20 de julio de 2015

CIUDADANOS PROPONEN MULTAR A DUARTE POR CADA HOYO EN CARRETERAS ESTATALES

* Ley Antibache también contempla sanciones al gobernador para cuando emita declaraciones desafortunadas

Como respuesta a las ridículas y excesivas multas que se contemplan en el polémico reglamento de tránsito estatal, el colectivo ciudadano “por un gobierno menos pensante y más actuante”, está proponiendo una ley que estipule una sanción económica para el gobernador así como a los funcionarios relacionados con la debacle de la infraestructura carretera de la entidad. 
“Que por cada centímetro de bache que encontremos los ciudadanos en carreteras veracruzanas, se multe al gobernador con mil pesos”, dijo una de las líderes de esta asociación ciudadana respecto a su propuesta de ley. 
La llamada Ley Antibaches también contempla sanciones para el gobernador y sus funcionarios en el caso de que emitan declaraciones desafortunadas o presentan iniciativas de ley que violan las garantías individuales. 
“Aprovechamos la iniciativa de la Ley Antibaches para buscar reducir las declaraciones y acciones de Javier Duarte que calan cada vez más a los ciudadanos y si va a hablar o hacer algo que primero lo piense, y si aún pensándolo la va a regar, entonces que pague su multa”. 

Finalmente, la activista social descartó que la presente propuesta tenga carácter recaudatorio, pues si el gobierno invierte en tapar los baches y construir carreteras, y el gobernador deja de poner en vergüenza a los veracruzanos a nivel nacional, no será merecedor de ninguna multa: “se trata únicamente de formar en nuestros gobernantes una cultura de respeto al ciudadano”.

EL CONGRESO PONE PAREJO A JAVIER DUARTE

El Congreso pone parejo a Javier Duarte

* Lo urge a que investigue y resuelva crímenes de periodistas * La imprudencia y la inacción * El pastor, de redacción en redacción * Los reporteros gráficos agredidos * Así no se llega al cielo * Marchan los petroleros * Las razones de Didier * Mínimo, que renuncie Buganza * Atropello laboral y favor sentimental.

Javier Duarte se va a tragar sus odios. Dejará el discurso de las manzanas podridas, la insidia de los periodistas hampones, la imputación de que son “la expresión de los delincuentes”, la sutil amenaza —“pórtense bien”— que precedió al crimen del reportero Juan Mendoza Delgado.

