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-La esposa del edil de Salamanca fue
adoptada por la hermana de Romero Deschamps.
-La CEAV atrajo el caso y anunció un
plan de acción para atender a los menores afectados.
El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, alias Papi, director de
los albergues La Ciudad de los Niños, donde se cometieron abusos sexuales,
desaparición de embarazadas y tráfico de menores con fines de adopción ilegalFoto La
Jornada
Sanjuana Martínez
Especial
para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 23 de julio de 2017, p. 7
María nunca imaginó que al internar a sus dos nietas en la Ciudad de los
Niños de Salamanca, Guanajuato, por culpa de la pobreza, una de ellas
volvería embarazada y la otra con una enfermedad venérea como consecuencia de
las violaciones que allí sufrió.
El testimonio de ambas menores, la
primera con un bebé de dos meses y la segunda con un trastorno del desarrollo
intelectual, es crucial para demostrar que en este albergue dirigido desde hace
40 años por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, alias Papi, se ha
cometido una serie de presuntos delitos que permanecen en la impunidad: abusos
sexuales generalizados, maltrato físico y sicológico, desaparición de jóvenes
embarazadas, tráfico de menores con fines de adopción ilegal y venta o regalo de
bebés a políticos y funcionarios. Vicente Fox, quien tiene cuatro hijos
adoptivos, ha apoyado a este sacerdote y antes a Rosa Verduzco, Mamá
Rosa.
Uno de los casos más ilustrativos es el
de Ana Luisa Aguinaco Romero, esposa del presidente municipal de Salamanca, el
panista Antonio Arredondo Muñoz. Desde su puesto de presidenta del Sistema de
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Ana Luisa y las autoridades de
Guanajuato han apoyado al sacerdote acusado de pederastia, cuyo paradero ahora
se desconoce. Ella fue adoptada en el mismo albergue por María Esther Romero
Deschamps, hermana del líder sindical vitalicio de Pemex, Carlos Romero
Deschamps, quien además es su padrino.
Un tema personal
Ese tema es personal y con mayor razón es una cuestión privada de ella;
por lo tanto, oficialmente no va a hablar de eso, dijo Berenice Castro Romero
al negar una entrevista con Aguinaco Romero, solicitada por La Jornada.
Arredondo Muñoz declaró hace unos días
que el gobierno municipal de Salamanca sigue apoyando a la Ciudad de Los Niños y
mensualmente entrega al sacerdote 18 mil pesos por concepto de gasolina. Sobre
la existencia de denuncias contra el presbítero desde hace más de una década,
dijo desconocer las omisiones cometidas por las dependencias de
Guanajuato.
En la última reunión con Sara Irene
Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y
Servicios de la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR);
Luis Gerardo Zapata Romo, fiscal contra trata de personas en Guanajuato; José
Alfredo Borja Pimental, director del DIF de ese estado, y Rolando Gaytán Vera,
procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de esa misma
institución, dijeron desconocer por qué el sacerdote acusado ni siquiera tiene
orden de presentación. Tampoco saben el paradero de la religiosa Hortensia
Jiménez Cruz, las otras monjas y el personal del albergue, actualmente
intervenido por el DIF de Guanajuato.
Graves delitos
A pesar de que la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
y el Centro de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato
(Nima) solicitaron desde hace dos semanas que la PGR atraiga el caso, su
titular, Raúl Cervantes Andrade, ha decidido confiar en las
autoridades de Guanajuato, denunciadas por estas organizaciones no gubernamentales
de brindar protección a Gutiérrez Farías.
Evidentemente estas adopciones hechas
por el sacerdote no se llevaron de manera legal porque no existe documentación
al respecto. Este albergue no estaba ni está facultado para entregar menores en
adopción, por lo tanto se configura un delito muy grave, dice Irma Lira,
coordinadora del área jurídica de Nima, en entrevista con La Jornada.
Exigió que se deslinden
responsabilidades penales contra funcionarios y jefes del Registro Civil por
emitir actas de nacimientos irregulares, ya que la mayoría de los menores
fueron registrados por el sacerdote con sus apellidos: No solamente el
sacerdote cometió este delito, también el gobierno por violar el marco legal y
no seguir la reglamentación establecida. Todas esas actas que no fueron
emitidas apegadas a derecho son nulas y hay que iniciar un juicio.
Se presume que se encuentran en esta
situación cientos de niños que durante 40 años han pasado por esta casa
hogar: ¿Por qué el gobierno dejó al sacerdote cometer este delito durante
años? ¿Por qué todo se lo permitían? ¿Cuántos menores ha entregado en adopción?
