El pleno de diputados que dieron luz verde a las reformasestructurales
permitiendo la venta de costas, playas, islas, selvas, bosques, ríos, lagos y
reservas de la biósfera, disfrutan de haber recibido bonos extraordinarios por
1.800 millones de pesos, aparte de sus sueldos y prestaciones,
mientras en las zonas rurales, selvas y bosques cientos de miles de indígenas mexicanos
despojados de sus tierras buscan dónde y cómo vivir, sin dinero, sin recursos,
empujados violentamente al desfiladero de la incertidumbre.
Hace poco escribí el artículo inició
el exterminio de 11 millones de indígenas [VIDEO], algunos lo
tomaron en serio, otros con burla, mientras tanto miles de aborígenes
intensifican un éxodo hacia ninguna parte o hacia la muerte,
porque grupos paramilitares se encargarán de dirigirlos donde su sufrimiento
sea silencioso e invisible, donde un mejor comienzo quizá
nunca llegue.
Esta mañana el gobernador de Morelos, Graco
Ramírez compareció ante la autoridades mexicanas con el fin de esclarecer los
lamentables hechos del pasado 12 de julio en el Paso Exprés de Cuernavaca,
Morelos.
Un día después de la presencia
de Gerardo Ruiz Esparza, el mandatario estatal hizo frente a los
cuestionamientos de los diputados y senadores de la nación.
Por su parte, el diputado Hugo
Cabrera dijo que la responsabilidad por las muertes en el socavón son
responsabilidad de Graco Ramírez y que debera prepararse para el juicio de los
morelenses.
“¿Está usted listo para el
juicio por las muertes de los morelenses?” lanzó el diputado al edil, lo que
deja en una posición incómoda al gobernador de Morelos.
La exgobernadora de Yucatán Ivonne
Ortega señaló el pasado mes de enero del presente año “Utilizan a
Duarte para atacarme”. Y ¿cómo no hacerlo? Si aprovechó cada ocasión que pudo
para figurar en eventos públicos e incluso adjudicarse una que otra
parafernalia de gestiones “en favor” de los veracruzanos.
Si Ortega Pacheco se
olvida de que su gestión como gobernadora de Yucatán está manchada de
irregularidades, elefantes blancos y desfalcos económicos, tanto que hoy en día
se atreve a publicar que está en favor de una rendición de cuentas responsables
y demás cosas que solo le sirven como cortina mediática para su beneficio.
No es necesario recordar todos los
fraudes que cometió en el Estado que son bien conocidos por los yucatecos, pero
estaríamos mal como sociedad no señalarle sobre sus intenciones y apoyo a uno
de los políticos corruptos más odiado en los últimos tiempos de la política
mexicana o ya se le olvidó los siguientes mensajes que hizo para su “amigo”
Javier Duarte:
“¡Enhorabuena Gobernador Javier Duarte La generación de empleos es la base para impulsar la economía.” — Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (2 de octubre 2013)
Un mensaje donde usted señala la excelente
gestión de un Gobernador que, en ese año en vez de generar mayor empleo, lo
hizo decrecer un 30%.
“Saludo a las más de 5 mil mujeres priístas
que asistieron a este evento. ¡Fue un honor! Gracias
por el buen recibimiento al gobernador del estado Javier Duarte y al presidente
del CDE del PRI, Erick Lagos.” — Ivonne Aracelly Ortega Pacheco (10 de marzo
2013)
Realmente le parece un honor compartir un espacio con el sujeto que dejó en estado de calle desde sus primeros meses de gestión a miles de veracruzanos y que era bien conocido por todos los políticos.
O qué tal le parece la ocasión que incluso compartió espacio con sus grandes amigos Roberto Borge y Duarte.
Usted siendo “protectora” del pueblo ante hechos de corrupción cómo no pudo denunciar en su momento a los que compartían con usted la mesa. ¿Ahora por qué realmente le importa nuestro bienestar?