Javier Duarte le tendrá que bajar. Le dice el Congreso federal que “intensifique las investigaciones”, que aplique la ley, que dé con los culpables, que los lleve a juicio, que sean sancionados los responsables de los asesinatos de periodistas ocurridos durante la pesadilla duartista. 
Histórica, la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó en el pleno, este miércoles 15, el punto de acuerdo que urge al gobernador de Veracruz a resolver los crímenes y las desapariciones de los comunicadores.
Angélica de la peña Gómez, senadora del Partido de la Revolución Democrática y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, presentó el punto de acuerdo, un día antes, el martes 14. En él señalaba casos de periodistas asesinados, el clima de hostilidad, la impunidad y las desafortunadas declaraciones de Javier Duarte, que han servido para tensar aún más la relación con la prensa.
En su proposición con punto de acuerdo, la senadora De la Peña planteaba:
“De acuerdo a estos datos y a los de diversas organizaciones internacionales, México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, siendo el estado de Veracruz la entidad —de acuerdo al Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue— más peligrosa para el ejercicio de esta actividad.
“En los cuatro años y siete meses de la actual administración estatal: 12 (13) periodistas han sido asesinados y cinco más se encuentran desaparecidos en el estado de Veracruz.
“De ahí que resulten preocupantes las declaraciones que hiciera el pasado 30 de junio de 2015 en un festejo retrasado por el Día de la Libertad de Expresión, el gobernador de esa entidad, Javier Duarte de Ochoa, quien dijo tener conocimiento de que hay colaboradores y trabajadores de los medios de comunicación que tienen vínculos con la delincuencia organizada.
“Señaló además que ‘no hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios’. En más de tres ocasiones reiteró el llamado a los comunicadores para que ‘se porten bien’porque vienen tiempos difíciles y su gobierno piensa sacudir el árbol y van a caer muchas manzanas podridas. Afirmó además que lamentablemente algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos de la delincuencia organizada.
“Se trata de una declaración desafortunada y preocupante, en primer lugar por venir del Gobernador del estado, el primer obligado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y el estado de derecho en la entidad, y segundo, precisamente por ser Veracruz la entidad con la mayor cantidad de periodistas asesinados y desaparecidos que permanecen en total impunidad.
“Si el Gobernador del Estado tiene conocimiento de éstos hechos, está obligado a proceder conforme la legislación penal que dispone que ‘Toda persona que tiene conocimiento de la comisión de un hecho que la ley señale como delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y, en caso de urgencia, ante cualquier funcionario o agente de policía’ ”.
Un día después, el miércoles 15, lo votó el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Lo aprobó. Su contenido es un retrato del clima de violencia, incontenible, contra la prensa veracruzana, de la impunidad, el perfil de un gobernador desentendido de su responsabilidad social.
“Veracruz es la entidad más peligrosa en América Latina para ejercer el periodismo”, según estudio elaborado por la organización defensora de los derechos de los periodistas, Artículo 19, refiere la información que emitió el Congreso federal.