Por la vía legal evidentemente no fue. (Fue por) palancas y recursos. Lo más
importante ahora es qué va a pasar con todos esos menores y mayores de edad que
no tienen los recursos para iniciar un juicio y volver a tener su verdadera
identidad. ¿Cómo los va a proteger el gobierno?
Explicó que el caso de Aguinaco Romero,
adoptada por la hermana de Romero Deschamps, es sospechoso: ¿De qué manera
la dieron en adopción? ¿Fue de manera regular o irregular? Algunos periodistas
locales me han comentado que han buscado su acta de nacimiento y no la
encuentran.
En su ficha oficial publicada por
obligación de transparencia, Ana Luisa menciona sus estudios de secundaria en
el Colegio del Bajío Salamanca, pero oculta su escolaridad anterior. Su
experiencia profesional está vinculada a Pemex, donde –afirma–trabajó de 2008 a
2015 como analista y coordinadora B. Ella y su madre forman parte de la lista
de familiares de Romero Deschamps que han trabajado en Pemex. Salamanca es
considerada feudo del líder vitalicio y su familia, donde son dueños de lujosas
propiedades en el fraccionamiento Campestre y otros lugares.
Un infierno
Desesperada e indignada, María cuenta que intentó interponer denuncias
contra Gutiérrez Farías y su albergue por la violación que sufrieron sus
nietas, pero el Ministerio Público de la ciudad se negó.
El DIF resguardó a mis nietas en la
Ciudad de los Niños y ellas me han contado que allí maltrataban a los menores,
los violaban y las chamaquitas embarazadas hoy se aliviaban y al otro día
venían personas que se las llevaban con sus criaturitas. A mi nieta la
embarazaron allí y se escapó para que no vendieran a su bebé, dice en
entrevista con La Jornada.
Comenta que aquello era como
un rebaño de chivitas embarazadas, controlado por Martín, Sergio y
el papi Pedro: Son unos tratantes de blancas, de niñas,
de bebés. Los desaparecían. Dicen que el padre Pedro es un ángel, pero él
llevaba a sus amigos, los mismos seminaristas, sacerdotes y amigos. Ya cuando
estaban tomados se llevaban a las niñas y allí las traían abusando de ellas.
Su nieta, cuya identidad se reserva por
ser menor de edad, comenta en entrevista con este diario que fue violada por
varios sujetos y que el sacerdote bebía mucho alcohol con sus
amigos: Siempre nos llevaban con ellos. Escogían a las más grandecitas, de
12, 13 años o más. A las embarazadas, luego de que llegaban con sus bebés, se
las llevaban a Morelia o Irapuato y las desaparecían. En diciembre llegó una
amiga con su bebé. Vinieron por el niño y a ella no la volvimos a ver. De vez
en cuando también venían gringos a vernos para elegir a quién se llevaban.
De hecho, Gutiérrez Farías ha publicado
el número de una cuenta bancaria para que realicen depósitos de donativos desde
Estados Unidos para sus seis casas hogar, ubicadas en Guanajuato y
Michoacán: Nosotros vimos en la basura del albergue puras botellas de
vino, de alcohol, pues. En eso se gasta el dinero, porque a los niños les daban
puras verduras de comer, fruta podrida y pan duro.
En los pasados siete años el sacerdote
ha recibido 30 millones de pesos de recursos públicos y privados, de acuerdo
con cifras reportadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
María añade: “Lo único que queremos es
justicia, que los metan a la cárcel a estos desgraciados. Abusaban de todos los
que querían, de niñas y niños, también de las enfermitas. Se la han
pasado vendiendo niños, haciendo negocio y eso es un crimen”.
CEAV en acción
En entrevista con La Jornada, Jaime Rochín del Rincón,
presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), asegura que
con la reciente reforma a la Ley General de Víctimas tienen la facultad de
atraer casos del fuero común y en tres meses ya llevan 11.
“Eres la primera a quien se lo digo:
acabo de firmar la atracción del caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca y
los albergues en Michoacán. Hay muchos elementos para hacernos cargo de este
caso tan grave. Urge el acompañamiento a las víctimas en atención al principio
de interés superior de la niñez.
“Este caso surge a la luz como el caso
de Mamá Rosa, Casitas del Sur y otros. Hay responsabilidad del
Estado mexicano. Hay que poner atención a las denuncias de las niñas y niños;
es muy importante creerles e investigar todo. Los niños son seres humanos con
plenos derechos y a veces eso no se toma en cuenta hasta que el caso se hace
grande”.
