COMITÉ DE LA ONU CUESTIONA AL TELETÓN EN GINEBRA: “EXPLOTA LA TRISTEZA Y LA LÁSTIMA”, DICE

Por Shaila Rosagel 

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).– La comisión mexicana que se encuentra en Ginebra, Suiza, rindiendo un informe ante el Comité de Derechos de la Infancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue cuestionada severamente por los expertos. Y se quedó callada, dijo Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

El directivo se encuentra también en Ginebra. A través de un enlace esta mañana dio a conocer algunos por pormenores de la actuación de 25 autoridades mexicanas, encabezadas por Laura Vargas, directora del Sistema DIF.

“Lo que nos preocupó es que no contestaron la mitad de las preguntas que hizo el Comité. No tuvieron respuesta y el Comité les pidió que en un plazo de 48 horas entreguen por escrito las respuestas a las preguntas que no contestaron”, dijo.

Entre los cuestionamientos estuvo presente el tema de la falta de presupuesto para “cambiar la realidad de la niñez en México”.

“La frase que destacó fue que ‘es difícil para este Comité entender cómo un país tan rico, tenga un nivel de desigualdad y pobreza como México’”.

Los expertos de la ONU afirmaron que en el país “la pobreza tiene el rostro de un niño”.

La ONU cuestionó al Teletón por considerarlo violatorio de los derechos de los niños “porque explota la tristeza y que se haga un uso mercantil de la lástima. Pero el Estado mexicano defendió al Teletón ante el Comité de expertos”, dijo Juan Martín.

También señaló el incrementó del número de deportaciones de niños migrantes entre 2013 y 2014. México se justificó y respondió que “no es que se incremente. Ahora entrega más rápido a los niños a sus familiares”, lo cual generó risas entre los asistentes, relató el director de la REDIM.

Los expertos de la ONU cuestionaron a México sobre la impunidad en el caso de la Guardería ABC de Hermosillo y sobre la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo luego de recibir el impacto de una bala de goma en Puebla. El Comité emitirá recomendaciones al Estado mexicano el próximo 7 de junio.

ABUSOS SEXUALES POR PARTE DE SACERDOTES

México fue expuesto en Ginebra, Suiza, como uno de los países con los casos más graves de pederastia, durante la comparecencia de autoridades y defensores de las víctimas en el Comité de los Derechos de la Infancia de la ONU, informó El Pulso San Luis.

“De entre los muchos temas relacionados con la violencia en contra de niñas y niños en México se tocó el de la pederastia clerical en México como uno de los países con los casos más graves en el mundo y la no participación de las autoridades civiles del país”, informó Alberto Athié, uno de los participantes mexicanos en la asamblea del Comité.

En su cuenta de Facebook, adelantó que llamaría la atención sobre los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. “Cinco casos muy graves que implican cientos de niños: P. Maciel; P. Nicolás Aguilar; P. Carlos López; P. Eduardo Córdova [acusado de al menos 100 casos de pederastia]; P. Gerardo Silvestre”, enlistó.

Athié escribió que “uno de los capítulos a revisar es el de la responsabilidad del Estado Mexicano ante los abusos cometidos por clérigos en contra de niños en el país y en el extranjero”.

COMITÉ PIDE ESCLARECER CASO CHALCHIHUAPAN

José Luis Alberto. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

El Comité de Derechos de la Infancia de la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo con el sitio e-consulta, pidió a las autoridades mexicanas un informe sobre las acciones que ha llevado a cabo para esclarecer el asesinato del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, víctima del impacto de una bala de goma durante el desalojo de una manifestación en Chalchihuapan, Puebla.

El 13 de noviembre del 2014, la madre de José Luis, Elia Tamayo Montes, acudió al Centro Expositor para presentar el caso ante representantes de la ONU. Sin embargo, personal del Sistema Estatal DIF (SEDIF) la presionó para que abandonara el recinto pues en ese momento se realizaba el Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Durante un encuentro posterior, los miembros de la organización internacional le ofrecieron su respaldo para presionar a las autoridades mexicanas.

