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| Portada de la revista Proceso 1999, ya en circulación. |
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| El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. Foto: Especial |
A casi cinco meses de ocurrida, la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa está más turbia que nunca debido a una razón fundamental: la desastrosa y, más aún, sospechosa actuación de la Procuraduría General de la República en relación con esos hechos, los cuales pretende archivar. En lo que concierne al expediente judicial del exalcalde José Luis Abarca y su esposa, a quienes la dependencia responsabiliza de los ataques de septiembre de 2014 contra los estudiantes de esa Normal Rural, el proceso exhibe en sus distintas etapas acusaciones plagadas de contradicciones y basadas en versiones de testigos desprestigiados…
MÉXICO, D.F. (Proceso).- De acuerdo con diversos datos contenidos en las causas penales seguidas a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, el caso contra la pareja como presunta responsable principal del ataque contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, y la desaparición forzada de 43 de ellos entre el 26 y el 27 de septiembre pasados, se basa en evidencias contradictorias y en desprestigiados testigos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
A Abarca se le acusa de “delincuencia organizada” en la modalidad “contra la salud con fines de fomento” (sic), por supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.
En la causa penal 1/2015, iniciada el pasado 3 de enero en el Juzgado Tercero de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas, la PGR solicitó orden de aprehensión contra el exalcalde por el delito de “secuestro” contra los 43 estudiantes desaparecidos, sin que el Ministerio Público presentara nuevas pruebas, sólo los mismos testimonios que muestran inconsistencias entre sí.
Estas y otras irregularidades afloraron a raíz de una investigación efectuada porProceso en colaboración con el Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de California en Berkeley.
Respecto a Pineda Villa, luego de 40 días de arraigo sin encontrar elementos para incriminarla, en diciembre de 2014 la SEIDO recurrió a Sergio Villarreal Barragán, Mateo (alias que se le adjudicó como testigo colaborador; antes usaba el de El Grande), extraditado a Estados Unidos en mayo de 2012, para que la incriminara tras más de cuatro años de no haberla mencionado en sus declaraciones ministeriales sobre los Beltrán Leyva y los hermanos Mario y Alberto Pineda Villa.
El testimonio de último momento de Mateo sirvió para que se abriera la causa penal 105/2014 y el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México girara contra ella orden de aprehensión por delincuencia organizada. Por el mismo cargo, pero en su modalidad “contra la salud”, la PGR también solicitó orden de aprehensión en su contra en la causa penal 1/2015, y ya se dictó auto de formal prisión sin que haya sido notificada.
La PGR le imputa al exalcalde el homicidio de Justino Carvajal Salgado, síndico de Iguala, en marzo de 2013. También se le responsabiliza del secuestro de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular (UP), y otras seis personas el 30 de mayo de 2013.
Según las declaraciones ministeriales presentadas por la PGR al juzgado, la acusación se basa en testimonios “de oídas” y de presuntas víctimas que dicen haber atestiguado los mismos hechos pero dieron versiones diferentes.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1999, ya en circulación)
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