
“Son cinco personas en calidad de no localizadas. Esa es la investigación (condiciones en las cuales desaparecieron). No tengo signo de ello, pero estoy buscándole y quien sea responsable, (así fueran policías)” se procederá, expresó, lo que no dudamos porque tenemos pruebas de otros casos en los que Luis Angel Bravo se ha comprometido a resolver y ha cumplido.
Exalcalde ratero
En una inusitada declaración a los medios de comunicación, el diputado Juan René Chiunti Hernández, afirmó que “el ex alcalde de Cosamaloapan, Homero Arroniz Zorrilla, -trienio 2011-2013- “se clavó” 11 millones de pesos”, quien adelantó que podría ser denunciado por presunto daño patrimonial.
“El ex alcalde dice que los devolvió, pero yo digo que se los clavó –afirma contundente Juan René Chiunti- cuando menos el dinero de CAPUFE que eran 5 millones 600 mil pesos, etiquetados para la construcción de la planta de tratamiento de aguas negras, que no se cumplió y si no lo ocupó para la planta eso se llamada daño patrimonial aquí en China y en Roma.”
Estamos checando las pruebas, explica el representante popular, “ya le llevé esa documentación que nunca quiso mostrar a las autoridades. La planta de tratamiento está iniciada, debería de estar terminada, vamos a ver dónde quedó la bolita, pero el dinero se lo deje a Homero Arroniz”.
Hay que recordar que Chiunti Hernández, entregó la administración municipal a Homero Arroniz, por lo que afirma que existen documentos donde se especifica la cantidad: “tan se lo dejé que fue un cheque certificado, no se le dejé un papelito y además el pasado 31 de enero del 2011 la federación le depositó un recurso a Homero Arroniz del dinero gestionado en la administración que yo presidí, no era dinero de su administración, y creo que lo desvió y argumenta que lo gastó en gasto corriente, nada más que ese dinero cuando está etiquetado no se puede tocar”.
El problema entre ambos políticos surgió porque el diputado, al concluir su administración fue acusado de no haber construido la planta de tratamiento.
“Todo ese tema que me han traído de que no construí una planta se trató de un tema política del ex alcalde Homero Arroniz, pero lo que no dice es que le deje en bancos 5 millones 800 mil pesos y le dejé, que le llegó el 31 de enero, recursos de CAPUFE, que tenía que haberlos depositado, en total le dejé 11 millones de pesos.”
Que se investigue la SSA
Alguien tenía que levantar la voz y fue la fracción legislativa del PAN la que exigió una investigación a fondo en la Secretaría de salud y advirtió que no avala el “borrón y cuenta nueva” que pretende darle el gobierno del estado ante las denuncias hechas por el ahora ex titular, Juan Antonio Nemi Dib.
El diputado panista, Rosendo Joaquín Guzmán Avilés, no descartó que se presenten denuncias penales en contra de quien resulte responsable. “Tres titulares al frente de la Secretaría de Salud en lo que va el sexenio, es absolutamente reprobable para el gobernador del estado, quien irremediablemente denota su errática política estatal de salud pública.”
No se trata, dijo, de nombrar a cualquiera “no se trata de poner al frente a gente comprometida con la salud de las y los veracruzanos”.
El PAN exigió se explique a los veracruzanos el motivo de esta situación e informe inmediatamente sobre la estrategia que emprenderá el nuevo titular, quien tiene la obligación de hacer cumplir la ley en el ámbito de su competencia y no negociarla, como se ha sostenido en una de sus primeras declaraciones: es mejor un arreglo en lo oscurito”.
Reflexión
Que tan ciertas serán las constantes denuncias que se vienen haciendo en contra del secretario de Desarrollo Social y aspirante a candidato priista a diputado federal por el distrito de San Andrés Tuxtla, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, en el sentido de que en la nómina de la secretaría cobran cantidades estratosféricas funcionarios disfrazados de operadores electorales, o sedicentes mapaches profesionales. Al menos uno, de antecedentes como probado corrupto, si está con él; José Ruiz Carmona “Pepín”.
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