“NO VAMOS A PERMITIR” QUE EXPERTOS DE CIDH ENTREVISTEN AL EJÉRCITO EN IGUALA: OSORIO

El grupo de expertos de la Comisión Interamericana pidió al Estado mexicano entrevistar "de manera directa" a los militares de ese batallón.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó la posibilidad de que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes investigan el caso de la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, entrevisten a los militares del 27 batallón de infantería, ubicado en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con La Jornada, el funcionario opinó que ello significaría someter a las fuerzas castrenses a un proceso de desgaste.

Además, consideró que existe un interés, no de los especialistas de la CIDH, sino de otras instancias, en desprestigiar y debilitar a instituciones como el Ejército Mexicano.

–¿La negativa a que los soldados sean entrevistados tiene alguna relación con que los expertos de la CIDH son extranjeros? ¿Hay algún impedimento legal en ese sentido?-, se le preguntó.

–No, no (sino) a ese proceso al que algunos quieren llevar, de debilitar a nuestras instituciones. No tiene nada qué ver con ellos (los expertos), (pero) no lo vamos a permitir.

Y sostuvo: “Cuando nuestra institución (el Ejército Mexicano) ha estado en incidentes como Tlatlaya (donde ocurrieron ejecuciones de civiles), esto ha sido admitido”.

“Cuando no ha tenido nada que ver, como es el caso de Iguala, no tenemos por qué entrar a un proceso de desgaste en el que no hay ni un solo señalamiento de una participación del Ejército Mexicano. Por eso es que no (se autorizará la entrevista, solicitada por el grupo de la CIDH)”, abundó.

Lo que sí podrían hacer los expertos de la CIDH, señaló el titular de la Segob, es que revisen los expedientes de las averiguaciones previas elaboradas por las procuradurías de Guerrero y General de la República; en dichos expedientes existen declaraciones por parte de los militares.

–¿Se podría realizar la entrevista a militares por la vía de una tercera persona?

–No hay hoy todavía un acuerdo respecto de cómo; no hay forma. Lo digo con mucha claridad: no podemos (entrar) a ese proceso al que muchos quieren llegar –insistió.

–¿Pedirá entonces que exploren otras vías?

–Que se vayan a la investigación que tiene que ver con lo que sucedió ahí (en Iguala).

En su más reciente informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH solicitó nuevamente al gobierno mexicano el ingreso al 27 batallón de infantería del Ejército, para entrevistar ‘‘directamente, y no por intermediación de la Procuraduría General de la República (PGR)’’, a todos los elementos que estuvieron presentes en los distintos escenarios del ataque a los estudiantes.

Los especialistas sostuvieron que esas entrevistas son clave en el proceso de esclarecimiento del caso de los estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre.

Los expertos urgieron las “entrevistas con agentes del Estado” y remarcaron que el grupo “continúa gestionando con las autoridades las entrevistas con personal militar del batallón 27. Inicialmente, las autoridades sugirieron que dichas entrevistas se hicieran a través de la PGR. Posteriormente se nos informó que esto no era posible a través de la PGR y que tendremos una respuesta en los próximos días. El GIEI enfatiza que no pidió entrevistar a los miembros del batallón a través de la PGR, sino de manera directa, a fin de completar información fuera del ámbito judicial. A un mes y medio de la solicitud, el GIEI reitera la importancia de realizar estas entrevistas de manera directa para completar la investigación, por lo que espera la cooperación de todas las partes para llevarlas a cabo en su próxima visita, de conformidad con el mandato del GIEI”. 

Además, solicitaron entrevistar “a personal de la Policía Federal y la Policía Ministerial que, según diferentes testimonios, estuvo presente en algunos de los escenarios de la primera parte de los hechos del 26 de septiembre”.

