16 de noviembre de 2014

EN VERACRUZ, LOS JUEGOS DEL HAMBRE

A cuatro días de los Centroamericanos inauguran deportivo Leyes de Reforma. Foto: Yahir Ceballos
El repudio al secuestro de 43 normalistas tiene un nuevo foco en Veracruz, donde se realizan los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe. En ese encuentro de proyección internacional, estudiantes, políticos y activistas se han esforzado por darle visibilidad a uno de los casos de criminalidad gubernamental más brutales de los últimos años. Ese rechazo se suma a la catarata de problemas y críticas que arrastra la justa deportiva: el gobierno estatal optó por acaparar los boletos de la inauguración para evitar rechiflas, los atletas deben irse a comer al mercado porque no les dan comida, los organizadores tienen problemas para hallar alojamiento, las manifestaciones contra el mandatario Javier Duarte se multiplican…
VERACRUZ, Ver. (Proceso).- Con errores, desorganización, inconformidades de algunas delegaciones extranjeras, falta de liquidez en las arcas estatales y una espiral de violencia, Javier Duarte inauguró el viernes 14 los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (JCC), que también se ven ensombrecidos por el secuestro y posterior asesinato –según elucubra la Procuraduría General de la República– de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.
Apenas el jueves 13 se entregó el último de los recintos deportivos (el Velódromo), y con la llegada paulatina de los atletas, el gobierno priista local, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe (Odecabe) están batallando para organizar el hospedaje de los atletas. De hecho, algunos deportistas mexicanos se quejan del trato privilegiado que recibieron los extranjeros, que fueron alojados en los mejores hoteles de la zona (cinco y cuatro estrellas) en detrimento de los representantes nacionales.
Aun así, varios atletas de Venezuela –que llegaron a Veracruz con anticipación– prefirieron trasladarse a Guadalajara y a Puebla para entrenar en instalaciones de aquellos lugares, y parte de la delegación cubana arribó hace 15 días a México, pero prefirió entrenar y aclimatarse en el Distrito Federal para evitar contratiempos.
El combinado colombiano de ciclismo se quedó en Xalapa y tuvo problemas: algunos corredores prefirieron entrenar sobre la autopista Xalapa-Veracruz y el bulevar Lázaro Cárdenas, ubicado en una carretera federal, para evitar ir al tramo Xalapa-Coatepec, cerca del Velódromo, en donde los trabajos de reasfaltado, bacheo y contención de montículos de arena no habían concluido cuatro días antes del arranque de los JCC.
A los combinados de Granada y Barbados, en tanto, les tocó observar la indignación social en contra del gobierno de Duarte el pasado lunes 10, cuando ocho manifestaciones sitiaron toda la mañana y tarde el centro histórico, la Plaza Lerdo y el Palacio de Gobierno:
Ese día protestaron organizaciones de colonos, profesores, taxistas, campesinos y hasta un regidor de Naranjos Amatlán, Gandhi Chávez, quien inició una huelga de hambre en contra de la represión gubernamental en el norte de la entidad.
Dos días después, atletas de Colombia, Cuba, México, Honduras, El Salvador y otras naciones recorrían la zona comercial de Xalapa cuando observaron cómo tres campesinos de Soteapan se desnudaron frente al Palacio de Gobierno, para exigir al secretario de Gobierno, Erick Lagos, y al propio Duarte una indemnización por 500 hectáreas de tierra. Ahí, completamente desnudo, el dirigente de la Unión de Pueblos Indígenas de la Sierra, Fidencio Fernández Carrera, advirtió al gobierno priista que, si no les cumple, arrojarán “800 kilogramos de caca y litros de orines” en inmuebles donde se lleven a cabo las competencias deportivas.
Otro hecho que habla de la desorganización de los JCC se dio el miércoles 12: varios atletas de Panamá fueron a comer al xalapeño mercado Jáuregui, en fondas cuyos platillos no exceden los 45 pesos. Los deportistas se quejaban de que la comida simplemente no llegó al hotel donde están hospedados.
La queja evidenció las fallas que tuvo el convenio firmado por el Comité Organizador de los JCC (Cover), el gobierno de Duarte y la Secretaría de Turismo, por un lado, con empresarios hoteleros, por el otro, para que éstos garantizaran el hospedaje, la alimentación y las condiciones adecuadas para el descanso de los atletas a cambio de una tarifa promedio de mil pesos diarios por atleta (Proceso 1973).
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1985, ya en circulación)

PRIMERO FUE GUERRERO Y AHORA EN VERACRUZ, LAS SEDES DEL PRI SON ATACADAS…

CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIONES DEL LÍDER JUVENIL DEL PRI, EN DONDE LLAMA DE BESTIAS A LOS MANIFESTANTES DE AYOTZINAPA DE GUERRERO...

