Veracruz, Ver. a 5
de febrero de 2017
Gobernador
Constitucional de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares
Fiscal General del
Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz
Presidenta de la
Mesa Directiva de Congreso del Estado, María E. Manterola Sáinz
Presidenta de la
Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, Ana Laura
Pérez Mendoza
Presidenta de la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez
PRESENTE
Con fundamento en
el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
los aplicables en materia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
a nivel federal y estatal, los que suscriben, 87 reporteros del norte, centro y
sur del estado de Veracruz, representantes de medios de comunicación locales,
estatales y corresponsales de medios nacionales e internacionales, externamos
nuestra preocupación por el cerco informativo que la Fiscalía General del
Estado (FGE) ha puesto en torno a hechos de violencia y a diligencias propias
de la dependencia que dirige Jorge Winckler Ortiz. Toda la información
alrededor de los acontecimientos que anexamos, son de la mayor relevancia para
las audiencias que atendemos, porque son la pauta en la agenda pública estatal
y nacionaldesde Veracruz, que se ha vuelto tema de interés para todos.
Quienes rubricamos
esta misiva hemos cubierto y damos seguimiento a diversos hechos de violencia
como el abandono de cadáveres en carreteras, lotes baldíos y ranchos; aparición
de cuerpos sin vida en fosas comunes; detenciones de personas acusadas de
diversos delitos. Asimismo, somos testigos de procedimientos penales vinculados
a delitos del fuero común, entre otros.
El sistema de
justicia penal acusatorio está reñido con la transparencia, la rendición de
cuentas y la publicidad de los actos de gobierno, tanto en la fase de
investigación de los hechos como la impartición de justicia, y las refuerza al
ser un sistema garantista de derechos tanto de los imputados, las víctimas y la
sociedad ofendida, precisamente, para evitar y combatir ladiscrecionalidad de
las autoridades y los posibles abusos.
La impunidad o
falta de justicia en Veracruz, no es responsabilidad de los periodistas sino de
las autoridades que precisamente en un régimen de opacidad, de falta de
rendición de cuentas y de débil escrutinio público, la han alimentado y dado la
pauta para la implementación de un nuevo sistema ante la falta de resultados.
Los comunicadores
somos parte de una sociedad observadora y vigilante del fenómeno de la
violencia derivado del debilitamiento del Estado de Derecho que exige a las
autoridades el cumplimiento de la ley y de la justicia, pero esta será
irrealizable si las mismas pretenden ocultar los hechos, imponer versiones
unilaterales, operar discrecionalmente en las investigaciones y guardar
silencio ante las inquietudes y cuestionamientos de la opinión pública y de los
periodistas.
De la forma más
respetuosa expresamos que ni en los peores momentos del“duartismo”, ni tampoco
en el ocaso del sexenio del no menos polémico Fidel Herrera Beltrán, se había
vivido tanta ausencia de información por parte de la FGE, como en estos 60 días.
La opacidad
informativa, el ocultamiento de hechos violentos, el silencio ante liberaciones
de ex funcionarios estatales, han sido el tema y la queja de cada día dentro
del gremio periodístico.
Desde que Winckler
Ortiz tomó protesta como fiscal a propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes
Linares, se enarboló un discurso mediático donde se privilegiaba la
transparencia y la apertura informativa. Incluso se utilizaron lemas y frases
como “en mi gobierno no vamos a ocultar nada”, “no vamos a minimizar la violencia”,
“vamos a reconocer lo que esté ocurriendo”, entre otros. Sin embargo, la
política de la Fiscalía ha ido en una directriz contraría.
Tampoco se debe
perder de vista que la FGE goza de autonomía y no debería depender de las
decisiones o políticas del Gobierno del Estado, pero en Veracruz esto no ha
ocurrido y la institución ha dado muestras de subordinación con la
administración del ejecutivo Yunes Linares, tal y como sucedió en el sexenio
pasado.
A continuación
expondremos casos puntuales en los que ha prevalecido una falta de información
oficial:
1.- En el pasado
mes de diciembre de 2016, cuando Jorge Winckler ya era encargado del despacho,
Veracruz cerró con más de 130 homicidios dolosos; y enero, con otros 110 casos.
De este universo, la mayoría representan severas violaciones a los derechos
humanos que se están documentando por fuente oficial. Uno de ellos es la
aparición de una camioneta con ocho cuerpos sin vids en el municipio de
Nogales, el pasado dos de febrero. Hasta la fecha no se ha tenido información
de los hechos. En contraste, el gobierno del estado de Puebla, por medio de la
SSP, sí aportó un comunicado oficial relacionado con el caso.
2.- Durante la
madrugada del pasado 31 de enero, Leonel Bustos Solís, primer Exfuncionario de
alto nivel detenido por la FGE, fue dejado en libertad. Ante esto, tuvieron que
pasar más de 16 horas para que la Fiscalía confirmara dicho evento y diera a
conocer qué acciones tomaría.