¿Cómo es posible que en todas las ocasiones que estuvo a su lado y que vio los lujos que ostentaba el gobernador no haya hecho nada por cuestionar su enriquecimiento?
Es lamentable que ahora que lo han capturado ni siquiera tenga la actitud para dar una opinión del hecho y que solo se oculte en supuestos comentarios de apoyo de gente en sus redes sociales, cuando supuestamente devolvió su bono salía en todos lados y hoy ni una declaración a dado, acaso es por el temor de que le descubran el fraude en el que estaba involucrada con ese señor, talvez lo cometió la ocasión que fue a una “reunión” para compartir la experiencia en materia de turismo de cruceros.
Exhorto a los Yucatecos y Mexicanos a no dejarse engañar por una de las personas más descaradas de la nación, poniéndose en el plan de santa cuando es bien conocido que incluso podría tener negocios sucios con uno de los 10 políticos más corruptos de América, sino es que del mundo.
Comparte y ayúdame a desenmascarar a quien nos hizo tanto daño en el estado y que ahora quiere desfalcar a México.
México.- El número de víctimas por la violencia en México supera al de
regiones que viven conflictos armados. Pero a diferencia de otros países,
México permanece inmune al juicio internacional. ¿La razón? el apetitoso mercado
que representa el país para los consorcios trasnacionales. Más que la cifra de
asesinados o desaparecidos, los números que parecen importar son los que
cuantifican los billones de dólares en ganancias
Para nadie es noticia que México es uno de los países más violentos del
mundo, y que la estrategia de seguridad militarizada que inició Felipe Calderón
ha provocado la muerte a más de 150,000 personas asesinadas, 300,000
desplazadas y cerca de 30,000 desaparecidas.
Es una cifra mayor a la de países que viven o padecieron conflictos
considerados en su momento como históricamente sangrientos.
Un ejemplo es la Guerra de Los Balcanes, en los años 90. El principal
responsable, el ex presidente de Serbia Slobodan Milošević, fue juzgado por
genocidio en la Corte Penal Internacional de La Haya.
El conflicto, reseñado en películas, documentales, libros y reportajes
provocó la muerte de 100,000 personas. Un saldo menor al saldo que provocó
Calderón con su “guerra contra el narco”.
Pero en México nadie ha sido sancionado como Milošević. Y no por falta
de herramientas jurídicas.
Porque desde 1949, cuando nació la Organización de Naciones Unidas, el
Estado mexicano ha firmado 210 convenios, protocolos, acuerdos, declaraciones,
actas, estatutos, convenciones, conferencias y enmiendas internacionales sobre
protección a derechos humanos.
Prácticamente todos coinciden: quienes firmen los acuerdos están
obligados a garantizar la vida de las personas dentro de su territorio.
Ciertamente, algunos convenios son enunciativos, es decir, depende de la
voluntad del Estado para aplicarlos, o se refieren a temas muy específicos.
Pero otros incluyen sanciones, como el Acuerdo de Asociación Económica,
Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y los Estados
Unidos Mexicanos.
El primer artículo del convenio establece: “El respeto a los principios
democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e
internacionales de las partes y constituye un elemento esencial del presente
acuerdo”.
Si México no cumple con este principio elemental la Unión Europea puede
cancelar el tratado que se firmó en 1996, y cerrar la puerta a un mercado de 500
millones de personas.
Pero no lo ha hecho, a pesar de que en los últimos años varios
eurodiputados han denunciado la violencia creciente en el territorio de su
socio comercial.
El único que ha sancionado al Estado mexicano es Estados Unidos, con
base en la Iniciativa Mérida, vigente desde 2008.Se trata de un programa de
asistencia militar y de inteligencia para combatir el tráfico de drogas en
México.
Una de sus cláusulas establece que el 15% de los fondos asignados cada
año están sujetos al respeto a los derechos humanos en el país. Si esto no
ocurre la entrega de esa parte del dinero se cancela, como ocurrió en 2015.
Ese año, el gobierno del entonces presidente Barack Obama no pudo
confirmar que su vecino cumplió con los criterios internacionales en el respeto
a la vida de las personas.
