XALAPA, Ver. (apro).- Noé Zavaleta/
Mientras el exgobernador Javier Duarte de Ochoa aguarda la segunda solicitud
formal de extradición –el próximo martes 4– para enfrentar la justicia en su
país; en Veracruz, su equipo político se desquebraja, sus amigos lo traicionan,
quienes ya están en la cárcel lo señalan como “el principal responsable” y,
peor aún, hay colaboradores cercanos que, de forma soterrada o en abierto,
ya se refugiaron en el gobierno de su acérrimo rival –y quien presume de
haberlo metido a la cárcel–, Miguel Ángel Yunes Linares.
En el Comité Directivo Estatal del
PRI, funcionarios apuntan al exsecretario particular de Duarte, extesorero de
Veracruz, exsubsecretario de Desarrollo Social, exoficial mayor de la SEV y hoy
diputado de Nueva Alianza –todos esos cargos obtenidos por impulso del
exmandatario–, Vicente Benítez González.
El 17 de junio pasado, el grupo
legislativo del PAN en Veracruz lo presentó –desde su cuenta de Twitter
@GLPANVer– como uno más de su bancada. Los panistas se reunieron con el
gobernador Yunes en el Palacio de Gobierno para analizar la situación de las
finanzas, luego de la emergencia financiera que dejó la administración de
Duarte de Ochoa, donde el propio Benítez fue tesorero durante más de un año.
Durante dicha reunión privada se
acordó –como en tiempos del expriista- programar la adquisición de créditos a
“corto plazo” por montos globales no mayores a los 10 mil millones de pesos,
así como continuar con la reestructuración de la deuda.
La fotografía de Benítez González con
el gobernador Miguel Ángel Yunes originó memes en las redes sociales: por
ejemplo, los usuarios utilizaron una foto del mandatario con su hijo
Omar abrazado, para yuxtaponer la cara de Benítez en lugar de la del vástago
del gobernador.
En San Lázaro hubo bromas entre los
diputados federales del PRI –otrora colaboradores de Duarte– quienes festinaron
que Vicente Benítez fue a “enseñarles a los panistas” cómo se activa “la
licuadora” en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para desviar
recursos del erario.
Benítez González aparece como
protagonista en las denuncias con los oficios DGJ/C1/2245/2014,
DGJ/C1/2368/2014, DGJ/C1/2374/2014, DGJ/C1/2244/2014 Y DGJ/C1/2228/2014, mismos
que la dirección jurídica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso
ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra una decena de
servidores públicos del gobierno de Veracruz por el presunto desvío de más
de cinco mil millones de pesos, tan sólo en la cuenta pública 2011, alusiva al
primer año de gobierno duartista.
“Se realizaron movimientos bancarios
con el objeto de simular la solventación de las irregularidades detectadas,
para luego retirar los recursos reintegrados a una cuenta diferente sin que se
tenga certeza de que hayan sido ejercidos para el cumplimiento de los
objetivos”.
Así se lee con frecuencia en las
denuncias que desahogó la PGR a petición de la ASF y en las que aparecen
enlistados como “rubricantes” de estas transferencias irregulares el propio
Benítez González, Mauricio Audirac –extesorero de Duarte y ya con prisión
preventiva de un año en la cárcel de Pacho Viejo–, así como los diputados Tarek
Abdala –con un juicio de procedencia estancado en San Lázaro– y el diputado
local, Juan Manuel del Castillo.
En el norte de la entidad, la familia
de Ricardo García Guzmán –quien obtuvo diversos cargos públicos en la
administración duartista–, ya fue incorporada al círculo cercano del
gobierno de Yunes Linares. Se trata del contralor general del estado y cercano
a Duarte (julio-2014-diciembre 2016) que fue precandidato único del PAN a la
alcaldía de Panuco en el pasado proceso electoral. Su aspiración fue
frenada por el Comité Ejecutivo Nacional panista quien advirtió su cercanía con
el exgobernador.