Urge al gobierno de Veracruz a que “intensifique las investigaciones que permitan procesar, juzgar y sancionar a los responsables de los homicidios y las desapariciones de periodistas en la entidad”.
A fin de garantizar las condiciones de libre expresión de las ideas en Veracruz, el Congreso federal solicita fortalecer la colaboración con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
Hay cifras contundentes. Dice el dictamen de la Comisión Permanente que el 48 por ciento de las agresiones contra periodistas son cometidas por algún funcionario público; el crimen organizado está detrás del 8 por ciento.
En el país, Artículo 19 documentó 326 ataques contra la prensa, en 2014. Hubo 143 casos de violencia material, 45 detenciones arbitrarias, 53 casos de intimidación, 44 casos de amenazas y 12 ataques directos contra portales informativos en internet.
Cita el dictamen que el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) cataloga a México como uno de los países con mayor número de casos de asesinatos de periodistas no resueltos. Lleva a México a ocupar el séptimo lugar a nivel mundial en índice de impunidad en asesinatos de comunicadores, sólo por debajo de Afganistán, Siria, Sri Lanka, Filipinas, Somalia e Irak.
Según datos de Reporteros Sin Fronteras, México encabeza la lista de los países con mayor riesgo para ejercer el periodismo con al menos 82 periodistas asesinados entre 2000 y 2014, a los que se suman Moisés Sánchez Cerezo, Armando Saldaña y Juan Mendoza Delgado, los tres veracruzanos, así como comunicadores de Oaxaca y Tabasco, todos en 2015.
Otro dato: la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión, registra un rezago de 83 por ciento en las investigaciones de atentados contra la prensa. Las cinco entidades con más agresiones en el país son: Veracruz en primerísimo lugar, DF, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca.
Contundente, el punto de acuerdo de la senadora Angélica de la Peña fue reforzado por el diputado de Movimiento Ciudadano, Danner González Rodríguez, quien señaló: “estamos pidiendo que se aclare a la brevedad los homicidios y desapariciones de periodistas veracruzanos, así como un mínimo de garantías para la libre expresión de las ideas en esa entidad”.
Javier Duarte es un caso clínico. Ha llevado a Veracruz a una estadística mundial de muerte. Nada como Veracruz en crímenes de periodistas a nivel latinoamericano. Reina la impunidad.
Se recuerda con pesar a Milo Vela, a Regina Martínez, a Gregorio Jiménez de la Cruz, a Moisés Sánchez Cerezo, a Gabriel Huge, a Yolanda Ordaz, a Noel López Olguín, a Marco Antonio Báez Chino, a Misael Sánchez Solana, a Armando Saldaña, a Juan Mendoza Delgado, a Guillermo Luna Varela, a Esteban Rodríguez.
Ningún caso se ha resuelto. Pasan los años, sigue el carnaval duartista, un vodevil hecho gobierno donde los ladrones le roban a los ladrones, donde un gobernador que no tiene idea de qué hacer con Veracruz, se suelta el pelo, amedrenta, amenaza, categoriza a periodistas como hampones, como manzanas podridas, como voceros de los criminales y los insta a “portarse bien”. ¿Y él, cuándo se va a portar bien?
Resonaban sus palabras cuando cayó el periodista número 13. Juan Mendoza desapareció, lo hallaron sin vida en un Semefo, supuestamente atropellado, con una venda en la frente, o sea herido, atendido y después muerto. “Pórtense bien”, había dicho Javier Duarte. Y le quitaron la vida a uno más.
Pone en su lugar al gobernador de Veracruz. Le imputa responsabilidad. No investiga, no aclara, no halla a los responsables de los crímenes de los periodistas. Lo urge a que asuma su papel: que investigue y que haga valer la ley.