Aquí el documento con sus peticiones y avances en el caso:

Recomendaciones.txt by Aristegui Noticias

En el mismo sentido, en entrevista para Aristegui CNN, el pasado 12 de mayo, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, expuso que “(los expertos de la CIDH), van profundizando en sus indagaciones, han tenido facultades para tener acceso al expediente, a las personas vinculadas con el caso, y los lugares vinculados”.

“El ex procurador, Jesús Murillo Karam, faltó a la verdad al decir que no había ningún elemento en la investigación que vinculara al Ejército, lo que hemos dicho es que el Ejército desde el día uno tuvo que ser investigado, por dos causas”, indicó Patrón.

Recordó que “los expertos pidieron entrevistar a los integrantes del 27 Batallón de infantería y hasta ahorita no ha sido posible el contacto, han querido (el gobierno) que ese contacto sea a través de la PGR”.

Video de la entrevista a Patrón, en la que también Vidulfo Rosales, abogado de los estudiantes de Ayotzinapa:

http://aristeguinoticias.com/

¡QUEBRARON AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES!, TRABAJADORES DEL ESTADO ‘CONDENADOS’ A LA MISERIA

A punto del colapso, el sistema de pensiones público. De la revisión de la cuenta pública realizada por la Auditoría Superior de la Federación, se desprende que los pasivos laborales de la burocracia serán impagables en los próximos años. Hoy ya representan el 69 por ciento del PIB. La miseria a la que se condena a la mayoría de los trabajadores del Estado contrasta con las canonjías que gozan expresidentes y otros exfuncionarios que ocuparon cargos relevantes en la administración pública.

El sistema público de pensiones está quebrado. Ésta es la conclusión lógica del documento Política pública de pensiones y jubilaciones, de 193 páginas, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que evalúa el periodo 1995-2013 y proyecta su sustentabilidad actuarial hacia 2050, e incluso ofrece estimaciones para 100 años, de suyo cuestionables, debido la ausencia de los supuestos metodológicos que las sustentan.

La revisión de la cuenta pública de 2013 evidencia que el sistema de pensiones y jubilaciones de México, integrado por un régimen público, federal y estatal, híbrido –el viejo sistema solidario, de reparto, complementado con esquemas que compensan las bajas subvenciones, y una parte en proceso de desestatización, otro para viejos mayores de 65 años de edad que carecen de esa prestación social, conocido con el eufemismo asistencialista de “pensión para adultos mayores”, financiado por el Estado, y uno privatizado, para los trabajadores del sector empresarial, usufructuado por los fondos de los grupos financieros nacionales y trasnacionales–, está en una grave crisis.

De acuerdo con la ASF, los dos primeros regímenes se encuentran en serios problemas financieros que, de no resolverse adecuadamente, pueden colapsarse. Esto debido, entre otros factores, al creciente número de trabajadores gubernamentales que concluirán su ciclo laboral activo que aumentará vertiginosamente los pasivos laborales públicos, los cuales se convertirán en una verdadera montaña entre 2014 y 2050.

Los fríos cálculos actuariales señalan que, a valor presente, entre 2009 y 2013, los regímenes de pensiones y jubilaciones administrados por instituciones y entidades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los organismos constitucionalmente autónomos, aumentan su déficit –la diferencia entre los ingresos y las obligaciones de pago– en 184 por ciento, al pasar de -1.3 billones de pesos a -3.8 billones de pesos (ver gráfica 1).

Ello, debido al mayor crecimiento de las obligaciones de pago (40.4 por ciento) con relación a los ingresos (3.6 por ciento), los cuales son aportados por el Estado y los empleados. Las primeras pasan de 6.5 billones de pesos a 9.2 billones de pesos. Los otros se incrementan de 5.2 billones de pesos a 5.4 billones de pesos.