Como consuelo, su hijo, Rodrigo
García Escalante, diputado local de la coalición Juntos por Veracruz
(PRI-PVEM) fue cobijado en el PAN. El otro hijo del excontralor, Ricardo García
Escalante, tiene una carrera política sui generis: fue diputado
local panista (2010-2013); como gobernador, Duarte de Ochoa lo
convenció de pasarse al PRI y darle la candidatura a la alcaldía de Panuco,
donde actualmente gobierna yahora se alista para el próximo año ser
candidato a diputado local –por segunda ocasión– de nuevo en el PAN, cobijado
en el grupo político de Yunes Linares.
Como contralor general del estado,
García Guzmán avaló en 2014, 2015 y 2016 las sesgadas declaraciones
patrimoniales del propio Duarte, además de las de Arturo Bermúdez, Gina
Domínguez, Francisco Valencia y Mauricio Audirac, todos ellos acusados de
peculado y enriquecimiento ilícito.
Apenas el jueves 29, en Aristegui
Noticias, el reportero Víctor Hugo Arteaga –quien colaboró con el portal Animal
Político en los reportajes alusivos a las empresas fantasma–, se quejó
con Carmen Aristegui que el entonces contralor de Duarte, Ricardo García, lo
citó en la Ciudad de México para soltarle la siguiente letanía: “El señor
es rencoroso (en alusión a Duarte) y tú tienes hijos pequeños, hazte a un
lado”, le soltó el funcionario a Arteaga. El periodista optó por declinar sus
investigaciones y retractarse de ellas.
“De medio pelo”
En la Secretaría de Desarrollo
Económico y Portuario (Sedecop) del gobierno de Yunes Linares ya trabajan como
“funcionarios de medio pelo” los expriistas Paul Martínez Marie y Julián Loyo
Helo. El primero comenzó en la vida política como simple asistente del jefe de
asesores del exmandatario, Juan Manuel Velázquez Yunes. En la primera elección
intermedia, Duarte impulsó a sus subordinados: a Velázquez Yunes lo hizo
diputado local por el distrito de Perote, y a Paúl Martínez, alcalde de dicha
ciudad.
En el caso de Julián Loyo, éste
trabajó en la Subsecretaría de la Juventud, impulsado y protegido por su “madrina”
Karime Macías. Una vez concluido el gobierno de Duarte, Loyo optó por cambiarse
de grupo político.
Muy cercanos al exmandatario, los
exsecretarios de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Salvador Manzur Díaz –hoy
delegado federal del Banco Nacional de Obras–, el exsubsecretario de
Sefiplan, Gabriel Deantes Ramos –hasta diciembre del 2016 secretario del
Trabajo y Previsión Social– y el exsubsecretario de Egresos de la misma
dependencia, Carlos Aguirre Morales, continúan en libertad gracias a sendos
amparos otorgados por el juez Miguel Ángel González Limón, del Juzgado Segundo
de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La Dirección General de Estadística
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal maneja sus nombres en los números
de expediente 732/2016, 735/2016, 737/2016 y en los cuales se tiene como tesis
que los exfuncionarios de Duarte están en salvaguarda de “cualquier acto privativo
de libertad” ante jueces locales, jueces federales, agencias del Ministerio
Público, agencias del Ministerio Público Federal y la propia PGR.
El caso de Deantes Ramos es sui
generis porque, aunque está señalado por enriquecimiento ilícito por
la Fiscalía General del Estado (FGE) y en los círculos priistas es conocido
como el “mapache electoral mayor”, el Poder Judicial del Estado únicamente
le tiene embargados algunos bienes inmuebles, tres cuentas bancarias y cada 15
días acude a rubricar a los juzgados de Pacho Viejo para demostrar a la
autoridad que no se ha dado a la fuga, como otros exfuncionarios duartistas.
