Édgar Hernández* /
“De
cien… es solo una cosa que sale mal”, Duarte
Los
saqueadores del agonizante régimen andan preocupados. Les urge ser diputados,
renunciar… o salir del país.
Saben
que ni Héctor ni Miguel Angel se la perdonarán.
Son
muchos miles de millones de pesos los que han saqueado como para que se vayan
impunes o pasen de largo de cara a un nuevo gobierno que requiere legitimarse.
Gabriel
Deantes, quiere ser diputado por Zongolica y Vicente Benítez por los Tuxtlas.
Son las cabezas de playa de una escalada de al menos 23 depredadores del erario
público que irán a juicio a partir del primero de diciembre de este año.
Y es
que son 115 mil millones de pesos los que están en duda… y en deuda ya que
presuntamente fueron objeto de desvíos dejando a Veracruz totalmente
empobrecido y comprometido para los siguientes 30 años.
Para
los arriba citados al igual que para Tomás Ruíz, Arturo Bermúdez, Fernando
Benítez, Adolfo Mota, Erick Lagos, Jorge Carvallo, Tarek Abdalá, Mauricio
Audirac, Fernando Charleston, Iván López Fernández, Salvador Manzur, Marcelo
Montiel y Carlos Aguirre, entre otros, la guillotina pende de sus cabezas.
El
virtual candidato al gobierno de Veracruz, Héctor Yunes Landa ya tiene sobre su
escritorio el expediente de la Auditoria Superior de la Federación en donde se
da cuenta que tan solo en el 2011 las irregularidades fueron por 12 mil
millones de pesos, en el 2012 por 7 mil 740 millones de pesos y en el 2013 por
28 mil millones de pesos en números redondos, en donde si bien se registraron
devoluciones, se volvió a caer en el ilícito al supuestamente realizarse
transferencias equivocadas.
Todo
ello amén de lo que sucedió en el 2014 y 2015 en donde asoman saqueos y
fortunas inexplicables.
De
momento dos casos llaman la atención.
Gabriel
Deantes tendrá que explicar ante la autoridad dónde salió el dinero para construir
edificios, como el “Orizaba” en Xalapa, negocios varios y una lista de casas y
propiedades que hace unos días hizo pública “Sociedad 3.0” que encabeza el
empresario Carlos Luna.
1.- Una
casa ubicada en la calle Netzahualcóyotl # 23 (lote 26), del fraccionamiento
Las Ánimas de Xalapa, adquirida en el año 2006 y con valor cercano a los 3
millones de pesos.
2.- Un
departamento ubicado en la Torre Marigalante # 97, departamento número 2 en la
ciudad de Boca del Río, adquirido a principios del 2010 y con valor aproximado
de 2 millones de pesos.
3.- Un
terreno ubicado en la calle Netzahualcóyotl (lote 27), del fraccionamiento Las
Ánimas en la ciudad de Xalapa adquirido en el año 2008 y con valor cercano al
millón de pesos.
4.- Un
terreno en la calle Itzcóatl # 33 del fraccionamiento Anáhuac Ánimas, adquirido
en septiembre de 2010 con valor cercano a los 600 mil pesos.
5.- Una
casa y terreno en la calle Amado Nervo # 18, ubicado en la localidad
Cuauhtémoc, municipio de Pueblo Viejo, Veracruz que tiene una superficie de 460
metros cuadrados y apenas 95 metros cuadrados de construcción y,
6.- Un
terreno en la calle Netzahualcóyotl (lote 28), del fraccionamiento Las Ánimas,
adquirido en el año 2011 y con valor cercano al millón de pesos.
Las
inversiones del ahora Secretario del Trabajo de Veracruz, se manejan en
instituciones como Banorte,HSBC, First
National City Bank así como documentos mercantiles que superan
los 43 millones de pesos.
Eso es
lo que se ha hecho público, ya que en el centro de operaciones electorales del
edificio Orizaba, en Xalapa hay una inversión de al menos 500 mil dólares en
maquinaria y equipo electoral, asociado con otra empresa, también destinada a
la falsificación de boletas electorales ubicada a un lado de “Autozone” en la
Orduña, a la entrada de Coatepec.
El caso
Benítez… ¡es otro caso!
