FUERTES IMÁGENES: Ejército de EPN asesina a jovencita, en Nuevo
Laredo.
Imagen: Cuerpo de Diana tras ser asesinada por elementos del Ejército.
“¡La
cagamos, son mujeres!”: soldado después de disparar 20 veces al carro
de Diana; 5 balas penetraron su cuerpo // Hayan o no sido mujeres, aunque le
hayan disparado un hombre, ahora los putos del ejército ya se sienten
falcultados para asesinar a quién les de la gana, a donde vamos a parar!! Emoticono gasp
(28 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Un soldado se
acercó al carro y dijo: ‘¡Hey, la cagamos! ¡La cagamos, son mujeres!’, afirmó
Alejandra, quien era la copiloto de Diana. “Es ahí cuando reconocen que se
equivocaron, que no eran hombres sino mujeres a quienes les habían disparado.
Ellos se equivocaron y aún así aseguran que mi hija Diana encubrió un delito”,
declara María Guadalupe Bravo, madre de la víctima.
Al sufrimiento de haber perdido a un familiar de manera
inesperada y producto de una ejecución extrajudicial, y estar involucradas las
fuerzas armadas, se le debe sumar el tener que enfrentarse al descrédito
social. “Porque los soldados, marinos y policía, fabrican culpables, alteran
escenarios y siembran evidencias”, sentencia en exclusiva para Revolución
TRESPUNTOCERO, el Licenciado Raymundo Ramos Vázquez, Presidente del Comité de
Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDH).
El 19 de mayo pasado personal del Ejército Mexicano disparó en
contra de un grupo de jóvenes que se encontraban platicando en el crucero de
Héroe de Nacataz, entre Gómez Farías y Privada Corona, en la colonia Matamoros,
Nuevo Laredo. Ricardo Daniel Borrego Miguel fue uno de los muchachos que al
escuchar los disparos salió corriendo intentando salvarse de éstos, es ahí
cuando los militares alcanzan a colocarle una de las balas en la nuca, la cual
le salió por la boca, provocándole una hemorragia que lo llevó a la muerte,
convirtiéndose así en la primer víctima del ejército ese día.
Justo cuando Ricardo caía al suelo, pasaba por el lugar Diana
Calderón Bravo, una chica de 21 años, quien manejaba su automóvil acompañada de
su amiga Alejandra. Cuando se percatan de la escena Diana acelera para no ser
alcanzadas por las balas, sin embargo, los militares las fijaron como su
segundo blanco y disparan contra el carro poco más de 20 veces, de las cuales 10
impactaron al vehículo y cinco penetraron el cuerpo de Diana. “Los disparos
fueron en la espalda de la joven, por eso nos damos cuenta de que es una
agresión directa, además de que no existe ningún militar herido y aunque hay un
vehículo del ejército que presenta un impacto de bala, se hizo de adentro hacia
afuera, es decir ellos mismos lo hicieron”, afirma Ramos Vázquez.
El parte oficial rendido por los militares asegura que ellos
fueron víctimas de una agresión armada y presentaron a un menor de edad como
integrante de un grupo delictivo, además de envoltorios con droga, armas y
municiones, que dijeron le pertenecían al chico.
“Durante más de tres horas los militares impidieron el paso a
familiares de las víctimas y al personal del Ministerio Público, e incluso a
los servicios de emergencia, esto fue para poder manipular el lugar de los
hechos y sembrar evidencias a las víctimas, en un claro intento por fabricar
culpables”, dijo el presidente del Comité de Derechos Humanos.
“Afortunadamente existe el testimonio de cuatro personas que
presenciaron la acción de los militares, el momento en que bajan de una
camioneta del Ejército Mexicano las armas y la droga para sembrarlas junto al
cuerpo de Ricardo Daniel Borrego Miguel y de Diana Calderón Bravo,
declaraciones que prueban modo, tiempo y lugar de los hechos”, agregó.
Ramos Vázquez explica que el caso de Diana es una representación
del modus operandi del ejército. A la joven estudiante al morir en un fuego por
parte de militares, la presentan como una delincuente, una integrante del
crimen organizado. Le siembran armas y drogas, además de acusaciones que hayan
quedado registradas en el parte informativo. Un ejemplo del descrédito social
por parte de los militares.
Agregando que: “otro padecimiento de las familias que sufren las
ejecuciones extrajudiciales, es la impotencia de que la autoridad que debería
investigar, en este caso el Ministerio Público de la Federación y la
Procuraduría General de la República (PGR), no averigua a pesar de haber
testigos de las irregularidades. En el caso de Diana, una de ellas es que
durante tres horas el ejército no permite el ingreso del ministerio público,
tampoco a la Cruz Roja, ni a los familiares al lugar de los hechos”.
A su vez, Ramos Vázquez asegura que en esas tres horas se
manipularon todas las evidencias, y también se sembraron otras, provocando con
esto un vacío de poder judicial. Otro punto que remarca, es que las familias se
enfrentan a la parcialidad de la PGR, a la lentitud, al burocratismo y al
valemadrismo, porque el Ministerio Público Federal tiene miedo de integrar
cualquier averiguación que involucre a las Fuerzas Armadas, no solamente el
ejército sino también la policía Federal y la Marina.