Los pasivos laborales, según la ASF, equivalen a 69 por ciento del producto interno bruto (PIB) de 2013 y a 218 por ciento del gasto neto presupuestario pagado (4.2 billones de pesos). Es 14.6 veces mayor al endeudamiento neto del sector público presupuestario (589 mil millones de pesos).

No obstante, los datos previos deben de observarse con cautela. Son testimoniales, un simple ejercicio numérico de la ASF. Como reconoce dicho organismo, que proyecta los valores actuariales para un periodo de 100 años –cuando ni siquiera se sabe cómo terminará fiscal, económica y políticamente el sexenio peñista, aunque los pronósticos no son optimistas–, las variables utilizadas para determinar el comportamiento de la población pensionada o los gastos esperados en el largo plazo no son homogéneas, “por lo cual no existe una seguridad razonable sobre el monto determinado para el pago de pensiones y jubilaciones”.

El grado de certidumbre en los cálculos de la ASF es similar a las cuentas alegres del presidente Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, relativas a su gobierno.

Sin embargo, es innegable que los pasivos laborales gravitarán onerosamente en el tiempo sobre la estabilidad de las finanzas públicas. Sobre todo cuando la financiera del Estado ha sido bruscamente cuestionada por la pérdida en los ingresos petroleros en 2015, que muestran la petrodependencia fiscal petrolera y el fracaso de las diversas y supuestas reformas. Esa contingencia, como ha sucedido reiteradamente, obligó al gobierno peñista a recortar el gasto público no financiero y a amenazar con convertir a la austeridad en la norma en lo que resta del sexenio.

¿Cómo afectará esa medida a los pagos de las pensiones y jubilaciones?

En épocas críticas, el ajuste fiscal conservador normalmente descansa en el gasto programable. Durante la crisis de 2009, por ejemplo, el presupuesto real ejercido en pensiones y jubilaciones se desplomó 40 por ciento, y en 2011, con el retorno a la disciplina presupuestaria calderonista, 4.7 por ciento. El principal organismo afectado en 2009 fue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyos recursos decrecieron 74 por ciento. Con menor y diferente intensidad, empero, esa situación se reproduce en otras instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, entre otras (ver gráfica 2).

Otros factores que restringirán financieramente al Estado, según la ASF, son:

a) Los gastos médicos de los próximos pensionados, cuyo valor presente es tasado en 2.2 billones de pesos, el 15.5 por ciento del PIB de 2013.

b) La mayor y cambiante demanda de la seguridad social de una población en proceso de envejecimiento, que exigirá más recursos, cambios administrativos y nuevos tipos de servicios médicos.

c) El incremento de viejos que carecerán de una subvención de retiro, ya sea porque no cotizaron el tiempo suficiente para tener derecho a ella, debido la pérdida de la estabilidad en el empleo formal, por ejemplo, o porque simplemente se vieron obligados a sobrevivir en la robusta marginalidad del mercado laboral informal, o entre las filas de la degradante población económicamente no activa, que obligará al Estado a destinar mayores fondos a la “pensión para adultos mayores”, en caso que se les quiera ofrecer un ingreso mínimo que les garantice una senectud miserable en lo que les resta de vida, y en caso que subsista ese programa en los años subsecuentes.

El desafío no es desdeñable. De acuerdo con la ASF, “la población de adultos mayores se ha duplicado en los últimos 20 años, y para 2050 alcanzará más de 24 millones de personas, poco más de 20 por ciento de la población total”.

d) La obligación legal reconocida por el Estado para garantizar una pensión mínima a los cotizantes de los fondos privatizados ?como necesidad para forzar el fin del sistema solidario? cuyos ahorros acumulados les proporcionarán un ingreso inferior al mismo: los trabajadores de más de 45 años de edad, aunque la Auditoría no ofrece elementos convincentes para asegurar que los demás superarán dicha retribución. Por desgracia, la tendencia declinante de largo plazo de los salarios reales, mínimos y contractuales, entre 1976 y 2015, permite suponer que el problema se generalizará hacia los demás ocupados.