Vicente
Benítez González, hoy señalado por millonarios desvíos, es el mismo que cobró
fama pública como el “Señor de las maletas voladoras” cuando en infausto
episodio en enero del 2012, el entonces tesorero de la Secretaría de
Finanzas, debió renunciar a su cargo, luego de que la PGR detuvo dos de
sus colaboradores por transportar en efectivo 25 millones de pesos,
sin poder acreditar –en el momento- su origen y destino.
Como
premio a sus servicios prestados y por haber sido sacrificado sería nombrado
Oficial Mayor de la SEV dependencia que maneja anualmente 33 mil millones de
pesos parte de los cuales ha derivado a la compra de ranchos, constructoras e
inversiones millonarias escondidas en prestanombres.
El
suertudo funcionario carga con un negro historial.
Su
padre Gabriel Benítez ha enfrentado problemas judiciales por robo y su abuelo,
Guillermo González, conocido como “El Ronco”, por años regenteó los más
importante prostíbulos de Los Tuxtlas, conocidos como “Foco Rojo” y los
hermanos de su mamá, Guillermina, Alicia y Cesáreo González Romero han sido
señalados como prestanombres en constructoras que facturan al gobierno del
estado bajo el membrete de “Las Méridas”.
“Café
Benitez” es otro de sus negocios y una de sus apoderadas legales de sus
empresas, es su familiar de nombre Reyna Carmen González Martínez, quien
representa a “Soluciones en Ingeniería Global Avanzada S.A. de C.V”,
constructora en obra pública municipal.
Su
esposa Mariela Muñoz Rodríguez también está metida en el ajo al igual que
Beatriz del Toro, secretaria privada del gobernador, quien es su socia. Todas
estas revelaciones con crédito a la periodista Claudia Guerrero.
Por
estos días Benítez es objeto de una nueva embestida.
En el
presunto desfalco a 2 mil profesores de la Sección 56 del SNTE fue involucrado
legalmente hace un par de días.
El
abogado Juan José Llanes Gil del Ángel del corporativo jurídico “Viades, Llanes
y Asociados” aseguró que el funcionario se encuentra denunciado penalmente por
la posible comisión de delitos como abuso de poder y uso indebido de funciones.
Refirió
que Benítez González forma parte del fraude cometido a dichos maestros al
permitir el desvío de 12 millones de pesos que ocasionarían un daño patrimonial
de alrededor de 70 millones de pesos.
Pero lo
de Gabriel Deantes y Vicente Benítez es apenas la punta de iceberg ya que la
lista de irregularidades y saqueos al erario pública no tiene fin.
En la
Secretaría de Seguridad Pública en 2012, según documento de la Auditoria
Superior de la Federación, en poder de este reportero, no se encontraron en
bancos 258 millones 251 mil pesos, ni se comprobaron 58. 5 millones de pesos,
mientras que para el 2013 se detectaron que no se invirtieron 348 millones.
En el
caso de la Secretaría de Finanzas, la ASF detectó en 2011 y 2012 el jineteo de
los réditos bancarios por retención de pago de nómina, así como pagos tardíos o
a destiempo, mientras que para el 2013 las auditorías arrojaron el desvío de
843 millones del Fondo de Aportaciones Múltiples. Escandalo similar se detectó
por pagos tardíos y réditos bancarios en las participaciones federales
destinadas a los 212 municipios.
El
informe general de la ASF es muy extenso y complejo.
Queda
sin embargo muy nítido que por tercer año consecutivo se dispuso de manera
irregular tan solo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por un
monto de 4 mil 273.8 millones de pesos. Tendrán que declarar el administrativo
de José Antonio Nemi, Pedro Solís y el ex secretario de Salud, Pablo Anaya
Ribera.
Asimismo
se tomaron fondos federales del Seguro Popular en el 2012 por 300 millones de
pesos y 900 millones de pesos para el 2013. Ya hay denuncia penal contra el ex
director Leonel Bustos Solís.
Asimismo
hay reclamo judicial al 31 de diciembre del 2013, contra Tomás Ruiz González,
Salvador Manzur Díaz y Fernando Charleston Hernández, quienes de acuerdo a las
reglas del Fondo debieron administrar las aportaciones federales que no fueron
ministradas a la dependencia ejecutora de Salud.
De ese
tamaño son las raterías.
Tiempo
al tiempo.
*Premio Nacional de
Periodismo