Algo difícil en ese momento: el 30 de junio de 2014 el Ejército ejecutó
a 22 personas en un rancho del municipio de Tlatlaya, Estado de México. Y casi
15 meses después, el 26 de septiembre de 2015, desaparecieron en Iguala,
Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de
Ayotzinapa.
Son dos de los casos más graves en violación a derechos humanos en la
historia reciente de México, pero la sanción estadunidense al gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto fue menor al tamaño del escándalo.
Por eso, en octubre de 2015, el Senado de Estados Unidos retiró cinco
millones de dólares del presupuesto asignado a la Iniciativa Mérida, que fueron
reasignados a Perú.
La cancillería mexicana rechazó “cualquier práctica unilateral que
juzgue la situación de los derechos humanos en el país”. Pero hasta allí. En
términos reales el “castigo” estadunidense no afectó para nada las operaciones
contra el narcotráfico.
Cuando se implementó, el Congreso de ese país asignó 1,600 millones de
dólares como presupuesto durante toda la vigencia del Plan Mérida. Pero tan
sólo en 2015 México gastó 13,000 millones de dólares en sus operaciones contra
la violencia y el tráfico de drogas.
La decisión de cancelar cinco millones de dólares parece muy lejana a
una sanción real, aunque a Obama le sirvió para enviar el mensaje –interno y
externo- de que estaba atento a la situación de derechos humanos con su segundo
socio comercial.
Para el presidente Peña Nieto representó una oportunidad de reivindicar
la histórica posición mexicana anti intervencionista, aunque realmente en
política interna le granjeó pocas décimas de popularidad en su imagen.
Nada nuevo. Maniobras políticas como ésta son una de las claves de la
navegación que a México le ha permitido sobrevivir a la crítica diplomática por
décadas. Con un añadido que se incorporó desde 1994: el dinero.
Los números que importan
La plática es informal, entre periodistas y diplomáticos. Algunos se han
acompañado en duras batallas en México, en la cresta de las violaciones a
derechos humanos cometidos durante la guerra de Calderón.
Impunidad es uno de los temas. Otro la pregunta de por qué la comunidad
internacional parece ajena a la violencia en medio país.
La respuesta aclara cualquier duda. “México es un mercado muy grande, no
cualquiera se va a meter con los intereses económicos que aquí se juegan”.
Es cierto. Desde 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) el Estado mexicano ha establecido 53 acuerdos similares
con 79 países de Europa, Asia y América Latina.
Es una de las naciones con mayores convenios comerciales en el mundo,
con acceso a los mercados más grandes del planeta.
Tan sólo el intercambio del TLCAN es mayor a 1,2 billones de dólares al
año, con ganancias de un millón cada minuto.
En México operan algunas de las mayores empresas del mundo como las
petroleras ExxonMobil, British Petroleum, Shell o China National Offshore Oil
Corporation.
Las mayores ganancias en el mundo para consorcios financieros como Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Santander o Citi se obtienen en México, pues
a diferencia de sus países de origen aquí las reglas financieras les permiten
un elevado margen de intermediación, es decir, la diferencia entre la tasa de
interés que cobran por créditos y la que ofrecen en las inversiones.
Por ejemplo el año pasado las ganancias globales de BBVA fueron de 3,475
millones de euros, y de éstos la tercera parte, unos 1,980 millones,
correspondieron a su filial mexicana.
Algo parecido ocurre con la minería, donde gigantes como la canadiense
Gold Corp pagan aquí la menor tasa impositiva del continente por la explotación
de minerales.
De hecho, apenas el 1% de los impuestos que se recaudan en México
provienen de esta actividad. En otros países como Perú la proporción es de 6.4%
del total.
Con este margen de utilidades, los números que importan a los
corporativos trasnacionales no son los que cuantifican muertos.
No es poca cosa, pues generalmente los consorcios financieros son
actores centrales en la política exterior de casi todo el mundo. Muchas
acciones diplomáticas se deciden con base en la ecuación pérdidas y ganancias.
