Javier y César Duarte, han posicionado a estas
entidades a la cabeza, pero de los listados negativos.
-Por Ilse García
Ciudad de México.- Los gobernadores priistas de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, comparten más que el apellido. Ambos llegaron en el año 2010 a sus cargos y durante sus cuatro años de mandato han posicionado a estas entidades a la cabeza… pero de los listados negativos: endeudamiento, corrupción, violencia y ataques a la libertad de expresión, entre otros.
Por un lado, el Gobernador priista de Chihuahua César Duarte ha sido acusado de enriquecimiento ilícito y señalado por triplicar en lo que va de su mandato la deuda de la entidad.
Sin embargo, el mandatario ha negado hasta el cansancio que él sea, por ejemplo, el accionista mayoritario del Banco Progreso, que según denuncian activistas y legisladores de oposición se ha constituido con desvíos del dinero del estado. Por el otro, el asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo, el onceavo homicidio de un comunicador durante el mandato de Javier Duarte en Veracruz, las crecientes amenazas y la intimidación contra comunicadores, el hallazgo de fosas clandestinas y las cifras de violencia, que demuestran que en la entidad no sólo roban gansitos y frutsis sino también secuestran y ejecutan personas, evidencian que el priista de 41 años, oriundo de Córdoba, ha permitido en lo que va de su sexenio una ola de impunidad que la sociedad le reclama constantemente.
EL DUARTE DEL DESPILFARRO Y LA CORRUPCIÓN
Ciudadanos y legisladores denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) a César Duarte, Gobernador de Chihuahua, y a su esposa Bertha Olga Gómez Fong por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. En la denuncia presentada ante la PGR y autoridades financieras a partir de una investigación ciudadana, se describe que el mandatario, funcionarios de la administración estatal y otros con carácter de prestanombres han participado en la creación del Banco Progreso de Chihuahua, SA de CV, cuya autorización está en trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La denuncia fue presentada por el activista Jaime García Chávez, quien se encargó de documentar una serie de irregularidades financieras en Chihuahua que benefician a Duarte Jáquez, a su cónyuge y a otras personas asociadas al Gobernador, como su Secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral. García Chávez detalló a SinEmbargo que se enteró de la existencia de un Fideicomiso –el 744743–, formado en 2012 por Duarte y su esposa Bertha Olga Gómez, al cual aportaron 65 millones de pesos con el objeto de que Banorte adquiriera para ellos acciones del Banco Progreso de Chihuahua.
Por su parte, el Senador panista Javier Corral Jurado se sumo a la denuncia, e incluso, desde noviembre pasado, acusó: “(Duarte) posee el 15 por ciento del capital accionario del banco. Es el nuevo rico de la entidad. Todo indica que a su enriquecimiento es ilícito. Si el patrimonio personal es la suma de los ingresos del trabajo, la renta, el rendimiento, la donación o la herencia, a César Duarte Jáquez no le alcanza juntándolas todas”.
El pasado 22 de enero, durante la comparecencia del mandatario estatal ante el Senado de la República, para exposiciones sobre materia penal de los estados, Corral Jurado se enfrentó cara a cara contra César Duarte.
El priista se defendió negando las acusaciones sobre un presunto desvío de recursos del gobierno de Chihuahua y acusó al Senador albiazul de tener un conflicto de interés porque dos de sus hermanos han estado relacionados con el narcotráfico, así como un fraude financiero en Estados Unidos. Se prevé que durante este mes, en el periodo ordinario de sesiones, la oposición en el Senado de la República retome la denuncia presentada por el activista.
A la par de las denuncias por el supuesto enriquecimiento ilícito del Gobernador Duarte Jáquez, están las del endeudamiento del estado. Sus detractores han llegado a comparar la deuda de Chihuahua con la que dejó Humberto Moreira Valdés en Coahuila, un caso conocido como el “Moreirazo”. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la deuda de Chihuahua al segundo trimestre del 2014 ascendía a 41 mil 603 millones de pesos, colocándose así como la tercera entidad más endeudada del país, sólo por debajo del Distrito Federal [62 mil 402] y de Nuevo León [58 mil 443]. Durante los cuatro años del mandato del priista en Chihuahua, la deuda del estado se ha triplicado.
En octubre de 2010 –cuando Duarte llegó a la gubernatura– los pasivos públicos eran de 12 mil 547 millones de pesos. Para 2011, en su primer año de mandato, la deuda creció en casi 5 mil millones de pesos; ese año el endeudamiento cerró en 17 mil 318 millones de pesos. Al cierre del segundo año del mandato de César Duarte, la deuda aumentó en más de 5 mil millones de pesos y se situó en 23 mil 284 millones de pesos. Luego, cuando cumplía más de tres años en su cargo, los pasivos casi se duplicaron y cerraron 2013 en 41 mil 768 millones de pesos. Al segundo trimestre de 2014, la deuda de Chihuahua registró un ligero descenso y alcanzó los 41 mil 603 millones de pesos. Con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), hasta junio de ese año, el pasivo del estado equivalía al 9.0 por ciento. En octubre de 2010 –cuando Duarte asumió el cargo– equivalía al 3.4 por ciento. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), hasta junio de 2014 a cada habitante de Chihuahua le tocaría pagar 11 mil 017 pesos para cubrir la deuda del estado.
