12 de julio de 2016

GOBIERNO DE VERACRUZ PAGÓ A EMPRESAS FANTASMA 18 MIL MDP POR BIENES QUE NO EXISTEN, ACUSA ASF

La Auditoria Superior de la Federación señala que hay 53 denuncias penales contra el gobierno de Javier Duarte por el caso de la red de empresas fantasma. Desmiente una supuesta negociación para solventar las anomalías.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que el gobierno de Javier Duarte en Veracruz gastó más de 18 mil millones de pesos provenientes de partidas federales en contratos de obras, bienes y servicios cuya existencia no puede ser comprobada. Por esa razón solicitó a la Procuraduría General de la República que  investigue un posible desvío de los recursos.

En respuesta a una solicitud de información hecha por Animal Político,respecto al seguimiento que hace esa instancia de la firma de contratos con al menos 26 empresas fantasma  otras irregularidades detectadas por la ASF, la dependencia reveló que ya son 53 las denuncias penales presentadas hasta ahora, ninguna de las cuales ha sido solventada.

Aunque la ASF aun trabaja en identificar si el origen de los recursos es federal o local,  confirmó que las irregularidades ya fueron detectadas en procesos de auditoría: “Existen hechos relacionados con la falta de comprobación de gasto, que en muchos casos puede implicar adquisiciones irregularidades en las que no hay entregables”.

La instancia dijo que se trata de compras que paga el gobierno estatal, vía la adjudicación de contratos y las facturas que de ellos derivan, pero en los que “no existen los productos comprados y entregados”.

Hasta ahora, el monto de dinero que está pendiente que el gobierno de Veracruz devuelva o aclare, por irregularidades como la señalada anteriormente de los distintos ejercicios revisados, es de 18 mil 412 millones de pesos, según el Sistema Público de Consulta de Auditorías de la ASF.

Respecto a la identificación de las empresas contratadas por el gobierno estatal, la Auditoría dijo que no está entre sus facultades dar seguimiento a las compañías involucradas en las irregularidades pero recordó que se presentan las denuncias ante las instancias correspondientes para dar seguimiento a los casos.

Denuncias vigentes; no hay negociación

La semana pasada algunos medios y columnas en Veracruz reportaron que el 3 de julio, el titular de la ASF Juan Manuel Portal Martínez visitó al gobernador Javier Duarte en la sede del gobierno estatal en Xalapa. El supuesto motivo era ofrecer al mandatario estatal opciones para solventar las irregularidades detectadas.

Animal Político preguntó en términos oficiales a la Auditoría sobre el motivo de esta reunión pero el organismo dijo que esa información es falsa.

“En cuanto a la supuesta reunión del Auditor Superior de la Federación con el Gobernador de Veracruz, desmentimos, categóricamente, que haya tenido lugar”, dijo la Auditoría Superior.

Incluso, el órgano auditor actualizó la cifra de denuncias penales que se han interpuesto en contra del gobierno estatal solo por parte de la Auditoría. Explicó que ya suman 53 denuncias penales presentadas y que las averiguaciones abiertas ya se encuentran en el ámbito de competencia de la Procuraduría General de la República.

Las denuncias de la auditoría parten de la revisión que se hace del manejo de los recursos federales etiquetados para distintos rubros, y que el gobierno de Veracruz reporta que ya se gastaron. Al revisar cómo se ejercieron las distintas partidas los auditores encontraron varias irregularidades.

Cabe señalar que antes de presentar las denuncias los auditores solicitan información al gobierno de Veracruz para que explique y demuestre el destino de los recursos. En los casos donde esto no ocurre se presentan las denuncias penales por los presuntos fraudes.

En por lo menos ocho  de las denuncias presentadas, las anomalías no se acabaron en la detección del dinero faltante. La ASF descubrió que la administración de Duarte regresó el dinero a las cuentas faltantes pero lo hizo solo para solventar “la comprobación” y después volvió a retirarlo, situación que se califica como una “simulación”.

