Herón Miranda Godos, se dedicaba a la compra-venta de autopartes y fierro
viejo, cuando un día de marzo de 2014, un policía estatal identificado como “El
Comandante”, llegó al local y le pidió -en tono prepotente- que le permitiera
inspeccionar su local, puesto que sabía que había adquirido piezas de las
cuales tenía que saber su procedencia.
Herón Miranda le dijo al policía estatal que lo dejaría pasar si le
mostraba la orden de revisión, el agente con tono de fastidio le preguntó que
si no sabía con quién trataba y agregó: ”soy la autoridad, sino me
dejas entrar te va cargar la chingada”, Herón le comentó que debido a la
manera en que lo trataba no iba a permitir dejarlo pasar, menos aún sin ningún
documento.
A lo que el agente respondió “yo te voy a enseñar como trabajamos
los estatales, te vas arrepentir cabrón”, lo anterior con voz
intimidatoria, pero el hecho no pasó a más. Al siguiente día una pareja con un
recién nacido llegó a su negocio y le pidió el pago de derecho de piso, como
era la primera vez que sucedía eso, les dijo que ya se lo pagaba a alguien más.
Y sin más se fueron.
Al día siguiente Herón salió temprano y no
pudo despedirse de sus hijas, sin embargo le dijo a su esposa que,
como todos los días, se escribirían vía mensajes de celular, sin embargo, eso
no pasó durante todo el día.
Según información del expediente AP/07/2015 hecha ante la Fiscalía
Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, Herón se encontraba
hablando con su padre por teléfono cuando tres armas le apuntaron directamente
hacía la sien, la secretaria que trabajaba con él se dio cuenta de los hechos.
Por lo que le advirtieron que si hablaba o veía algo “se la iba a
cargar la chingada”. En ese momento tres hombres se llevaron a Herón de forma
violenta, a bordo de una camioneta para después irse a toda velocidad. La chica
avisó a su hermano que se encontraba en la parte de atrás del local, pero nada
pudieron hacer.
La secretaria asegura que al reportar los hechos, quien se presentó
en el lugar para investigar el caso fue precisamente el mismo agente que días
antes había amenazado a Herón, el “Comandante”, quien puso
a disposición a dos elementos quienes aseguró, serían los que darían
inicio a las labores de búsqueda.
El hermano de Herón fue al negocio vecino para pedirles el número de los
que cobraban la cuota y llamó a los extorsionadores, asegurándoles que ellos se
habían llevado a su hermano, éstos no lo negaron y le llamaron del celular
robado que pertenecía a la secretaría, le pidieron 3 millones de pesos a cambio
de Herón, pero finalmente se quedó en 60 mil pesos.
El encargado de entregar el dinero
fue el hermano de Herón, pero sus padres llamaron a la policía estatal para que
lo protegiera, sin embargo, ellos comenzaron a encender las sirenas a una
distancia bastante lejana para que, a decir por la familia, quien recogía el
dinero se percatara que los agentes estaban ahí y escapara, después de eso no
se volvió a saber nada de Herón, quien vivía en Xalapa, Veracruz, según información obtenida porRevolución
TRESPUNTOCERO.
“Pocas veces la manera en que
suceden los hechos llaman la atención, cuando eso pasa se les da difusión y
mueven a las autoridades a investigar, siempre y cuando se trate de delincuentes,
cuando la policía está involucrada, como ha estado sucediendo con mayor
frecuencia, ahí sí se inventan culpables pero no averiguan a ningún elemento,
ellos son intocables y por lo tanto impunes”, comenta a Revolución
TRESPUNTOCERO Paula Macías, activista social, dedicada a la búsqueda
de personas desparecidas.
La activista asegura que un gran número
de desapariciones forzadas ocurridas en el estado tienen que
ver directamente con agentes policiales. Con lo cual
concuerda Lucía de los Ángeles Díaz, representante del colectivo “El
solecito”, que concentra a familiares de víctimas de desaparición
forzada.
Ambas coinciden en que el primer funcionario en renunciar debería
ser el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, puesto que
aun cuando existen pruebas, y las familias han demostrado que la policía tiene
que ver con los delitos, éste no ha hecho nada para abrir investigaciones y
seguir de cerca los procesos.
En la entidad existen poco más de 40 casos de personas que han
padecido desaparición forzada producto de operativos o después de haber
realizado “visitas” a domicilios o negocios, siendo tanto la policía
-estatal, municipal y federal- los inmiscuidos en los hechos.
Según información de organismos
civiles, existen aproximadamente 10 mil casos de desapariciones
en la entidad, de los cuales 500 son de menores de edad. “Los protocolos de
seguridad son inexistentes y las denuncias no pueden tener efecto hasta días
más tarde, como en el país entero se pierde la oportunidad, prácticamente se
le deja escapar al que levanta, además de ello, si los familiares
insisten en que cierto policía amenazó o ya había estado hostigando a una
persona, hacen caso omiso, todas las autoridades hacen caso omiso, entonces
tenemos que viajar a Distrito Federal para abrir nuevos caminos pero también
son costosos y aún más complicados”, asevera Macías.
Asegurando que uno de los principales problemas es que no existe un
control de las policías, quienes constantemente son reprobados en cuanto a
confiabilidad, “los mismos jefes no son confiables, qué podemos esperar
entonces de los elementos que están bajo su cargo. Nunca han podido rendir
cuentas a la ciudadanía y se resguardan bajo el poder que les da las armas,
además de ello la prepotencia es producto de hacerlos creer que ellos son
superiores al pueblo”, comenta la activista.
Según informes de la organización civil Causa en Común, Veracruz
encabeza la lista de estados con mayor porcentaje de policías reprobados en las
pruebas de confianza, ya que 38.55 % de sus elementos falló en los
exámenes.
El estado tiene 12 mil 736
policías, tanto municipales como estatales. De ellos, 4 mil 907 tuvieron una
calificación no aprobatoria en los controles de confianza, señala el
informe ¿Tenemos la policía que merecemos? Una radiografía de las
policías en las entidades federativas.
Sobre el punto, Causa en Común denunció que pese a que la Secretaría
de Seguridad Pública debió dar de baja ya a por lo menos 3 mil elementos
policiacos -evaluados desde octubre de 2014 y que no pasaron los exámenes de
confiabilidad- la dependencia incumplió con el acuerdo de la Ley General
del Sistema de Seguridad Pública, para depurar a esos policías.
La respuesta de la SSP fue que “no lo ha hecho debido a la falta de
dinero y porque si se dan de baja a todos, quién va a hacer el trabajo de
policías”.