Tan sólo en Xalapa, Deantes acumulaba
como propiedades tres residencias en Las Ánimas y Monte Magno, así como dos
plazas comerciales en zonas de alta plusvalía, pese a que en sus
inicios en política era un modesto vendedor de muebles en Tamaulipas. La FGE lo
señala por enriquecimiento ilícito, pues en el descargo de pruebas no pudo
comprobar la tenencia de 50 millones de pesos en cuentas bancarias.
Gabriel Deantes ya había sido
exhibido por el PAN en unos audios presentados a la prensa en mayo del 2016, en
los que se le escucha decir que ya “platicó” con Javier Duarte y con el
(entonces) candidato del PRI a la gubernatura, Héctor Yunes, para “negociar” y
“clavar posiciones políticas” a cambio de “un vergazo” (sic) de 20
mil millones de pesos, los cuales serían obtenidos en un nuevo crédito que
endeudaría más las arcas de Veracruz.
“Que ese dinero se quede autorizado
en el Congreso y así el Ejecutivo los utilice cuando le dé su puta
gana… Usted no toca un peso, aquí tienes 20 mil millones, obviamente si gana el
PRI, tenemos tiempo para hacerlo… Si no ganamos, que se rasquen como puedan”,
se escucha a Deantes.
En la misma conversación telefónica,
bautizada como “Baraja de cambio”, Gabriel Deantes sugirió “inflar” a los
candidatos de Morena con dos millones de pesos para cada uno. Hasta la fecha,
el propio Yunes Linares y el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López
Obrador, siguen enfrascándose por dichas aseveraciones de corrupción.
En la cárcel, todos abandonaron
Actualmente, en la cárcel de Pacho
Viejo ya se encuentran recluidos exfuncionarios cercanos a Duarte: de
Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita; de Finanzas, Mauricio Audirac Murillo; de
Obras Públicas, Francisco Vlencia y de Comunicación Social, Gina Domínguez,
todos con prisión preventiva de un año por los delitos de coalición, peculado,
omisión de un deber legal, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
Los cuatro han señalado al unísono en
audiencias por separado que todos los movimientos irregulares, “transferencias
bancarias”, toma de participaciones federales para otros fines, retiros en
efectivo, contratos a empresas fantasma y demás, los hacían por instrucción
directa de Javier Duarte.
Arturo Bermúdez
Zurita, extitular de la SSP en Veracruz. Foto: Yerania Rolón
Es más, en un audio que circuló en
redes sociales, se escucha nítida la voz del extitular de la SSP, Bermúdez
Zurita –conocido como Capitán Tormenta al interior de la
corporación– de exonerarse de haber cometido irregularidades en el pasado
proceso electoral, cuando el PRI perdió la gubernatura y argüir que fue “por
instrucción” de Javier Duarte, que funcionarios del gobierno le
entregaron mil 300 millones de pesos al entonces candidato priista Héctor
Yunes, quien al final perdió la gubernatura con su primo-hermano,
Miguel Ángel Yunes Linares.
“Yo no los moví (el dinero), los
protegía cuando el dinero llegaba, les ponía una patrulla. La movilización la
repartió gente del candidato (sic)”, se escucha en el audio, en el cual
Bermúdez Zurita narra a detalle que los interlocutores de Yunes para recoger
los millones de pesos eran el exsubsecretario de Seguridad Pública,
Francisco Mora Domínguez, y el exfuncionario de Desarrollo Económico en el
sexenio de Miguel Alemán, Fernando Vázquez Rigada.
Hoy en día, además de Deantes,
continúan en libertad –y al parecer bajo un manto de protección oficial–, los
legisladores federales priistas y otrora cercanos a Duarte, Erick Lagos
Hernández, Adolfo Mota Hernández, Édgar Spinoso, Alberto Silva, así como los
diputados locales Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo.