Qué vergonzoso: el Congreso puso en su lugar a Javier Duarte.

Archivo muerto

Anda como peregrino el pastor. Conmueve escucharlo. No es su hijo, el supuesto Javier Alonso, agresor de periodista alguno, sino víctima de la violencia, el agredido y ahora linchado en los medios de comunicación. Anda como peregrino el pastor y ha de ser doloroso, vergonzante, su rol, visitando redacciones que le divulguen el sermón, exculpando a los sátrapas gemelos, sus hijos, que protagonizaron el episodio de violencia contra dos reporteros gráficos, Sergio Balandrano Casas, de La jornada Veracruz y Coatza Digital, y Fidencio Arévalo Chapuz, de Notisur, que cubrían la protesta de un grupo de invasores desalojados por la policía del predio en la colonia Trópico de la Ribera, el miércoles 15. Dice que su hijo, el que inició la gresca, es la víctima. Sí, pues. Hostigaba esa lacra a reporteros y fotoperiodistas grabándolos con su cámara, al estilo de los orejas de gobierno y de los halcones de la mafia con imágenes que sirven para el espionaje o para identificar futuras víctimas. Peregrina el pastor por las redacciones queriendo convencer que el granuja de marras que tiene por hijo no actuó con violencia, cuando las imágenes lo exhiben y desnudan, cuando la lente de Sergio Balandrano Casas lo capta en el momento en que le dirige el puño al rostro, asestando el golpe en la cámara del periodista, cortándole la nariz, lanzándolo al suelo, noqueado, mareado una vez que se puso de pie. Muestra en las redacciones la cámara de su hijo, el sátrapa, y dice el padre que no, que no grabó nada, que no hay imagen alguna, ni video, como si lo captado no se pudiera borrar. Qué vergüenza ser pastor y tener al diablo en casa. Qué ejemplo puede ser para los feligreses de su iglesia. Sus hijos agreden, encaran, retan, mientan madres, provocan, agreden. Les rompen el hocico y salen por piernas tras cometer su pillada, impunes y solapados por una policía, la del “general” Arturo Bermúdez, que los dejó escapar. Y el pastor usa la mentira para decir que no son los agresores, que sus hijos son los agredidos. Así no se alcanza la salvación… Se agitan los petroleros. Toman las calles y se hacen oír. Marcharon este jueves 16 por las calles de Coatzacoalcos, con ellos los maestros disidentes, los líderes sociales, Morena y la diputada federal electa Rocío Nahle de los Robles, el Movimiento Canul, la Resistencia contra la Altas Tarifas de la CFE y Código Ciudadano. Reclaman por la opacidad en los trabajos previos a la firma del Contrato Colectivo de Trabajo entre el sindicato petrolero y Petróleos Mexicanos, del que sólo los líderes saben; porque Pemex reservó la información como confidencial; porque en agosto les tumbarán prestaciones de ley y conquistas laborales, habrá pérdida de beneficios, cambio en las condiciones de trabajo. Marchan contra las reformas estructurales de Peña Nieto, que suponen la entrega de los recursos del subsuelo al capital privado y, sobre todo, extranjero. Los encabeza su líder Didier Marquina Cárdenas, que ha enfrentado todo, que no se doblega, que argumenta y sostiene la lucha contra el desmantelamiento de Pemex. Van con un amparo, dice Didier, contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que fue el que permitió que Pemex reservara la información con carácter de “confidencial” hasta 2018. Van otras marchas, mayor movilización para evitar que los derechos conquistados se pierdan y que se mate a Pemex para que la riqueza petrolera pase a manos del capital privado… Mínimo, que Gerardo Buganza se defina. Se lo piden partidos políticos que ven el doble juego del pseudobronco del duartismo, empleado del gobernador, alfil para enturbiar el proceso de sucesión y que ahora, penosamente, sirve el ex panista como la Caja China para la distracción. Que renuncie, le piden partidos y aún quienes no militan en ninguno, porque es una incongruencia que llame mafias al PAN y al PRI cuando uno le dio la candidatura con la que pudo ser gobernador de Veracruz, y el otro lo acogió como se acoge a los traidores, le dio poder y nombre, dos veces lo ubicó como secretario de Gobierno en un hecho que exhibe las aberraciones mentales de Javier Duarte, inédito el caso, pues nadie antes había ocupado un cargo así, siendo removido y volviendo a él, mas que en la pesadilla duartista. Que renuncie le piden al minibronco que se siente más que El Bronco y allá los incautos que crean que Sor Buganza tiene algo de independencia del poder… ¿Quién es ese funcionario del ayuntamiento de Coatzacoalcos que dejó sin trabajo a una empleada, embarazada, cuya plaza asignó de inmediato a la amiga de su segundo frente?…
twitter: @mussiocardenas  