Silencio en Veracruz

Sobre la presentación de estas denuncias y los casos en donde el gobierno estatal ha destinado recursos  para adquirir productos o servicios que resultaron inexistentes, Animal Político solicitó vía telefónica y por escrito un posicionamiento a la administración de Javier Duarte a través del área de Comunicación Social.

La respuesta del área es que hay auditorías que están en desarrollo pero no se proporcionaron mayores detalles. Se dijo que la solicitud se haría llegar al coordinador de comunicación social Alberto Silva, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido alguna respuesta.
Cabe señalar que el pasado 26 de mayo, el contralor estatal del Gobierno de Veracruz Ricardo García Guzmán aseguró que habían conseguido solventar todas las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación sin embargo, dicho organismo aclaró que no era así y que las denuncias estaban en curso.

PGR confirma investigaciones

La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó ayer públicamente que el Ministerio Público está integrando un grupo de averiguaciones previas relacionadas con empresas de Veracruz, a las que el gobierno de Javier Duarte destinó múltiples contratos con recursos públicos, pero que no existen en sus domicilios ni hay evidencia de que hayan operado.

Dichas indagatorias – 32 en total – se iniciaron a partir de las denuncias presentadas por el servicio de Administración Tributaria (SAT), cuyos verificadores comprobaron la inexistencia de las compañías. Por ellas la procuraduría sigue varias líneas de investigación.

“De las empresas del Gobernador Duarte, quiero comentar que la Procuraduría General de la República, en ésta como en todas las investigaciones, realiza una investigación exhaustiva apegada a derecho y como ustedes saben la etapa de integración, la etapa de integración es secreta y por secrecía de la investigación yo no puedo proporcionar ninguna información” dijo el subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales, Salvador Sandoval Silva.

El funcionario dijo lo anterior durante el anuncio de acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Veracruz y Quintana Roo. Cuestionado sobre si las averiguaciones sobre empresas fantasma apuntan directamente a Javier Duarte, el subprocurador señaló que por ser una indagatoria en curso no puede compartir información.

Respecto a las 53 denuncias de la Auditoría, la PGR comentó que todas se encuentran en la fase de la investigación y una vez que se concluyan de reunir las pruebas, se determinará lo procedente de acuerdo con la ley.


YUNES LANDA PIDE A JAVIER DUARTE QUE “POR VERGÜENZA” RENUNCIE


POR NOÉ ZAVALETA , 11 JULIO, 2016ESTADOS

XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Javier Duarte de Ochoa debe renunciar a su cargo “por vergüenza” y “por decoro”, dijo este lunes el senador y excandidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes Landa.

En rueda de prensa, en la que no permitió cuestionamientos, Yunes Landa señaló que ante la pésima gestión de Duarte y su último paquete de iniciativas legislativas, es inevitable pedir su salida a cinco meses de que concluya su sexenio.
“El jefe del Ejecutivo del estado, que juró cumplir la ley, ha deshonrado su palabra y lastimado profundamente a Veracruz. El pueblo le demanda el compromiso de defender a nuestro estado. La descomposición agrede a los ciudadanos”, expresó el priista sobre quien fuera su “jefe político”, cuya pésima gestión –subrayó– también dañó al Revolucionario Institucional.
A través de su cuenta en Twitter, luego de que la Presidencia de la Republica promovió acciones legales contra el “paquete de impunidad” de Duarte, éste confirmó que había quedado cancelada su iniciativa de crear una sala anticorrupción en el Poder Judicial del estado.
Por separado, el Congreso local difundió un comunicado en el que destacó que la Junta de Coordinación Política deberá realizar un nuevo dictamen para echar abajo la convocatoria para la elección del fiscal anticorrupción y los magistrados, debido a las acciones promovidas por la Procuraduría General de la República (PGR) contra las iniciativas del blindaje de Duarte.
El coordinador de la bancada del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, comentó que con las acciones promovidas por la Federación, los diputados de la bancada del PRI y sus aliados deben comprender que no pueden aprobar las iniciativas del mandatario priista.
“No tenía la facultad de hacerlo, ellos se estaban adelantando a los procedimientos y esas son las consecuencias de las acciones desesperadas que tiene este gobierno, en donde la misma PGR y el gobierno de la República ponen una acción de inconstitucionalidad”, señaló en entrevista.
Subrayó que los gobiernos de Veracruz y Quintana Roo se encontraban en la construcción de su blindaje ante el problema que se tiene por el desvío de recursos y de acciones que violentan la ley.
Sin embargo, por orden del presidente Enrique Peña Nieto la PGR promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de “inconstitucionalidad” contra el Congreso local y el gobernador veracruzano por las iniciativas y nombramientos del Sistema Anticorrupción local.
El subprocurador jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, explicó los alcances de esa acción de inconstitucionalidad, y dijo que la armonización en los estados debe ser coherente debido a que en caso contrario no podrá concretarse.
Además, en Palacio de Gobierno hay funcionarios cercanos a Javier Duarte que aseguran que esta semana será fundamental para ver si el gobernador priista toma la decisión de dejar el cargo ante la polémica creada por sus iniciativas.