Un grupo de manifestantes encapuchados atacó este sábado la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Xalapa, Veracruz, en una protesta contra el gobierno que organiza los Juegos Centroamericanos disputados en ese estado.
La sede del PRI en Xalapa durante los ataques (Cuartoscuro).

GUILLERMO IBARRA MACIAS PARTICIPA EN LA REPRESION...

El Director de  Obras Públicas Municipales del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Guillermo Ibarra Macías agrede a manifestantes; este personaje ya es bien conocido oír su actitud de prepotente, déspota y con poca sensibilidad para tratar a los empleados. 
Una rayita mas al tigre….

PEÑA NIETO AMENAZA CON REPRIMIR AUN MAS...

NUEVO VIDEO: EPN amenaza con REPRESIÓN y FUERZA PÚBLICA...


PEÑA NIETO AMENAZA CON RECURRIR A LA REPRESIÓN

A su llegada anoche a México, Enrique Peña Nieto advirtió que aunque hay una actitud de diálogo, acercamiento y apertura, el Estado está legítimamente facultado para usar la fuerza “cuando se ha agotado cualquier otro mecanismos para restablecer el orden”.
Peña Nieto aumenta deuda pública: Equivale a que cada mexicano debiera 55 mil pesos
Yo aspiro y espero que no sea el caso de lo que el gobierno deba hacer; que no lleguemos a este extremo de tener que usar la fuerza pública. Queremos convocar al orden, a la paz, advirtió
Peña Nieto ha criminalizado las protestas ciudadanas que exigen justicia para los normalistas de Ayotzinapa.
También fue interrogado también sobre la propiedad que se le adjudica de una mansión con valor superior a 80 millones de pesos en Lomas de Chapultepec, de la cual sólo se aclaró oficialmente que es propiedad de su esposa, Angélica Rivera.
Será la vocería del gobierno de la República la encargada de darinformación precisa sobre el asunto de la casa y se amplíe lo ya argumentado para aclarar lo que sin duda son aseveraciones imprecisas y carentes de sustento, respondió.
Se dará la información y documentación correspondiente para que se aclare este hecho, pues cuando salió a la luz pública no estábamos aquí; justamente se dio cuando íbamos en trayecto a China. Pero hoy estamos en oportunidad de hacer una puntual aclaración de este tema para que no quede la menor duda sobre el asunto.
En el hangar presidencial, inmediatamente después de aterrizar del viaje de una semana a China y Australia, Peña Nieto dio unaconferencia de prensa a las 22 horas. Luego de detallar lasactividades de la gira, sobre la cual muchas voces se manifestaron en contra, aseguró haber estado en permanente atención y seguimiento de los acontecimientos en el país.
Lo más lamentable es haber observado a lo largo de la semana distintos actos cargados de violencia, contrarios al respeto a la ley y al orden, contrarios al respeto a los demás.

Minimizó lo ocurrido a los estudiantes de Ayotzinapa, y sólo dijo que su administración  ha privilegiado el diálogo con los distintos grupos y se ha solidarizado con quienes sienten el dolor por la pérdida de los jóvenes. Exigió  actuar con civilidad, con respeto a la ley y con orden; y admitió que los hechos de Iguala han generadoreprobación e indignación a escala mundial.
A pregunta expresa, dijo no tener mayores detalles sobre lo ocurrido este sábado en distintos momentos en Ciudad Universitaria, de la UNAM.
Casi al concluir la conferencia se refirió a que algunos municipios del país han sido cooptados por el crimen organizado, sobre todo los más pequeños en cuanto a sus capacidades y con mayor debilidad institucional.
Es momento de entrar a un análisis profundo, reflexivo, de reconocer esta realidad que se viene arrastrando hace muchos años. En los próximos días se establecerá la línea a seguir para ir corrigiendo estas debilidades, adelantó. 