De éstos, los propios priistas
señalan a Benítez, Del Castillo y a Lagos Hernández de haber pactado
“impunidad” con Yunes Linares a cambio de documentos que hundan más a Duarte,
Bermúdez y Gina Domínguez.
La maldita herencia duartista
Y mientras Yunes Linares continúa
enfrascado en su pleito con Javier Duarte, quien la semana pasada le envió tres
comunicados desde la cárcel, criticando su “gobierno fallido” y acusándolo
de corrupto; la entidad que ahora está bajo las riendas de Miguel Angel Yunes,
continúa.
De acuerdo con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con corte
diciembre 2016-mayo 2017, en seis meses se han registrado mil 218 homicidios,
de los cuales 413 han sido con arma de fuego. En la categoría de “otros” entran
707 homicidios, de los cuales el Secretariado Ejecutivo no desglosa cuántos
entran en la categoría de cuerpos ejecutados, abandonados a orilla de
carretera, en exhumaciones clandestinas o desmembrados.
En junio, el conteo realizado
por Proceso y Apro ronda los 100 ejecutados,
sin contar los homicidios dolosos del fuero común. Tal vez el sábado 17 fue el
día más sangriento de este gobierno con 16 ejecuciones, entre ellas, la del
coordinador estatal de la Policía Federal, Camilo Castagne Velasco. Una semana
antes del proceso electoral (4 de junio) hubo ocho ejecutados y una semana
posterior, fueron 10 más, todos ellos, ocurridos en fin de semana.
El propio Yunes Linares ha reiterado
en diversas ocasiones de que 70% de los homicidios dolosos en la entidad
se deben a “enfrentamientos entre ellos” por el control de las actividades
ilícitas. El funcionario se vanaglorió que van por “300 objetivos específicos”
generadores de violencia e integrantes de varias organizaciones de la
delincuencia organizada.
En la mayoría de las recientes
ejecuciones, se han dejado mensajes de amenaza rubricados por el Cártel de
Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra células de Los Zetas, pero también de
amenazas al actual gobierno y al titular de la SSP, Jaime Téllez Marie.
Igual que el gobierno de Duarte, la
administración de Yunes Linares y el titular de la Fiscalía General del Estado
(FGE) se muestran recios a poner nombres a las organizaciones delincuenciales
que operan en la entidad.
El gobernador de
Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Foto: Miguel Ángel Carmona
Sin embargo, mediante lonas,
narcomantas y mensajes enterrados en los cuerpos de sus víctimas se ha logrado
saber que el mapeo criminal ha cambiado su configuración. Policías
ministeriales inconformes con el nuevo gobierno también han filtrado datos a la
prensa, en lo que llaman una nueva guerra “sin ton, ni son”.
En el sexenio de Fidel Herrera,
Los Zetas ocuparon el mapeo criminal durante gran parte de su administración.
Hacia el ocaso, entró una organización denominada “Gente Nueva”. Ya en el
sexenio de Duarte, hubo entrada de nuevas organizaciones criminales:
“Matazetas”, “La Nueva Empresa”, ambas escisiones del Cártel de
Sinaloa y el CJNG, que se expandió de norte a sur de Veracruz.
En el último trimestre del 2015
–revela una fuente de la FGE–, el CJNG hizo alianza con la organización Antrax
y Cártel de Sinaloa para expulsar a células de Los Zetas en el corredor
industrial, Córdoba-Orizaba, así como en la zona serrana que tenía rutas
estratégicas de robo de combustible (los “chupaductos”) hacia Puebla y en
la Cuenca del Papaloapan hacia Oaxaca, también con la finalidad de robustecer
el robo de hidrocarburos.
“Se formaron varias bandas
de huachicoleros independientes”, además de las células criminales ya
existentes. Con la deportación de El Chapo Guzmán y la
detención de Dámaso López, los reacomodos de plaza y los coletazos de violencia
pegan aquí y en todo el país”, explica.