9 de julio de 2016

REUNIÓN SEP-SNTE UNA FARSA; LA CNTE TIENE QUE MULTIPLICAR Y RADICALIZAR SUS BLOQUEOS

Pedro Echeverría V.
1. Ningún paso atrás, compañeros; el gobierno y los grandes ricos se burlan de sus acciones de buena voluntad y si no aprovechan los maestros el apoyo del pueblo en estas semanas para arrodillar a este maldito gobierno, entonces el pueblo va a acusar a la dirigencia de la CNTE de “tibios” y de faltos de decisión. El gobierno, los empresarios, los medios de información son enemigos del pueblo trabajador y ello debe quedar muy firme en la mente de los pobres y miserables.
2. El gobierno está inventando diversas formas de manipulación, por ello ha obligado a los dirigentes traidores o charros (al tal Charro Díaz) a entrar en negociación. ¿Qué van a negociar, como decían los ferrocarrileros: esos “perros de oreja”, que desde que nacieron están entregados al patrón y a los dirigentes sindicales del PRI/PAN gobierno? Si no salen de la cárcel todos los profesores presos, se abrogan los ceses y se pagan dineros descontados, no debe haber diálogo.
3. La paciencia también se acaba. Hasta en Mérida se registró hace unas horas una formidable marcha de mil 300 profesores bajo el grito de “fuera Peña Nieto” que retumbó en todo el centro histórico. Quedó abierta la propuesta en el mitin de bloquear la carretera Mérida/México en estos días. Lo malo es que la gente despierta y vuelve a dormirse cuando no aprovechamos las coyunturas de apoyo social y de los padres de familia. Incluso del EZLN y Morena.
4. Ni modo compañeros hay que centrar toda la lucha en sólo 12 estados de la República y no hay que dispersar la fuerza. Quizá los profesores conscientes, por ejemplo de Yucatán, Campeche y Quintana Roo deban concentrarse en Tabasco para levantar el sureste y en el Norte igual: donde no se haya fortalecido el movimiento reunirlos para que estén en Sinaloa, Monterrey o Guadalajara para que esa región se transforme en una fuerza bloqueadora de la reforma educativa privatizadora.
5. Zacatecas, Morelos, Tlaxcala y Puebla deben recuperar frente a la dirección espuria, el nivel que antes tenían dentro de la CNTE para ser puntales de los estados más consolidados. Pero la CDMX sigue siendo un punto básico, estratégico principal, para paralizar el país. ¿Qué pasó con ese millón de estudiantes de los principales centros educativos (UNAM, POLI, UAM, UACDMX, Bachilleres) que antes demostraron conciencia social? ¿Han sido contagiados de cobardía desde la represión bárbara que recibieron en 1999?
6. Las manifestaciones o marchas son poco efectivas para desarrollar la conciencia del pueblo; lo único que está funcionando son los bloqueos y el trabajo político que se hace con los padres de familia. “El maestro luchando también está enseñando” y esta es la gran consigna porque enseñar a luchar y a defenderse es mucho más importante que hablar de memoria de Hidalgo, Morelos o Juárez. ¿Qué caso tiene hablar de héroes si no se predica con el ejemplo? Si Flores Magón viviera estaría en las barricadas con los maestros de la CNTE.
7. La reforma educativa la hemos discutido durante muchas décadas y seguramente jamás dejaremos de hacerlo los profesores en sus cursos, foros, en la escuela. Para llegar a acuerdos profundos se requiere mucho trabajo de análisis político, sindical, pero sobre todo buena voluntad. Se requiere más tiempo para ello. Lo que no puede esperar es la liberación de los presos y el pago de los salarios descontados y retenidos; para ello se requiere multiplicar los bloqueos en toda la República, único lenguaje que puede entender el Estado. (9/VII/16)