3.- En diciembre de
2016, cuatro días después de que se renovaran las instituciones estatales, hubo
una serie de enfrentamientos armados que derivaron en la muerte de 20 civiles
en Jesús Carranza.
4.- El 29 de
diciembre se ocultó el homicidio de una madre y su hija de ocho años en Las
Choapas; en este mismo municipio, ya al comenzar enero de 2017, no se emitió ni
una línea sobre el rapto y homicidio de tres oficiales de la policía municipal;
en enero de 2017 varios de esos casos fueron homicidios múltiples, como el 14
de enero en Papantla.
5.- Tampoco se
informó sobre la identificación del exfiscal de Cardel, Pedro Huesca y su
secretario, Gerardo Montile, quienes aparecieron en las fosas clandestinas de
Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz.
Estos son algunos
de las decenas de casos que no han sido informados oportunamente a la sociedad,
lo que confirma que hay un cerco que atenta contra las y los veracruzanos; esta
situación vulnera el derecho a la información y la libertad de expresión, dos
garantías que sin duda, han sido altamente alteradas en los recientes sexenios.
Ni Jorge Winckler Ortiz ni Miguel Ángel Yunes son los dueños de la información.
Que quede claro: es patrimonio de la sociedad, no de un sector de la prensa ni
de los personajes que detentan poder. Ocultarla es una violación al derecho de
la audiencia a estar informados.
Escudarse en que el
nuevo Sistema de Justicia Penal obliga a reservar información, es una falacia y
un engaño. Mientras a la mayoría de los medios de comunicación se les niega, a
otros, los consentidos del nuevo régimen, se les filtra. Eso es violatorio de
la ley que se dice cumplir.
Provoca, además,
que para cumplir con nuestro compromiso con la sociedad, tengamos que recurrir
a fuentes extraoficiales, que a nuestro juicio resultan más confiables que la
propia autoridad. Si las instituciones no ofrecen información oficial, abre la
puerta a la especulación y eso es dañino para opinión pública.
Demandamos un
compromiso serio y abierto de aportación de toda información de interés
público, dentro de los límites que el nuevo sistema penal establece, y que
dejen de favorecer a medios que sirven de voceros oficiosos. Que no se
privilegie a sus medios a modo porque eso, en su esencia, es una forma de
manipulación.
Atentamente
Todos los
Firmantes.
·
NORTE (Tuxpan, Poza Rica, Papantla y Misantla)
Cinthya Trinidad
Francisco Bautista
Angela Noemí Pérez
Benjamín Portilla
Lidia López
Edgar Juárez
Julio Fabián
Martínez
Edgar Escamilla
Gabino Escamilla
Janeth Gómez
Ángel Pablo Reyes
Brenda Espinoza
Jesús Villanueva
Hernández
Antonio de Jesús
Villanueva
Benjamín Arroyo
Mariana Villanueva
José Cárdenas
Jorge Parra
Anibal Fily
Hernández
Ivet Sánchez
Vicente Romero
Facundo Villegas
·
XALAPA-CÓRDOBA
Eirinet Gómez
Noé Zavaleta
José Manuel Alor
Hugo Cruz Ojeda
Avisack Douglas
Óscar Martínez
Tulio Moreno
Miguel Ángel León
Karlo Reyes
Flavia Morales
Manu Orestes
Benito Juárez
Ramírez
Zaira Juárez
·
VERACRUZ-BOCA DEL RÍO
Félyx Márquez
Iván Sánchez
Itzel Loranca
Israel Hernández
Jair Aranda
Doris Castaneyra
Ana Alicia Osorio
Roxana Aguirre
Sergio Aldazaba
Claudia Pérez
Alejandro Ávila
Alfonso Ríos
Isabel Zamudio
Juan Eduardo Flores
Franco Cardel
Roberto Méndez
Ruben Santos
Daniela Jácome
Ilse Huesca
Carlos Navarrete
Víctor Toriz
Bruno Ferreira
Jorge Sánchez
·
CUENCA DEL PAPALOAPAN- LOS TUXTLAS
Roberto Polo
Hernández
Brígido López
Edna López
Edgar Alberto
Pucheta
Germán Méndez
Francisco de Jesús
Santiago
Viridiana Reyes
Jesús Córdoba Salas
·
COATZACOALCOS
Osvaldo Antonio
Sotelo
Ignacio Carvajal
Tamara Corro
Teresa Morales
Armando Ramos
Ángel Hernández
Elizabeth Aviña
Nelly García
Sayda Chiñas
Antonio García
Alan Garrido
Mussio Cárdenas
Azucena Rosado
·
SUR (Acayucan, Las Choapas y Agua Dulce)
José Alejandro Ceja
Santos López Celdo
Juan José Barragán
Carlos González
Roberto Morales
Hernán Villareal
Armando Serrano
Violeta Santiago