Y en ese ejercicio, el balance de los gobiernos mexicanos es, casi
siempre, al alza.
De acuerdo a la
Asociación Civil “Alto al secuestro” comandado por la oficialista y beneficiada
del peñismo luego del supuesto plagio a su hijo, Isabel Miranda de Wallace, el
estado de Veracruz por segundo mes consecutivo, ocupa el primer lugar en delitos
de secuestro. Cifra por demás maquillada por parte de la Fiscalía Regional del
Estado de Veracruz (FGEV) a cargo de Jorge Winckler Ortiz, quien se encuentra
rebasado entre robos de automóviles, robo a casa habitación y peor se encuentra
en casos de personas desaparecidas que van de la mano con el hallazgo de
cementerios clandestinos y personas asesinadas. Los cuerpos continúan siendo
estibados en Medicina Forense, esperando a que la FGEV haga su trabajo –acto
que al parecer no sabe cómo- para poder brindarle la paz a los familiares de
personas desaparecidas quienes buscan desesperadamente a su ser querido.
El titular de la FGEV reveló que en la actualidad
existen tres mil 600 denuncias de personas desaparecidas. Carpetas abultadas y
sin el ánimo de esclarecer. Pero las estadísticas continúan elevándose en el
estado de Veracruz. El día de ayer, la adolescente de 14 años, Leslie Marari
Cruz Zavala, salió a las 14:00 horas de la escuela Secundaria Técnica #117
ubicada en la carretera Poza Rica-Cazones, rumbo al kilómetro 47. Su padre, el
señor Arturo Cruz Valdez, es el encargado de recoger a la menor todos los días
para trasladarla a la casa de su madre, la señora, Gloria Valdez Rodríguez.
Ayer, por la carga de trabajo del señor Arturo, Leslie tuvo que hacer uso del
transporte público para trasladarse a casa de su abuela.
Teresa de Jesús Zavala Almazán, madre de la
adolescente, indicó a AGN Veracruz, que ella es maestra de un preescolar. Ella
es la responsable de dejar a Leslie por la mañana en el plantel educativo y su
padre, de recogerla a la hora de salida.
“Antier en la noche, Leslie me pidió permiso de ir
a comprar unas sandalias y unas calcetas que necesitaba (…) Su misión era ir al
supermercado por los zapatos y posteriormente ir al centro (…) Alguien la vio
caminar hacia el bulevar Ruiz Cortínez, que es donde se encuentra ubicado
Wallmar (…) A las 16:00 su padre al llegar a casa de su madre, se alertó que la
menor no hubiera llegado a casa de su abuela (…) Intentamos comunicarnos con
ella, pero su celular nos mandaba a buzón” externó la señora Teresa de Jesús
Zavala Almazán, madre de la menor.
Lo imperdonable del asunto es vivir las
negligencias de parte de la autoridad. La familia de Leslie Marari Cruz Zavala
arribó a la Fiscalía Regional de Poza Rica a las 24:00 horas y fue hasta las
02:00 horas del día de hoy –porque simplemente la Ministerio Público de guardia
se encontraba plácidamente durmiendo en su casa- que fue atendida la
diligencia. Hasta las 05:00 horas pudieron salir del lugar al cual deben de
regresar a entregar fotografías de la menor para emitir la Alerta Amber. Sin
decir el motivo, a la familia le negaron el número de expediente de la
averiguación previa y mucho menos y tampoco la MP se identificó con la familia.
Como siempre suceden en estas situaciones, no
dudamos que al rato la FGE de Poza Rica le empiecen a sacar dinero a los padre
de Leslie argumentando que no tienen para la gasolina de sus carcachas o de
plano, de manera “conchuda” los Policías Ministeriales encargados de realizar
las investigaciones, obliguen a la familia a que sean sus choferes utilizando
sus coches para llevarlos a todas las diligencias de la “autoridad” tercer
mundista y así entretenerlos y que no exijan resultados en las investigaciones.