EL EPR CONVOCA AL PUEBLO A DESENMASCARAR LAS PLUMAS Y VOCES MERCENARIAS QUE ALLANAN EL CAMINO PARA LA REPRESIÓN Y EL TERRORISMO DE ESTADO

FUENTE : CEDEMA
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LOS TRABAJADORES DE LA COMUNICACIÓN
AL SEÑOR ALFREDO MARTÍNEZ DE AGUILAR

Ante los múltiples, insistentes y dolosos señalamientos del señor Alfredo Martínez de Aguilar, donde se vincula desde hace años a organizaciones populares y militantes de ellas con nuestro partido y ejército, manifestamos de frente a nuestro pueblo y exponemos a los trabajadores de la comunicación:

Una cosa es la lucha en el terreno de las ideas, donde se defiende una concepción ideofilosófica y se plantea una propuesta de solución a los problemas económicos, políticos y sociales que laceran al país, la cual es inevitable, necesaria y válida en cuanto que como sujetos políticos analizamos la realidad, pero otra cosa es ampararse en el ejercicio del periodismo para hacer señalamientos policíacos, que tienen como propósito que el Estado se ensañe con sevicia en los luchadores sociales y organizaciones populares.

Existe una gran diferencia en el ejercicio del noble oficio del periodismo que informa de manera imparcial de la realidad que prevalece en el país y, en asumir una posición dolosa e inquisitoria donde se justifica, se exige a gritos la represión y los crímenes de Estado contra el conjunto del movimiento popular, poniéndolo como diana para que los cuerpos policíacos-militares practiquen el tiro al blanco en la humanidad de la larga lista de luchadores sociales que se señala de manera dolosa de pertenecer a nuestro partido y ejército.

Señor Alfredo Martínez de Aguilar, usted no ejerce el periodismo, mucho menos tiene ética profesional en su labor "informativa", porque sus furibundas acusaciones, sus señalamientos incriminatorios, sus intrigas policíacas son propias de los voceros oficiosos de los órganos de inteligencia del aparato represivo del Estado; en los hechos se confirma que usted forma parte de las plumas y voces mercenarias que apuntalan la dictadura de opinión, asume el papel oficial del régimen al no morderse la lengua y afirmar categóricamente que lo que se vive en Oaxaca y otros estados de la República, en relación a la protesta, se trata de una guerra, donde usted por propia voz se ubica como parte de las fuerzas represivas.

Inexorablemente los hechos así lo confirman, ello lo hace corresponsable de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, persecución y encarcelamiento de luchadores sociales a quienes usted ha acusado insistentemente de ser guerrilleros, de pertenecer a nuestro partido y ejército.

Hoy en el ejercicio del derecho a réplica y por principio político le respondemos, porque se ha dedicado un largo tiempo a calumniarnos, a criminalizarnos, a denostar nuestra práctica política, y vincular tanto a organizaciones populares como a luchadores sociales de pertenecer a nuestro partido con un solo propósito, que sean reprimidos brutalmente al situarlos de tiro al blanco y una vez logrado su objetivo se sigue haciendo leña del árbol caído, de manera pérfida trata de responsabilizarnos de éstos crímenes, dando muestras de sobra de su condición fascista.

El esbirro de Estado cree que todos son de su condición y proceder criminal, por eso elabora y recrea expedientes criminales, tramas detectivescas, construye y reconstruye conjeturas policíacas del pasado y presente con las que se justifica el asesinato, la desaparición forzada y la represión. Maquinaciones que nada tienen que ver con el periodismo y el ejercicio del derecho de la libertad de expresión. Desde su lógica criminal, usted supone que se le amenaza, ¡No señor!, nosotros no utilizamos esos métodos propios del Estado burgués a los que usted está acostumbrado, ¿o no?