Mussio Cárdenas ArellanoAcerca del autor

Atrapado en el mundo de las letras y la denuncia social, Mussio Cárdenas Arellano cuenta ya con un extenso kilometraje recorrido en el periodismo. Lejano parece ya aquel 1978 cuando en Coatzacoalcos, su tierra natal, escribió sus primeras notas. Transitó por la entrevista, el reportaje, la crónica, el artículo y la columna política. Fue corresponsal de la revista Proceso, Imevisión, IMER, Contralínea; fundador de las revistas Contacto, Semanario Contacto e Informe Rojo; analista político en radio y televisión, y ganador del Premio México por columna política, en 2009, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de México (FAPERMEX). Su contacto con el periodismo viene de familia. Su padre, Mussio Cárdenas Cruz, y sus tíos Emilio, Francisco y Paulino, constituyen una dinastía de periodistas veracruzanos de reconocido prestigio. Actualmente escribe la columna Informe Rojo, que se publica en portales en internet y medios escritos con amplia aceptación entre la opinión pública.

EL PRIISTA BUGANZA

rubrica-buganza-priista
Rúbrica
Por: Aurelio Contreras Moreno
Al momento de anunciar su aspiración a convertirse en candidato “independiente” a la gubernatura de Veracruz, Gerardo Buganza Salmerón despotricó contra las “mafias” partidistas del PAN y el PRI que, según él, le impidieron ser gobernador en 2004 y en 2010.
También dijo que tenía más de cinco años de no militar en ningún partido político, por lo que contaba con “autoridad moral” para lanzarse por la vía “independiente”, pues quienes se perfilan para ser los candidatos abanderados por los principales partidos, representan “más de lo que ya no queremos”.
Pero contrario a la honestidad que pregona, Buganza miente. No se desvinculó de los partidos cuando renunció al PAN en 2010 para unirse a la campaña a la gubernatura de Javier Duarte, quien una vez en el poder premió su traición a su partido nombrándolo secretario de Gobierno.
Como mencionamos en la anterior entrega de este espacio, todos los secretarios de despacho de la administración duartista realizaron aportaciones económicas al Partido Revolucionario Institucional al inicio de este gobierno, como lo marcan los estatutos de ese instituto político en relación con las obligaciones de sus militantes.
Gerardo Buganza no fue la excepción. El 11 de mayo de 2011, siendo dirigente estatal del PRI Héctor Yunes Landa –otro de los aspirantes a la gubernatura impulsados por el duartismo–, el entonces secretario de Gobierno acudió a las instalaciones del Revolucionario Institucional, acompañado por otros funcionarios de la dependencia, como el subsecretario Erick Lagos Hernández, para entregar sus aportaciones económicas al tricolor –equivalentes al cinco por ciento de su salario–, en un acto público que fue incluso boletinado por la oficina de prensa priista.
En esa ocasión, Yunes Landa felicitó a Buganza “por esta decisión, así como al resto de los servidores públicos que lo acompañaron y que también entregaron sus respectivas cuotas”, mismas que serían utilizadas “para privilegiar el apoyo a los comités del partido en los municipios gobernados por la oposición”.
¿Eso es estar “desvinculado de las mafias partidistas”? Claramente no. Amén de que Buganza tampoco dejó de “meter mano” dentro de Acción Nacional y de colocar en el gobierno estatal a ex panistas incondicionales suyos, como la todavía directora de Promoción Turística Silvia Monge Villalobos o el director del “elefante blanco” llamado Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, Osiel Castro de la Rosa.
Y para que no quede duda de que Gerardo Buganza Salmerón está imbuido por completo de la cultura y prácticas priistas más rancias, al anunciar el pasado viernes 17 de julio, desde la sala de conferencias de la Coordinación General de Comunicación Social estatal, su renuncia a la Secretaría de Gobierno y su intención de ser candidato a gobernador, incurrió en una flagrante ilegalidad, pues realizó un desvío de recursos públicos al utilizar la infraestructura física y humana del gobierno estatal para promover intereses político-electorales personales.

En lo que vino a acabar quien una vez se proclamó “gobernador moral” de Veracruz.

LA PGR OFRECE RECOMPENSA DE 60 MDP POR ‘EL CHAPO’

La Procuraduría General de la República (PGR) ofreció este lunes una recompensa de 60 millones de pesos (mdp) a quien facilite información para capturar a Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, quien se fugó del penal de máxima seguridad del Altiplano el pasado sábado.
“Por tratarse de una persona que ha evadido en dos ocasiones el sistema penitenciario y dado que representa una amenaza para la seguridad pública, este día la Procuraduría General de la República emite un acuerdo por el que se ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos”, dijo la titular de la dependencia, Arely Gómez, en conferencia de prensa.

La recompensa se dará “a quien o quienes proporcionen información útil, veraz y oportuna que auxilie eficientemente a la localización y detención de Joaquín Guzmán Loera”, agregó.
Con información: http://www.cnnexpansion.com

