El pasado 16 de diciembre, el Consejo General del INE multó con 88.5 millones de pesos al Verde al considerar que incurrió en cuatro irregularidades que incluso involucran al ex vocero de ese partido, Arturo Escobar y Vega, y a su hermano Adrián Escobar.
Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).- Un empresario, un
productor y dos actrices de Televisa están involucrados en la irregularidad
hallada y sancionada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
El pasado 16 de diciembre, el Consejo General del INE multó con
88.5 millones de pesos al Verde al considerar que incurrió en cuatro
irregularidades que incluso involucran al ex vocero de ese partido, Arturo
Escobar y Vega, y a su hermano Adrián Escobar.
De acuerdo con documentos del INE, el partido del tucán contrató a
la empresa Grupo Textil Joad el 15 de agosto de 2008 para la elaboración de 763
mil playeras con el logotipo del PVEM, por un monto de 13.4 millones de pesos.
En la fecha en que se llevó a cabo la operación, el INE constató
que Adrián Escobar y Vega era accionista, desde 2005, de Grupo Textil, mientras
que Arturo Escobar se desempeñaba como Senador del Verde. Dos semanas después
de celebrado el contrato, el hermano del ex subsecretario salió de la empresa.
El 24 de noviembre, Arturo Escobar dijo no conocer la empresa
textil. Posteriormente, el Verde reconoció, en un escrito que entregó al INE el
pasado 8 de diciembre, que el hermano de su ex dirigente fue accionista de la
empresa textil.
“Adrián Escobar Vega manifestó no conocer a Jorge Alejandro
Peralta Casal y por ende a la empresa Grupo Textil Joad, y no simpatizar ni ser
militante en ningún momento del Partido Verde Ecologista de México”, se lee en
el expediente del INE.
El empresario Jorge Alejandro Peralta Casal enfrentó cargos en
2009 por un presunto fraude de tres millones de pesos contra varias personas.
Esta mañana, el periódico Reforma difunde que entre los afectados por el
fraude, se encuentran dos actrices de telenovelas de Televisa y un productor. La primera de las
involucradas, es la actriz Sabine Moussier, con quien Peralta estuvo casado.
La actriz Sherlyn, con quien Peralta Casal tuvo una relación
sentimental, fue una de las afectadas. Incluso ella demandó al empresario por
fraude de 2.6 millones de pesos, litigio por el cual Peralta estuvo preso.
Moussier tuvo que entregar a Sherlyn un terreno y una camioneta
para saldar la deuda de su marido, fue así que la actriz otorgó el perdón a
Peralta para que pudiera salir de la cárcel.
Además, Moussier se vio involucrada en una serie de demandas con
el productor Eduardo Vázquez por la misma situación. En tanto, otro de los
defraudados, el actor Frank Tostado, incluso amenazó a la entonces esposa de
Peralta con dañar a su familia y traer sicarios de Veracruz para matarla.
LO MULTAN POR SPOT, PERO LE PERDONAN ENVÍO DE SMS
La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó ayer una multa de 56 mil 80 pesos al partido del Tucán por la difusión de un spot de radio durante la campaña electoral de Chiapas.
En una sesión pública, los magistrados de la Sala Regional votaron por unanimidad multar al PVEM por el spot irregular de la coalición Chiapas Unido, que integra al Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal), y el Verde.
“Al haberse acreditado el uso indebido de la pauta por parte del Partido Verde Ecologista de México, se le impone una multa en los términos precisados en la sentencia”, detallaron los magistrados.
La Sala calificó la conducta del Verde como “grave ordinaria”, por lo que se le multó con 800 días de salario mínimo, lo que equivale a 56 mil 080 pesos. Cantidad que le será descontada por el INE a partir de que la sentencia cause estado y el partido tenga ingresos efectivos por actividades ordinarias.
Precisaron además que esa acción del PVEM transgredió el artículo 91, párrafo cuatro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Sin embargo, los magistrados rechazaron multar al Verde por una denuncia de presunta difusión de propaganda electoral a través de mensajes de texto el pasado 7 de junio.
Los magistrados precisaron que no se pudo acreditar con las imágenes entregadas y los testimonios referidos que el día de la jornada electoral fueron recibidos de manera generalizada los mensajes proselitistas por diversos ciudadanos en el país.
Indicaron que tampoco se pudo acreditar que los ciudadanos a quienes se les relacionó con cinco líneas telefónicas fueran militantes o dirigentes del PVEM, tanto porque no se les pudo localizar, o bien, no obraban registros de su afiliación al partido.
En cuanto a otros tres números restantes, de donde se denunció provenían los mensajes, las concesionarias y los permisionarios emplazados señalaron que algunas no prestan servicios de telefonía celular ni de mensajes de texto.
Mientras, otras dijeron que informaron que esos números no les fueron asignados para su comercialización sin que obre prueba contra tales aseveraciones.
Por su parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que esos tres números eran del extranjero, dado que el indicativo de país uno pertenece a alguno de los países que utilizan el plan de numeración de América del Norte, dentro de los cuales no se encuentra México.
Por ello, agregó la dependencia, no lo asignaron a algún proveedor de servicios de telecomunicaciones en territorio mexicano.
Finalmente, se estableció que no existe responsabilidad alguna por la emisión de mensajes de concesionarias y permisionarios involucrados para acreditar una responsabilidad directa al PVEM por la contratación a las empresas señaladas de los mensajes denunciados. Además de que tampoco se halló una responsabilidad indirecta del Partido Verde, ya fuere por culpa in vigilando o por resultar beneficiado por los mensajes de texto enviados.