Señor Alfredo, qué fácil es aventar la piedra y esconder la mano; qué cómodo es pegarle al mono de paja; qué sencillo es desarrollar una supuesta batalla política cuando a quienes acusa han sido silenciados por las balas asesinas del régimen. Usted quiere y desea que sus interlocutores sean sólo muertos, porque estos ya no pueden desplegar defensa alguna. Hoy que hemos dado respuesta política a la bazofia policíaca que vierte por comisión y oficio, cual fiel cancerbero del Estado mexicano pega el grito en el cielo y se refugia en las instituciones del régimen.

Amparado mañosamente en el periodismo del que usted vuelve parapeto, sistemáticamente de manera dolosa injuria, calumnia, incrimina, azuza a la represión y al cometido de crímenes de lesa humanidad; cuando éstos se ejecutan, los justifica y utiliza perversamente para seguir exigiendo el baño de sangre sobre el pueblo. ¿Quién es el "mafioso" y criminal?, ¿quién es quien tiene responsabilidad en el cometido de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y encarcelamientos por motivos políticos? Usted es corresponsable al ser parte del engranaje represivo del Estado.

En su columna detrás de la noticia se ha dedicado desde hace años a elaborar meticulosamente el expediente incriminatorio judicial contra luchadores sociales, defensores de derechos humanos, representantes de organizaciones populares y trabajadores de la educación agrupados en la CNTE, la mayoría de éstos hoy son víctimas de la violencia y terrorismo de Estado.

Se desprende de sus afirmaciones policíacas una confesión de parte que tiene patente y origen de Estado, sus columnas revelan su corresponsabilidad en estos crímenes, porque como usted mismo dice en política no hay casualidad, qué curioso que a muchos de los que usted ha señalado hoy son parte de la lista de los ejecutados extrajudicialmente, de los desaparecidos de manera forzada y de los presos políticos.

A quienes usted, otras plumas y voces mercenarias acusaron de ser "guerrilleros" fueron ejecutados, desaparecidos o encarcelados injustamente, sólo por citar un ejemplo está el caso de los profesores Carlos René Román Salazar y Rafael Vicente Rodríguez Enríquez, el primero detenido desaparecido de manera forzada en marzo de 2011, y el segundo ejecutado extrajudicialmente en diciembre de 2011. Ambos crímenes de Estado cometidos en Oaxaca con los que usted sigue medrando, revictimizando a los familiares de las víctimas, reelaborando conjeturas policíacas para justificar más represión y nuevos crímenes de Estado.

Por las implicaciones de sus afirmaciones y acusaciones dolosas debe responder ante los tribunales, porque estas imputaciones inquisitorias han derivado en el cometido de múltiples crímenes de Estado y de lesa humanidad.

Para los trabajadores de la comunicación les decimos, siempre hemos respetado y valorado seriamente su trabajo nada fácil ante la dictadura de opinión, el oficio de los columnistas que vierten su posicionamiento político ante el acontecer nacional, con algunos podemos coincidir o divergir y eso no ha sido motivo de odio y/o rencor personal, por mucha discrepancia política que exista nunca personalizamos la discusión, no obstante, lo que nunca permitiremos es que se nos calumnie, se nos criminalice, se nos utilice para cotizarse ante el régimen y como argumento para justificar crímenes de Estado que se perpetran contra el pueblo.

Que quede claro, nuestra posición es política, sostenemos que hay plumas y voces que asumen el papel de mercenarios de la comunicación, en los hechos constituyen el andamiaje para imponer la dictadura de opinión y a la vez se revelan como voceros oficiosos del aparato represivo, esta es una realidad inocultable, cada vez que desde estas columnas se señala a un luchador social de ser parte de la guerrilla, al poco tiempo o es ejecutado extrajudicialmente, detenido desaparecido o encarcelado injustamente.