AQUILA: CRIMINALES LOS EXTORSIONAN Y EL GOBIERNO LOS ENCARCELA POR DEFENDERSE

Autodefensa de Aquila, Michoacán, en conferencia de prensa. Foto: Enrique Castro
Autodefensa de Aquila, Michoacán, en conferencia de prensa. Foto: Enrique Castro
Las agresiones, extorsiones y violaciones a derechos humanos perpetrados por la delincuencia organizada no cesan, y las autoridades están lejos de asegurar a la población sus garantías más básicas, como el derecho a una vida digna.
Ante la ausencia del Estado, integrantes de comunidades rurales e indígenas, históricamente marginadas, decidieron hacer el trabajo que corresponde a sus gobernantes para defender su vida, su territorio y sobre todo su dignidad, para lo cual conformaron grupos de autodefensa y guardias comunitarias.
Tal es el caso de San Miguel de Aquila, Michoacán, un pueblo de poco más de 20 mil habitantes –en su mayoría indígenas de origen náhuatl– donde operaba la mina de hierro Las Encinas, que hasta hace poco era explotada por la empresa transnacional Ternium, sin que pagara a los comuneros (dueños de las hectáreas donde se realizaba la extracción) el precio justo por sus labores.
Venciendo el temor a ser agredidas por las fuerzas de seguridad o grupos criminales durante su trayecto desde Michoacán, 18 mujeres y cinco hombres de Aquila arribaron a esta ciudad el pasado viernes 16 para exigir al gobierno de Enrique Peña Nieto la liberación de 27 miembros de la guardia comunitaria, quienes fueron aprehendidos el miércoles 14, junto con 18 compañeros más que ya fueron liberados.
En entrevista, las esposas, madres, hijas y hermanas de los detenidos –de quienes se reservan sus nombres por razones de seguridad– aseguran que aquellos fueron arrestados sin orden de aprehensión y acusados de los delitos de delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y uso de cartuchos.
Esas 18 mujeres resisten en una ciudad desconocida con la comida y resguardo que les brindan organizaciones civiles y estudiantiles que apoyan su lucha. Ellas forman parte del grupo que se quedó en el DF después de que el resto de habitantes de Aquila (alrededor de 50) viajó a Morelia, Michoacán, el pasado martes 20, para exigir la liberación de cinco líderes comuneros acusados de diversos delitos.
Las indígenas dicen que por ahora buscan obtener los recursos económicos para pagar las fianzas de 19 guardias recluidos en el Cereso de Perote, en Veracruz.
“La gota que derramó el vaso”
Entre el grupo de mujeres hay jóvenes embarazadas que no desean ver a sus esposos en la cárcel cuando nazcan sus hijos. Según dicen, las fuerzas federales se los llevaron “por querernos defender”.
“Si defender nuestros derechos, nuestra vida, nuestras tierras y lo que nos pertenece es un delito, entonces sí merecemos estar en la cárcel y hasta que nos metan a juicio”, sentencia uno de los pobladores que las acompaña.
La guardia comunitaria “Aquila libre” surgió en junio pasado. De acuerdo con los pobladores, “la gota que derramó el vaso” fue la violación “a las mujeres del pueblo” por parte de integrantes del crimen organizado, luego de años de extorsiones, amenazas, y hostigamientos.
“Llegaban y te decían: ‘Me gusta tu mujer, me la vas a prestar un ratito en lo que bañas a tu hija porque al rato vengo por ella’”, relata uno de ellos.
Una de las mujeres asegura que fue en ese momento cuando los habitantes se reunieron para tomar en sus manos el asunto. “Eso ya no era vida, no es vida, no podíamos ir ni a las tortillas, vivíamos con el miedo de que fuéramos la siguiente, vivíamos esperando que llegaran a cobrar las cuotas. Siempre fuimos un pueblo tranquilo, pero todo eso se acabó”.