PADRES DE NORMALISTAS Y EZLN ACUERDAN MOVIMIENTO NACIONAL POR DESAPARECIDOS

El encuentro entre zapatistas y padres de jóvenes normalistas desaparecidos.  Foto: Especial









SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (proceso.com.mx).- Comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y miembros de la Junta de Buen Gobierno (JBG) acordaron con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y los padres y madres de familia de la Brigada Daniel Solís Gallardo, articular juntos un movimiento nacional para exigir la aparición con vida de los desaparecidos de México y los ejecutados de forma extrajudicial por el Estado.
Tras un encuentro con zapatistas realizado el sábado por la mañana, por la noche ofrecieron una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en la cual dieron a conocer los detalles de esa reunión y lo que harán en las próximas horas.
La reunión tuvo lugar en el Caracol de Oventic, en el municipio de San Andrés Larráinzar, hasta donde llegaron también el Subcomandante Moisés y el Comandante Tacho.
Ellos “abrazaron nuestra indignación y rabia, nos dieron la mayor de las atenciones y expresaron su total disposición a apoyarnos”, dijo Omar García, estudiante integrante de la Caravana.
El joven normalista aclaró que en la reunión, que fue pública para todas las bases de apoyo zapatistas y que duró cuatro horas, “no fueron los compañeros zapatistas los que nos buscaron a nosotros, fuimos nosotros los que los buscamos, porque conocemos su posición política y sus formas de trabajo.
“Ellos nos recalcaron desde el principio del encuentro que no pretenden dirigir a nadie, es una posición que todos conocemos, y nos dijeron que no pretenden darnos sugerencias ni lineamientos a seguir”.
Lo que sí nos sugirieron, explicó, “es que tenemos que acudir a quienes al igual que nosotros han padecido la desaparición forzada y asesinatos extrajudiciales que no son pocos en el país, porque son ellos los que pueden entendernos y acompañarnos en nuestro dolor y lucha, y son ellos con quienes podemos articular un movimiento, un núcleo más grande y poderoso con todas la organizaciones sociales que quieran solidarizarse”.
Omar García dijo que uno de los objetivos de la Caravana Nacional de Información es establecer diálogo y acuerdos con organizaciones sociales con la finalidad de conformar un movimiento a escala nacional con el objetivo de luchar ya no solamente por los 43 normalistas desaparecidos, sino también por los demás, ya que las desapariciones forzadas se han convertido en un problema nacional.
María Inés Abrajan, tía de Adán Abrajan de la Cruz, indicó que en vista de que las autoridades se muestran incompetentes, les han perdido la confianza, por lo que se vieron obligados a buscar el apoyo de la sociedad civil y otras formas de lucha que les permita dar con el paradero de sus hijos.
“Hemos venido hasta aquí porque el presidente de la República y las autoridades federales no han podido o no han querido localizar a nuestros hijos; ellos saben dónde los policías municipales se llevaron a nuestros hijos, ellos saben dónde los fueron a dejar, a quién se los fueron a dar”.
Dijo que el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, miente cuando dio a conocer que los normalistas fueron asesinados, calcinados y arrojados al río, “porque las tres personas que presentaron se ve que fueron torturadas, además en un diario de Chilpancingo vimos que esas mismas personas ya habían sido detenidas con anterioridad antes de que se llevaran a nuestros hijos”.
Los padres de familia denunciaron que por buscar a sus hijos desaparecidos están sido hostigados y amenazados por policías federales y estatales. Las amenazas también incluyen a las organizaciones que los están apoyando.

EL CASO AYOTZINAPA DEMUESTRA CRUCE ENTRE NARCOS Y FUERZAS DEL ESTADO: THE GUARDIAN


Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).– El caso de Ayotzinapa, que ha conmovido México, es una muestra del cruce entre la violencia de Estado y la de los criminales, plantea un artículo publicado hoy en The Guardian. Bajo la firma de Ed Vulliamy, el diario publica una pieza llamada “Alianza criminal del Estado, el Ejército y los cárteles de las drogas”. 

