La Cámara de Diputados aprobó en comisiones la nueva Ley General
de Aguas, la cual ha sido calificada por organizaciones civiles como un intento
gubernamental para privatizar el recurso y favorecer el uso de agua en la
técnica del fracking para
extracción de shale gas, y con
beneficios adicionales para empresas comercializadoras y hasta constructoras.
Las
comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Alcantarillado
aprobaron con 31 votos de los diputados de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM),
un dictamen que nunca fue consensuado con las organizaciones de la sociedad
civil.
Cabe
mencionar que no se registraron votos en contra ni abstenciones porque los
diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), abandonaron la sesión con el argumento de que
no podían convalidar este despojo a los mexicanos.
“Muchos
pensaban que lo peor que el PRI podía hacer era mandar a Carmen Salinas de
plurinominal, pero de verdad es 100 veces peor lo que están haciendo aquí.
Carmen Salinas es una niña de pecho comparada con lo que ustedes están haciendo
en esta Cámara de Diputados el día de hoy”, afirmó el Diputado Manuel Huerta
Ladrón de Guevara, de Morena.
Uno
de los que abandonó la sesión fue el propio presidente de la Comisión de
recursos Hidráulicos, el perredista Gerardo Gaudiano Rovirosa.
Los
legisladores denunciaron que el dictamen aprobado este miércoles no fue
elaborado por los legisladores, sino que fue enviado directamente desde las
oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
También
acusaron un albazo de parte del PRI y del PAN, porque el dictamen fue
distribuido a los legisladores de oposición apenas dos horas antes de que iniciara
la reunión de las comisiones unidas.
Más
importante aún, el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que el
dictamen “pretende concesionar los trasvases (infraestructura para desviar agua
de una cuenca a otra) a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como grupo
HIGA, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades
indígenas, como es el caso del pueblo Yaqui [en Sonora] y el Acueducto
Independencia [en Monterrey, Nuevo León]”.
ACUSAN PRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Los
diputados de oposición rechazaron la nueva Ley General de Aguas, la cual
acusaron de ser privatizadora, donde desaparece de facto el derecho humano al
agua al considerarlo una mercancía.
La
Diputada perredista Aleida Alavez aseguró que el dictamen elimina el ámbito de
la asignación (sólo se queda para suministro de agua potable) y se
sustituye por el de concesión, lo que implica que todo el proceso de gestión y
administración del agua podrá privatizarse por la vía de la concesión por 30
años.
“No
podemos permitir que la iniciativa privada controle a quién se le da el vital
líquido, de acuerdo a su situación económica”, afirmó la también vicepresidenta
de la Cámara de Diputados.
La
oposición detalló que no se incluyeron 10 puntos básicos que eran demandas de
diversas organizaciones de la sociedad civil y defensoras de pueblos
originarios:
*
Reconocimiento de los derechos preferentes sobre el agua que tienen los pueblos
y comunidades indígenas y el derecho a la consulta y el consentimiento previo,
libre e informado.
*Garantizar
la participación social amplia en todos los órganos y organismos de
administración y gestión del agua.
*Garantizar
el derecho humano al agua y sus mecanismos de exigibilidad.
*Contar
con una política pública amplia e instrumentos de aplicación adecuados.
*Establecer
las áreas de importancia sociohídricoambiental, particularmente la protección
de los humedales.
*Incluir
los dictámenes de impacto sociohídrico para obras y actividades hidráulicas,
así como las evaluaciones de costo-beneficio sociohídricoambiental.
*Garantizar
presupuesto anual destinado a la gestión y administración del agua, equivalente
al 0.7% del PIB y 5% del presupuesto anual.
*Incluir
el régimen de asignaciones aún vigente y limitar el régimen de concesiones.
*Prohibir
las transferencias y otorgarlas sólo por cinco años prorrogables de acuerdo con
la disponibilidad del agua y condiciones ambientales del entorno y cuando
exista estrés hídrico se cancelarán las concesiones y permisos.
*Crear
la Procuraduría de Justicia Hídrica y la Contraloría Social, así como evitar
que la Conagua tenga más atribuciones que las que debe tener un órgano
desconcentrado.
El
dictamen aprobado por unanimidad fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados y se espera que sea discutido y aprobado este jueves en la sesión
del Pleno de San Lázaro.