Al margen de esto último, la Auditoría considera que el sector público tendrá que erogar 5.1 billones de pesos para cubrir el diferencial entre la pensión alcanzada y la garantizada.

Complementariamente, los fondos públicos de pensión y jubilación se caracterizan por otros vicios que limitaron la evaluación de su desempeño en el periodo 1995-2013: su extraordinario desorden, si se considera que en el país se registraron 105 regímenes, de los cuales 74 fueron de beneficio definido (de reparto) y 31 de contribución definida, privatizados; la defectuosa y opaca regulación, y la ineficiente supervisión que les caracteriza, los cuales impiden tener la certeza sobre la magnitud de los pasivos laborales, las cuantías pensionarias mínima, promedio y máxima pagadas, los diferenciales existentes entre las pensiones pagadas respecto de las garantizadas, entre otros aspectos.

El Poder Judicial debería ser el ejemplo de la pulcra honorabilidad. No obstante, dice la ASF, ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Consejo de la Judicatura Federal revelaron sus obligaciones laborales.

fuente:http://hugosadh.com/2015/05/20/quebraron-al-sistema-publico-de-pensiones-trabajadores-del-estado-condenados-a-la-miseria/

PARTIDO VERDE PROPONE MÁS IMPUESTOS Y PRIVATIZAR SERVICIOS DE SALUD

La plataforma electoral presentada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para las elecciones federales de este año, incluye la privatización del Sistema Nacional de Salud, la desaparición de la Policía Federal y la Gendarmería, así como la eliminación de los candados constitucionales para que las entidades puedan cobrar impuestos especiales.

Según el Partido Verde, el Sistema de Salud atraviesa por una crisis debido, entre otros factores, al rezago de camas hospitalarias, personal médico y la deficiencia en la calidad de los servicios prestados por los centros médicos del sector público.

La propuesta del Partido Verde en este sentido es prácticamente la privatización de los servicios de salud, al proponer una reforma a la Ley General de Salud para que el gobierno subsidie, a través de vales, la atención médica en instituciones privadas.

La propuesta cubriría la “atención médica de especialidad y alta especialidad, así como estudios clínicos en el sector privado cuando el paciente sufra una enfermedad que ponga en riesgo su vida o integridad física”.

En el rubro de Seguridad Pública, el PVEM propone reformar la Constitución, para disolver la Policía Federal, la Gendarmería y demás órganos de seguridad de la Federación. Y en su lugar crear una Policía Nacional.

En materia hacendaria, el Verde Ecologista propone permitir a las entidades la creación de nuevos impuestos: “Otorgar a los estados la posibilidad de establecer impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas, tabacos labrados y diesel, de manera adicional a dichos impuestos federales por el mismo concepto”, señala en su plataforma.

Con información de 24 Horas.

LA BRUTAL “SEÑORA WALLACE”, TRAS LA ORDEN DE NO LIBERAR A LA ACTIVISTA NESTORA SALGADO

El diario La Jornada reveló hoy que la empresaria Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización “Alto al Secuestro”, es la causante de que el fiscal general de Guerrero negara la libertad a la líder comunitaria Nestora Salgado, presa desde agosto de 2013 en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusada de plagiar a dos jovencitas de 17 años.

Pese a que el empleado de Peña Nieto en el “gobierno” interino de Guerrero, Rogelio Ortega, prometió que la activista sería liberada a principios de este año, el fiscal general Miguel Ángel Godínez rechazó la petición para desistirse de los cargos contra Nestora, justo cuando la panista Miranda de Wallace y su patiño Alejandro Martí, intervinieron en el caso antes de que venciera el plazo legal para dictar la resolución.

De hecho, las causas penales contra la integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), fueron desechadas en marzo de 2014 por un tribunal federal, ordenando su excarcelación. No obstante, desde entonces se viene retrasando la ejecución de la orden con gran variedad de pretextos.

