En el informe de Juan Manuel Portal, auditor superior de la
Federación, se estableció que en la cuenta pública 2013 de Enrique Peña Nieto
se “promovieron” mil 300 expedientes de “responsabilidad administrativa”.
Lo anterior significa, dijo el coordinador panista, que hay “mil 300 acusaciones concretas de presuntos actos de corrupción, mismos que involucran montos que podrían superar los 50 mil millones de pesos”.
La gran tragedia con el sistema legal actual, sostuvo el coordinador panista Ricardo Anaya, es quién va a juzgar a esos mil 300 servidores públicos que pudieron haber cometido actos de corrupción y que podrían haber desviado hasta 50 mil millones de pesos del erario nacional.
“Con las leyes actuales no será un juez independiente, ni un tribunal autónomo; serán los propios empleados de los presidentes municipales, de los gobernadores y del presidente de la República”.
En el Sistema Nacional Anticorrupción –y que el propio titular de la ASF fijó como prioridad– se prevé la creación de un tribunal federal autónomo, añadió, “verdaderamente independiente, que conozca de esas mil 300 acusaciones, que juzgue a esos servidores públicos que pudieron haber cometido actos de corrupción, y que se resuelva con absoluta claridad a dónde fueron a parar esos casi 50 mil millones de pesos”.
Los cuatro puntos irreductibles del PAN son: crear observatorios para que pueda haber denuncias de ciudadanos, incluyendo las anónimas; la ratificación del titular de la SFP por parte del Senado, y que verdaderamente existan controles externos, lo que implica fortalecer a la ASF y a la propio Sistema Nacional de Fiscalización.
Luego de conocer los resultados de la cuenta pública en donde no sólo existe el posible desvío de 50 mil millones de pesos, sino que también se detectaron irregularidades por 67 mil millones, el no ejercicio por cerca de 23 mil millones y el “perdón injustificado” de mil 123 millones a empresas como Gamesa, ProLogis Investmen, Sabritas y Scotiabank mediante el programa de condonación de impuestos, el panista advirtió:
“México tocó fondo en materia de corrupción. Los datos que hoy da a conocer el propio auditor así lo confirman, son alarmantes, son preocupantes. Necesitamos medidas serias para combatir la corrupción y el primer paso es esta reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y estamos de acuerdo que tenga como subsistema el Sistema Nacional de Fiscalización”.
Lo anterior significa, dijo el coordinador panista, que hay “mil 300 acusaciones concretas de presuntos actos de corrupción, mismos que involucran montos que podrían superar los 50 mil millones de pesos”.
La gran tragedia con el sistema legal actual, sostuvo el coordinador panista Ricardo Anaya, es quién va a juzgar a esos mil 300 servidores públicos que pudieron haber cometido actos de corrupción y que podrían haber desviado hasta 50 mil millones de pesos del erario nacional.
“Con las leyes actuales no será un juez independiente, ni un tribunal autónomo; serán los propios empleados de los presidentes municipales, de los gobernadores y del presidente de la República”.
En el Sistema Nacional Anticorrupción –y que el propio titular de la ASF fijó como prioridad– se prevé la creación de un tribunal federal autónomo, añadió, “verdaderamente independiente, que conozca de esas mil 300 acusaciones, que juzgue a esos servidores públicos que pudieron haber cometido actos de corrupción, y que se resuelva con absoluta claridad a dónde fueron a parar esos casi 50 mil millones de pesos”.
Los cuatro puntos irreductibles del PAN son: crear observatorios para que pueda haber denuncias de ciudadanos, incluyendo las anónimas; la ratificación del titular de la SFP por parte del Senado, y que verdaderamente existan controles externos, lo que implica fortalecer a la ASF y a la propio Sistema Nacional de Fiscalización.
Luego de conocer los resultados de la cuenta pública en donde no sólo existe el posible desvío de 50 mil millones de pesos, sino que también se detectaron irregularidades por 67 mil millones, el no ejercicio por cerca de 23 mil millones y el “perdón injustificado” de mil 123 millones a empresas como Gamesa, ProLogis Investmen, Sabritas y Scotiabank mediante el programa de condonación de impuestos, el panista advirtió:
“México tocó fondo en materia de corrupción. Los datos que hoy da a conocer el propio auditor así lo confirman, son alarmantes, son preocupantes. Necesitamos medidas serias para combatir la corrupción y el primer paso es esta reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, y estamos de acuerdo que tenga como subsistema el Sistema Nacional de Fiscalización”.
Fuente: Google
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