Veracruz es uno de los estados con más violencia contra periodistas en México. Once han muerto y cuatro más están desaparecidos.
Alberto Nájar
Al
teléfono móvil de la periodista Verónica Huerta Aburto llegó una amenaza con
palabras ofensivas: "Después de Moisés sigues tú… te estamos
checando". El mensaje apareció el 1 de febrero. Días antes había sido
encontrado el cuerpo del reportero Moisés Sánchez Cerezo, quien fue secuestrado
el 2 de enero.
Los dos casos ocurrieron en Veracruz, uno de los estados más
peligrosos para el ejercicio del periodismo en México según la agrupación
Reporteros sin Fronteras. Desde 2010 once periodistas han sido asesinados y
otros cuatro permanecen desaparecidos.
Una veintena más abandonaron el lugar
para escapar de amenazas de muerte. Polémica Organizaciones civiles dicen que
Veracruz es un infierno para los periodistas. Y quienes trabajan en medios
locales, como el fotógrafo Félix Márquez, están de acuerdo. "Las cifras lo
dicen, no pueden mentir: once compañeros asesinados y cuatro desaparecidos.
La
frase es muy cierta", le dice a BBC Mundo. "Si alguno de los crímenes
de periodistas en Veracruz se hubiera resuelto desde un principio, esto no estuviera
pasando". En cambio, el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo,
asegura a BBC Mundo que todas las denuncias por agresión a comunicadores han
sido atendidas. "No se abandona absolutamente ninguna investigación, lo
hacemos a cabalidad y llegamos a conclusiones", insiste.
Delincuentes
La
polémica es parte del escenario que se vive en Veracruz donde la violencia
contra los comunicadores es una mezcla de varios factores, explica a BBC Mundo
Ricardo González, de la organización Artículo 19. El estado se encuentra
"en el epicentro" de la crisis nacional de inseguridad que vive una
parte del país. En Veracruz hay una disputa de carteles por las rutas de
tráfico de drogas, pero también existen bandas de secuestro y tráfico de
personas migrantes, extorsión y delincuencia común.
Algunos de estos grupos han
agredido a medios de comunicación, e incluso recientemente el diario El Heraldo
de Córdoba fue atacado con bombas incendiarias. De hecho, en cinco de los
homicidios de periodistas se encontraron vínculos con bandas de delincuencia
organizada, asegura a BBC Mundo el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel
Bravo.
Delitos federales
En esos casos se transfirió la investigación a la
Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR), legalmente responsable de
investigar esos delitos.
De los restantes, la fiscalía de Veracruz considera
que tres están resueltos: las muertes de Regina Martínez, corresponsal de la
revista Proceso; Gregorio Jiménez, fotoreportero del diario El Liberal del Sur
y Moisés Sánchez, quien dirigía su semanario llamado La Unión. En este último
caso las autoridades acusan al alcalde de Medellín de ordenar el asesinato del
comunicador.
La versión oficial dice que el funcionario estaba molesto por las
críticas de Sánchez Cerezo a su trabajo en el municipio, como la falta de
seguridad, el cobro de cuotas por recolectar basura o la falta de alumbrado
público, entre otros temas. "Crímenes pasionales" Sin embargo,
Artículo 19 y otras organizaciones, como Reporteros sin Fronteras y la Red de
Periodistas de a Pie no creen en la versión oficial e insisten que el gobierno
local no investiga las agresiones o lo hace de manera deficiente. Además, las
autoridades se resisten a aceptar que el trabajo de los periodistas puede ser
causa de las agresiones, o incluso pretenden desacreditar a las víctimas.
Eso
ocurrió con Moisés Sánchez, de quien el gobernador Javier Duarte dijo al
conocer su secuestro que se trataba de un taxista. "Se recurre a sembrar
la duda de que a lo mejor la agresión está relacionada con una cosa
pasional", señala Ricardo González. El fiscal general responde: "En
los casos en que ha confluido algún elemento que tenga que ver con la libertad
de expresión lo reconozco, no tiene por qué decirse lo contrario", señala.
"Lo más importante para nosotros no es el origen laboral o profesional de
una persona, sino que es un ser humano víctima de un delito".
Vulnerables
Pero además de las amenazas, asesinatos y desapariciones en Veracruz los
comunicadores padecen otros problemas, denuncia Artículo 19 y la Red de
Periodistas de a Pie. Un ejemplo es que las autoridades influyen en el trabajo
de los medios a través de la asignación discrecional de publicidad oficial.
Otro elemento es que los propietarios de muchos medios veracruzanos son
políticos o empresarios vinculados a grupos en el gobierno. Así, los
comunicadores se encuentran en condiciones críticas, denunció en noviembre
pasado la Red ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). "La
vulnerabilidad de los periodistas se ve acentuada por una situación laboral muy
precaria que afecta a un número considerable de los informadores
profesionales", señala el documento. "Muchos comunicadores han sido
despedidos luego de participar en protestas y la mayoría de los reporteros no
cuenta con un salario fijo ni seguro social".
La mezcla de todos los
elementos genera un clima de impunidad en el que cualquier autoridad –incluso
de nivel menor- cree tener permiso para agredir a periodistas, subraya Félix
Márquez. "Antes teníamos precaución con la delincuencia, luego supimos que
teníamos a otro enemigo enfrente por las investigaciones de corrupción en el
gobierno", reconoce. "Pero después de lo de Moisés nos dimos cuenta
que cubrir hoyos en las calles o falta de alumbrado nos ponen en la mira de
autoridades que no les gusta lo que hacemos".
Con información de BBC
Mundo. Consulta la publicación original aquí http://bbc.in/1KAmn5y
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