El caso de Nestora Salgado se remonta a junio de 2013, cuando ella era comandante de la CRAC-PC en su comunidad natal de Olinalá, Guerrero. Dos señoras se acercaron a ella para plantearle el caso de sus dos hijas de 17 años –Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa–, que se encontraban desaparecidas desde hacía varios días y, según sus propias madres, andaban en malos pasos.

Nestora movilizó a sus fuerzas y pronto dio con el paradero de las adolescentes, halladas en casas de sus “amigos” en Huamuxtitlán y Tulcingo. Como parte de las acciones de reinserción social implementadas por la CRAC desde 1995, las jovencitas fueron remitidas con el consentimiento de sus familias a diversas casas de justicia administradas por maestros de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, encargada de proyectos educativos para jóvenes infractores en conjunción con las autoridades comunitarias. Consta el acuerdo firmado entre las madres de las jóvenes y la CRAC, con fecha del 10 de junio de 2013.

Meses más tarde, las madres se “echaron para atrás” inexplicablemente y acusaron a Nestora Salgado de secuestro agravado y extorsión, cambiando sus versiones ante el Ministerio Público. A raíz de estas acusaciones, Ángel Aguirre y Peña Nieto emprendieron una brutal cacería sobre las autodefensas de la CRAC en varias localidades de La Montaña. Duarante un violento operativo, militares y efectivos de la Marina detuvieron en Olinalá a Nestora Salgado junto a otras 50 personas. Hasta el momento, 12 autodefensas permanecen encarcelados y declarados presos políticos del régimen sangriento de Aguirre/Peña.

En marzo de 2014, tras una dura lucha de organizaciones sociales, activistas y abogados defensores de derechos humanos para recuperar la libertad de la lider comunitaria, madre de tres hijas y migrante mexicana Nestora Salgado, el juez federal del Tribunal Unitario de Acapulco, José Luis Arroyo, determinó que las acusaciones del MP federal por secuestro y delincuencia organizada no procedían, ya que Salgado había actuado facultada por su autoridad como integrante de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701. Es decir, que los presuntos actos de secuestro y privación de la libertad fueron en realidad detenciones legales derivadas de un acto de autoridad.

El mismo juez detectó contradicciones e inconsistencias en los dichos de los denunciantes, concluyendo que los supuestos montos de dinero que la policía comunitaria les exigía para liberar a los detenidos, en realidad eran fianzas y no sobornos como habían acusado. Por todo ello, el magistrado ordenó el no ejercicio de la acción penal contra Nestora Salgado y los otros 11 integrantes de la CRAC encarcelados. Sin embargo, retrasos deliberados del “sistema de justicia” han impedido que se ejecute la orden, la diligencia se mantiene trunca y no se han presentado en su totalidad las pruebas de descargo en favor de Salgado.

A principios de enero de este año, Rogelio Ortega presentó la solicitud de desistimiento de los cargos al fiscal estatal Miguel Ángel Godínez Muñoz, quien debía evaluar si procedía o no la liberación de Nestora. Un semana antes de que venciera el plazo para que Godínez informara su decisión, los empresarios panistas Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace emprendieron una campaña bestial de desprestigio contra la líder comunitaria.

Erigiéndose en jueces y dictadores de los destinos de este país, ambos panistas declararon a voz en cuello que la liberación de Nestora Salgado sería “ilegal y contraria a derecho”. Además acusaron a Ortega de no tener facultades para hacer dicha solicitud y denunciaron una supuesta “negociación” entre diputados federales y locales del PRD, para sacar raja política del caso.

Montando un teatro miserable, la “terrible Señora Wallace” ha utilizado a la joven Dulce Rubí Burgos, una de las acusadoras de Nestora, en sus conferencias de prensa para echar pestes contra las policías comunitarias. La muchacha prácticamente no habla, sólo se dedica a llorar junto a la poderosa empresaria mientras ésta, dramáticamente, la abraza.