Otro modus operandi de parte de la FGE, es crear en
la familia miedo para que no hablen con los medios de comunicación sobre la
desaparición de su hija, argumentándole que si lo hacen, ponen en riesgo la
integridad de la menor. Todo, para que la familia no los obligue a buscarla
realmente. Una recurrente que utilizan por incapacidad.
Esperemos que el señor gobernador, Miguel Ángel
Yunes Linares, se apiade de la familia de Leslie y ordene al fiscal una
búsqueda verdadera para encontrar a la menor sin daño alguno. Solo podría
decirle al ejecutivo estatal, que se ponga en los zapatos de los padres y nomás
imagine que en vez de Leslie, fuera uno de sus nietos que estuviera
desaparecido. Que instaure una búsqueda exhaustiva, como la que hiciera si la
pequeña fuera de su familia.
Los
delincuentes de etiqueta con poder
Stephen D. Morris,
quien realizó un interesante estudio de la corrupción en México,
sostenía que "Se la ha definido como el uso ilegitimo del poder público
para el beneficio privado"; "Todo uso ilegal o no ético de la
actividad gubernamental como consecuencia de consideraciones de beneficio personal o
político"; o simplemente como "el uso arbitrario del poder".
En la política actual, no existe un servidor público realmente ético y
honorable. En su transitar por el ejercicio público, ven la oportunidad de
aprovecharse de su puesto para desviar el dinero de los programas y
dependencias, hacia sus cuentas personales.
Las empresas fantasmas, son en parte una de las mil
estrategias que actualmente recurre la clase política. La otra, es que a través
de negocios ya establecidos o grandes cadenas de supermercados, se haga el
“lavado” de dinero, argumentando supuestas compras –que obviamente nunca se
ejecutan- y la negociación se queda con un mínimo porcentaje de ese truculento
acto y el resto, para el político vividor.
Pero al final de todo, ese no es realmente el
problema que aqueja al país. El problema de los actos de corrupción política se
centra en el manto de impunidad que cobija a este grupo de ladrones. Es decir,
para que el presidente de la República robe sin preocupaciones y nadie le toque
un solo pelo, se requirió mantener un control absoluto de parte del poder
ejecutivo a los poderes legislativo y judicial. Con ello se consigue enviar
iniciativas recaudadoras, iniciativas de censura a los medios de comunicación,
de expropiación de propiedades y la más importante, de una reforma penal para
bloquear a toda costa el procedimiento judicial y además, aunque se les
compruebe delitos por peculado, jamás se les incautan sus propiedades obtenidas
con dinero del erario y ni tampoco sus millonarias cuentas bancarias.
Las leyes mexicanas están hechas para enviar a la
cárcel al individuo sin poder ni arraigo económico. Todo está diseñado para que
la “ley” protejan los políticos y encarcelan a quienes los molestan. Quienes
intenten acusarlos de ladrones, a quienes se atrevan a boicotear la estabilidad
económica de los pudientes, son quienes alcanzan penas que ameritan cárcel.
En una entrevista con uno de los alcaldes electos
en el estado de Veracruz, indicó que una de las primeras acciones que
instaurará en cuanto tome el poder, es “limpiar” las calles del municipio en
donde gobernará del ambulantaje. Apuesto que por este sector obtuvo su triunfo,
a quienes les habrá prometido un trato digno durante su gestión, próximamente
los traicionará, les instaurará una verdadera ‘cacería de brujas’ para poder
exterminarlos.
¿Quién tiene la culpa de la alza delincuencial en
un estado o en el país? Pues los gobiernos que sin pudor alguno arroja a las calles
a cientos de personas al arrebatarles sus fuentes laborales. Los bloquea
laboralmente, los pisotea cuando estos intentan salir adelante realizando una
actividad legal, como la venta informal. Cerrados sus caminos, se enlistan en
cualquier cédula delincuencial para poder mantener a su familia. Es la inercia
social que conlleva a alguien a tomar un camino escabroso, luego de que los
criminales políticos, le han cerrado todos los puentes para mantenerse.
