El
presidente del Senado, Pablo Escudero. Foto: Benjamin Flores
Con un intenso cabildeo de los enlaces
legislativos de la Cancillería, la Comisión Permanente discutió sobre la
situación política en Venezuela, condenó la detención de dos dirigentes
opositores, aunque los legisladores de PRD y PT-Morena rechazaron un pronunciamiento
de la Mesa Directiva, apoyado por PAN y PRI, el cual fue considerado como una
irregularidad y una violación constitucional.
El pronunciamiento de la Mesa
Directiva, al que dio lectura el senador Pablo Escudero, del Partido Verde y
presidente del Senado, sostiene que el Congreso de la Unión “exhorta
respetuosamente al gobierno federal a que, a través de las dependencias
competentes, se tenga en cuenta la difícil situación humanitaria que enfrenta
el pueblo venezolano y se evalúen las solicitudes de refugio y protección
complementaria que se reciban”.
El senador Miguel Barbosa,
de la bancada de Morena, afirmó que el pronunciamiento de la Mesa Directiva es
“anticonstitucional” y “lo saben todos los que tienen un mínimo conocimiento de
lo que es la política exterior mexicana y sus lineamientos que establece el
artículo 81 constitucional, pues violaría los principios de no intervención y
autodeterminación”.
Sin embargo, Barbosa matizó y se pronunció
en contra de la detención de los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma,
pues se trata de “asuntos de derechos humanos, de manera muy clara”.
Irónico, el legislador poblano afirmó que
“parece que el tema era Venezuela, no Andrés Manuel López Obrador, parece que
la oportunidad del señalamiento y de utilizar esa estrategia de miedo y de
acechamiento desde la derecha hacia López Obrador está presente, aquí se
manifiesta”.
Por su parte, la coordinadora
del PRD en el Senado, Dolores Padierna, también condenó la detención de los
opositores, pero “esto no justifica la intervención directa, al contrario, es
un llamado para articular de manera urgente una acción diplomática multilateral,
latinoamericana, sin el tutelaje de ninguna potencia ni la presión de Estados
Unidos”.
“La diplomacia alineada a la de
Washington no está pensando en los intereses del pueblo venezolano”, sentenció
Padierna y calificó como “inadmisible” que el gobierno mexicano esté más
interesado en intervenir en asuntos internos de Venezuela que “en resolver la
grave crisis de derechos humanos que vivimos en México”.
El PRD también se deslindó del
pronunciamiento de la Mesa Directiva. El senador Pablo Escudero justificó este
llamado porque “lo están haciendo los demás países, lo están haciendo los
organismos internacionales y desde esta Comisión Permanente nosotros también lo
hacemos”.
A nombre del PAN, la senadora
Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
para América Latina, fue más allá y propuso “llamar de inmediato a consultas a
la embajadora de México (Eréndira Paz) ante esta grave crisis”.
En el debate, Gómez del Campo
desvió el tema de Venezuela hacia la contienda presidencial mexicana. Le
reprochó al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de tener un
“silencio absoluto” frente a la situación interna del país andino y acusó al
presidente venezolano Nicolás Maduro de haber “insultado” a su homólogo
mexicano Enrique Peña Nieto.
“Por supuesto que hay interés
por parte de la clase política de este país para que López Obrador se
manifieste, porque durante muchos años, y ustedes no me dejarán mentir, se ha
hablado de este posible financiamiento a López Obrador por parte del gobierno
de Venezuela, y estamos hablando desde la época de Hugo Chávez”, reiteró Gómez
del Campo, prima de Margarita Zavala, exprimera dama y precandidata
presidencial del PAN.
Los priistas que intervinieron
en el debate se cuidaron de no mencionar el nombre del dirigente de Morena,
pero metieron el asunto del 2018. Sin embargo, el senador priista Marco Antonio
Olvera afirmó que “por ahí anda un líder de un país, un líder de un partido
buscando hacer amarres con actores políticos de otros países para lucrar
políticamente en México”.
El PRI, insistió Olvera, se
pronunció para que “se restablezca pronto el orden constitucional e
institucional de Venezuela y que se respete el derecho de libre manifestación
de las ideas de los grupos opositores”.