Por esta razón, Señor Alfredo Martínez de Aguilar, usted debe responder por sus actos y acusaciones dolosas e incriminatorias, lo responsabilizamos de los crímenes que se cometan sobre todos y cada uno de los que ha acusado de pertenecer a nuestras filas, será corresponsable de los futuros crímenes de Estado que se perpetren contra luchadores sociales, defensores de derechos humanos, representantes de organizaciones populares, trabajadores de la educación y pueblo en general.

Sepa que daremos puntual seguimiento y respuesta a todas y cada una de sus acusaciones dolosas, perversas, calumniosas, tendenciosas e incriminatorias.

Convocamos al pueblo a desenmascarar las plumas y voces mercenarias que ante cada acto de protesta popular, cual esbirros del Estado, desde su cómoda posición enfilan sus calumnias contra el pueblo, allanando el camino para la represión y el terrorismo de Estado. Siempre será legítima y necesaria la defensa y respuesta política ante los embates de los mercenarios de la comunicación.
¡JUICIO Y CASTIGO A LOS CRIMINALES DE ESTADO!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!

COMITÉ DE PRENSA Y PROPAGANDA DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

Año 52.
República mexicana, a 6 de julio de 2016.

GOBIERNO DE DUARTE DEJA A MUNICIPIOS VIOLENTOS SIN TIEMPO PARA EJERCER RECURSOS PARA SEGURIDAD

El gobierno estatal retrasó tres meses la entrega del subsidio federal en seguridad. Los municipios llegan a fecha límite sin ejercer el dinero y podrían ser sancionados quedando fuera del subsidio en 2017, y sin recibir la otra parte de este año.

Arturo Angel (@arturoangel20)


Veinte municipios con altos niveles de violencia en Veracruz están en riesgo de perder el subsidio federal para fortalecer sus cuerpos de seguridad, tanto el de este año como el de 2017 por lo menos, a causa de un retraso de  tres meses del gobierno de Javier Duarte para entregarles los recursos etiquetados, dejándolos sin tiempo para ejercerlos en  el plazo establecido por ley.

La Secretaría de Gobernación confirmó a Animal Político que desde marzo  entregó al gobierno estatal la primera parte de los casi 300 millones de pesos que debía repartir a los municipios, sin embargo, fue hasta la última semana de junio cuando la administración de Duarte comenzó a repartir el dinero a algunos municipios.

El problema, es que la segunda partede los recursos de este año solo se entregan si los municipios comprueban que han ejercido correctamente la primera ministración al cierre de junio, cuando en realidad en Veracruz apenas comenzaron a recibirlos.

“Esto es grave porque si nosotros no cumplimos con los objetivos que tenemos para ejercer e subsidio este año, además perdemos en automático el derecho para poder recibirlos en 2017 e incluso podríamos tardar varios años para recibirlos otra vez” dijo en entrevista el alcalde de Tierra Blanca, Saúl Lara González.

Animal Político preguntó desde el 14 de junio el motivo de los retrasos en la entrega del subsidio  a la Secretaría Ejecutiva del Comité Estatal de Seguridad Pública, que es la instancia del gobierno de Veracruz responsable de dar seguimiento a su ejercicio. Sin embargo, no se ha proporcionado ni una respuesta bajo el argumento de que los responsables están siempre “de gira” en el estado y “sin señal” en sus teléfonos.

Cabe señalar que este año, el estado de Veracruz registra un repunte superior al 70 por ciento en los homicidios dolosos. Es la tercera entidad  con mayor crecimiento de asesinatos del país. Además los secuestros han subido más de 20 por ciento.

La semana pasada un grupo de alcaldes pertenecientes al PAN presentó unadenuncia formal ante la PGR por los retrasos del gobierno de Veracruz en la repartición de múltiples subsidios y partidas federales desde hace por lo menos dos años.

El subsidio prometido

El subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG 2016) es el apoyo económico que otorga el gobierno federal a municipios con problemas de violencia para, fundamentalmente, fortalecer sus policías con capacitación y equipo. Sustituye y unifica los recursos que antes eran conocidos como subsidio para la seguridad municipal (Subsemun) y el subsidio de mando policial.