La apatía. Enfermedad que mantiene sometida a las masas.
Un gran acierto tiene aquel que asegura que un municipio, un estado, un país,
tiene el gobierno que merece. Una sociedad agachada, siempre será el centro de
permanencia de un político corrupto.
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la
Comunicación, directora general y columnista. Sustenta su trabajo, tras 23 años
de ejercicio periodístico adquirido en diversos medios de comunicación situados
en el estado de Veracruz. Su principal objetivo dentro de su carrera
profesional es ofrecer a la ciudadanía una editorial ética y objetiva. Un
espacio donde los temas sociales y políticos, son analizadas con una visión
crítica, con la finalidad de mostrar una perspectiva sustentada y razonada
sobre la problemática social de Veracruz y de la República Mexicana.
1. El Instituto Nacional Electoral (INE)
acordó entregar a los partidos políticos y candidatos independientes una bolsa
de 6 mil 788 millones de pesos en 2018, el monto más grande de la historia. Es
para una elección presidencial en la que “bajo la mesa” –como ha sucedido
siempre- los partidos recibirán otros millones de pesos (o en especie) de
particulares. Ese dinero despilfarrado, para unas elecciones que en la historia
nunca han sido limpias, nos duele a todos los mexicanos. ¿Por qué no se emplean
en creación de fuentes de trabajo que alivien el desbordante desempleo?
2. El PRI
y sus acólitos, serán los mayores beneficiados, con mil 689.5 millones de
pesos; después el PAN, con mil 281.1 millones, y el PRD, con 773.5 millones.
Morena recibirá 649.2 millones de pesos, y su futuro aliado, el PT, contará con
376.7 millones, la cantidad obviamente, más baja. Los tres aliados del tricolortambién
se allegarán elevados fondos públicos: el PVEM, 578.2 millones de pesos; Nueva
Alianza, también brazo político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), 419.1 millones, y Encuentro Social, 398.3 millones. ¿Crees
acaso que haya trampa o favoritismo?
3. El INE, que sólo los tontos creen que es
independiente, ha demostrado repetidamente que está al servicio del PRI y de
los firmantes del “Pacto”; sobre todo en las elecciones del Estado de México y
de Coahuila. Sin embargo –dado que con excepción del partido Morena y el PT-
los demás partidos están muy bien atendidos, nadie dice nada de los atracos
descarados que se manifestaron en el Estado de México. Si Morena-PT y López
Obrador no salen a la calle para exigir la renuncia de los integrantes del INE,
si vuelve a ser defraudado, que no salga a lloriquear porque no supo defender
sus derechos.
4. ¿Y saben dónde va a parar la inmensa
mayoría de ese dinero del pueblo? Pues a las arcas de la televisión, la radio,
los aviones y en la compra de votos. Espero que el costo de cada voto se haya
elevado aunque sea a cinco mil pesos o para dos pisos de cemento, unas 20
láminas de asbesto o unas cinco grandes despensas; sino no, al PRI y el PAN les
seguirá siendo barato al pagar mil pesos por voto. ¿O acaso cree López Obrador
que si reciben dinero tendrán conciencia para mandar al carajo al PRI y al PAN?
Esos partidos pagan porque tienen garantías y experiencia. ¡Sí saben cómo
hacerlo!
5. Como dicen por aquí: esos miles de
millones para partidos es una mentada de madre al pueblo que muere de hambre.
Al rato –para seguir haciéndolo tonto- le dicen que les ponen multa a los
partidos porque se pasaron de gastos como si no se supiera que consiguen otros
millones “bajo la mesa”. Espero que el dueto Morena-PT salga a la calle para
exigir la renuncia de los consejeros del INE acompañado de los “intelectuales
encabezados por Cárdenas” que protestaron contra su entreguismo al PRI. De
todas maneras me preocupa que no se haya defendido Morena en el Estado de
México, en la delegación de Tláhuac y ahora ante un INE corrupto.(19/VIII/17)