Recuerda que San Miguel de Aquila siempre fue extorsionado y saqueado por su riqueza mineral, y si uno de los comisariados decidía no apoyar a las empresas mineras y procurar más recursos para el pueblo, apunta, “era asesinado, simplemente aparecía muerto”, pero aun así se podía vivir, caminar, ir a misa, “tener una vida”.
Con el paso del tiempo el crimen organizado se volvió más fuerte y llegó un momento en el que los comuneros tenían que pagar una cuota de hasta 700 mil pesos al mes “para que según nos protegieran, pero aun así se robaron una pipa, un tanque, nos atacaban más. Ya pagábamos para que nos robaran”, puntualiza.
Y afirma que antes de que se conformara la guardia comunitaria buscaron la ayuda estatal, pero nunca les hicieron caso. Si iban al Ministerio Público ya no regresaban a sus casas.
“Cuando acudías a denunciar, salías y alguien ya te estaba esperando. Muchos compañeros desaparecieron así, fueron a denunciar y ya no volvieron”, subraya.
“Yo no entiendo al gobierno, no te defiende y no deja que te defiendas, no hicimos nada malo, ni nada ilegal. Se dijo que teníamos armas de uso exclusivo del Ejército, pero no eran nuestras, sólo teníamos pistolas pequeñas que te permiten tener por ley, además de piedras y machetes; eso no usa el Ejército”, aclara otro habitante de Aquila.
Día de terror
Todas las mujeres afirman que el miércoles 14 fue un día “aterrador”. Esa mañana vieron pasar los camiones de los “gois” (policías del gobierno estatal) y las camionetas del Ejército.
“Pensamos que venían a ayudar, que por fin nos hacían caso, nos llevamos una gran sorpresa cuando vimos que no fue así. Comenzaron a agarrar a los compañeros, al que veían con playera lo subían a su camioneta y si se resistía le pegaban.
“Estábamos en el auditorio donde nos reuníamos, unas estábamos de guardia en la cocina porque acordamos calendarios para ayudarnos entre todas y darles de comer a los compañeros; vimos llegar a los militares y por un momento nos alegramos, luego empezó la violencia y el susto”, relata una de ellas.
Añade:
“Hay compañeras que estaban embarazadas, pero no les importó, agarraron parejo; nos decían que no nos metiéramos, y si una se acercaba a ayudar a su compañero le daban un empujón. Yo tengo moretones de ese día.
“Empezaron con los del auditorio, pero luego se fueron con los que andaban en la calle; unas se escondieron, yo agarré unas piedras para darles; se estaban llevando a mi familia, pero no lo logré (que los dejaran en paz). Están presos sólo por defendernos, por hacer lo que ellos no hicieron en años”.
Ante la ausencia de sus compañeros y con el miedo de permanecer en su comunidad, las mujeres se armaron de valor para luchar por la liberación de las personas que aman y por eso están en esta capital.
Además del silencio de las dependencias federales que no se han pronunciado sobre el caso, ellas se enfrentan al desplazamiento, ya que no tienen un lugar seguro dónde dormir y tampoco un sitio al cual regresar. Tienen miedo de que la protesta, lejos de abonar a la tranquilidad, las exponga a más agresiones.
“Yo quiero regresar a mi tierra, es mi pueblo, es mi casa, allá está mi vida, pero no veo cómo, tengo miedo; además, en Aquila ya no hay nadie, todas las familias nos fuimos, huimos de allá, los pocos que quedan son los que están con esos grupos (del crimen organizado)”, dice una más de las afectadas.
Además de la liberación de sus compañeros, el grupo de comuneras y comuneros exige la intervención de la Policía Federal en Aquila, pues son “los únicos a los que todavía les tenemos confianza”, y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncie sobre las múltiples violaciones a las garantías humanitarias de las que son víctimas.