En el caso de Veracruz, 20 municipios que concentran la mayor incidencia delictiva resultaron beneficiados con un total de 275 millones de pesos. Se trata de Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Boca del Río, Veracruz, Córdoba, Poza Rica, Tihuatlán, panuco, Coatepec, Fortín, San Andrés Tuxtla, Papantla, Tuxpan, Martínez de la Torre, Tierra Blanca, Orizaba y Xalapa.

Pero la entrega del dinero así como su uso tiene reglas. De acuerdo con la metodología establecida, es en marzo cuando se entrega la denominada “primera ministración”, que significa la primera mitad de los recursos. Para el 30 de junio de 2016, según lo establecido, los municipios beneficiados deberían entregar un reporte completo de sus avances en el gasto de esta parte del dinero para tener derecho a recibir la segunda.

Como ocurre con todos los recursos  federales, el dinero del FORTASEG es canalizado a la Secretaría de Finanzas de la entidad que a su vez, se encarga de distribuirlos a los municipios beneficiados.

El pasado 26 de enero la Secretaría Ejecutiva del Comité Estatal de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz publicó en un comunicado que se canalizaría el primer pago del FORTASEG  a los municipios en marzo.

Incluso, y de acuerdo con dicho comunicado, se realizó una jornada de orientación y capacitación a representantes de los 20 municipios beneficiados sobre como ejercer el dinero: 70 por ciento para capacitación y profesionalización, 20 por ciento para evaluaciones de control de confianza y 10 por ciento para equipamiento.

¿Y el dinero?

En marzo el gobierno federal entregó a la administración de Javier Duarte la primera parte del subsidio de seguridad para los municipios: casi 150 millones de pesos. En la Secretaría de Gobernación confirmaron a Animal Político que el depósito se hizo de acuerdo a lo establecido, y que en cinco días hábiles el dinero debía haber llegado a los municipios
Pero no fue así.

Para mediados de junio ninguno de los 20 municipios había recibido su partida correspondiente, de acuerdo con lo que confirmaron autoridades de cinco municipios a este medio, que pidieron reserva con su identidad ante el temor de represalias en la entidad.

En el sitio oficial sobre el FORTASEG de la Secretaría de Gobernación, la estadística confirma que hasta el 23 de junio ninguno de los municipiosbeneficiados de Veracruz había recibido la primera parte del dinero, y menos lo habían ejercido.

Fue apenas la semana pasada, la última semana de junio, informó en entrevista el alcalde de Tierra Blanca, Saúl Lara González, cuando recibieron finalmente el depósito del FORTASEG con casi tres meses de retraso y a días de que venciera el plazo del 30 de junio para comprobar que se ha n ejercido dichos recursos.

En otros municipios como el de Boca del Río, aun no hay confirmación de parte de las autoridades municipales de que se haya hecho el depósito.

El retraso del gobierno de Javier Duarte para entregar partidas federales a los municipios no es algo nuevo, reconoció Lara González, pues llevan padeciéndolo desde hace por lo menos tres años, sin embargo, en el caso del subsidio especial de seguridad la situación es grave pues pone en riesgo la posibilidad de recibir de forma definitiva los recursos.

“A nosotros la Secretaría de Gobernación nos pone reglas claras para ejercer los recursos y sanciones en caso de que no se haga un buen uso. Nos imponen sanciones que puede ser que no se nos entregue completa la segunda parte del recurso pero también, que para el próximo año ya no podamos entrar en posibilidad de recibir este subsidio pues iría a otros municipios que están en espera” dijo el alcalde.

Lara dijo que el gobierno estatal no les dio ninguna explicación o motivo del retraso en el depósito de los recursos del FORTASEG, sobretodo porque el gobierno federal les notificó desde marzo que el dinero ya estaba depositado.

En ese contexto explicó que a lo largo de junio  los representantes de varios de los municipios estuvieron viajando a la Ciudad de México para notificar las irregularidades y están a la espera de que se les de algún tipo de tolerancia que no les haga perder, por lo menos, la segunda parte de los recursos, pues la fecha límite del 30 de junio ya pasó

Silencio y violencia

Desde dos semanas previas a la publicación de esta notaAnimal Político buscó sin éxito un posicionamiento o explicación de la Secretaría Ejecutiva del Comité Estatal de Seguridad Pública del gobierno de Veracruz respecto al atraso en entregar a los municipios los recursos que les corresponden.