En el texto se plantea que “cuando el ciclo vuelve a conmemorar los hechos de 1968, en Chicago, París o Praga, pocas personas fuera de México recuerdan que el verdadero baño de sangre de ese año fue en la Ciudad de México”. “No son las manos con guantes negros a todo lo alto de los atletas americanos en la Olimpiadas de ese año, pero son las guantes blancos de la Brigada Olimpia del Ejército, que dispararon contra las multitudes de estudiantes y familias en el barrio de Tlatelolco de la Ciudad de México, matando a 350 personas a sangre fría, que será recordado”, detalla. 

“Ésta era la esencia de la violencia política en México por décadas, entre el Estado y la oposición de izquierda”, dice el artículo. Detalla que eso fue lo que detonó el movimiento Zapatista en Chiapas, durante la década de 1990; la movilización de los trabajadores en los talleres clandestinos a lo largo de la frontera con Estados Unidos y el cercano ascenso al poder del izquierdista Andrés Manuel López Obrador en su oferta electoral de 2006. 

Sólo a partir de ese año, la violencia ideológica ha sido πsubsumida por el salvajismo de la guerra de los cárteles del narcotráfico entre sí y, por lo que se afirma, el Estado”. “En esta narración entra la probabilidad –ahora confirmado tanto por el [ex] Procurador General del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, y el cártel de Guerreros Unidos en su territorio– que algunos, si no es que todos los estudiantes detenidos durante la protesta en Ayotzinapa fueron entregados por la policía al cártel para la ejecución sumaria. Inevitablemente el procedimiento bárbaro invoca protestas en las calles que hace eco a 1968: multitudes ocupan la famosa plaza del Zócalo y tienen en llamas la puerta del Palacio Nacional del Presidente Peña Nieto”, destaca. Al artículo indica que bajo los gobierno de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y ahora con Peña Nieto, han tratado de presentar una guerra contra los narcos, “como un aparato del Estado contra delincuencia organizada”. Que ha sido validada por Estados Unidos, ya que proporciona “ayuda” para la guerra contra las drogas, mientras que muestra satisfacción por las oportunidades de “inversión” en México. Gran Bretaña también sobre las “oportunidades comerciales” con México, y apoya su lucha contra el la delincuencia. “Debemos comprar la mentira, continuar con esa pretensión”, señala The Guardian. “Sin embargo, durante mucho tiempo los periodistas más valientes del mundo han cuestionado esta versión de los hechos. 

Los principales escritores de México, Lydia Cacho y Anabel Hernández, recibieron amenazas de muerte en serie para probar que las autoridades (los políticos, la policía, del ejército) son sinónimo de los cárteles o conviven con ellos”, destaca. Charles Bowden, gran escritor de Estados Unidos en la frontera muerto hace poco, escribió sobre “El mayor cártel en México: el Ejército mexicano”. Julián Cardona, el gran cronista y fotógrafo de la guerra del narco en Ciudad Juárez durante su primacía sombría como la ciudad más peligrosa del mundo, siempre decía que la misma mano del Estado detrás de la violencia contra la izquierda estaba en juego entre los señores de la droga, indica. 

EL EJÉRCITO Y LA VIOLENCIA 

El diario español El País, publica hoy también un reportaje que hace referencia a las personas desaparecidas entre los años 1969 y 1985, unas 512, y responsabiliza al gobierno mexicano de ello. “De aquellas 512 personas, a día de hoy, se desconoce su paradero y la orden judicial por las que se les detuvo, según el informe elaborado por la Comisión de La Verdad de Guerrero, al que ha tenido acceso 

El País“, detalla. En el texto que titula “Los porqués de Iguala”, explica cómo el documento prueba que a lo largo de 14 años la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) echó mano de policías y militares para realizar ejecuciones extrajudiciales, abusos policiales, violaciones e inclusovuelos de la muerte. “La conclusión del informe revela los antecedentes de una de las mayores crisis sociales del país en los últimos años: la masacre de Iguala. La investigación recopila centenares de testimonios y documentos que prueban que la extinta DFS, que operaba bajo las órdenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, que ejerció el poder hegemónico del país entre 1929 y 2000), desplegó 360 efectivos policiales y militares de élite para la “localización, captura y exterminio” de grupos “subversivos” en los años setenta sin ningún tipo de orden judicial”, agrega.