¿Y LAS SANCIONES DE LA CONTRALORÍA ESTATAL?

ricardo-garcia-guzman
Por Miguel Angel Cristiani Glez.
Luego de las espectaculares denuncias del contralor general del estado, en el sentido de que habrían de ser sancionados funcionarios públicos que incurrieron en responsabilidad por no cumplir con trámites ante la federación, lo que a su vez habría dado lugar a una serie de observaciones y recomendaciones, no se volvió a saber nada más del tema.

Se va a cumplir ya un mes, desde que el contralor general Ricardo García Guzmán dio a conocer la lista de los funcionarios que “han fallado a Veracruz y deberán responder por sus actos”.

La lista de 14 funcionarios y ex funcionarios está encabezada por el ex Contralor y Secretario de Finanzas y Planeación Mauricio Audirac Murillo y Carlos Aguirre Morales, subsecretario de egresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); Juan Manuel Corral Verdugo, ex procurador fiscal.

Pero a un mes de distancia, ya no se volvió a tratar para nada el asunto, nunca se dijo cuál sería el castigo para quienes no cumplieron con su responsabilidad.

Se dijo que las sanciones van desde los apercibimiento administrativos hasta la inhabilitación de la administración pública hasta por 10 años, tal y como lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz.
“Como titular de la dependencia actuaré con todas las facultades que me concede la ley hacia quienes la han trasgredido”
 
 “Nadie por encima de la ley, esa es nuestra divisa y habremos de cumplirla cabalmente”, sentenció el Contralor, “por tal motivo y para que quienes han fallado a Veracruz respondan por sus actos, se llevarán a cabo los procedimientos disciplinarios administrativos.

Pero el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos y las sanciones anunciadas no llegaron.

Es bien sabido que las comparaciones son odiosas, pero en contraste con lo publicitado por el contralor general de Veracruz en el gobierno del Distrito Federal, sin tanta alharaca, se acaban de imponer sanciones –de a deberás, no de a mentiritas- a 90 funcionarios públicos.

Fueron inhabilitados 27 servidores públicos, 11 de ellos por periodos de uno y hasta 15 años; a otros 12 se les destituyó y además se aplicó sanciones económicas por un monto superior a 70 millones de pesos.

De 90 sanciones que corresponden a funcionarios mayores de la Administración Pública del Distrito Federal (APDF); 17 fueron contra servidores públicos de las delegaciones Gustavo A. Madero (2), Miguel Hidalgo (5), Tlalpan (6), Cuauhtémoc (1), Xochimilco (1), Magdalena Contreras (1) y Tláhuac (1).

La Contraloría del Distrito Federal exhortó a la ciudadanía a que denuncie cualquier acto irregular cometido por servidores públicos de la administración pública local, a través de la página de Internetwww.anticorrupcion.df.gob.mx  al teléfono 5627-9739 o mediante la cuenta de Twitter @ConrraloriaCDMX.

En total fueron inhabilitados 27 servidores públicos, a 12 se les destituyó. De éstos, 11 fueron sancionados con inhabilitaciones que van desde uno hasta 15 años.
Adicionalmente a las sanciones administrativas se impusieron sanciones económicas por un monto superior a los 70 millones de pesos.

Aclara la Contraloría del DF que “En cumplimiento a disposiciones constitucionales, generales y locales, existe un impedimento jurídico para revelar nombres, cargos o particularidades que vulneren la protección de datos personales y con ello la dignidad de los ciudadanos”.

Visita nuestro portal de noticias de Veracruz:http://bitacoraveracruz.blogspot.mx
Estamos en Twitter como: @bitacoraveracru
También búscanos en Facebook: Miguel Ángel Cristiani G.

REPRESIÓN CONTRA NORMALISTAS EN MICHOACÁN

¡¡URGENTE DIFUSIÓN!!
REPRESIÓN CONTRA NORMALISTAS EN MICHOACÁN

Invitamos a escuchar el NOTICIERO de EL PUEBLO MEDIO INDEPENDIENTE de 8:00 a.m. a 10:00 p.m. de lunes a viernes, donde analizamos noticias, realizamos entrevistas y enlaces, capsulas, compartimos música y poesía. Además, de las actividades políticas del movimiento social.
El enlace en vivo se activa solo en la hora del noticiero, pero puedes consultar los programas y reportajes anteriores. Teléfono en cabina desde la Ciudad de México: 62 97 30 04 y whatapps 55 62 97 30 04.

¡DIFUNDE, CONSTRUYE Y DEFIENDE LOS MEDIOS INDEPENDIENTES!
El Pueblo. Medio Independiente
"Información contra la dictadura mediática"
El Pueblo. Medio Independiente