En el caso de Diana aún no se ha emitido ninguna respuesta por
parte de las instancias involucradas en la investigación, que son: la
Secretaría de la Defensa (SEDENA), la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH), la Presidencia de la República, y la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
Ramos Vázquez comenta que, “lo primero fue hacer la querella
formal, esto sucedió el viernes por la tarde en la PGR, en contra de quien
resulte responsable. En esa ocasión el Ministerio Público (MP) le dio todo el
crédito a las declaraciones del ejército mexicano, que se hicieron por medio
del parte formativo, dándole al documento credibilidad absoluta. Es ahí donde
se cuestiona la honorabilidad de Diana, instando con mayor firmeza la petición
de justicia que hace su madre, María Guadalupe Bravo. Porque nos damos cuenta
que el MP ha enviado una señal de que a su modo de ver no existe mucho o nada
que investigar. Esa es la impunidad de la que gozan las Fuerzas Armadas
teniendo de cómplice a la PGR y otras instancias”.
“De no obtener justicia haremos un llamado a los organismos
internacionales de Derechos Humanos, para que ellos pidan una investigación
profunda, exhaustiva e imparcial, hecha por las autoridades, así como lo
estamos haciendo nosotros como CDH. Porque cuando las fuerzas armadas están
involucradas en un asesinato extrajudicial, es muy difícil que las familias
consigan justicia, es un camino muy largo, penoso y desesperante para los
familiares”, asegura Ramos Vázquez.
Y sentencia que, “no son las fuerzas armadas las principales
culpables, es el Estado mexicano, porque no es la primera vez que el ejército
comete estos delitos, llevamos 14 o 15 ejecuciones extrajudiciales que están
documentadas por el Comité, pero existen muchas más, solamente que las familias
de las víctimas no han querido denunciar por miedo”.
Agregando que, “quienes sí presentan una denuncia, esperan que
Enrique Peña Nieto no solamente defienda los derechos humanos en el discurso,
no solamente cuestione a los malos elementos en el discurso, sino que en la
práctica abra la posibilidad de que se aplique la ley sin distinción, sin
fijarse de que pertenece o no a las Fuerzas Armadas”.
El Presidente del CDH explica que dicha organización, además de
tener la defensa de Diana, realiza la investigación, toma las declaraciones de
los testigos y recaba pruebas de los hechos, porque aunque ese es el trabajo
del MP, no piensa hacerlo. “Si nosotros hicimos un boletín con datos
verificados, el MP ya debió de entrevistar a los familiares, constituirse en el
lugar de los hechos y hacer preguntas, como lo hicimos nosotros, ellos pueden
obtener mayor información por ser autoridades”.
“En definitiva, en Nuevo Laredo y en Tamaulipas los ministerios
públicos no quieren investigar a los integrantes de las fuerzas armadas por
miedo o por complicidad. A esto se le suma que las fuerzas nunca cumplen con el
protocolo, ni el manual del uso de la fuerza. El año pasado se firmó un acuerdo
entre Marina, Ejército, Fuerza Aérea y Policía Federal, se establecieron los
protocolos para actuar en situación de riesgo o un enfrentamiento con
delincuentes. Se explicó que primero se tiene que hacer una advertencia para
que depongan las armas, evitar que escapen o agredan a las víctimas. Existen
muchas maneras de hacerlo, desde la disuasión, hasta la prevención. Lo que no
deben de hacer es disparar a matar y poner en riesgo las vidas, en este caso el
actuar del ejército fue todo lo contrario. Hubo una agresión directa”, afirma
Ramos Vázquez.
Comentando, “a esto le agregamos que según los testigos que
tenemos, los jóvenes no iban armados, entonces ese protocolo que pomposamente
anunció Enrique peña Nieto y las fuerzas armadas, simplemente es letra muerta,
ocasionando muertes inocentes con frecuencia”.
“En la tragedia de Diana nunca estuvo en riesgo la vida de
ningún militar. Pero aseguran que ella tenía un arma 223 de uso exclusivo, pero
es un arma que mide aproximadamente 1 metro y pesa como cinco kilos, entonces
difícilmente alguien puede manipular un arma larga mientras va manejando, menos
una muchachita de complexión delgada. Debo señalar que en el lugar de los
hechos había una cámara de seguridad y los militares cortaron los cables que
alimentan la energía del aparato, tenemos todo documentado porque no solamente
existe responsabilidad de los militares que privaron de la vida Diana y
Ricardo, si no también los superiores, quienes mantienen una complicidad por
encubrimiento. También son los responsables directos de que esto siga sucediendo
en Nuevo Laredo, en Tamaulipas y en el país. Porque las fuerzas armadas violan
varios protocolos, incluido el de la preservación de evidencias”, puntualiza
Ramos Vázquez.