Ese pasivo creció a una tasa anual de 10 por ciento, cuando la economía local apenas lo hizo en 2.47 por ciento, lo que significa que la deuda chihuahuense aumenta cinco veces más rápido que el desarrollo regional, según datos del IMCO.
EL DUARTE DE LA VIOLENCIA Y LA IMPUNIDAD
Durante los cuatro años de mandato del Duarte veracruzano, la entidad ha vivido flagelada por la violencia e incluso ha sido testigo a plena luz del día de una de las perores masacres en el estado. A casi un año de la llegada de Javier Duarte de Ochoa a Veracruz [el 1 de diciembre de 2010], el 20 de septiembre de 2011, un grupo de sicarios armados abandonaron alrededor de las 17:00 horas dos camionetas con 35 cuerpos en la plaza más concurrida del municipio de Boca del Río.
Los asesinatos se relacionaron con el narcotráfico, sin embargo hasta el momento el caso no ha sido aclarado. En Veracruz, entre diciembre de 2013 y junio de 2014, se localizaron más de 50 cadáveres en por lo menos 14 fosas clandestinas, tanto en la zona pesquera de Alvarado, como en la cuenca del Río Papaloapan. Pese a ello, en el mes de octubre de 2014, antes de que se llevaran a cabo los Juegos Centroamericanos, Duarte de Ochoa aseguró que en Veracruz “antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un frutsi y dos pingüinos en el Oxxo”.
Pero, el hallazgo de una fosa clandestina el pasado martes en Coatzacoalcos, donde se encontraron al menos tres cuerpos, de acuerdo con los reportes de Blog Expediente, así como el reciente secuestro y asesinato del periodista y activista Moisés Sánchez, en el municipio de Medellín del Bravo, recuerdan que en el Veracruz gobernado por Javier Duarte aún existen muchos problemas de seguridad pública pese a que el mandatario estatal ha insistido en negarlo.
El hallazgo de los cuerpos de dos obreros, que fueron ejecutados y luego enterrados en la fosa que ellos mismos habían cavado, llevó a las autoridades a localizar un entierro clandestino del cual, según datos extraoficiales, fueron exhumados tres cuerpos decapitados. Ese mismo día, por la noche, la policía tuvo que acudir a una vivienda en una colonia de Coatzacoalcos, donde fueron asesinados tres miembros de una familia. Aunado a estos casos recientes, las cifras oficiales también ponen en evidencia las carencias del gobierno de Duarte para garantizar la seguridad en la entidad. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad cerró 2014 con al menos 487 homicidios, y aunque se registró una disminución con respecto al 2013 –cuando se contabilizaron al menos 863 asesinatos–, este crimen se ha mantenido a la alza en el mandato del priista. Un año antes de que el mandatario llegara a la gubernatura de Veracruz, en 2009, la entidad cerró con un total de 347 asesinatos, mientras que en 2010, ya con Duarte de Ochoa al frente de la administración local, se contabilizaron 583.
En un año de su gobierno, los homicidios se dispararon y cerraron 2011 en 890; mientras que 2012 se convirtió en el año más violento en lo que va de su sexenio, con 968. Otro delito que se ha mantenido al alza en el gobierno del priistas es el secuestro. En 2010 se registraron 17, en 2011 al menos 60, en 2012 al menos 91 y en 2013 unos 109 plagios; mientras que el cuarto año de su mandato cerró con el mayor número de este delito, con al menos144 casos registrados.
El Duarte veracruzano no sólo no ha reducido de manera considerable los índices de violencia en la entidad, sino que lo ha convertido en el estado más peligroso del país para ejercer el periodismo en México y en todo el continente. Ser periodista en Veracruz tiene hoy el riesgo de convertirse en parte de esas cifras, han denunciado organizaciones nacionales e internacionales en defensa de la libertad de expresión.
En el gobierno de Javier Duarte, 11 comunicadores han perdido la vida, cuatro permanecen desaparecidos y al menos 13 han salido de la entidad y se catalogan como desplazados.
El más reciente caso de violencia contra el gremio fue el Moisés Sánchez Cerezo, director y editor del diario la Unión de Medellín, quien fue secuestrado y asesinado por la presunta orden Omar Cruz Reyes, Alcalde panista de Medellín de Bravo. El 2 de enero pasado, Sánchez Cerezo fue sacado por hombres armados de su domicilio, junto con su cámara fotográfica, su computadora y su celular.
El 3 de enero fue reportado como desaparecido y ante la lentitud de las investigaciones sus familiares acusaron al gobierno de Duarte de Ochoa de simular la búsqueda.
Fue hasta el pasado 25 de enero, cuando el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, anunció el hallazgo del cuerpo del periodista; además informó que el también activista había sido ejecutado el mismo día que lo secuestraron. Apenas el pasado lunes, la periodista veracruzana Verónica Huerta Aburto interpuso una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención de Denuncias contra Periodistas y/o Comunicadores debido a una amenaza que recibió el domingo pasado mediante un mensaje de texto: “Pendeja después del Moisés sigues tu perra te estamos checando (sic)”.