De izquierda a derecha: Alejandro Martí, líder de “México SOS”; Isabel Miranda de Wallace, presidenta de “Alto al Secuestro”, y la joven Dulce Rubí Burgos. Foto: Humberto González / La Jornada

El abogado Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, denunció que la intervención de Miranda de Wallace y Martí “desvirtuó el debate jurídico” y violaría el debido proceso de Salgado, plagado ya de un sinfín de irregularidades, pues ambos sujetos pasan por alto que las víctimas que dicen representar ya habían agotado sus argumentos ante el Ministerio Público.

La feroz empresaria panista Isabel Miranda de Wallace tiene un largo historial de arbitrariedades cometidas en diversos casos, con tal de salirse con la suya. Su exabrupto más reciente lo aplicó a la periodista de investigación Anabel Hernández, luego de que ésta revelara que la empresaria manipuló a su antojo el caso de su hijo Hugo Alberto Wallace, presuntamente asesinado por secuestradores, y que incluso el occiso podría seguir vivo. La panista estalló contra Hernández y acusó a la revista Proceso de presionar a testigos citados en el reportaje de la periodista para que mintieran.

En su libro “México en Llamas”, Anabel Hernández dedicó un capítulo entero a exhibir las acciones ilegales de esa terrible empresaria para hacerse “justicia” por su propia mano contra personas inocentes, solapada por el régimen genocida del usurpador Felipe Calderón.

Con información de La Jornada

ELIZABETH MORALES COMPRO 10 CASAS MIENTRAS ERA ALCADESA...

“Vine al mundo pa’servir”
Sin ningún recato ni moral ni ético, la presidenta del CDE del PRI, Elmoga, lucra con la miseria y dice a los pobres que todos los días reza por ellos En el ranking del populismo, la presidenta del CDE del PRI, Elizabeth Morales García, Elmoga, es campeona.Por ejemplo, fue a la colonia El Naranjal, en Xalapa, y entregó “apoyos invernales” a los pobres y dijo:“Servir a la gente es y seguirá siendo nuestra misión”. Claro, los pobres como un instrumento para su mesianismo, luego de su paso por la alcaldía de Xalapa que terminó en medio del rechazo y el hartazgo ciudadano por su fama pública de acumular bienes, sin que nunca, jamás, el ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior) y la Comisión de Vigilancia del Congreso la haya puesto en el cernidor.
Luis Velázquez
http://sociedadtrespuntocero.com/2015/05/elizabeth-morales-compro-10-casas-mientras-fue-alcaldesa/

"NOS TRATARON DE INDIOS MUGROSOS": LÍDER NACIONAL INDÍGENA SOBRE DECLARACIONES DE CÓRDOVA

Asegura que en la reunión del 23 de abril fueron víctimas de discriminación por parte de empleados del INE.

México.- El gobernador indígena nacional Hipólito Arriaga Pote dijo que la filtración de la llamada de Lorenzo Córdova muestra las dos caras del Instituto Nacional Electoral (INE).

A juicio de Arriaga Pote la conversación de Córdova Vianello con el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina “es muy discriminatoria para todos mis hermanos indígenas a nivel nacional”. Durante la conversación privada y filtrada a redes sociales, Córdova narra en tono de burla la reunión con el grupo de indígenas que aseguran tener representación en 26 estados del país.

“Es una discriminación de la autoridad, del árbitro de toda la República, de todo el proceso y discriminarnos de esa manera, se imagina, en qué país estamos. Eso está malísimo, a qué le estamos tirando con esas autoridades”, dijo Arriaga.

Los grupos originarios se reunieron con Córdova el pasado 23 de abril y aseguran que fueron víctimas de discriminación por parte de empleados del INE pues los trataron de "indios mugrosos".

Arriaga detalló que el 24 de abril, él y un indígena de Guanajuato identificado como Mauricio Mata Soria, fueron recibidos personalmente por Córdova.

Con información de Excélsior