Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).– El caso de Ayotzinapa, que ha conmovido México, es una muestra del cruce entre la violencia de Estado y la de los criminales, plantea un artículo publicado hoy en The Guardian. Bajo la firma de Ed Vulliamy, el diario publica una pieza llamada “Alianza criminal del Estado, el Ejército y los cárteles de las drogas”.
En el texto se plantea que “cuando el ciclo vuelve a conmemorar los hechos de 1968, en Chicago, París o Praga, pocas personas fuera de México recuerdan que el verdadero baño de sangre de ese año fue en la Ciudad de México”. “No son las manos con guantes negros a todo lo alto de los atletas americanos en la Olimpiadas de ese año, pero son las guantes blancos de la Brigada Olimpia del Ejército, que dispararon contra las multitudes de estudiantes y familias en el barrio de Tlatelolco de la Ciudad de México, matando a 350 personas a sangre fría, que será recordado”, detalla.
“Ésta era la esencia de la violencia política en México por décadas, entre el Estado y la oposición de izquierda”, dice el artículo. Detalla que eso fue lo que detonó el movimiento Zapatista en Chiapas, durante la década de 1990; la movilización de los trabajadores en los talleres clandestinos a lo largo de la frontera con Estados Unidos y el cercano ascenso al poder del izquierdista Andrés Manuel López Obrador en su oferta electoral de 2006.
Sólo a partir de ese año, la violencia ideológica ha sido πsubsumida por el salvajismo de la guerra de los cárteles del narcotráfico entre sí y, por lo que se afirma, el Estado”. “En esta narración entra la probabilidad –ahora confirmado tanto por el [ex] Procurador General del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, y el cártel de Guerreros Unidos en su territorio– que algunos, si no es que todos los estudiantes detenidos durante la protesta en Ayotzinapa fueron entregados por la policía al cártel para la ejecución sumaria. Inevitablemente el procedimiento bárbaro invoca protestas en las calles que hace eco a 1968: multitudes ocupan la famosa plaza del Zócalo y tienen en llamas la puerta del Palacio Nacional del Presidente Peña Nieto”, destaca. Al artículo indica que bajo los gobierno de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, y ahora con Peña Nieto, han tratado de presentar una guerra contra los narcos, “como un aparato del Estado contra delincuencia organizada”. Que ha sido validada por Estados Unidos, ya que proporciona “ayuda” para la guerra contra las drogas, mientras que muestra satisfacción por las oportunidades de “inversión” en México. Gran Bretaña también sobre las “oportunidades comerciales” con México, y apoya su lucha contra el la delincuencia. “Debemos comprar la mentira, continuar con esa pretensión”, señala The Guardian. “Sin embargo, durante mucho tiempo los periodistas más valientes del mundo han cuestionado esta versión de los hechos.
Los principales escritores de México, Lydia Cacho y Anabel Hernández, recibieron amenazas de muerte en serie para probar que las autoridades (los políticos, la policía, del ejército) son sinónimo de los cárteles o conviven con ellos”, destaca. Charles Bowden, gran escritor de Estados Unidos en la frontera muerto hace poco, escribió sobre “El mayor cártel en México: el Ejército mexicano”. Julián Cardona, el gran cronista y fotógrafo de la guerra del narco en Ciudad Juárez durante su primacía sombría como la ciudad más peligrosa del mundo, siempre decía que la misma mano del Estado detrás de la violencia contra la izquierda estaba en juego entre los señores de la droga, indica.
EL EJÉRCITO Y LA VIOLENCIA
El diario español El País, publica hoy también un reportaje que hace referencia a las personas desaparecidas entre los años 1969 y 1985, unas 512, y responsabiliza al gobierno mexicano de ello. “De aquellas 512 personas, a día de hoy, se desconoce su paradero y la orden judicial por las que se les detuvo, según el informe elaborado por la Comisión de La Verdad de Guerrero, al que ha tenido acceso
El País“, detalla. En el texto que titula “Los porqués de Iguala”, explica cómo el documento prueba que a lo largo de 14 años la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) echó mano de policías y militares para realizar ejecuciones extrajudiciales, abusos policiales, violaciones e inclusovuelos de la muerte. “La conclusión del informe revela los antecedentes de una de las mayores crisis sociales del país en los últimos años: la masacre de Iguala. La investigación recopila centenares de testimonios y documentos que prueban que la extinta DFS, que operaba bajo las órdenes del Partido Revolucionario Institucional (PRI, que ejerció el poder hegemónico del país entre 1929 y 2000), desplegó 360 efectivos policiales y militares de élite para la “localización, captura y exterminio” de grupos “subversivos” en los años setenta sin ningún tipo de orden judicial”, agrega.
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