La respuesta en todos los intentos de parte del área de comunicación de esta dependencia, y en concreto de la funcionaria Judith Ojeda, es que los responsables de dar una explicación estaban siempre “de gira fuera de la ciudad” y “en zonas donde no hay señal”.

Este año, los problemas en la entrega de este subsidio en Veracruz se han combinado con un repunte en la violencia en la entidad.
De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a mayo de este año 375 personas fueron asesinadas de forma violenta en la entidad. Esto representa un incremento de más de 74 por ciento en homicidios dolosos en la entidad respecto al 2015. Es el tercer mayor incremento del país, solo detrás de Colima y Zacatecas.

El secuestro es otro delito que registra un alza este año. Los 54 casos que se han presentado, corresponden a un alza de casi 22 por ciento de este delitorespecto a las cifras de 2015.

Hechos de violencia ocurridos en la entidad este año han tenido una repercusión importante a nivel nacional. Por citar alguno, está el caso de la desaparición de cinco jóvenes de la región e Tierra blanca, los cuales fueron privados de su libertad por policías estatales, y luego entregados a un grupo del crimen organizado.


Entre los homicidios, destaca el caso del ataque perpetrado por un comando armado en un centro nocturno de Veracruz en mayo que dejó un saldo de cuatro personas muestras y al menos siete lesionadas por heridas de bala.

LA SEFIPLAN DEL GOBIERNO DUARTISTA NO HA PAGADO AL OPLE 110 MILLONES DE PESOS DE SU PRESUPUESTO ANUAL


Si el PRI pretende dar una sorpresa en Veracruz con un recuento de votos de la elección a gobernador, su peor enemigo, Javier Duarte de Ochoa, podría impedirlo. La Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno duartista no ha pagado al Organismo Público Local Electoral (OPLE) 110 millones de pesos de su presupuesto anual, y ello ha impedido, entre otras cosas, pagarle el mes de junio a los empleados de los 30 consejos distritales que son fundamentales para hacer ese operativo. 

Por ello el OPLE ha señalado, a través del presidente de la comisión de Administración y Presupuesto de ese organismo electoral, Juan Manuel Vázquez Barajas, que se tendría que recurrir “hasta las últimas consecuencias legales pues que si el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) determina un recuento de casillas de la elección de gobernador en algunos distritos”, serán necesarios recursos adicionales para reactivar esos consejos donde se abrirían los paquetes. Si le negativa de Sefiplan persiste, agrega Vázquez Barajas “se generaría una crisis del Sistema Nacional Electoral en su conjunto, porque se tendría que hacer un plan de trabajo con el Instituto Nacional Electoral (INE) y solventar qué acciones tomar en conjunto (…) 

¿Cómo obligar a los trabajadores a los que no se les ha pagado junio, a que trabajen en este julio para ese recuento de votos?”, se pregunta Vázquez Barajas, quien también señala que si se hace el recuento “el OPLE implementará medidas de total austeridad”, como por ejemplo, enviar un solo vehículo a recoger paquetes electorales a los distritos en los que se determine el recuento, pues insiste en que “no hay condiciones de pagar los gastos y mantenimiento para 30 vehículos o sesiones en los consejos porque implicaría gastos de alimentación para el personal y operación en los inmuebles”. 

También el consejero Vázquez Barajas propone al TEV que “pondere esta grave situación económica” y el procedimiento se haga sin mayores gastos que no puedan ser subsanados por el OPLE. Por si fuera poco, se avecinan los preparativos, en octubre próximo, para el proceso electoral de 2017 para las elecciones para alcaldes, y tampoco hay recursos. Así que el “primer priista del estado” y su partido si realmente quieren ese recuento, le tienen que entrar con su cuerno. De otra manera, que se olviden de estos desvaríos y que acepten la realidad: perdieron, y no hay vuelta atrás.